En un reciente encuentro desarrollado en Las Palmas sobre este candente asunto, he de decir, desde mi experiencia profesional, que no se dio una información global de los conocimientos actuales sobre la repercusión en la salud humana de las ondas magnéticas generadas por la telefonía móvil, que se sintetizó en el aumento de temperatura en el organismo.

No es serio que proliferen las antenas sin concretar un gran estudio integral que lleve a ubicarlas con un tajante control y sin exponer a viviendas, colegios (un ejemplo claro en la capital tinerfeña es el de la instalada frente al instituto El Chapatal, en plenas Ramblas de Santa Cruz), espacios donde se realiza ejercicio físico, playas..., lugares éstos ya incluidos en un real decreto con la denominación de espacios sensibles (y que yo extendería aún a más emplazamientos).

Ahorrando detalles científicos, y mencionando el aumento de temperatura corporal, si este calor no se controla, podría traducirse en daños irreparables en órganos de poca vascularización (cataratas, abortos, quemaduras e, incluso, tumores).

Por supuesto, hay puntos de vistas diferentes de los expertos en este campo, pero algunos punteros hablan de esos efectos adversos: Golmith, Coghill o N. Cherry (éstos sostienen que existen pruebas suficientes); Andreas Varga, de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, considera que las emisoras de radiofrecuencia son peligrosas hasta 3 kms., pudiendo producir alteraciones del sistema inmunológico. Autores españoles también lo vinculan con estrés y efectos psicosomáticos.

Un estudio reciente dentro del ámbito de la otorrinolaringología española comparaba el efecto de la telefonía móvil en la audición de los jóvenes en un periodo de tres años: se comprobó que los que no la utilizaban no presentaban ninguna alteración, mientras que los usuarios habituales experimentaron una elevación del umbral auditivo entre 1 y 6 decibelios.

Esta investigación del Hospital Clínico de Valencia conecta con la idea de que esta exposición a campos electromagnéticos permite que el 75% de la energía generada penetra en la cabeza hasta varios centímetros, pudiendo afectar a estructuras como el hipotálamo o las meninges y, por tanto, el oído.

Los colectivos vecinales se están oponiendo y arrecian en protestas contra estas estructuras instaladas en sus edificios, por lo que sería de sentido común que la Justicia permitiera interrumpir contratos realizados con anterioridad a que se conocieran las posibles consecuencias. En este sentido, cabe destacar que muchos ayuntamientos no respetan las recomendaciones, cuando la protección debe ser generalizada y, más aún, en actividades que aumentan el riesgo, por ejemplo en el caso de lugares para desarrollar actividades físicas.

En un símil, podremos recordar la muerte de delfines durante las maniobras militares. Los responsables negaban que hubiera relación con las ondas que se producían, demostrándose posteriormente que sí habían producido graves daños circulatorios en los cetáceos.

No debemos permitir ni un solo caso de enfermedad por intereses económicos; esta cuestión es muy seria y, como tal, debe ser atendida con eficacia por las autoridades. Tanto en Las Palmas como en el caso de Tenerife se pueden determinar los lugares donde se incumple claramente la protección de áreas sensibles. Como anécdota que da qué pensar, un artículo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid aconseja a los instaladores tomar precauciones al acercarse a las antenas y, sin embargo, pueden verse a amas de casa tendiendo sus ropas en las azoteas, ajenas al peligro.

Por todo ello, y con una nota de ácido humor, diría a los responsables de estas situaciones que instalen una de estas antenas en su propia casa. Los ciudadanos deseamos progreso, pero estos problemas han de ser ordenados en conjunto y las compañías deben llegar a acuerdos para compartir áreas en las que exista control absoluto y garantía para los habitantes.

Los ayuntamientos, por tanto, tienen la obligación de cumplir la ley y proteger a sus ciudadanos; en este sentido, tengo la esperanza de que las corporaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife darán esa protección que se les exige