DE UNA SOCIEDAD VIOLENTA

A LAS AGRESIONES AL PROFESORADO

 

José Luis Hernández Martín (Melanio)

 

En los últimos meses observamos como se está aireando mucho en los medios de comunicación malas noticias referentes a  casos concretos de violencia y de agresiones  en los centros de enseñanza, mientras nada se dice de  los miles de escolares que se esfuerzan estudiando en  correcta relación de respeto y cariño a sus profesores.

 

Debemos tener claro que la violencia no nace en la escuela, donde  educamos para el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, sino que es reflejo de la sociedad violenta en que vivimos. Ciertamente, existe una violencia estructural que amenaza nuestra convivencia, cuyas manifestaciones trascienden las instituciones escolares y cuyo origen se inserta en una distribución injusta y desigual de los recursos materiales y escasas oportunidades de desarrollo humano para sectores significativos de la población. Sin embargo, debemos reconocer la existencia de una violencia específicamente escolar, que daña la convivencia en los centros educativos, con variadas  manifestaciones de acoso y maltrato de unos escolares a otros y al profesorado, e incluso en  agresiones de algún padre o madre al profesor/a que considera culpable de alguna situación negativa  o de conflicto de sus hijos, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de la insatisfacción, la envidia y las muchas contradicciones de una sociedad tan desestructurada y cambiante como la canaria. Debemos cortar rápido este fenómeno antisocial.

 

El análisis de esta situación debemos hacerlo de forma sosegada, huyendo de los “toques de arrebato” de última hora, que algunos sindicatos tratan de esparcir, buscando fácil rédito en las próximas elecciones de la enseñanza. Sus recetas baratas, al gusto de la Consejería de Educación, de nada valen cuando llegan estos casos: ni “observatorios de la violencia”, ni “teléfonos de la esperanza”, ni mucho menos su pretensión de que el Gobierno revista al profesorado con la consideración de “autoridad pública”. Lo que necesitamos es profesorado de apoyo, necesario  para  atender con eficacia a estos  alumnos con dificultades de adaptación e integración en el aula y que los centros educativos vienen demandando reiteradamente. La consideración de  autoridad pública, desde el punto de vista moral, la tiene ganada desde siempre el profesorado que trabaja honradamente, día a día, para sacar los chicos/as adelante, preparados, no solamente en conocimientos, sino también educados en valores para vivir en democracia..

 

Debemos tener en cuenta que hemos pasado de unos tiempos en que el maestro era una autoridad, junto con el cura y el alcalde, a la situación actual en la que algunos profesores de la enseñanza pública, la de todos, están  sufriendo, inermes en la soledad del aula, muchas veces sobrecargado de  alumnado cada vez más diverso en sus capacidades, bagaje cultural, lengua, costumbres, religión, situación económica y familiar, sin los recursos necesarios para atenderlos. En estas condiciones, algunos chicos/as que no han sido educados en su casa en la observancia de las normas, tratan de romper la labor docente, convirtiendo al profesor en cuidador. Las sinrazones de que esto ocurra son variadas: Para algunos padres y madres que lo están pasando mal o no tienen la formación cívica suficiente, los profesores somos los funcionarios  más cercanos en quien descargar sus frustraciones, porque la Consejería,  no ha  trabajado suficientemente por la revalorización del trabajo docente y no ha dotado a los centros de los instrumentos legales para que se pueda actuar rápidamente y de forma cautelar en casos graves de agresiones, como han demandado todos los sindicatos  hace algunos días  en Cataluña. Pero lo que cada día tenemos más claro el profesorado y las federaciones de padres/madres, es que estas situaciones se están dando fundamentalmente porque el Gobierno de Canarias no está invirtiendo suficientes recursos en la educación pública, necesarios para desarrollar las políticas de Prevención que demandan los centros: bajada de ratios, profesorado necesario para la atención a la diversidad, horario suficiente para las guardias en recreos y pasillos y se pueda organizar las aulas de convivencia y tutorías afectivas que desarrollen estrategias de  seguimiento, conciliación, prevención y ayuda compensatoria a los alumnos disruptivos o que  rechazan  la escolarización obligatoria, para atención de bibliotecas, desdobles de grupos sobrecargados...

 

Sabemos que en nuestra sociedad son, por desgracia, cada día más los padres que consideran que la educación de sus hijos es un asunto de competencia exclusiva de los profesores y a menudo se desentienden desde la mañana en que salen de la casa hasta la noche en que regresan. Sus hijos están acostumbrados a entrar y salir de su casa sin control y sin dar explicaciones y en consecuencia, en los centros de enseñanza, estos  chicos/as, tratan de conducirse igual que en su casa, no soportando ni la normativa del centro ni tantas horas  de escolarización obligatoria “encerrados”, porque el Sistema no le ofrece la atención personalizada que necesitan y reaccionan tratando de romper el trabajo docente y el derecho de la mayoría de sus compañeros  a una  educación de calidad, llegando a agredir al profesorado, igualmente que sus padres.

 

Tenemos que denunciar que en la sociedad consumista en que vivimos, algunos padres creen solventar los problemas de sus hijos solamente comprándoles cosas: ordenadores, motos, teléfonos móviles, etc., pero no le pueden o no quieren dar  el tiempo necesario que sus hijos necesitan para hablar de sus cosas, para ayudarlos a crecer y orientarlos  acerca de su futuro, optando por traspasar toda su responsabilidad al profesorado al que exigen lo que ellos no practican. Tenemos que decirles a esos padres y madres que están profundamente equivocados, que deben invertir más tiempo en la educación de sus hijos/as en el respeto a sí mismos, a sus compañeros y al profesorado, igualmente que exigimos a la Consejería  mayores inversiones para poder atender las  políticas de prevención  descritas, si realmente queremos resolver este grave problema de la enseñanza.

 

Santa Cruz de La Palma a 26 de noviembre de 2006.

 

* En nombre del Secretariado Insular de STEC- IC en la Palma