LA "TRAMA DEL GAS" Y LA "TRAMA EÓLICA" (III)

Tercer capítulo del Caso GASCAN, un "negocio" de 100.000 millones de pesetas. Un ga$ que huele muy mal

"Mi opinión sobre la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos"

Por Francisco de la Barreda (*)

Capítulo III

La Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias:
"Le salió al PP y a CC el tiro por la culata"

Breve comentario sobre los principales asuntos expuestos en los dos capítulos anteriores.

Antes de relatar los asuntos de este capítulo, debo recordar que en el "Capitulo I" realicé un desarrollo cronológico de las negociaciones y de los trámites administrativos que el excelente equipo de la "Consejería de Industria y Comercio" llevó a cabo, para conseguir implantar el "gas natural" en esta comunidad, así como un resumen de los principales datos técnicos y económicos que hicieron posible que el "Ministerio de Industria y Energía", no solo ratificara el compromiso formal que había sido suscrito, previamente, con el Ministro de Industria para lograr la concesión, sino que el "Gobierno Central" aprobara también, finalmente, lo siguiente:

En el "Capitulo II" comenté los siguientes temas:

Denuncias de corrupción

El presente capítulo lo dedico a exponer y a comentar las denuncias de corrupción que realicé ante la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", mientras era sometido a una orquestada campaña de desprestigio personal, profesional y política, por determinados periodistas muy conocidos y "muy bien remunerados", que intentaron ridiculizar burdamente mis denuncias de corrupción hasta extremos verdaderamente inusitados, convirtiéndose, en aquellos momentos, en los principales defensores de los valores morales de "todos los canarios", como si yo los hubiese ofendido realmente, cuando es público y notorio que la corrupción no es imputable a la inmensa mayoría de la ciudadanía canaria, que por el contrario sí la sufre en sus bolsillos, en su salud, en educación, etc., sino que la misma es practicada, principalmente, por ciertos "poderes políticos" y "económicos", que representan un grupo muy minoritario dentro de la comunidad canaria, con la colaboración de sus "acólitos".

Lo realmente cierto, es que, a pesar de las "constantes manipulaciones informativas" que llevan a cabo para tapar la corrupción en nuestras islas, hoy nadie duda de las acertadas declaraciones públicas del actual "Ministro de Justicia", para mayor "inri" canario, ratificadas posteriormente por el "Gobierno de la Nación", en el sentido de la "severa degradación democrática que existe en Canarias" y que "en Canarias se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos" y que todo ello "se corresponde con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tiene que ver con la calidad democrática de Canarias". En definitiva, el Ministro de Justicia ha dicho lo mismo que yo denuncié en el año 1999, siendo Diputado Nacional, de manera menos eufemística, cuando manifesté públicamente "la enorme corrupción y auténticas mafias que hay en Canarias".

También es bien sabido, que este minoritario grupo de personas lo que desea es que se mantenga y que, incluso, aumente cada día, esta "severa degradación democrática", utilizando siempre el "manido argumento" contra quienes denuncian esas corruptelas de que "si tienen prueban, que vayan a los Juzgados a denunciarlas", como si fuera habitual que la "entrega de maletines" y otros tipos de "prácticas corruptas" se realicen en las plazas públicas, a plena luz del día, con la intervención, incluso, de notarios, para dar fe de ese tipo de transacciones, con el agravante de que aquel cargo público o ciudadano canario que decida presentar una denuncia por "serias y justificadas sospechas sobre la existencia de un delito" o "fundados indicios racionales de criminalidad", se verá, con muchísimas probabilidades, vilipendiado, ridiculizado y atemorizado hasta límites verdaderamente inconcebibles en una sociedad que se considera democrática, por lo que puede suceder, incluso, que, lejos de ser amparado por la propia justicia, se vea sometido también a querellas interpuestas por el propio Ministerio Fiscal, extremos que comentaré con más detalle en otro capitulo, porque ello requiere exponerlo con el correspondiente "soporte documental", pero que nadie dude de que lo haré, movido única y exclusivamente por el convencimiento que tengo de que denunciar ese tipo de irregulares conductas, a pesar de los serios contratiempos que origina, no solo es una obligación jurídica, sino también moral.

Algunos de los argumentos que expuse a la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias"

En el anterior "Capítulo II" transcribí, íntegramente, el escrito que dirigí el 27 de septiembre de 1998, al entonces "Presidente Regional del Partido Popular de Canarias", José Miguel Bravo de Laguna, en el que le expuse mi profunda preocupación por las sospechosas decisiones que comenzó a adoptar Alfredo Vigara, tras mi dimisión, al frente de la "Consejería de Industria y Comercio".

Por ello, en mi primera comparecencia ante la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", que se constituyó como consecuencia de mis denuncias de corrupción, exigí al Presidente de dicha Comisión (el diputado regional de "Colación Canaria", José Miguel González) que antes de contestar a cualquier pregunta que fuesen a formularme el resto de los miembros que integraban la citada Comisión, Javier Sánchez-Simón (P.P.), Emilio Fresco (PSOE), Julio Cruz (PSOE), Juan Manuel García Ramos (Grupo Mixto), procedería a leer un documento redactado por mí el 29 de Marzo de 1999, del que transcribo, a continuación, los párrafos más significativos:

"CONSIDERACIONES DE FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ AL ESCRITO QUE DIRIGIÓ A DON JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ, COMO PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR EN CANARIAS, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1998, SOBRE DON ALFREDO VIGARA MURILLO"

"En dicho escrito, (reproducido íntegramente en el "Capitulo II") del que adjunto fotocopia, y del que he entregado también copia, en Madrid, el 17 de Marzo de 1999, al Fiscal Anticorrupción, le reiteraba a don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, la enorme preocupación que me estaba produciendo el comportamiento de don Alfredo Vigara Murillo, como "Consejero de Industria y Comercio" del Gobierno de Canarias, sobre diferentes asuntos relacionados con su departamento, de los cuales paso a analizar alguno, con más detalle, a continuación:"

A).- "PARQUE EÓLICO DE FUENCALIENTE" (ISLA DE LA PALMA):

"(...) Es muy importante tener en cuenta que "toda la tramitación de la documentación administrativa", en lo concerniente a la "Consejería de Industria y Comercio", del "Parque Eólico de Fuencaliente", fue realizada por don Alfredo Vigara Murillo, a excepción, salvo que se demuestre lo contrario, de la "Orden de 7 de Julio de 1997" (publicada en el B.O.C. el 25 de Agosto de 1997) en la que se incluye la cuestionada "Disposición Transitoria", por el informe preceptivo emitido por la "Dirección General del Servicio Jurídico", según informe del Jefe del Servicio Jurídico, don Bonifacio Rodríguez Torrens, de fecha 17 de Febrero de 1998".

"Debo dejar constancia expresa de que, con el fin de poder ampliar aún con más detalle estas consideraciones, solicitaré a la "Comisión de Investigación del Parlamento" de Canarias lo siguiente":

"1.- Que se me muestre el documento original de la "Orden de 7 de Julio de 1997, por la que se modificó la "Orden de 14 de marzo de 1996", que reguló las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias (B.O.C. nº 46, de 15.4.96) y se me entregue una fotocopia de la misma, así como de toda la documentación relacionada con dicha "Orden", debido a que de manera, cuando menos sorprendente, en su "Disposición Transitoria" dispone: "La potencia eólica autorizada en la isla de La Palma durante 1996 quedará excluida de la necesidad de asignación previa a su autorización, mediante procedimiento selectivo a través del correspondiente concurso público, establecido en el artículo 17 de la Orden de 14 de marzo de 1996".

"Puede apreciarse con toda claridad, como en la "Orden de 7 de Julio de 1997", ni siquiera en su "Disposición Transitoria" se menciona para nada la ilegalidad, originada por el "Director General de Industria", don Alfredo Vigara Murillo, de haber autorizado el Parque Eólico de Fuencaliente, el 8 de Noviembre de 1996, sin el obligado Concurso Público".

"Es evidente que si se trataba de convalidar esa ilegalidad, se hiciera de manera expresa, mencionando claramente el "Parque Eólico de Fuencaliente", y no encubriéndola por medio de una "Orden" que se refiere expresamente a regular las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias, máxime si, además, se tiene en cuenta la existencia de un informe del "Director General del Servicio Jurídico", que cuestionaba muy claramente la citada "Disposición Transitoria".

" 2.- Que se me entreguen fotocopias de todos los documentos, mediante los cuales fue remitida la citada "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", al "Boletín Oficial de Canarias", que fue publicada en el mismo el 25 de Agosto de 1997, en los que figuren los correspondientes sellos de Salida y Entrada".

"3.- Que se me comuniquen los motivos por los cuales nunca ha figurado una copia de dicha "Orden de 7 de Julio de 1997" en el expediente de la "Dirección Territorial de Industria" de S/C. de Tenerife".

"4.- Que se comunique el motivo por el cual, también de manera cuando menos sorprendente y sospechosa, se incluye la intención de convalidación de la irregularidad de la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", por medio de una "Disposición Transitoria", sin hacer clara mención a la irregularidad de haber autorizado dicho Parque don "Alfredo Vigara Murillo", en su condición de "Director General de Industria y Energía" (Resolución de autorización del Parque Eólico, de 8 de Noviembre de 1996, en una "Orden de 7 de Julio de 1997, por la que se modifica la "Orden de 14 de Marzo de 1996", que reguló las condiciones de de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias", sin hacer ninguna mención expresa al "Parque Eólico de Fuencaliente", contraviniendo, además, lo dispuesto en el art. 17, de la "Orden de 14 de Marzo de 1996" (B.O.C. 15-04-96) que dispone":

"Dentro de los límites de potencia eléctrica eólica de cada sistema insular previsto en el art. 3º, y teniendo en cuenta criterios de planificación industrial, energética y medioambiental, así como los de eficiencia y garantías del artículo 16º, la Consejería de Industria y Comercio determinará anualmente las potencias autorizables y su asignación a los solicitantes mediante selección a través del correspondiente concurso público".

"5.- Que se me entregue fotocopias de los escritos, con los correspondientes sellos de Salida y Entrada, mediante los cuales se solicitó a la "Dirección General del Servicio Jurídico" el "informe preceptivo" en relación con la "Orden Departamental de 7 de Julio de 1997", al que hace mención el "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, en la página número dos del informe que citado señor emitió, a instancia mía (cuando tuve conocimiento, por primera vez, de que existía una irregularidad en la tramitación del expediente) de fecha 17 de Febrero de 1998. (Se adjunta fotocopia del informe de don Bonifacio Rodríguez Torrens)".

"6.- Que se me entregue fotocopia del citado "informe" completo de la "Dirección General del Servicio Jurídico", en el que figure los correspondientes sellos de Salida y Entrada".

"7.- Que informe don Alfredo Vigara por qué no me comunicó la existencia de referido informe de la "Dirección General del Servicio Jurídico", máxime cuando en el mismo no se apreciaba justificación a la citada "Disposición Transitoria", y procedió a tramitar la renombrada "Orden de 7 de Julio de 1997", exponiendo, por escrito, los motivos por los que (Alfredo Vigara) no tuvo en cuenta "el informe preceptivo emitido por la "Dirección General del Servicio Jurídico" en relación con la referida "Orden Departamental de 7 de Julio de 1997", en el que se cuestiona claramente la "Disposición Transitoria", señalando expresamente referido informe que:"

"NO SE APRECIA QUE EXISTA JUSTIFICACIÓN PARA LA PREVISIÓN CONTEMPLADA EN LA "DISPOSICIÓN TRANSITORIA", RELATIVA A LA EXCLUSIÓN SINGULAR PARA LA ISLA DE LA PALMA DURANTE 1996, RESPECTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA MISMA ORDEN, TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS QUE LAS MODIFICACIONES LO SON EN EL EJERCICIO DE 1997".

"Por otra parte, considero muy conveniente recordar en este punto que es el propio "Director General de Industria y Energía", don Alfredo Vigara, el que emite la RESOLUCIÓN el día 8 de Noviembre de 1996, de AUTORIZACIÓN del "Parque Eólico de Fuencaliente". RESOLUCIÓN QUE ERA Y ES ABSOLUTAMANTE ILEGAL, AL NO CONVOCAR EL CORRESPONDIENTE "CONCURSO PÚBLICO" que exige, de manera expresa, la "Orden de 14 de Marzo de 1996", en su artículo 17, debiendo dejar también constancia escrita de las razones por las que autorizó el renombrado Parque, sin llevar a cabo el obligado Concurso Público".

"Debo resaltar que toda esa tramitación administrativa la llevó a cabo don "Alfredo Vigara Murillo", sin ponerlo en mi conocimiento, como "Consejero de Industria y Comercio", sorprendiendo mi buena fe, como puede apreciarse a través de que, posteriormente, intenta convalidar esa irregularidad por medio de una "Disposición Transitoria", introducida, de manera, como he señalado, cuando menos sospechosa, en la "Orden de 7 de Julio de 1997", por la que se modifica la "Orden de 14 de marzo de 1996", que reguló las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias (B.O.C. nº 46, de 15.4.96), sin hacer ninguna mención expresa, como ya indiqué anteriormente, en ningún apartado de referida Orden, a la irregularidad cometida en la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", ni al informe negativo de la "Dirección General del Servicio Jurídico".

"8.- Debo destacar también que en la octava Base del Concurso, que figura en el ANEXO I, de la "Orden de 18 de Julio de 1997", (publicada el 5 de Septiembre de 1997 en el B.O.C.) por la que se convoca "Concurso Público" para la asignación de potencias eléctricas eólicas conectables en la red eléctrica de la isla de La Palma", se dispone:"

"Autorización administrativa. Presentada la documentación exigida en la base anterior, y a efectos de la autorización administrativa de la central eólica a implantar, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 15 y siguientes de la citada Orden de 14 de Marzo de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio": Es decir, la clara necesidad de convocar Concurso Público".

"9.- Es necesario señalar el informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, de fecha 17 de Febrero de 1998, (emitido cuando ya se había construido en su totalidad el Parque Eólico y autorizada su puesta en servicio, por Resolución de fecha 21 de Abril de 1998) solicitado por el "Secretario General Técnico", como consecuencia de la solicitud que yo le hago a éste, al tener conocimiento yo mismo, unos días antes, a través del anterior "Director General de Industria", don Luis García Martín (que incluso fueron publicados en la prensa) de que el "Parque Eólico de Fuencaliente" adolecía de ciertas irregularidades".

"Es en este momento, ya en el mes de Febrero de 1998, cuando, muy sorprendido y preocupado por esas noticias, recabo la opinión del funcionario de la Dirección Territorial y actual "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera, que me reconoce esas irregularidades, así como también de DON ALFREDO VIGARA, QUIEN TAMBIÉN ME RECONOCE, POR PRIMERA VEZ, ESAS IRREGULARIDADES".

"En esas fechas, como ya indiqué anteriormente, ya se encontraba construido y autorizada la puesta en servicio del citado "Parque Eólico de Fuencaliente".

"10.- Como ya he manifestado en el párrafo anterior, al tener conocimiento de esas irregularidades, en el mes de Febrero de 1998, SOLICITÉ INMEDIATAMENTE, LA PRESENCIA DE "DON ALFREDO VIGARA MURILLO" (...) RECONOCIÉNDOME, COMO YA HE SEÑALADO, POR PRIMERA VEZ, QUE LO HABÍA HECHO, PORQUE DE NO HABER ACTUADO ASÍ, LA EMPRESA "UNELCO, S.A." HUBIERA PERDIDO LA SUBVENCIÓN QUE LA "UNIÓN EUROPEA" LE HABÍA AUTORIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MENCIONADO PARQUE EÓLICO".

"11.- En aquel momento, y en base a las explicaciones dadas por el Sr. Vigara, y ante la situación de que nos encontrábamos, con el Parque Eólico totalmente construido, consideré conveniente no aceptar la dimisión que me planteó verbalmente don Alfredo Vigara, al estimar, en mi primera valoración, que no había actuado con mala fe, sino que había sido producto de una actuación negligente, por el deseo de que "Unelco,S.A." no perdiera la subvención europea".

"Posteriormente, por otras actuaciones del Sr. Vigara, pude comprobar que él era consciente de esas irregularidades y de que actuó con clara conciencia de favorecer a la empresa "Unelco, S.A.".

"Existía la solicitud (que yo también desconocía) de autorización de un "Parque Eólico en Fuencaliente", de fecha 17 de Julio de 1995, de "S.A.T. VIPLATA". (Se adjuntan escritos de fecha 17 y 22 de Julio de 1995)".

"UNELCO,S.A." había presentado una la solicitud de autorización ,en Agosto de 1995, (posterior a la de "S.A.T. VIPLATA") de un Parque Eólico en Fuencaliente de 1.500 Kw. (Se adjunta fotocopia de escrito de fecha 12 de Septiembre de 1995)".

"12.- Debo indicar también, que al estudiar, con posterioridad, con mayor detalle, algunos documentos del expediente del "Parque Eólico de Fuencaliente", me resultó también sorprendente, que en el escrito, de fecha 23 de Enero de 1998, mediante el cual don Alfredo Vigara lleva a cabo la "APROBACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KW EN EL FARO DE FUENCALIENTE (...)", aparezca después de la fecha, con tipo de letra de menor tamaño, y entre paréntesis lo siguiente: Orden del Consejero de Industria y Comercio de fecha 10 de Junio de 1997, y a continuación la firma del Sr. Vigara, cuando lo normal, sería relacionar esa Orden en el escrito, como lo hace con otras disposiciones, expresando claramente además a que se refiere la citada Orden, como se realiza en todos los escritos de la Consejería. (Se adjunta fotocopia de dicho escrito de 23 de Enero de 1998)".

"Por el contrario, en el escrito de don Alfredo Vigara de fecha 13 de febrero de 1998: INSTALACIÓN: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KV EN EL FARO DE FUENCALIENTE. TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE (LA PALMA)", no figura intercalada esa frase: (Orden del Consejero de Industria y Comercio de fecha 10 de Junio de 1997), APRECIÁNDOSE TAMBIÉN QUE EN EL MISMO NO EXISTE EL MISMO ESPACIO PARA PODER HACERLO, EN EL CASO DE QUE ASÍ HUBIERA SIDO REALIZADA COMO EN EL ANTERIOR ESCRITO, CON POSTERIORIDAD. (Se adjunta fotocopia también de citado escrito de 13 de Febrero de 1998)".

"De todo lo dicho anteriormente, se deduce muy claramente que "don Alfredo Vigara Murillo", siendo "Director General de Industria y Energía", cometió la grave irregularidad de autorizar el "Parque Eólico de Fuencaliente", subvencionado con fondos de la "Unión Europea", sin cumplir con lo establecido en el articulo 17 de la "Orden de 14 de marzo de 1996", que exige el Concurso Público y que, tras llevar a cabo esa irregularidad, en lugar de ponerlo en conocimiento claro y expreso del "Consejero de Industria y Comercio", actuó también de forma irregular, tratando de convalidar dicha irregularidad, a través de la inserción de una "Disposición Transitoria" en la "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", (he solicitado toda la documentación relativa a esta Orden, para analizarla con el debido detalle) sobre la que también tenía un "INFORME NEGATIVO" de la "Dirección General del Servicio Jurídico", que tampoco puso nunca en conocimiento mío. (Ver informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", de fecha 17 de Febrero de 1998)".

(NOTA ACLARATORIA: Con independencia de que lo anteriormente expuesto lo explicaré con más detalle cuando comente el "PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE CANARIAS", que firmé con el Ministro de Industria el 9 de julio de 1997, con un presupuesto de 48.000 millones de ptas., dentro del cual se proyectó la "Central Hidroeólica de El Hierro", no he querido dejar de transcribir en el presente escrito lo correspondiente las irregularidades cometidas por Vigara en el expediente de autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", por considerar que es absolutamente necesario para comprender mejor como venía siendo la actuación de dicho señor en importantes asuntos que estaban directamente relacionados con la empresa "Unelco, S.A.").

