EL
STEC-IC GANA UNA SENTENCIA QUE ANULA
LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA
A HECANSA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS DE FP
El STEC-IC ha obtenido una sentencia
favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra
la Orden
de 15 de noviembre de 2004, por la que
la Consejería
de Educación autorizaba a centros dependientes de la empresa de gestión privada
HECANSA, para impartir los Ciclos Formativos de Grado Superior de Alojamiento y
Restauración. La sentencia, que estima plenamente el recurso presentado por
el STEC-IC y anula
la Orden
anteriormente citada, se fundamenta
en las anomalías detectadas en la irregular contratación del personal docente
que debía impartir dichas enseñanzas.
Ya desde el 2004, el STEC-IC denunció públicamente la decisión
de
la Administración Educativa
de conceder tal autorización, por considerarla una clara evidencia de la
políticas privatizadoras emprendidas por el Gobierno de Canarias,
especialmente en cuanto a
la Formación Profesional
se refiere.
Con esta sentencia se pone de manifiesto, una vez más, el escaso
control que
la Consejería
de Educación mantiene respecto a los capitales públicos que son transferidos
a la iniciativa privada para la gestión de servicios educativos que, en
opinión de esta organización, deberían estar integrados dentro de la red pública
educativa.
Desde el STEC-IC solicitamos a
la Administración Educativa
la pronta ejecución de la sentencia y la inmediata revocación de la
autorización otorgada a HECANSA para la impartición de Ciclos de Formación
Profesional. Al mismo tiempo, y en cumplimiento con lo solicitado por la
asamblea de trabajadores afectados, requerimos la convocatoria urgente de una
mesa Sectorial de negociación a fin de estudiar las soluciones laborales
oportunas para todo el profesorado que actualmente imparte enseñanzas en los
centros dependientes de HECANSA. En esta línea, consideramos ineludible el
desarrollo inmediato de las medidas necesarias para que
los Ciclos Formativos en cuestión pasen a impartirse de forma
inmediata en la red pública educativa.
Finalmente señalar que desde nuestra organización ponemos a
disposición de todos los posibles perjudicados por esta negligente gestión de
la Consejería
de Educación, evidenciada en la referida sentencia, el asesoramiento de
nuestro Gabinete Jurídico, al tiempo que anunciamos que desde el mismo se
velará por el cumplimiento estricto de la misma, recurriéndose, si procediera,
cualquier decisión que adopte
la Administración Educativa
y que se considere no ajustada a derecho.
Dunia Toledo Márquez y Fernando Pellicer Melo-
Miembros
del Secretariado Nacional del STEC-IC