LA "TRAMA DEL GAS" Y LA "TRAMA EÓLICA" (II)

Segundo capítulo del Caso GASCAN, un "negocio" de 100.000 millones de pesetas. Un ga$ que huele muy mal.

"Mi opinión sobre la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos"

por Francisco de la Barreda (*)

 

Capitulo II

Mis primeras sospechas y la dimisión como Consejero

Las asociaciones de comerciantes de Canarias muestran su apoyo

En el anterior escrito relativo al "Plan de Gasificación de Canarias" realicé un desarrollo cronológico de las intensas negociaciones y los principales trámites administrativos que el excelente equipo de la Consejería tuvo que llevar a cabo para tratar de implantar el "gas natural" en estas islas, así como un breve resumen de los principales datos técnicos y económicos que hicieron posible que el "Ministerio de Industria y Energía", no solo ratificara el compromiso formal que yo había suscrito previamente con el ministro para lograr la concesión a nuestra comunidad autónoma, sino también incluyera a esta comunidad dentro del ya mencionado "Plan Nacional de Infraestructura Gasista", y que el "Gobierno Central" apoyara la negociación de los fondos comunitarios, extremos que me fueron plenamente confirmados por el ministro, logrando además que el Estado pagara todos los trabajos e informes previos de viabilidad, que superaron los 500 millones de pesetas.

Antes de entrar en el contenido principal de este segundo capítulo, quiero hacer referencia a unas declaraciones realizadas por mi a "La Gaceta de Canarias" el 28 de mayo de 1996, tres días después de haber tomado posesión como Consejero de Industria y Comercio, en las que manifesté la necesidad de "introducir criterios de funcionamiento de la empresa privada en la administración, incluyendo el trato a los ciudadanos, la racionalidad y austeridad en el gasto, la optimización de recursos y a la vez que cuadren las cuentas. Trataré de optimizar cada peseta que salga de la Consejería. Se cumplirá íntegramente la Ley de Comercio y la moratoria de las grandes superficies".

El 14 de agosto de 1996 el periódico "La Provincia" publicó lo siguiente:

"De la Barreda pide transparencia al Ejecutivo canario para recuperar la confianza ciudadana"

"El Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisco de la Barreda, reclamó ayer a sus compañeros en el Ejecutivo un esfuerzo para recuperar la confianza de los empresarios y ciudadanos en la clase política, que dijo está "deteriorada", hasta el punto de que "yo di el paso el paso desde la actividad privada a la pública porque me encontraba absolutamente decepcionado". Para ello, pidió mayor transparencia en la gestión y la aplicación del principio de subsidiaridad, con el traspaso de competencias a cabildos o ayuntamientos. De la Barreda subrayó que las reticencias a traspasar partidas presupuestarias o funciones a otras administraciones responden "muchas veces a afán de protagonismo, amiguismo o favoritismo político".

El mismo día el periódico "Canarias 7" publicó lo siguiente:

"El Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias realizó ayer un ejercicio de autocrítica poco frecuente en los miembros del Ejecutivo regional y recomendó a sus compañeros de Gabinete que realicen un esfuerzo para devolver a los ciudadanos y empresarios la confianza en la clase política".

Con aquellas frases, pronunciadas como Consejero, que, evidentemente, no fueron del agrado de la clase política en general, traté de exponer el mínimo estilo ético que consideraba debía regir la actividad política, lo que, sin duda alguna, estaba y continuando estando, en nuestra comunidad, muy lejos de ser una realidad, a la par que las dije convencido de que iban a ser leídas con escepticismo y como una letanía más a la que están muy acostumbrados los políticos.

Creo que el transcurso del tiempo y los hechos acaecidos hasta el día de hoy han demostrado que, a pesar de las fuertes presiones y grandes obstáculos que tuve que superar, aquellas palabras no estaban vacías de contenido, sino que, por el contrario, mi propósito era de llenarlas plenamente con lo que consideraba eran mis deberes y obligaciones ante los sectores que estaban dentro de las competencias de la Consejería de Industria y Comercio. Y muestra de ello son algunos de los escritos de las asociaciones y federaciones mas representativas del comercio de Canarias, que corroboraron plenamente el cumplimiento de esos deberes, por encima de intereses de monopolios, de determinadas multinacionales, de amiguismos y de aquellos que, perteneciendo, incluso, al mismo partido político, se mostraron, movidos por "oscuros intereses", como auténticos propagandistas de los grandes beneficios que originarían a Canarias la instalación de esas grandes superficies comerciales, con frecuentes ataques contra mi persona en los medios de comunicación, sobre los que no considero deba dar más "datos y señas" en este momento por ser de sobra conocidos, pero que nadie dude que lo haré si observo que alguno de ellos se encuentra en la actualidad "débil de memoria". .

No debo extenderme más sobre estos aspectos y materias, que merecerán una exposición diferenciada, pero tampoco deseo terminar estas primeras líneas sin, dejar "claras pruebas" y no "meras apreciaciones personales" sobre todo lo que he manifestado anteriormente, a pesar de pecar de falta de modestia, por considerar dicho pecado más que justificado por la inmensa campaña de desprestigio "bien pagada" para tratar desacreditarme personal, profesional y políticamente, valiéndome de algunos de los documentos que conservo:

Así, la "Federación Insular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote" (FELAPYME) a través del entonces presidente, don Valentín Elvira Berriel, en nota de prensa enviada a los medios de comunicación el 26 de septiembre de 1997, manifestó lo siguiente:

"La Federación Insular de la Pyme de Lanzarote (FELAPYME), expresa públicamente su sorpresa ante la actitud de Coalición Canaria en su postura de pretender sea retirada de los Tribunales el contencioso que la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias emprendió en su momento contra el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) en relación con las irregularidades presuntamente cometidas en la concesión de licencias para la implantación de una gran superficie en La Mareta, comprendida en el citado Municipio, en clara alusión al incumplimiento de la Ley de Comercio.

Ante esta circunstancia nos encontramos en la necesidad moral y representativa de apoyar plenamente la intervención y la gestión del Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisco de la Barreda, ya que hasta el momento ha dado muestras de integridad y exigibilidad del cumplimiento de lo estipulado en los Criterios Generales de Equipamiento Comercial de Canarias y la propia Ley de Comercio".

El día 30 del mismo mes y año, la "Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de Alimentación de Las Palmas" (FEDALIME) envió también otra nota de prensa a todos los medios de comunicación, con el ruego de que publicaran lo siguiente:

"La Junta Directiva de "FEDALIME" reunida en el día de ayer acordó por unanimidad hacer público lo siguiente:

1.- Mostrar el máximo apoyo y reconocimiento a D. Francisco de la Barreda, Consejero de Industria y Comercio por su gestión y defensa de la aplicación de la Ley de Comercio y Decreto de los Criterios de Equipamiento Comercial".

2.- Felicitar la valentía del Consejero que políticamente en solitario defiende la legalidad vigente en un estado de derecho.

3.- Recordar al Gobierno de Canarias que el comercio representa la segunda gran locomotora económica de la región con más de 35.000 empresas de las que viven directamente más de 150.000 personas".

Y termino transcribiendo el escrito que me dirigió don Luis de Miguel Bartolomé, en su condición de Presidente de la "Federación de Comercio de Tenerife" (FEDECO) el 16 de septiembre de 1998:

"Quiero hacerle llegar, en nombre de los compañeros de este sector provincial y en el mío propio nuestra felicitación más efusiva por su nombramiento como diputado nacional. Consideramos que personas de su valía política y personal y de su demostrada honradez, son muy convenientes para la política y para la defensa de los intereses de la Región y del País.

Estamos seguros de que la actividad empresarial comercial de Canarias se vera beneficiada nuevamente por la defensa que va a realizar en su nuevo puesto".

El 19 de Febrero de 1999 dicho señor, en nombre de la citada federación me había entregado una placa, en la que figura el siguiente texto:

"Fedeco al Excmo. Sr. D. Francisco de la Barreda Pérez, por su brillante etapa como Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y su magnifica gestión en la protección del pequeño y mediano comercio de Canarias".

A pesar de las importantes manipulaciones informativas, de sobra es conocido que tras mi voluntaria dimisión como Consejero, mi sustito en el cargo, Alfredo Vigara Murillo, realizó un cambio radical de esa política, por lo que me vi obligado a manifestar pública discrepancia hacia lo que consideré una descarada intención de permitir la instalación de otra gran superficie en Santa Cruz de Tenerife, lo que obligó a Vigara, sorprendentemente, a plantear la modificación de los "Criterios de Equipamiento Comercial" al Gobierno de Canarias, que acordó su aprobación, con el fin de permitir la implantación de esa nueva gran superficie en Santa Cruz de Tenerife, sobre la que yo había mantenido el firme criterio de que no podía autorizarse, porque así lo establecía la legalidad vigente y por el acuerdo de la "Comisión Insular de Comercio", en base a los datos oficiales existentes que mostraban claramente el enorme grado de saturación que ya existía, extremos que impedían autorizar la apertura de ese nuevo establecimiento comercial.