Hecha la anterior aclaración, continúo transcribiendo, literalmente, el primer documento que, después de leído por mí en la "Comisión de Investigación del Parlamento", entregué al Presidente de dicha Comisión, José Miguel González, para que fuese unido a las diferentes diligencias que la misma estaba practicando durante aquellos días:

B).- DISTRIBUCIÓN DE "GAS CANALIZADO" EN LAS CIUDADES DE S/C. DE TENERIFE, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Y TELDE

"1.- Debo comenzar manifestando en este apartado, que desde 1989, el "Gobierno de Canarias" venia apostando, sin éxito, por la introducción del gas natural, mediante la construcción de sendas terminales de Gas Natural Licuado, en Gran Canaria y Tenerife, por razones de economía, diversificación y competitividad energética, así como la gran repercusión en la mejora de la calidad ambiental".

"2.- La necesidad de introducir el gas natural en nuestra comunidad autónoma quedó legitimada mediante la "Resolución del Parlamento de Canarias", de fecha 8 de Noviembre de 1988".

"3.- Al asumir yo la responsabilidad de la "Consejería de Industria y Comercio", en Mayo de 1996, retomé este proyecto de "implantación del gas natural" en Canarias, que supondría una inversión inicial de unos 57.000.000.000 de pesetas, firmando un "Convenio de colaboración con el Ministro de Industria y Energía", Sr. Piqué, en Madrid, el 9 de Julio de 1997, (del que se adjunta fotocopia) tratando con ello de que Canarias fuera incluida dentro del "Plan de Nacional de Infraestructura Gasista", que nos permitiría poder conseguir una importante subvención europea de unos 10.000.000.000 de ptas.".

"4.- Este convenio propició la oportunidad de extender este plan de gasificación, pensado inicialmente para las centrales térmicas de Gran Canaria y Tenerife, a la distribución y suministro de "aire propanado" canalizado a "gas natural" con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en los núcleos urbanos de S/C. de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde".

"5.- Al Concurso correspondiente se presentaron las siguientes empresas: "Gasificadora Regional de Canarias, S.A" (Grupo "Unelco,S.A."), "Distribuidora Industrial, S.A." (D.I.S.A.), y "Desarrollo Energético de Canarias, S.A."(DECSA)".

"6.- Ante esta situación, y como consecuencia de que don Alfredo Vigara Murillo, "Director General de Industria y Energía", era también Consejero de "Unelco, S.A.", aunque se haya querido alegar, como excusa de la clara incompatibilidad, que lo era en representación del Gobierno de Canarias, y teniendo muy en cuenta la irregularidad que había cometido el Sr. Vigara en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente", en el que participa también "Unelco, S.A.", de la que, como ya indiqué, tuve conocimiento en el mes de Febrero de 1998, le solicité verbalmente que renunciase a intervenir en todo lo relativo al Concurso de concesión del gas canalizado a las ciudades citadas anteriormente".

"Resulta más que claro y evidente que, si tanto el Sr. Vigara como yo, no hubiésemos apreciado esa incompatibilidad, reforzada, como ya indiqué por la ilegalidad cometida en el "Parque Eólico de Fuencaliente", no hubiera aceptado a renunciar a intervenir en todo lo concerniente al "gas canalizado" a las ciudades antes citadas, tal como lo hizo, a través de la carta de fecha 13 de junio de 1998, que comento a continuación".

