Todo parece Carnaval

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Durante las últimas semanas, incluso por personas de notoria candidez, se ha podido comprobar que para una buena parte de los políticos, de cualquier parte del mundo -a niveles internacionales, nacionales, autonómicos, insulares o municipales-, la mentira, la manipulación y la falsedad son algunas de sus principales formas de actuación para ocultar acciones reprobables, sea la violación de los derechos humanos, el incumplimiento de las leyes vigentes, la responsabilidad en el despilfarro de los dineros públicos o, simplemente, su complicidad, por acción u omisión, en la corrupción generalizada que nos azota.


El Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre los vuelos secretos de la CIA, que transportaban detenidos ilegales a la base de Guantánamo o hacia países en los que se les pudiera torturar sin impedimentos legales. EE.UU. pidió a la Unión Europea manos libres para secuestrar y transportar sospechosos sin garantías judiciales, y la mayoría de países accedió "a mirar para otro lado", como acusa Fava, autor del informe, que documenta los 1.245 vuelos que atravesaron o hicieron escala en países europeos, con su vergonzante carga humana. En España se utilizaron las bases de Morón, Torrejón y Rota y los aeropuertos de Son San Juan y Los Rodeos.


Ahora sabemos que el Gobierno de Aznar, entonces con Acebes, Zaplana y Rajoy, en 2002, envió policías españoles a Guantánamo, la base convertida en campo de concentración y centro de tortura del Gobierno Bush, para interrogar a 20 presos sin vinculación -salvo uno- con España y sin la menor cobertura legal. En el colmo de la desvergüenza política, Rajoy, ocultando sus responsabilidades, pide que el Gobierno actual dé explicaciones al respecto. Cuatro años después de convertirse en cómplice, con Toni Blair, de la aventura bélico-económica de George Bush contra Irak, burlando la opinión de más del 80% de los españoles y al margen de las decisiones de las Naciones Unidas, Aznar, por fin, se ha enterado de que el régimen de Sadam Husein no tenía armas de destrucción masiva.


Recibido entre aclamaciones de "¡presidente!, ¡presidente!" -¡pobre Rajoy!-, en un acto celebrado en Pozuelo de Alarcón presentado por Pedro J. Ramírez, haciendo gala de su gran capacidad para el ejercicio del cinismo, la manipulación política y la mentira, Aznar manifestaba: "Evidentemente, todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no las había, yo lo sé ahora". "Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes". "Cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía". Esto sucede dos años después que el mismísimo Bush tuviera que reconocer la ausencia de armas de destrucción masiva.


Esas palabras constituyen un nuevo intento de engañar a los españoles. Ni una sola mención a los informes del CNI sobre la ausencia de armas de destrucción masiva; a las continuas manifestaciones de los inspectores, enviados por la ONU, que ratificaban la inexistencia de tales armas, o a la declaración de El Baradei, director de la OIEA, ante el Consejo de Seguridad, negando que Irak estuviera reactivando su programa nuclear. Simplemente, había que justificar una invasión ilegal que ha costado más de 650.000 víctimas, en su gran mayoría civiles.


En su política de mentiras y falsedades, para lograr un clima de crispación permanente en torno al fracasado intento de terminar con la violencia etarra, la situación del asesino De Juana Chaos, en huelga de hambre, se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de los dirigentes del PP y sus terminales mediáticos, de desgaste del Gobierno.


En Canarias tampoco nos faltan ejemplos. El PP y Coalición Canaria, después de meses de sestear, manipular y boicotear las comisiones de investigación parlamentarias, ante la proximidad de las elecciones han decidido extender una "manta esperanzera" sobre la corrupción, investigada en los denominados ’caso Amorós’ y ’trama eólica’, en los que se han visto implicados varios miembros de ambas fuerzas políticas. Asimismo, todos unidos, PSC, CC y PP, han promulgado una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, que apesta a inconstitucionalidad, después de que el Ayuntamiento, especialmente su alcalde -mediante bandos que incitaban al enfrentamiento ciudadano, gastando el dinero de todos en complicidad con micrófonos subvencionados, plumas de alquiler y extorsionadores conocidos, que atacan a empresarios y políticos hasta que pagan-, intentara culpar a unos vecinos por su propia irresponsabilidad y su desprecio por los derechos ciudadanos.


Y todo ello porque estos ciudadanos utilizaron la Justicia para reclamar el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional sobre la protección del descanso y la inviolabilidad del domicilio ante la agresión acústica que significa la concentración de coches con descomunales altavoces, haciéndose la competencia en base a elevar el volumen, durante nueve o diez horas continuadas que, como ha ocurrido en otros casos -Avenida de Anaga y alrededores del kiosco Numancia-, pueden ser trasladados a menos de 200 metros, hacia zonas donde no existen agrupamientos vecinales a fin de evitar así el conflicto.


La busca de un falso enemigo y de la permanente manipulación sobre la pretensión de los vecinos de suspender los Carnavales, incitando a los ciudadanos a una confrontación, es una estrategia conocida, desarrollada por los ideólogos y estrategas del fascismo, con plena vigencia durante los 40 años de dictadura. Ya tuvimos, durante esa época, suficientes salvadores. Es una falacia intentar con intenciones electoralistas, o para hacer olvidar sus graves problemas con la justicia, querer aparecer como el salvador de un Carnaval que nadie quiere suprimir.


Pocos chicharreros dudaban de que la Gala de la Elección de la Reina iba a ser un fracaso sonado. La inexplicable contratación de un personaje, sin la menor relación con Tenerife y sus Carnavales, se pretendió justificar como la necesidad de un cambio. Después de su acusación de que todas las galas, hasta la fecha, habían sido un tostón y de las ofensas a las canarias "llenitas", fuimos espectadores del mayor bodrio que pueda imaginarse nadie. Una auténtica vergüenza de la que ahora el alcalde, Miguel Zerolo, abucheado por el público que asistió a la Gala, impidiéndole completar la entrega de atributos a la Reina del Carnaval, una vez más, pretende sacar partido político, cuando es el máximo responsable del desastre, que además nos ha costado más de un millón de euros.


El candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz, Ángel Llanos, no ha dudado en acusar a Miguel Zerolo, de fomentar la controversia del Carnaval, creando "una cortina de humo para que no se hable de sus problemas con la Justicia". El consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, ha calificado a Ángel Llanos de "tolete". Y eso lo dice uno de los responsables de que los ciudadanos de Santa Cruz tengamos que pagar muchos millones para indemnizar a unos vecinos, a los que se le expoliaron, ilegalmente, según el Tribunal Constitucional, unas viviendas, para ampliar el Parlamento.