La inauguración de dos nuevas centrales térmicas en Canarias

Refiriéndome nuevamente a las gestiones para llevar a cabo la implantación del "gas natural" en Canarias, debo decir que el 9 de junio de 1996, escasos días después de tomar posesión como Consejero, me encontré con el hecho consumado de que "Unelco" procedía a acoplar a la red eléctrica las dos nuevas centrales de Granadilla y de Tirajana, cuya inversión había superado los 90.000 millones de pesetas, destacando un sector de la prensa que dichas instalaciones "poseían los sistemas más modernos de prevención medioambiental", y añadiendo, incluso, que "con la conclusión de estos proyectos, además, se consigue garantizar el suministro eléctrico en Tenerife y Gran Canaria", así como también que "las centrales citadas poseen sistemas de prevención medioambiental que utilizan la mejor tecnología disponible en el mercado, entre ellas la de desulfuración de humos por agua de mar, que garantiza el mínimo impacto sobre el medio ambiente, y que corresponden a la última generación tecnológica".

Evidentemente esa información no hacía la más mínima referencia a que esa "mejor tecnología", de las dos nuevas centrales, tampoco utilizaría el "gas natural" para su funcionamiento, sino la tradicional "energía fósil", por lo que también se incrementaría en nuestra atmósfera, de forma muy considerable, las partículas de hollín, el dióxido de carbono, los anhídridos sulfurosos y sulfúricos, además de otros contaminantes, que son potenciados por determinados factores meteorológicos, como han podido comprobar estos días muchos ciudadanos de estas islas, sobre todo aquellos que padecen algún tipo de deficiencia pulmonar.

Como prueba de lo señalado anteriormente, transcribo algunos párrafos publicados el 2 de septiembre de 2004, por "La Opinión de Tenerife":

"Santa Cruz superó el nivel admisible de contaminación por calima en agosto"

"Santa Cruz registró una elevada concentración de calima durante la última semana de agosto, especialmente patente en la mañana del pasado día 26. Durante este día, la calima se disipó a partir de las 18:00 horas, momento en que la contaminación atmosférica producida por dióxido de azufre rebasó valores considerados "admisibles".

Técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) pusieron ayer de manifiesto que durante la mayor parte de los días de la última semana de agosto, las concentraciones de calima registradas por la estación de Tomé Cano de Santa Cruz de Tenerife rebasaron los niveles considerados "admisibles".

De lo expuesto se aprecia claramente que no solo "Unelco", sino también los responsables del sector energético de Canarias, desecharon al proyectar estas dos nuevas centrales eléctricas, una vez más, las reales y más que evidentes ventajas ambientales que ofrece el "gas natural", puesto que no cabía la posibilidad de alegar ignorancia por el hecho de que, desde el año 1988, existía un categórico mandato del "Parlamento de Canarias" para la implantación del "gas natural" en nuestro territorio, mostrando, por el contrario, como "auténticos modelos medioambientales" a estas dos nuevas centrales eléctricas, que continúan utilizando productos muchísimo más contaminantes que el "gas natural", que deterioran cada día más nuestro medio ambiente y por consiguiente nuestra salud.

Lo cierto es que de todo ello se deduce claramente que no existía ninguna voluntad política de que aquel mandato del Parlamento sobre "la implantación del gas natural" fuera una realidad en nuestra comunidad, y que, como siempre, existieran voceros que se prestaran a resaltar las "excelencias" de las nuevas centrales, a pesar de los productos contaminantes que continúan suministrando a nuestros pulmones, extremo que se agrava en determinadas situaciones meteorológicas, como las descritas hace escasos días por el Servicio Canario de Salud.

Las primeras gestiones con el Ministro de Industria

Con estos antecedentes y hechos que encontré al tomar posesión como consejero (consciente de las enormes dificultades que iba a tener que afrontar para llevar a cabo la implantación del gas natural, puesto que, a la sibilina oposición de determinados grupos de presión, se unía la circunstancia de que la principal preocupación que tenía la mayoría de los políticos era la de obtener más ayudas para la construcción de nuevas carreteras, porque siempre lo han considerado una fábrica de obtención de votos) tuve la primera reunión con el Ministro de Industria, José Piqué, el 10 de octubre de 1996, con el fin de plantearle personalmente los principales proyectos que quería llevar a cabo en el sector energético canario. En este primer encuentro, evidentemente, no pretendí conseguir compromisos firmes, pero sí mostrarle la decidida voluntad de emprender todas las acciones que fueran necesarias para conseguir hacer realidad aquellos proyectos, algunas de las cuales ya había realizado ante Rodrigo Rato y Aznar, con el fin de mantenerles también bien informados del "Plan de Gasificación", tratando con ello de lograr su apoyo para superar las reticencias que tenía inicialmente el ministro. Al día siguiente de esa primera reunión, el periódico "La Provincia", publicó lo siguiente:

"Madrid cree "justo" que Canarias esté en el Plan del Gas, pero no asume compromisos"

"El Consejero de Industria, Francisco de la Barreda, no logró ayer arrancar del ministro del área, Josep Piqué compromisos firmes en relación con una batería de propuestas financieras (planes de electrificación, gasificación, industrial o de energías renovables). De la Barreda explicó que esa primera reunión "no tenía por objeto" alcanzar compromisos y la definió como "una toma de contactos". De la Barreda insistió ante el mismo Piqué en un punto central de las aspiraciones canarias: incluir a las islas en el Plan Nacional de Gasificación". El consejero dijo que ha insistido mucho en este punto al Ministro, cuyo único compromiso fue el de ampliar a hoy diversos encuentros técnicos entre responsables de los dos departamentos. De la Barreda cree que es posible "avanzar en los compromisos" este mismo mes, cuando Piqué visite las islas a final de este mes para inaugurar las dos nuevas centrales".

En el transcurso de aquella reunión, en la que el ministro me permitió exponerle ampliamente todos los argumentos a favor de la implantación del "gas natural", me confirmó que viajaría a Canarias, el domingo 27 de de ese mismo mes, para inaugurar las dos centrales eléctricas de Granadilla y del Barranco de Tirajana.

Con el fin de que resulten más comprensibles algunos acontecimientos que relataré posteriormente, debo exponer que, con anterioridad a mi primera reunión con Piqué, Ángel Ferrera, recién nombrado Presidente de "Unelco", había intentando tener un encuentro con el ministro, a través de Bravo de Laguna, pretendiendo anticiparse a los planteamientos que, además, yo iba a hacer también a Piqué sobre los "movimientos" que ya estaban realizando sobre la futura "privatización de Unelco", la "implantación del gas natural en Canarias", el "desarrollo de las energías renovables", etc., extremos sobre los que yo había informado a José Miguel Bravo, por su condición de Presidente Regional del P.P., pero dicha reunión fue abortada desde el ministerio, al percatarse que Ferrera no actuaba coordinadamente conmigo, lo que era absolutamente improcedente, máxime si se tiene en cuenta que, hasta aquel momento, el ministro no había celebrado la reunión que yo le había solicitado como máximo responsable de industria en esta comunidad.

A partir de entonces comencé a tener clara conciencia de que Bravo de Laguna no solo quería desempeñar la "Presidencia del Parlamento" y la del "partido a nivel regional", sino que también quería asumir el máximo protagonismo de los asuntos que eran competencia de los cuatro consejeros del Gobierno de Canarias nombrados por el Partido Popular, porque empezó a preocuparse que yo no a estaba dispuesto a permitir que fuera él, con la colaboración de Ángel Ferrera, aprovechando también la condición de éste de "Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas", quienes diseñaran y manejaran unilateralmente la política energética de Canarias.

Una significativa muestra de ciertos "talantes personales"

Recuerdo muy bien que el sábado, 26 de octubre de 1996, víspera de la llegada del Ministro de Industria a Tenerife, me llamó por teléfono Manuel Hermoso desde su casa, sobre las ocho de la tarde, para manifestarme su "satisfacción" al haber podido leer, por fin, el informe que yo le había entregado sobre todos los asuntos de la Consejería, que yo consideraba prioritarios, entre los que se encontraba, lógicamente, el "Plan de Gasificación de Canarias". El Presidente también me expresó sinceramente "su pesar" por no haber estudiado hasta ese momento aquellos importantes asuntos, por lo que me pidió, con la exquisita corrección con la que siempre me trató, la posibilidad de reunirnos al día siguiente, en la Presidencia del Gobierno con el Consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, a las ocho de la mañana, para de analizar conjuntamente dichos informes antes de la reunión que los tres íbamos a mantener esa misma mañana con Piqué, en su despacho de la Presidencia del Gobierno de Tenerife, reunión que resultó muy positiva porque, a partir de aquel momento, el Presidente apoyó de forma enérgica los planteamientos que nuevamente realicé al ministro en aquella reunión, y de manera especial el "Plan de Gasificación de Canarias", a la par que aproveché para reiterarle al ministro mi malestar por el hecho de que no se hubiese aprobado el "Plan de Gasificación de Canarias" con anterioridad, lo que impendía que las centrales que iba a inaugurar horas después no funcionaran con "gas natural", sino con "energía fósil", muchísimo más contaminante, lo que era todavía aún más preocupante debido a la cercanía de las mismas a parajes naturales en la de Tenerife y a centros turísticos muy importantes en las dos islas capitalinas.

Al terminar aquel encuentro en el palacete de la Plaza de los Patos, nos traslados el Presidente, el Ministro y yo a la nueva central eléctrica de Granadilla, con el fin de asistir al acto de inauguración oficial, donde ya se encontraban esperando José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Parlamento y Presidente Regional del P.P., Antonio López, Delegado del Gobierno, Ángel Ferrera, Presidente de "Unelco" y otras autoridades e invitados.

Cuando ya habían concluido la inauguración, el Presidente Hermoso hizo un aparte conmigo para informarme de que no iba a asistir al almuerzo con el ministro, al que acudiría Bravo, Ferrera y Antonio López, sino que nos volveríamos a encontrar en el aeropuerto sur de Tenerife, para desde allí desplazarnos a Gran Canaria, con el fin de asistir a la inauguración de la central del Barranco de Tirajana. Recuerdo que Hermoso se mostró absolutamente sorprendido y molesto cuando en aquel momento le contesté que yo no tenía información sobre dicho almuerzo, y que por lo tanto no me consideraba invitado al mismo, por lo que, ante su intención de proceder a pedir explicaciones a Antonio López y a Bravo le rogué que no lo hiciese, porque conociendo ya el "talante" de dichas personas, no me extrañó en absoluto que los dos, junto con Ferrera, hubiesen urdido la idea de quitarme de estar cerca del ministro cuando fueran a plantearle, durante aquel almuerzo, "sus opiniones" sobre la "Privatización de Unelco", el "Plan de Gasificación de Canarias", "Plan de Energías Renovables" (48.000 millones de ptas.) y el "Plan de Electrificación de Canarias" (8.000 millones de ptas.).

Debo decir también que por un lado sentí "vergüenza ajena" por aquel reprobable gesto, la misma que tengo al exponerlo en este escrito, absolutamente "impropio" de cualquier persona con un elemental sentido de educación, además de "torpe", por no valorar siquiera que aquel improcedente gesto no se lo estaban haciendo a Francisco de la Barreda como persona, sino al Consejero de Industria y Comercio, pero, por otro lado, también debo confesar que también sentí "cierto alivio" por lo que, sin duda alguna, dada la experiencia adquirida en un par de reuniones anteriores con estos tres señores en "Hotel Escuela de Santa Brígida" de Gran Canaria, a los que asistió también el entonces diputado nacional, Antonio Luis Medina, iba a ser un desagradable almuerzo, pues, bajo ningún concepto iba a guardar silencio ante los "consensuados y unilaterales criterios" de Bravo y Ferrera en materia energética, valiéndose de Antonio López, en su habitual papel de "maestro de ceremonias" en las visitas a Canarias de los miembros de la administración central del Estado, considerando, además, que no era oportuno dar lugar a ningún tipo de discrepancia, que tampoco conduciría a nada, puesto que Piqué, tenían ya amplio conocimiento de cuales eran mis proyectos y prioridades, no solo de palabra, sino también por escrito, así como también de mis discrepancias sobre los pensamientos de Bravo y Ferrera en esas materias.

Mi primera respuesta a aquellos talantes personales

En cualquier caso, nunca pensé "dejar pasar" sin exponer aquel improcedente gesto en el momento y lugar que considerase más adecuado, con el fin de que no volviesen a repetirse en el futuro lamentables situaciones como la que acabo de comentar, por lo que decidí, siendo ya Presidente Insular del Partido de Tenerife, debatirlo en un Comité Ejecutivo Regional que se iba a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia de Ángel Acebes, Coordinador Nacional del P.P. Por ello, al terminar de tratar los puntos del orden del día de aquel rutinario Comité Ejecutivo, en los que Bravo se esforzaba siempre que se desarrollasen como un bálsamo de aceite, pedí la palabra y manifesté lo siguiente:

En primer lugar describí la desagradable situación que se había producido en Tenerife, con motivo de la visita del ministro de Industria, para inaugurar la nueva central eléctrica de Granadilla, situación que pasó totalmente desapercibida a los allí presentes por la actitud que adopté de no mostrar ningún tipo de malestar por respeto a todos los invitados y por ser consciente de quienes eran los protagonistas de aquel reprobable gesto.

En segundo lugar manifesté que yo nunca había realizado declaraciones públicas, que no correspondieran a mi área en el Gobierno de Canarias, y mucho menos que fueran discrepantes de la política del partido, aclarando que solamente en "el caso del destino que, en aquellos momentos, se barajaba dar a los fondos procedentes de la futura privatización de Unelco", me vi obligado a responder a unas preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que manifesté que mi deseo personal era que dichos fondos no fueran destinados también a la construcción de más carreteras, sino que deberían ser reinvertidos en el sector industrial de donde procedían y señalando que el motivo de que me formulasen aquellas preguntas se debía a que Bravo, con fines electoralistas, había manifestando, días antes, a algunos medios de comunicación que dichos fondos iban a ser destinados a financiar más infraestructuras viarias en Canarias, a pesar de que ya existía una aportación a Canarias del Gobierno del Estado de 200.000 millones de ptas., como consecuencia del pacto suscrito entre el P.P. y CC. a nivel nacional.

Resultaba más que evidente para mí que Bravo (al igual que otros muchos de nuestros políticos) era plenamente consciente de que "la implantación del gas natural" y "el desarrollo de las energías renovables en Canarias", no le aportarían los ansiados votos para alcanzar la Presidencia del Gobierno en la siguiente legislatura, mientras que sí obtendría la deseada rentabilidad vendiendo la idea de haber conseguido esos fondos para la construcción de más carreteras, con independencia de que también era conocedor de que mis planes sobre los sectores energéticos tampoco eran del agrado de los que, en aquellos momentos, se consideraban muy "afectados" por los mismos, y que por el contrario, en la actualidad, se encuentran muy "felices", a excepción de "Cepsa", con la estrategia que el Gobierno viene "diseñando" sobre las "participaciones accionariales" sobre algunos de esos mismos planes, hasta el punto de que no están dispuestos a repartir su importante trozo de tarta del "gas natural" con nadie más, como es el caso de "Cepsa" (a pesar del serio varapalo que le supondrá la definitiva implantación del "gas natural") y "ciertos empresarios canarios" que no forman parte del denominado "núcleo duro", lo que me parececería una postura normal de cualquier empresario si no fuera por la sospecha que tengo de que este Gobierno no solo lo está consintiendo, sino que, incluso, lo está promoviendo sigilosamente. ¿Y para el resto de los ciudadanos canarios que deseen invertir también en este proyecto seguro del "gas natural"?, pues… ¡no existe ningún problema!... le darán lo de siempre: "pan y circo". Y a los que se muestren respondones… pues tratarán de quitarles en primer lugar el pan.

En tercer lugar quise también dejar claro en aquel Comité Regional, que en la renombrada rueda de prensa no mencioné ni una sola vez al Presidente Regional del Partido, tratando de evitar públicas discrepancias entre cargos de un mismo partido político, por lo que manifesté a que los acuerdos finales no los adoptaría yo, sino que correspondía ser adoptados por el partido, en los correspondientes órganos colegiados, tras el correspondiente debate y que en el caso del destino de aquellos fondos, que podrían corresponder a Canarias, producto de la privatización de "Unelco", unos 25.000 millones de ptas., era una decisión que le correspondía adoptar al Estado.

En cuarto lugar, manifesté que cuando visité al Vicepresidente Rodrigo Rato y al Ministro de Industria, informé, por escrito, al Presidente Regional del Partido Popular y, evidentemente, al Presidente del Gobierno de Canarias de todos los planteamientos que les expuse como Consejero, pero dije también que lo tratado en esas reuniones, no era lo más adecuado que fuera Bravo el que lo transmitiese a la opinión pública, puesto que ello daba lugar, además, a incrementar la "equivoca interpretación" ante los ciudadanos de los que eran sus declaraciones como "Presidente del Parlamento", que exigen un exquisito comportamiento institucional y las que realizaba como "Presidente Regional del P.P.", con claro matiz partidista, añadiendo, además, a esas declaraciones otras que eran absolutamente propias de los correspondientes miembros del Gobierno de Canarias.

Por último resalté el hecho de que también Bravo, en ese intervalo de tiempo, en uno de sus frecuentes viajes a Madrid, visitara al Ministro de Industria, de lo que tuve conocimiento por los medios de comunicación, permitiéndose desautorizarme públicamente al declarar que el "Plan de Gasificación de Canarias" podía "tener problemas políticos", sin especificar qué tipo de problemas, añadiendo en unas declaraciones a "Canarias 7" que mis opiniones sobre este importante asunto eran producto de mi "inexperiencia y de la precipitación".

Las primeras consecuencias derivadas de esos talantes personales

Es evidente que Bravo no estaba acostumbrado a que nadie le "exigiese explicaciones" en un Comité Ejecutivo Regional y mucho menos en aquél en el que estaba presente el Coordinador Nacional del Partido Popular, Ángel Acebes, quien, visiblemente nervioso, trató por todos los medios de solventar aquella dura y justificada "recriminación" mía al Presidente Regional dentro de los órganos del partido.

Quien conozca a Bravo (desde hace un cierto tiempo, por suerte, ya lo conocen la mayoría de los ciudadanos canarios, al negarle de forma rotunda la posibilidad de ser el Presidente del Gobierno de Canarias en las elecciones del año 2000, derrota que tuvo lugar, como una de las principales causas, por la descaradas mentiras que dijo sobre el denominado "Caso Bango") sabe que a partir de aquel momento, sin perder su habitual sonrisa, me declaró "odio eterno" y comenzó a llevar a cabo todo tipo de sus habituales intrigas para tratar de "quitarme del medio", como las que llevó a cabo posteriormente para cesar a Ignacio González Santiago (Nacho) como Secretario Regional del partido y como Consejero de la Presidencia, minusvalorando la oposición que podía presentarle como Presidente del P.P. de Tenerife.

Precisamente fue aquel cese de Nacho y la contundente oposición del partido en Tenerife lo que motivó que Aznar, que también tenía conocimientos en sus intromisiones públicas en mis competencias como Consejero de Industria y sus deseos de cesarme también de dicho cargo, nos convocase a los dos a una urgente reunión en el Palacio de la Moncloa, un viernes, después del correspondiente Consejo de Ministros, para comunicarle a un José Miguel Bravo absolutamente "asustado", de forma categórica, que "no estaba dispuesto a soportar ninguna situación de crisis más en el P.P. de Canarias", exigiéndole, al terminar aquel desagradable encuentro, que se trasladase él solo a la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, donde esperaban varios periodistas, para que lo comunicase así, mientras me invitaba a mí a dar un paseo por los jardines, durante el cual, con sorpresa por mi parte, no comentó nada más de lo tratado en la reunión que acabábamos de celebrar, lo cual representó para mí una clara muestra de que Aznar ya tenía buena información del talante personal de Bravo y de sus frecuentes maquinaciones, al que quiso tener desde un primer momento lejos de cualquier cargo en la administración central, a pesar de los "interesados rumores" que circularon en ese sentido, por una conocida "hipoteca" que desde hacía tiempo pesaba sobre su persona y que, a pesar de no ser ya noticia frecuente en los medios de comunicación, Aznar nunca olvidó, pensando que en cualquier momento podría resurgir.

Con el paso del tiempo tomé conciencia de que, sin duda alguna, aquel mediodía en la Moncloa se había iniciado "el principio del fin" del "segundo resucitar" de Bravo en su vida política dentro del Partido Popular, lo que motivó aquella "sorprendente y rapidísima dimisión" de Bravo, para muchos, pero no para mí (por haber oído personalmente la seria advertencia que Aznar le había realizado) a escasas horas de conocer su derrota electoral, sin tener para nada en cuenta que con la presentación de aquella dimisión "aguaba" aquella noche la alegría que mostraban los militantes y simpatizantes del partido allí congregados, porque de José Manuel Soria y María Eugenia Márquez, habían sido los más votados a la Alcaldía de Las Palmas y a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, respectivamente.

Mi dimisión como Consejero de Industria

En el mes de Julio de 1998 Miguel Cabrera Pérez-Camacho, dimitió como Diputado Nacional, lo que motivó que el 4 de agosto de 1998 también yo dimitiese como Consejero de Industria y Comercio, para ocupar el escaño que Miguel había dejado vacante en el Congreso de los Diputados, debiendo señalar, en relación a lo publicado por ciertos periodistas, que es absolutamente falso que en esa dimisión interviniese para nada Bravo, porque, aunque hubiera querido hacerlo, de lo que no tengo ningún tipo de duda, no hubiera podido ni siquiera intentarlo en aquellos momentos, por las razones que expondré a continuación, razones que hasta hoy estoy seguro que han desconocido todos esos periodistas que elucubraron sobre aquella decisión que yo libremente tomé, tras analizarla previamente con Ángel Acebes, quien no la compartía al comienzo de la reunión que mantuvimos con ese fin en su despacho de la calle Génova, pues consideraba que era mejor que yo continuase desempeñando el cargo de Consejero, si bien le preocupaba la lealtad que tendría al partido la otra persona que me seguía en la lista, debido a la mayoría minoritaria del Partido Popular en el Congreso, que se había agravado por el distanciamiento con el P.N.V.:

Primero.- Porque Bravo era muy consciente de que Aznar, tal como ya le había advertido en la reunión que tuvimos en la Moncloa, no le iba a permitir que originase otra crisis más en el partido de Tenerife, puesto que José Miguel, antes de cesar a Nacho, les había prometido que ello no iba a generar ninguna crisis, porque "lo tenía todo muy controlado", despreciando por completo mi capacidad de reacción como Presidente Insular, que, en contra de sus falsas previsiones, fue absolutamente contundente, pues ya le había dicho en varias ocasiones, que tuviese cuidado con lo que hacía, porque yo "era consciente de que el Partido Popular había vivido todos estos años sin mí, pero también era igual de consciente de que yo había vivido muchos más años sin tener que contar para nada con el Partido Popular", frase con la que quise mostrarle muy claramente que no tenía ninguna atadura a los cargos, pero que nunca quiso entender o creer que la decía con absoluta sinceridad, y cuya repetición me permitía afianzar mi convencimiento de que, además, de considerarme independiente políticamente, lo era realmente, actitud que, no sin bastantes sacrificios y disgustos, me sigue aportando en la actualidad grandes satisfacciones personales, porque me permite actuar siempre con mucha libertad y cumplir mis obligaciones, sin que ello signifique que no me haya equivocado en muchísimas ocasiones, lo que sin ningún tipo de dudas, así ha sucedido.

Segundo.- Porque también algunos Consejeros del Gobierno de Canarias, muy cercanos al Presidente Hermoso me habían informado que en intentos anteriores de Bravo de cesarme como miembro del ejecutivo canario, Manuel Hermoso ya se había negado rotundamente a ello, porque no estaba dispuesto a sufrir otras crisis en el "Gobierno de Canarias", como consecuencia de los frecuentes problemas de José Miguel Bravo en el Partido Popular y porque, según dichos consejeros, el Presidente se mostraba muy satisfecho de mi labor en el Gobierno, a diferencia de lo que le sucedía con Nacho, de quien desconfió siempre, lo que llegó a expresar públicamente, en más de una ocasión después de que fue cesado.

Tercero.- Porque, a pesar de que era evidente que Bravo ya me consideraba un enemigo que tenía que batir lo más rápidamente posible, sabía también que yo no representaba ningún obstáculo hacia su desenfrenado deseo de ser Presidente Gobierno de Canarias, única meta que tenía en su mente, siempre que cumpliese lo que, por imperativo de Madrid, habíamos pactado previamente a la celebración de una "Convención Regional del Partido Popular" que se llevo a cabo el 28 de marzo de 1998, en el recinto ferial de Tenerife, con la presencia de Ángel Acebes y Carlos Iturgaiz, con el único y exclusivo fin de mostrar a la opinión pública que ya se había cerrado la profunda crisis que existía en el partido a nivel regional.

Recuerdo que Ángel Acebes, al terminar mi discurso en aquella convención, me dijo que le había gustado mi sinceridad, pero que también consideraba que había sido muy duro con Bravo, refiriéndose, sin duda alguna, a "advertencias" que dirigí muy directamente a José Miguel, que fueron premonitorias de su final en la vida política y que fueron las siguientes:

"Esta es la primera ocasión en la que nos volvemos a reunir desde la celebración de nuestro último Congreso Regional, a finales del año 1996. Como todos sabemos, la Ejecutiva Regional que hoy preside este encuentro, no es la misma que surgió del consenso de aquel Congreso. En este tiempo se han producido cambios importantes que han afectado al funcionamiento de nuestra organización, y que todos hemos tenido que afrontar con responsabilidad (Me refería al cese de Nacho y al nombramiento de Arquimides Jiménez y Lorenzo Suárez). Sería un acto de cinismo por mi parte no reparar en lo sucedido y eludir un saludable ejercicio de autocrítica, al que me gustaría invitarles con el mejor de los ánimos.

Desde Tenerife, entendemos que sería un grave error plantear esta Convención como un mero acto triunfalista de cara a la galería, limitándonos a proclamar las excelencias de la acción política desarrollada por el Partido Popular en Canarias durante los últimos años. Es mucho lo que hemos aportado en muy poco tiempo a la construcción de un nuevo proyecto para el Archipiélago; nuestros logros están ahí, a la vista de todos, pero también hemos cometido errores de los que debemos aprender.

Por este motivo, a poco más de un año para la próxima cita electoral, les invito, queridos compañeros, a huir de triunfalismos innecesarios y a reflexionar también sobre nuestras propias equivocaciones, en un ejercicio de humildad y serenidad, con los pies afianzados en la tierra y la mirada clara en el futuro.

A la pesada carga de gobernar en coalición con quienes tienen un proyecto que, por supuesto, no es el nuestro, se han sumado en algunos momentos los conflictos internos de nuestra propia organización. Han sido fricciones propias de una nueva estructura que crece a gran velocidad, que se esfuerza por abarcar con eficacia cada día más cuotas de responsabilidad. Pero no debemos sentir ningún complejo en reconocer públicamente que en el Partido Popular de Canarias todos hemos cometido errores, unos más que otros, es cierto, pero todos somos igual de responsables. ( … )

Sabes, José Miguel, que no siempre hemos entendido tus decisiones; que en Tenerife muchas veces no nos hemos sentido escuchados, ni correspondidos en el valioso capital que aportamos al Partido Popular de Canarias; sabes que en ocasiones ha faltado diálogo, comunicación y hasta confianza, pero queremos entender y entendemos que esa situación está superada. ( … ).

Presidente, entendemos que esta convención es el punto de partida. Cuando dentro de unas horas abandones este Recinto Ferial tendrás ante ti un enorme reto, proporcional en dimensiones al respaldo y la lealtad del Partido Popular de Tenerife".

Bravo hizo caso omiso de aquellos sinceros "consejo" y "advertencias" que le di públicamente en aquella convención, como Presidente del Partido de Tenerife, y de manera especial al último párrafo del discurso en el que le "advertí" que si volvía actuar a espaldas del partido de Tenerife no lograría nunca ser Presidente del Gobierno de Canarias y de sobra es conocido cuales fueran las consecuencias que tuvo que pagar por su desmedida ambición de lograr esa Presidencia y por las mentiras y manipulaciones que llevó a cabo cuando yo decidí definitivamente no permitir las amenazas y otras tropelías que se estaban cometiendo en el partido por algunas personas que proclamaban permanentemente su "amor y fidelidad al partido por encima de todas las cosas", y que, al ser privados del poder que ostentaban, cambiaron todo su amor a otro partido al que tan duramente habían atacado o como en otros casos, fueron expulsados, teniendo que "sufrir", a pesar de haber logrado inicialmente que me cesaran como Presidente Insular, la traumática circunstancia, para ellos, de que yo no solo no fuera expulsado, sino ni siquiera fuera amonestado, tras comprobar la dirección nacional que mis denuncias estaban absolutamente fundadas, por lo que sigo siendo actualmente un militante de base, aunque discrepe abiertamente de muchísimos aspectos de la política del partido no solamente a nivel insular y regional, sino también nacional, como es el caso de la decisión que tomaron de apoyar la cruel e injusta guerra de Irak. Me consta que ese es el pensamiento también de muchísimos militantes, pero que solamente se atreven a decirlo en baja voz.

Hoy, cuando he vuelto a leer el discurso que pronuncié en aquella convención, veo más claramente aún la inmensa ingenuidad que todavía tenía y que me impedía ver la pobre "calidad personal" de algunos compañeros, para los que el conseguir "su fines" siempre justificó el empleo de "cualquier medio". Para justificar también mis errores y como descargo personal podría decir ¡que ingenuo fui!, pero sin duda alguna, por encima de ingenuidades y errores, que no fueron pocos, acerté plenamente cuando dirigí a Bravo aquellos sinceros consejos, que, no quiso escuchar y que le precipitaron al abismo que no le habían ocasionado con anterioridad "otros lamentables incidentes", como el que produjo al llamar "hijo de puta" a un diputado regional en el propio Parlamento de Canarias.

Algunos de los hechos posteriores que vinieron a ratificar mis primeras sospechas

Volviendo al objeto principal de este escrito, "la implantación del gas natural en Canarias", debo exponer que el mismo día que Alfredo Vigara Murillo juró el cargo de Consejero de Industria y Comercio, el 5 de agosto de 1998, pude constatar por la actitud adoptada por el propio Vigara hacia mí durante aquel acto que se celebró en el palacete de la plaza de Los Patos, que ciertas sospechas que ya tenía sobre él, quien siempre había adoptado una actitud bastante "sumisa", por lo que me había opuesto a que fuera mi sustituto, se iban a convertir en realidad, tal como efectivamente sucedió, al comprobar a los pocos días en los medios de comunicación, en su primeras declaraciones, un radical cambio en la política que yo había llevado en la consejería en materia de la instalación de "grandes superficies", concretamente en el caso de "Pryca", y en lo concerniente a la concesión del "gas ciudad", al comprobar la precipitación que le había entrado en otorgar tal concesión, cuando se daba la importante circunstancia de que él mismo me había entregado un escrito el 13 de junio de 1998, apenas dos meses antes de yo dimitir, cuando todavía desempeñaba el cargo de Director General de Industria y Energía mediante el cual me presentó su "su renuncia a intervenir en el expediente a su cargo para la referida concesión", exponiendo: "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso, ruego se me acepte mi renuncia a intervenir en los trabajos iniciados por personal de la Dirección General de Industria y Energía ... , en cumplimiento de la legislación vigente", evitando de este modo el aceptar yo su dimisión, que llegamos a barajar también como lo más conveniente, como consecuencia de mis primeras sospechas en su actuación en aquel asunto, porque consideré, en aquellos momentos, que su dimisión hubiera generado todavía más suspicacias que acarrearían más problemas, y con el convencimiento de que con "su renuncia a intervenir en el tema del gas" quedaba definitivamente descartado cualquier comportamiento irregular a la hora de llevar a cabo su concesión definitiva a la empresa que ofreciese las mejores garantías a los intereses de la comunidad, pues tampoco acepté su propuesta y muy probablemente la de otros, que también puso en su escrito de que esa competencia la pasase a desempeñar el otro Director General Juan Guedes, siendo mi decisión que, a partir de aquel momento sería yo el único responsable, pero como ya indiqué, la dimisión de Miguel Cabrera y otras circunstancias que no expondré todavía me movieron a dimitir como Consejero y ocupar el escaño que dejaba vacante en el Congreso de los Diputados.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes y la fuerte presión que Vigara, ya como Consejero, comenzó a llevar a cabo sobre el nuevo Director General de Industria y Energía, Juan Cano, para que emitiese, con la máxima urgencia, el pertinente informe previo a la concesión, que finalmente le entregó el 27 de Septiembre de 1998, el cual, dada su importancia, transcribo íntegramente a continuación, por medio del cual citado "Director General de Industria y Energía" expresó, de forma muy clara, coincidiendo también con el informe que emitió el "Ministerio de Industria", que eran absolutamente contrarios a la concesión del "gas ciudad" a ninguna de las tres empresas que habían concurrido, hasta que no entrase en vigor la "Ley de Hidrocarburos", así como también el fundado temor que Juan Cano mostró por el hecho de que se pudiera crear un monopolio, incluso, mayor a los ya existentes, entendí que Alfredo Vigara, actuando en contra de sus propios actos anteriores, tal como quedaba claro en su carta de renuncia de fecha 13 de junio de 1998, había decidido otorgar la concesión a "Gasificadota Regional de Canarias, S.A.", filial de "Unelco", sociedad de la que además había sido consejero.

Transcribo a continuación literalmente el informe-propuesta de Juan Cano, como Director General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, dada la importancia que tiene para poder seguir entendiendo los "oscuros aspectos" sobre el gas, ya pasados, y también los "oscuros aspectos" que continúan existiendo en el presente:

"INFORME-PROPUESTA"

"De la Dirección General de Industria y Energía

sobre solicitud de concesión administrativa para la distribución de gas canalizado de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde".

"VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Gasificadora Regional Canaria, S.A. de concesión administrativa para los servicios públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convenible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Banolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada.

VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Distribuidora Industrial, S.A. de concesión administrativa para los servicios públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Banolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada,

VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Desarrollo Energético Canario. de concesión administrativa para los servicios Públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada.

VISTA los informes técnicos emitidos por las Direcciones Territoriales de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas sobre la concesión administrativa para la prestación del precitado servicio público, donde se incluye un análisis comparativo de las empresas peticionarias de la referida concesión administrativa en relación con su solvencia económico-financiera y su capacidad técnica.

VISTA la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, y el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles

VISTO el Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos publicado en el Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Congreso de los Diputados n° 101-11 de 15 de julio de 1998.

CONSIDERANDO que la Consejería de Industria y Comercio es el Departamento competente para reso1ver el expediente de referencia, de conformidad con lo establecido en los Reales Decretos:57811982, de 24 de julio y 209/1984, de 26 de septiembre, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado, y a tenor de lo prevenido en el Decreto 232/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio.

CONSIDERANDO que se han cumplido todos los trámites previstos en el Capítulo III de la Ley 1011987, de 15 de junio, y en el Capítulo II del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.

CONSIDERANDO que el artículo 7 de la Ley 10/1987 dispone que sólo podrán otorgarse a entidades públicas o privadas que justifiquen documentalmente su capacidad técnica y solvencia económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

CONSIDERANDO que esta Dirección General tiene asumida que la instalación de gas canalizado en las ciudades es prioritaria, por lo que significa de ventajoso en orden a la economía, seguridad y comodidad para los usuarios, y que en definitiva es sinónimo de progreso y bienestar social propio de las ciudades modernas.

CONSIDERANDO que del análisis de la documentación y argumentos evacuados en los informes de las Direcciones Territoriales de esta Consejería de Industria y Comercio; se destacan los siguientes aspectos:

En el informe recibido del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía con fecha 5 de agosto de 1998 en uno de sus apartados, dice:

"2°.- Asimismo, se hace constar que se supone que ha sido adecuadamente valorada la circunstancia de la inmediata promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos y la consecuente desaparición del actual régimen de concesión administrativa. "

Del estudio del citado Proyecto de Ley, de inminente aprobación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado según su disposición final tercera, se desprende que el actual régimen de concesiones administrativas para actividades de montaje de plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación de gases combustibles manufacturados o sintéticos o de mezcla de gases combustibles con aire será sustituido por el de autorización administrativa, así como las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural y el almacenamiento y distribución de gases licuados de1 petróleo, combustibles gaseosos manufacturados y sintéticos y mezclas de gases y aire para suministro por cana1ización, según se establece en su art. 55.

Por otra parte, la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley establece que:

"A la entrada en vigor de esta Ley, todas las concesiones para actividades incluidas en el servicio público de suministro de gases combustibles por canalización quedan extinguidas.

Dichas concesiones quedan sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas de las establecidas en el Titulo IV de la presente Ley que habilitan a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeran el objeto de las concesiones extinguidas.

Las citadas autorizaciones lo serán por tiempo indefinido quedando expresamente extinguida la reversión de instalaciones a la que se refiere el Articulo 7 c) de la Ley 10/1987, de 15 de junio".

Resulta evidente que la observación formulada por el Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía, antes transcrita, contiene una significativa advertencia acerca de lo inútil e improcedente, aunque legalmente factible, de proceder en el momento actual a otorgar una concesión administrativa que salvo imprevistos quedará automáticamente extinguida a los pocos días o pocas semanas de dictarse la correspondiente resolución, a la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos. En ese momento quedaría liberalizada la actividad de montaje de plantas para mezcla de gases combustibles con aire y el almacenaje y distribución por canalización de dicha mezcla combustible, como claramente expresa el arto 54.1 del Proyecto de Ley:

"Las actividades de fabricación, regasificación almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos para su suministro por canalización, podrán ser realizadas libremente en los términos previstos en este Titulo, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, y en especial de las fiscales y de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y de defensa de los consumidores y usuarios".

Es decir, que cualquier petición que se presentase para el ejercicio de las actividades a las que se refiere el presente informe, incluyendo eventuales solicitudes de las empresas o grupos económicos a los que no se les otorgase concesión administrativa, debería ser resuelta por esta Administración mediante autorización sin más requisito que la exigencia del cumplimiento de las especificaciones contenidas en la nueva Ley y en sus reglamentos de aplicación. En tanto éstos no hayan sido promulgados continuarán vigentes los actuales, según se deduce de la disposición transitoria segunda:

"No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente Ley que sean necesarias para la puesta en práctica de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materias que constituyen su objeto".

Teniendo en cuenta todo lo dicho, esta Consejería de Industria y Comercio quedaría en una posición incómoda, en opinión de esta Dirección General de Industria y Energía, si se otorgase ahora una "concesión administrativa". Por un lado, determinados sectores podrían manifestar cierta suspicacia ante lo que parecería una extraña urgencia por otorgar una concesión administrativa unos días antes de que se apruebe una Ley que las suprime; por más que esto se pueda explicar, siempre quedaría un residuo de incredu1idad. Por otro lado, no podrá evitarse cierta actitud de menosprecio por parte de las empresas rechazadas en el expediente de concesión ante la inminente liberalización de1 sector.

En cualquier caso, la situación administrativa actual es la de un expediente abierto que debiera resolverse al margen de otras consideraciones sobre la expectativa de aparición de nuevas disposiciones lega1es, pero precisamente en el Proyecto de Ley que se examina esta circunstancia está prevista, al igual que en todas las leyes, y de ello se ocupa la disposición transitoria octava, que dice:

"Los expedientes de autorizaciones y concesiones referentes a actividades objeto de regulación en el Titulo IV y que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma".

Lo cual significa que si entrase en vigor la nueva Ley antes de que se produjese la resolución del expediente, a las peticiones de concesión ya existentes habría que darles el trámite correspondiente a peticiones de autorización, aunque, llegado este caso, lo procedente sería requerir a los interesados para que se reiterasen en sus peticiones bajo la figura de solicitud de autorización administrativa.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que con las leyes, y sobre todo con los reglamentos, de inminente aparición pero que finalmente no fueron publicados podría retardarse el Ministerio de Industria y Energía, y sobre todo por si razones estratégicas aconsejasen resolver sobre la concesión, el siguiente apartado de este informe se refiere al estudio de las tres solicitudes presentadas para obtener la concesión administrativa.

A la vista de la composición de los tres grupos en lo que concierne a participación económica, presupuesto de las obras y tasa interna de rentabilidad (que incluye un estudio de perspectivas de contratación y emp1eo creado a un horizonte de veinte años), así corno los derechos de contratación previstos) puede realizarse el siguiente análisis:

En cuanto a solvencia técnica, las propuestas de Gasificadora Regional Canarias, S.A., que integra con un 30% a ENDESA Gas, S.A., y de Desarrollos Energéticos Canarios, S.A., que integra con un 49,9% a Gas de Asturias, S.A., resultan igualmente satisfactorias. No así la de DISA, que no puede acreditar experiencia en el segmento de distribución de gas canalizado, lo cual representa un serio inconveniente ante 1as otras dos propuestas.

En lo que a solvencia económica y garantías financieras se refiere, la ventaja está del lado de Gasificadora, tanto por e1 potencial económico de las empresas que constituyen el grupo como por la garantía financiera que representa su integración en el mismo por parte de las Cajas de Ahorro.

En 1o que se refiere a la vinculación territorial de las empresas con Canarias puede decirse que la mayor, porcentualmente hablando, corresponde a DISA, si bien las tres ofrecen suficientes garantías en este terreno.

En cuanto al interés por el desarrollo de la concesión podría suponerse que el mayor está del lado de Gasificadora, que ha sido quien primero ha presentado su solicitud, que ha motivado la urgente presentación de propuestas por parte de las otras dos. Aunque estas últimas también hubiesen tenido la intención de hacerlo en un futuro, no puede ignorarse el hecho de que el proyecto técnico de la primera ha servido de base para la confección de los demás.

Resulta muy de tener en cuenta, por otra parte, que el caso de DISA es bien singular: cada cliente que capte como abonado para el nuevo servicio de gas canalizado es un cliente menos para la distribución de gas embotellado. ¿Qué garantía de interés representa una situación como esta?.

Considerando las empresas que participan en Gasificadora, podría representar un inconveniente, que ha de ser justamente valorado, como es el hecho de que el suministro eléctrico y el del gas canalizado se encuentren en las mismas manos, y cuando se habla de gas canalizado ha de entenderse referido a 1as poblaciones en las que va a estar disponible. Esto conlleva el peligro de que cualquier defecto estructural interno de orden empresarial va a repercutir de modo inmediato en dos servicios públicos esenciales, gas y electricidad. Si bien ha de pensarse que la participación de UNELCO es positiva por cuanto aporta al grupo su solvencia económica y su experiencia en suministro de energía, con probada eficiencia en el capítulo de mantenimiento, disponiendo de un notable equipo técnico, el aspecto reseñado de concentración de servicios públicos en un mismo grupo empresarial no puede por menos de tenerse en cuenta.

Debiera estudiarse si pudiese haber alguna incompatibilidad de carácter legal sobre la aludida concentración de servicios-públicos de gas y electricidad en lo que se refiere a disposiciones nacionales o europeas en vigor en materia de monopolios, que afectaría, en su caso, a la propuesta de Gasificadora.

Por todo ello, esta Dirección General de Industria y Energía PROPONE:

Que hasta tanto no entre en vigor la Ley del Sector de Hidrocarburos, cuya publicación tendrá lugar en breve fecha, no se otorgue concesión administrativa a ninguna de las empresas solicitantes.

No obstante, si por parte del Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, se estima conveniente otorgar la concesión antes de la entrada en vigor de la citada Ley, esta Dirección General de Industria y Energía entiende que en el presente informe van suficientemente valoradas las ventajas y desventajas de las empresas solicitantes que le permitirán elaborar su criterio.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de agosto de 1998.

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Juan Berceli Cano Cabrera

AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".

Como puede constatarse, dicho informe era suficientemente explicativo por si solo para comprender todos los graves riesgos que podían derivarse por aquella precipitada, injustificada y sospechosa actitud de Vigara de autorizar con la máxima urgencia la concesión del "gas ciudad", pero la advertencia de todos esos riesgos no fueron impedimento alguno para que el entonces Vigara otorgase dicha concesión a "Gasificadora Regional Canarias, S.A.", filial de "Unelco", mediante la Orden de fecha 2 de septiembre de 1998, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, el 30 de noviembre siguiente, o sea, sorprendentemente, dos meses más tarde, máxime, teniendo en cuenta el hecho que ya he señalado, de que Alfredo Vigara, había sido consejero de "Unelco" desde el día 9 de mayo de 1997 hasta el día 22 de junio de 1998, y que fue el principal motivo de que el propio Vigara, con fecha 13 de junio de 1998, entregase un escrito, en el que exponía, a instancias mías, porque ya apreciaba en él actitudes sospechosas, su renuncia a intervenir en el expediente a su cargo para la referida concesión del "gas ciudad", exponiendo literalmente lo siguiente: "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso …".

