Las electoras y electores no debemos depositar nuestra confianza en ningún partido político u organización que no incluya en su programa electoral, clarito pero que bien clarito, el DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN E INDEPENDENCIA. Y fíjense bien que son dos derechos: uno el de autodeterminación y otro el de independencia. Por lo tanto no es suficiente con el hecho de que una propuesta electoral incluya el derecho de autodeterminación, pues la autodeterminación se resuelve mediante un referéndum, que se puede ganar o perder.

En el caso concreto de Canarias tenemos ejemplos históricos de autodeterminación, como fue el caso del Referéndum sobre la integración o no en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), que afortunadamente hemos ganado los que propugnábamos el NO, referéndum del que este 12 de marzo de 2006 se cumplen 20 años y todavía no hemos conseguido hacer valer ese clamoroso resultado, por lo que tenemos que seguir luchando para hacer valer nuestros legítimos, justos y democráticos derechos, informando a nuestro pueblo de estos derechos, manifestándonos en las calles y continuando con nuestra diplomacia en las instancias internacionales: en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Unidad Africana (UA), en la Organización de Estados Americanos (OEA), en China, Rusia y el resto de países del planeta, siendo además esto fácil gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías: correo electrónico, internet y telefonía.

El derecho de Independencia está reconocido por las Naciones Unidas como uno más de los derechos humanos y de los pueblos. El colonialismo no sólo se niega a ejecutar este derecho en las colonias, como es el caso de Canarias, ocupada por España por la fuerza de las armas, sino que lo niega e incluso intenta criminalizar el mismo, hasta tal punto que algunas organizaciones que contemplan el derecho de Autodeterminación en sus estatutos e incluso hablan de soberanía, como es el caso de Alternativa Popular Canaria, han puesto un cuidado exquisito en no incluir la sagrada palabra INDEPENDENCIA ni una sola vez en sus escritos y programas electorales, lo que se traduce en una propuesta política ambigua, entrando en esa danza peligrosa de confusión lingüística, de perversión del lenguaje, como se manifiesta en la misma convocatoria de asambleas que van a debatir ponencias cuyo plazo de enmiendas finaliza antes de la convocatoria de la propia asamblea, por lo que igualmente se aplica el término asamblea a algo que no lo es, pues la característica principal de una asamblea es que al tener carácter decisorio implicaría que en el momento de celebrarse también se pudieran enmendar las diferentes propuestas, por lo que llegamos a la conclusión de que en lugar de asambleas lo que se ha convocado sería un congreso, una conferencia, unas jornadas,… pero en ningún caso se puede llamar un proceso asambleario a una convocatoria con esas premisas.

Es la continua perversión del lenguaje que algunos pseudopolíticos introducen a la vida social, política y económica para confundir a la ciudadanía con escasa o nula preparación y que ha llegada a que aparezcan partidos nacionalistas que no están por la Nación, Partidos Socialistas Obreros Españoles (PSOE) que ni son socialistas ni obreros, pero sí españoles, motivo por el cual sus militantes en Canarias se empeñan en hablar del Partido Socialista Canario, que no existe al estar sometidos los que así se denominan a la disciplina del PSOE, que ni es democrático ni nada que se le parezca como dejó bien a las claras Zapatero (a tu zapato), con las propuestas estatutarias vasca y catalana, que habiendo aprobado en sus respectivas naciones, de forma democrática, propuestas estatutarias diferentes a las contempladas por el PSOE han negado la propia esencia de la democracia, pues sólo contemplan el diálogo cuando están de acuerdo con lo que ellos proponen, con lo que el diálogo se transforma en una imposición. Esto llevó al denominado Zapatero a decir en las cortes españolas, en un gesto, más que político, torero que "el derecho de autodeterminación no existe" (sin que el fiscal general del Estado haya pedido su prisión) ante el vergonzoso aplauso de sus correligionarios, pese a ser un derecho reconocido por las Naciones Unidas y por lo tanto por el derecho internacional, suscrito por España. Más aún, la propia constitución española, en su artículo 8, recoge el derecho, no ya de autodeterminación, sino de independencia para España, redacción que lleva el siguiente tenor literario:

Artículo 8

1. "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España…"

Arrogándose un derecho que no sólo intenta negarnos a las demás naciones, como a Canarias, sino que incluso intenta criminalizar tanto al término como a las personas que lo abanderan, aunque ese artículo es papel mojado, pues España suscribió los tratados internacionales de la ONU y el derecho internacional prima sobre el derecho particular y los intereses de cada nación concreta.

En conclusión, y para no alargar excesiva o innecesariamente este escrito:

1. El Referéndum del 12 de marzo de 1986 es para Canarias un Referéndum de Autodeterminación y estamos exigiendo ante España y ante el derecho internacional que se proceda a la independencia y descolonización del Archipiélago Canario.
2. Instamos a todas y todos los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, sexo, religión, etc., tanto en Canarias como en el exterior, a participar en cuantas contiendas electorales se celebren, no votando por ninguna propuesta electoral que no recoja tanto el derecho de autodeterminación como el de independencia, aunque se enronche el brazo político del borbonato, el PEPESOE.

Se recoge a continuación el texto de la Resolución 1514 de la ONU, de 1960, sobre el derecho de Autodeterminación e Independencia de los pueblos: