Tinduf desolada
AURELIO ARTETA (*)
Han sido nada
menos que 52 las resoluciones favorables desde 1990, aunque ya hemos perdido la
cuenta. Como cada año, también el último (el día 14 de diciembre)
Ignorante de
los recovecos de la política internacional, a uno le parece una inhibición
culpable. Es escandaloso que España se abstenga de aliviar la suerte de la
región del planeta en la que le asiste menos derecho a abstenerse y más deber
de estar implicada. Incluso habría más razones para disculpar esa vergonzante
neutralidad en Estados Unidos y Francia, países con los que en este litigio
España está alineada. Al fin y al cabo, Sáhara Occidental no ha sido nunca una
porción de aquellos Estados como lo fue del nuestro. Por eso muy pocos días
después el presidente argelino pudo sacar los colores al español pidiéndole
mayor compromiso con vistas a organizar el referéndum requerido por la
legalidad internacional. Y es que, recordó Buteflika
a Rodríguez Zapatero, "España no puede quedarse indiferente ante la suerte
actual del pueblo saharaui, que ustedes colonizaron desde 1885 hasta
1975". ¿O no es tal indiferencia la que hoy permite que sea el reino de
Marruecos el nuevo y más brutal colonizador?
Por lo que se
escucha en los campamentos, los saharauis confían en la sociedad española, pero
tienen al Gobierno español como enemigo. Es verdad que la responsabilidad
última corresponde a las Naciones Unidas, pero pocos Gobiernos del mundo como
el nuestro guardan la llave de la solución del problema. A falta de autoridad
mundial con poder para disuadir a la actual "potencia ocupante"
(Marruecos), le tocaría a la anterior "potencia administradora"
(España) emprender pasos que desbloqueen la situación. Pues ésta se pudre a tal
extremo que, según bastantes refugiados, la única esperanza reside en una nueva
guerra con el invasor. No porque haya la menor confianza en ganarla, claro
está, sino porque sólo así los jugadores decisivos de la partida se verían
forzados a mover ficha en este tablero político congelado.
Podría ser
entonces que el Gobierno no estuviera defraudando tan sólo a los pocos
saharauis, sino a muchos españoles más, y que en este punto fuera tan enemigo
nuestro como suyo. Es cosa fácil de entender. Antes o después, un Gobierno
democrático debe y suele dar noticia de sus políticas, lo mismo de sus
proyectos que de sus resultados. Se trata de una obligación sin la cual el
ciudadano permanece incapaz de formar su juicio político y, por tanto, de
ejercer el debido control de sus mandatarios. De modo que, mejor o peor, la
opinión pública española está oficialmente informada de las razones de la
salida de nuestras tropas en Irak o de nuestra actual presencia militar en
Bosnia y Afganistán. Hasta podría recordar que, bajo la presidencia de España,
el Consejo de Seguridad aprobó en 2003 por unanimidad la resolución 1.495 en
apoyo del Plan Baker para descolonizar el Sáhara
Occidental, esa resolución que no quiere aplicarse. Ahora bien, ¿quién explicó
a esa opinión pública el giro radical de nuestra política en este conflicto
precisamente a partir del último cambio de Gobierno? ¿Algún ciudadano conoce
por boca del ministro Moratinos la postura oficial
ante la estrategia marroquí y el futuro a medio plazo de la ex colonia? Quizá
se nos pasó por alto, pero ¿acaso ha dedicado el Parlamento español una sola
sesión a debatir de esta notoria injusticia que un Gobierno franquista comenzó
y varios Gobiernos democráticos llevan treinta años manteniendo? ¿Cuál es entre
nosotros el partido que introduce este pleito en su campaña electoral o en su
agenda política?
Se dirá que el
ciudadano medio, en su habitual desidia hacia la cosa pública, tiende a
despreocuparse de las andanzas de su país en política exterior. Y eso es
cierto, salvo seguramente a propósito de Sáhara Occidental. En este asunto, una
nutrida población española está volcada a través de múltiples asociaciones de
solidaridad, ayuda humanitaria, acogida de niños, etcétera, mientras su
Gobierno no da señales de sentirse concernido. Así las cosas, en la medida en
que hemos convertido ya a esas gentes en bastante "nuestras", junto
al derecho a saber la suerte que se les prepara nos mueve también un
justificado interés en saberlo.
Aceptemos,
pues, con algún entendido que el derecho al autogobierno del Sáhara no ha de
equivaler sin más al derecho a su independencia. A lo mejor bastaría que ese
autogobierno garantizara el retorno y una vivienda digna a los exiliados, la
disposición autónoma de sus riquezas naturales y la libertad para defender sus
proyectos políticos. Sólo que, desde su probado desprecio hacia los mandatos de
la autoridad internacional -y conforme al trato político que dispensa a sus
propios súbditos- no es de esperar que el régimen de Mohamed
VI acceda de buen grado al reconocimiento de tales cotas de soberanía saharaui.
Y la pregunta es cómo va a favorecer España ese reconocimiento, mientras vende
a aquel régimen las armas que lo vuelven imposible.
Al visitante de
los campamentos de Tinduf le abate el espectáculo
desolador de aquel paraje y de sus pobladores. Los mayores se entregan a rumiar
el pasado, los más jóvenes no se hacen ilusiones sobre su porvenir, los niños
acuden a una escuela a la que sus maestros -desprovistos de alicientes- faltan
cada vez más. Entre tanta basura sin recoger y pozos sépticos sin depurar,
cunde la desidia y la desmoralización. Son vidas sobrantes: al carecer como
refugiados de derechos políticos, carecen también de derechos como seres
humanos. Se ha dicho que la solidaridad hacia estos
despojos de Tinduf discrimina a la mayoría que
malvive en los territorios ocupados a merced de la presión y represión
marroquíes. ¿Y no podría nuestro Gobierno contribuir al acercamiento de estas
dos partes de la quebrada sociedad saharaui para así forzar a la observancia
del reiterado dictamen de las Naciones Unidas?
Porque sería
sencillamente infame que tanta memoria histórica para los de aquí dejara
olvidados a los de allá, esos que un día nada lejano también fueron de los
nuestros.
(*) Aurelio
Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política en
Fuente:
15/02/2007
EL PAÍS
TRIBUNA:
AURELIO ARTETA