Pero, tal como puede constatarse, las mismas circunstancias que el propio Vigara había considerado y escrito como claros impedimentos "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión …" al actuar como "Director General de Industria y Energía" en relación al expediente del "gas canalizado", sin mediar ningún tipo de explicación que aclarase lo manifestado en su escrito, dejaba de considerarlas como tales, para, en contra de los impedimentos que Juan Cano, como Director General y el Ministerio de Industria también le expresaron en sus respectivos informes, otorgar con la máxima urgencia a "Gasificadota Regional de Canarias, S.A.", filial de "Unelco" la concesión el 2 de septiembre de 1998, cuando ni siquiera había transcurrido un mes de su nombramiento, produciéndose el inexplicable e inexplicado hecho posterior de que no apareciera su publicación en el Boletín Oficial hasta dos meses más tarde. Demasiada rapidez para autorizar la concesión y excesiva lentitud en su publicación.

También me sigue resultando muy sorprendente la información que tengo de que si bien figura en el Registro de la Consejería el escrito de renuncia de Vigara, no se encuentra el escrito original de renuncia a intervenir en el expediente del gas, que entregó Alfredo Vigara el 13 de Junio de 1998. Afortunadamente yo conservaba una copia, que pude aportar posteriormente al Fiscal Anticorrupción, cuando presenté la pertinente denuncia por unos presuntos delitos de prevaricación de Vigara, que comentaré más en el siguiente escrito.

Posteriormente también tuve información de que Alfredo Vigara cobraba también las remuneraciones que percibían los consejeros de "Unelco", a pesar de que yo había propuesto a los Directores Generales de la Consejería, entre los que se encontraba Vigara, y éstos habían libremente aceptado, que renunciásemos a cualquier emolumento que tuviésemos derecho a percibir por pertenecer a cualquier consejo de administración, como sucedía en los casos del "Instituto Tecnológico de Canarias" (ITC) (el anterior Presidente de este Instituto cobraba, aproximadamente, 10.000.000 de ptas. anuales), Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), "Promociones Exteriores de Canarias" (Proexca), "Autoridad Portuaria", etc.

Al respecto, debo expresar también la vergüenza que me produjo el hecho de que en la única asistencia al Consejo de Administración del "ITER", que presidió Ricardo Melchior, porque inmediatamente dimití para que fuera desempeñado por un magnifico profesional del "ITC", Antonio Lecuona, lo primero que se realizó en dicho Consejo fue la entrega, por parte de un funcionario, de los cheques a todos y a cada uno de los presentes, en concepto de pago por la asistencia al consejo, pago que no recrimino en absoluto siempre que corresponda a una responsabilidad real y eficaz, porque también no ignoro que existe en ello una enorme "picaresca" conocida y consentida, pero sí el hecho de que ello se hiciese al comienzo del consejo, por si alguno tuviese que ausentarse antes de que terminase y sobre todo el que inocentemente me dijese aquel funcionario en un tono de voz que oyeron todos los presentes: "Consejero para usted no tengo ningún cheque, porque me han dicho que usted no quiere cobrar". También debo manifestar que nunca consideré que esa actitud debía ser compartida e imitada por personas pertenecientes a otras formaciones políticas y mucho menos que por ello se debía iniciarme ningún proceso de "beatificación", pues confieso, sin generarme tampoco ningún rubor decirlo, que lo hacía única y exclusivamente por el convencimiento que tenía de que dentro del sueldo de 500.000 ptas. que percibía por el cargo de Consejero estaba incluido también el desempeño de todas esas responsabilidades.

Mis primeras denuncias dentro de los órganos del Partido Popular

Por todo lo anteriormente expuesto en relación al comportamiento que ya venía observando en Alfredo Vigara tras ser nombrado consejero, me vi obligado a manifestar a Bravo de Laguna, en varias ocasiones, mi gran preocupación en ese sentido, sin lograr arrancarle otra cosa que no fueran buenas palabras, por lo que finalmente opté por entregarle a José Miguel el escrito que reproduzco aquí, al que no solamente nunca me contestó, sino que, incluso, llegó a mentir en reiteradas ocasiones, al declarar a los medios de comunicación, con motivo de hacer yo públicas aquellas denuncias de corrupción que aprovechó para cesarme del cargo de Presidente Insular del P.P. de Tenerife, cuando dijo que yo nunca le había informado de ninguna irregularidad, falsedad que quedó probado de forma categórica en la sentencia del 11 de noviembre de 2000, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenó a Vigara, incluso, a pagar la totalidad de las costas, al desestimar todas sus acusaciones contra mi persona, por considerarla fundadas, asunto sobre el que me trataré en el próximo escrito y en la que literalmente se expone lo siguiente:

"… En tal sentido la denuncia, inicialmente privada, pues fue realizada, con carácter confidencial, a los órganos internos del partido político al que pertenecían ambos litigantes, sobre comportamientos dudosos del actor en determinadas actividades propias de su cargo, que posteriormente fue sacada a la luz pública por un tercero ajeno a esta causa (refiriéndose la Sala, sin duda alguna, a las frecuentes declaraciones de Bravo, en el sentido de que mis denuncias eran absolutamente falsas, un montaje, un auténtico "bluff") y finalmente determinó la apertura tanto de una Comisión de Investigación en el seno del Parlamento Autonómico como de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción (lo que acredita los visos de realidad y la trascendencia e interés de lo denunciado)...".

Evidentemente el importante contenido de esta sentencia fue debidamente silenciado por los "procedimientos habituales", para que no fuese conocido por la opinión pública.

Y una de las pruebas irrefutables de lo que he venido manifestando y que fue recogida también en la citada sentencia, es el escrito "muy confidencial" que dirigí a Bravo y que reproduzco íntegramente a continuación:

"S/C. de Tenerife, 27 de Septiembre de 1998.

"MUY CONFIDENCIAL"

Sr. Don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

Presidente Regional del Partido Popular

Las Palmas.

Querido Presidente:

Por medio del presente escrito, una vez más, debo reiterarte la enorme preocupación que tengo por dos temas de gran importancia de la Consejería de Industria y Comercio, como son la concesión del gas a las principales ciudades de Canarias y la licencia comercial específica a la multinacional francesa "Pryca" y las posibles repercusiones políticas para nuestro partido.

Como sabes, uno de los temas que puse en marcha en mi etapa de Consejero fue el "Plan de Gasificación de Canarias", con un presupuesto inicial de 57.000 millones de pesetas, y un concurso para la concesión de distribución del gas ciudad o canalizado, con 20.000 millones ptas. Este rompía el monopolio del gas a domicilio, mediante bombonas de butano que tiene la empresa "D.I.S.A.".

Me consta que el Ministerio de Industria y Energía recomendó al actual Consejero, Sr. Vigara, por escrito, que no se otorgara la concesión hasta que entrara en vigor la Ley de Hidrocarburos, coincidiendo también con la de su Director General de Industria y Energía, don Juan Cano, quien también dejó constancia por escrito. También hizo caso omiso a mi recomendación de solicitar un informe al "Tribunal de Defensa de la Competencia", ante el peligro de que pudiera imputársenos, como partido, en la resolución del concurso de poner el gas ciudad en manos de la empresa UNELCO que participa en el mismo a través de "Gasificadora Regional de Canarias,S.A", y que ya tiene el control de la generación, distribución y comercialización de toda la energía eléctrica en Canarias.

Conoces, que en contra de todo lo que habíamos acordado antes de dimitir yo de ese cargo, el actual Consejero ha resuelto personalmente este expediente a favor de "Gasificadora Regiona de Canariasl, S.A.", filial de UNELCO, a pesar de haber sido él también Consejero de UNELCO, hasta Junio del presente año, lo que lo inhabilita para ello, y de haber entregado la carta de fecha 13-6-98, de la que te adjunto fotocopia.

Como comprenderás, es difícil de entender que habiendo renunciado el Sr. Vigara a intervenir en este importante asunto "en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso … en cumplimiento de la legislación vigente", tal como figura en su escrito, haya decidido resolver él personalmente esta delicada concesión, creando una situación que se puede considerar irregular tanto en aspectos de fondo como de forma.

El comportamiento también totalmente irregular en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente" a la empresa UNELCO por el Sr. Vigara, en el pasado mes de mayo, me obligó a solicitarle esa carta, para solucionar la dimisión que me presentó y que no consideré conveniente en aquellos momentos aceptar para evitar un escándalo, que habría ocasionado un grave daño a nuestro partido, logrando que no tuviera mayor repercusión.

He evitado en todo momento hacer ningún comentario sobre el "Gas Ciudad", de los que te he hecho a ti como Presidente Regional en las conversaciones mantenidas, pues puede ser incluso mas grave y con igual repercusión social que el tema de Pryca del que te hablo a continuación. Como ya conoces, el P.S.O.E. ha pedido explicaciones en el Parlamento de Canarias sobre la concesión del gas ciudad y sobre la licencia comercial específica a "Pryca".

También sabes que mantuve serias reservas a la propuesta de que fuera el Sr. Vigara el que me sustituyera al frente de la Consejería de Industria y Comercio, aunque nunca pude pensar que su comportamiento cambiara de manera tan radical desde el minuto siguiente a su toma de posesión.

Con respecto a "la licencia comercial especifica a Pryca", como sabes y según lo acordado en la reunión contigo y con el Presidente del Gobierno de Canarias previa a mi renuncia y paso a Diputado, comuniqué en la rueda de prensa que mantuve a continuación la situación en la que se encontraba este expediente y su previsible denegación.

