El reglamento de extranjería que entrará en vigor el 31 de enero del 2005 no supone ninguna solución para los inmigrantes, ni resolverá la situación económica y del mercado de trabajo actuales, porque se limita a mantener y desarrollar la ley de extranjería 8/2000, pactada en la anterior legislatura por el PP y el PSOE. Una ley (y ahora este reglamento), que se subordinan a las directrices de la Unión Europea sobre cierre de fronteras y control (represión) de los flujos migratorios, al tiempo que infringe los principales códigos internacionales de derechos, humanos y laborales, como en particular la libertad de circulación de personas, la no discriminación laboral por razones de sexo o procedencia, o las libertades básicas de expresión, manifestación y organización.

Todo ello no ha impedido, sin embargo, que en torno a este reglamento, elaborado de espaldas a los inmigrantes y sus organizaciones, exista un amplio consenso de todas las fuerzas políticas del estado (menos el PP), la patronal y los principales sindicatos. Un consenso que algunos intentan justificar recurriendo a falacias y medias verdades.

Se dice que este reglamento ofrece una "amnistía" para el más de un millón de "sin papeles" hoy existente, pero nada apoya este optimismo. El reglamento establece, en efecto, un período único y excepcional de "normalización" de "sin papeles" que cubrirá desde febrero a abril del 2005, pero para acogerse hay que acreditar la estancia en territorio español desde antes del 31 de julio pasado, tener un contrato de trabajo de 6 meses y demostrar carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen. Además, en este proceso que sólo otorga autorizaciones de residencia y trabajo para un año sólo puede ser el empleador quien haga los trámites ante la administración, adjuntando a la documentación del inmigrante exigida la de su propia empresa.

Esto implica, en primer lugar, que de partida quedan fuera de este proceso los trabajadores por cuenta propia y todos aquellos que no pueden acreditar una relación laboral, por estar en paro, trabajar en la economía sumergida, y/o por sufrir situaciones aun más brutales de explotación laboral, sexual, infantil… , así como los "empleadores" poco "escrupulosos" contablemente. Supone también, en segundo lugar, restringir la "normalización" a unas circunstancias laborales muy difíciles de cumplir, pues como sabe cualquier trabajador en España –país que tiene altas tasas de desempleo y precarización laboral- no resulta fácil conseguir un contrato de trabajo, y menos aún de seis meses (en caso de servicio doméstico el contrato ha de ser al menos 30 horas semanales durante 6 meses y para los trabajadores del campo 3 meses). Y junto con estas dificultades para la contratación y los problemas burocráticos para conseguir justificantes de estancia en España, también se añade el que la duración del período de normalización sea tan sólo de tres meses mientras que las gestiones para obtener certificados de penales en los países de origen tarda mucho más.

Un segundo tipo de medidas contempladas en el reglamento es que tras la finalización del periodo de "normalización" de tres meses, se abrirá la posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia de un año de duración por "arraigo laboral". Para ello, hay que acreditar la permanencia en el territorio español desde hace al menos dos años y unas relaciones laborales de un año, aportando como prueba una sentencia judicial, lo que sin duda tampoco resulta fácil o viable en la inmensa mayoría de casos.

Finalmente, este "cierre de filas" del reglamento en torno a la defensa de la "Europa fortaleza" y que, si nada lo remedia, cristalizará tras la aprobación del "tratado constitucional", acaba con dos únicas medidas supuestamente "para la integración social" de los inmigrantes: las "oficinas de extranjeros" para la tramitación burocrática de expedientes y una red pública de "centros de migraciones" basada en los centros actuales de internamiento de inmigrantes. Esta omisión de medidas integradoras es más que una ausencia, teniendo en cuenta los problemas de racismo y xenofobia existentes: revela también que este reglamento servirá para alimentarlos y para fomentar la crispación y las divisiones en el seno de la sociedad.

La valoración que cabe extraer sobre las medidas contempladas en el nuevo Reglamento de extranjería es, por tanto, negativa. Porque defrauda a quienes pensaron que el gobierno socialista, tal como prometió en las pasadas elecciones, iba a poner en marcha un política de extranjería progresista. Porque lo único que garantiza, al restringir en realidad las posibilidades de regularización, es el mantenimiento de la exclusión y de la sobreexplotación de los extranjeros, contribuyendo a un mayor deterioro de las condiciones laborales y sociales del conjunto de la clase trabajadora española. Y porque tampoco incluye mejoras para la integración social, cultural, educativa, sanitaria y de calidad de vida de los inmigrantes, que sigue considerando –igual que la ley de extranjería vigente- únicamente como mano de obra barata para "usar y tirar".

En definitiva, esta auténtica "vuelta de tuerca" de la política de extranjería española subordinada a los dictados de la Europa del capital y la guerra, no podemos ignorar que nos afecta a todos y todas: inmigrantes, trabajadores autóctonos y poblaciones en su conjunto. Nuestra principal fuerza para combatir estas y otras políticas sigue siendo la unidad en la defensa de la democracia y las libertades en este país y continente.