Todo ello, recordarás, en base al informe del Director General de Comercio, Sr. Suarez, de fecha 30-7-98 y que también te adjunto, en el que considera que procede denegar la licencia a "Pryca", según la Ley de Comercio de Canarias, por los datos de población de hecho facilitados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sobre S/C. de Tenerife (207.713 habitantes) y el grado de disponibilidad de superficie comercial según el censo (5.292 m2), ya que "Pryca" tendría más del doble (11.870 m2) en superficie de venta. Eso, incluso, sin tener en cuenta otros establecimientos, que el Director General de Comercio menciona en su informe y que reducirían aún más esa disponibilidad de metros cuadrados.

En el citado informe se recoge además claramente la opinión de la Comisión Insular de Comercio, que aunque no es vinculante si debe ser tenida muy en cuenta, pues actualmente tiene representantes de los diversos sectores comerciales y empresariales (C.E.O.E.), incluyendo sindicatos, consumidores, Administración Insular y Ayuntamienos (FECAM), Cámaras de Comercio y técnicos de la Consejería, y que en el caso de "Pryca" se manifiesta con un resultado contundente de once votos en contra y uno solo a favor de la instalación de esa gran superficie.

Una vez más te traslado mi gran preocupación por el comportamiento que desde la misma toma de posesión ha mantenido el actual Consejero de Industria y Comercio, Sr. Vigara, poniendo duros matices y comentarios a las declaraciones citadas que sobre este asunto realicé días antes de abandonar el cargo y que habían sido recibidas con gran satisfacción por los pequeños y medianos comerciantes de Canarias.

Desde entonces ha habido actitudes y declaraciones cuando menos "confusas" sobre la situación y resolución del expediente desde la Consejería, negativa del Sr. Vigara a recibir a los representantes de las Federaciones Comerciales, y numerosos rumores, o claros comentarios, recogidos en los medios de comunicación, sobre "presiones" para cambio de opinión a los miembros de la Comisión Insular de Comercio, o de cifras en el ISTAC, etc.

No se te escapa que todo ello ha motivado la petición de dimisión del Sr. Vigara y las durísimas declaraciones que han aparecido en los medios de comunicación de las distintas Asociaciones de Comerciantes de toda Canarias, que han pasado de un manifiesto apoyo al PP, como Partido respetuoso de la Ley de Comercio frente a Coalición Canaria, a identificarnos como iguales y estar preparando movilizaciones.

Estos hechos son los que me obligaron a salir en defensa del Partido Popular en el tema de "Pryca", pero otras intervenciones de algún miembro del partido, más partidarias de la autorización de licencia y en contra de mi persona y cargo, han creado mayor confusión si cabe, desaprovechando el aspecto electoral negativo que tiene para CC, y me hicieron desistir de posibles aclaraciones y defensas.

Te reitero mi preocupación de las enormes repercusiones desfavorables que está teniendo este asunto para nuestro partido, pues como sabes, creo que habíamos logrado el apoyo de los comerciantes de toda Canarias y ni ellos ni los mismos ciudadanos en general entienden este cambio que se trasmite de la postura de la política mantenida por una Consejería gobernada durante dos años y medio por el Partido Popular.

Esta situación y las actitudes contradictorias o de ataque citadas, sobre los que hemos tenido que defender la Ley de Comercio desde los cargos políticos que nos ha dado el Partido, hacen que se esté dando sensación a los afiliados y a la opinión pública de descoordinación, falta de objetivos políticos o de intereses encontrados, e incidiendo negativamente en la valoración del PP de Canarias cuando además tenemos que afrontar el calendario electoral.

Por otra parte, hace pocos días, he tenido conocimiento por los medios de comunicación de la "sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" que considera ilegal la apertura de la gran superficie Centro Comercial Al Campo (La Mareta) por graves irregularidades, a la que en su día me opuse interponiendo recurso, según los informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno. Como recordarás, sin embargo, este fue retirado por Colalición Canaria, en decisión del Consejo de Gobierno, y se abrió al público, motivando manifestaciones de más de cinco mil pequeños y medianos comerciantes en Las Palmas en defensa de mi postura como Consejero y de la política del Partido Popular en esta materia.

Estoy seguro que esta sentencia del TSJC, de serias repercusiones, debe ser bien aprovechada por nuestro Partido en estos momentos preelectorales y servir para aclarar tajantemente por similitud nuestra postura en el caso "Pryca".

No es preciso decirte que no me mueven otros intereses que los de Canarias y la defensa nuestro Partido y que me tienes a tu disposición para cualquier asunto en el que quieras alguna aclaración por mi parte.

Un abrazo,

Francisco de la Barreda Pérez

Presidente Insular de Tenerife"

Dicha carta la remití también a Juan Carlos Vera Pro, responsable a nivel nacional del Partido Popular en Canarias, el mismo día 27 de septiembre, junto a otra que dirigí, cuyo texto transcribo a continuación:

"S/C. de Tenerife, 27 de Septiembre de 1998.

"MUY CONFIDENCIAL"

Partido Popular

Sr. Don Juan Carlos Vera Pro

Secretario de Organización

C/. Génova, 13

28004 - Madrid.

 

Amigo Juan Carlos:

Te adjunto escrito que, con esta misma fecha, estoy remitiendo al Presidente Regional, para tu conocimiento y efectos oportunos.

Un abrazo,

Francisco de la Barreda Pérez

Presidente Insular de Tenerife"

Igualmente Juan Carlos Vera guardó dicho escrito celosamente en el baúl de los recuerdos, lo que pude comprobar al verse obligado en trasladar este asunto a Pío García Escudero, debido a la muy preocupante situación que existía ya en el partido en Tenerife, que se agravó aún más con las amenazas de muerte y agresiones que ya estaba recibiendo la abogada Julia Bango, por las cuales la Juez del Juzgado de Instrucción llegó a imputar a nueve personas, adoptando incluso sobre algunas de ellas medidas cautelares, que fueron ratificadas por la Audiencia Provincial, dándose la importante circunstancial que la Sala llegase a afirmar en el Fundamento Jurídico Séptimo del Auto del 2 de mayo de 2000, por el que ratifica el "SOBRESEÍMIENTO PROVISIONAL" (no definitivo) lo siguiente:

"En definitiva, no se descarta que todo ello, como afirman los recurrentes (Julia Bango y Francisco de la Barreda) sea fruto de una trama con distribución de roles para la ejecución de la misma, pero ... no resulta de lo actuado quien o quienes hayan podido ser los promotores, autores, cooperadores, cómplices o encubridores de la misma...".

Frase suficientemente explicativa por sí sola, en el sentido de que reconoce la existencia de los delitos y la imposibilidad de conocer a sus autores, cooperadores, cómplices o encubridores, que por sí sola desarma las mentiras y manipulaciones que realizaron aquellas personas del P.P. y ciertos periodistas que fueron muy probablemente fueron "bien remunerados" para que propagaran la idea de que todo era un burdo montaje, lo que traigo a colación únicamente para demostrar, tal como manifestó la Audiencia Provincial en el sentido de que "En definitiva, no se descarta que todo ello, como afirman los recurrentes sea fruto de una trama con distribución de roles para la ejecución de la misma, …".

Comentarios sobre el siguiente capítulo y algunas reflexiones

Pero ciñéndome a mis comentarios sobre "la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos", expondré en el siguiente escrito las denuncias que realicé sobre dicho asunto ante el "Fiscal Anticorrupción", ante la "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", ante otras instancias como el "Comité Nacional de Derechos y Garantías", y las "consecuencias que se derivaron contra Vigara por la demanda judicial que me interpuso", mientras era sometido a una impresionante y orquestada campaña de desprestigio personal, profesional y política contra mi persona, por determinados periodistas "bien pagados", que intentaron groseramente ridiculizar hasta extremos verdaderamente inusitados mis denuncias de corrupción en Canarias, convirtiéndose, en aquellos momentos, en verdaderos defensores de los valores morales de "todos los canarios", como si yo los hubiese ofendido.

Lo cierto es que estos mismos periodistas, pensando que carecemos de memoria y de documentos que acreditan su falta de dignidad, son algunos de los que ahora aplauden las acertadas palabras pronunciadas por el "Ministro de Justicia" y el "Gobierno de la Nación" denunciando la "severa degradación democrática que existe en Canarias" y que "en Canarias se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos" y de que la misma "se corresponde con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tiene que ver con la calidad democrática de Canarias", a diferencia de lo que manifestaron de forma absolutamente alarmista, rasgándose las vestiduras, cuando yo denuncié en el año 1999, siendo Diputado Nacional, de manera menos eufemística "la enorme corrupción y auténticas mafias que hay en Canarias".

Y hasta aquí llego en este segundo escrito sobre "la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos" con la intención de informar en el siguiente sobre datos concretos de mis denuncias ante el Fiscal Anticorrupción y ante la Comisión de Investigación de Canarias, con el único y exclusivo fin de dar a conocer a la opinión pública, con "pruebas", no con "opiniones", la verdad sobre estos importantes asuntos que no solo afectan a la comunidad en general sino al bolsillo de todos y cada unos de los ciudadanos canarios.

fbarreda@telefonica.net

(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y ex Diputado Nacional

18-09-04

Continuará...