"7.- Por ese motivo, con fecha 13 de junio de 1998, "don Alfredo Vigara" me dirige la carta, que adjunto, en la que me comunica que:"

"... DADA MI CONDICIÓN ACTUAL DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "UNELCO, S.A.", empresa participante en el capital de "Gasificadora Regional de Canarias, S.A.", y EN EVITACIÓN DE QUE PUDIERA CUESTIONARSE EN EL FUTURO CUALQUIER DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN LA RESOLUCIÓN DEL MENCIONADO CONCURSO, RUEGO SE ME ACEPTE MI RENUNCIA A INTERVENIR EN LOS TRABAJOS iniciados por personal de la Dirección General de Industria y Energía, así como las dos Direcciones Territoriales EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, Y SE PROCEDA A ENCARGAR LA COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A MI COMPAÑERO D. JUAN GUEDES FARIAS, Director General de Ordenación y Fomento Industrial, PERSONA DE GRAN PRESTIGIO Y CUYA TITULACIÓN Y HABILITACIÓN PROFESIONAL GARANTIZA LA LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO, QUE POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR LUGAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA, EL CUAL ESTIMO NO DEBE VERSE SOMETIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO A SOSPECHAS DE TRANSGRESIÓN DE LA IMPARCIALIDAD CON LA QUE SE HA VENIDO FUNCIONANDO DESDE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO".

En relación a lo comentado sobre la carta de renuncia de Alfredo Vigara, debo aclarar que, por supuesto, no acepté la improcedente propuesta de nombramiento que se permitió hacerme Vigara de que fuese Juan Guedes (que fue propuesto también para el cargo de Director General por Bravo de Laguna) la persona que le sustituyese en el asunto del "gas ciudad", quien, curiosamente, el 29 de julio de 1999, siendo Viceconsejero de Industria, sería el que firmaría, en representación de la empresa pública "Sociedad para el Desarrollo de Canarias" (SODECAN) la escritura de constitución de la sociedad "Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A." (GASCAN), en la que participaba "Endesa Gas" con un 80 % y "Sodecan" con un 20 %, otorgando de esta forma la hegemonía de "Endesa" en el proyecto de implantación del gas en Canarias).

Como puede apreciarse en lo anteriormente señalado, se producía la significativa circunstancia de que un miembro del equipo de gobierno en mi etapa de Consejero, Juan Guedes, fuera quien consumaba el hecho de permitir que una sociedad del grupo que tenía el monopolio de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Canarias ("UNELCO, S.A."), pasara a controlar también, a partir de ese momento, el importantísimo proyecto ("negocio") del "gas natural" en Canarias, quedando marginadas, por tanto, empresas como "D.I.S.A.", que debido a su enorme experiencia y también por razones de equidad, habíamos considerado siempre que debería participar también en aquel nuevo proyecto, debiendo dejar constancia expresa de que, en cualquier caso, yo nunca hubiera permitido que ese importante proyecto, por las múltiples razones que he venido comentando, fuera aprovechado para crear un monopolio aún mayor al ya existente, puesto que siempre habíamos apostado por la conveniencia de que en esa nueva sociedad deberían estar presente también, con una equilibrada y equitativa distribución en el capital social, el "Gobierno de Canarias", las dos "Cajas de Ahorro", "Unelco", "Cepsa" y otras "empresas canarias", que justificasen poseer la solvencia requerida.

Pero resulta evidente que aquellos Directores Generales que habían participado y apoyado activamente en mi etapa de Consejero en este importante proyecto, tras mi dimisión, cambiaron rápida y radicalmente de criterio, olvidando, además, completamente, las propias palabras de Vigara en su renombrada "carta de renuncia" de garantizar la limpieza y transparencia, que "POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA, EL CUAL ESTIMO NO DEBE VERSE SOMETIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO A SOSPECHAS DE TRANSGRESIÓN DE LA IMPARCIALIDAD CON LA QUE SE HA VENIDO FUNCIONANDO DESDE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO".

La preocupación que existe actualmente sobre la falta de transparencia en este importantísimo asunto, se puede constatar con solo leer algunos de los numerosos y preocupantes comentarios y artículos de opinión publicados en la prensa diaria, sobre el modo que están llevando los responsables públicos en la "implantación del gas natural", que permite afirmar que las decisiones que han venido adoptando sobre este estratégico asunto, y, especialmente, las relativas a las "participaciones accionariales en dicha sociedad" no han podido despertar mayor número de inquietudes y de sospechas.

Continúo nuevamente con la transcripción sobre del documento que aporté a la "Comisión de Investigación", en el que se puede leer otros comentarios sobre el "gas ciudad" que plasmé en el mismo:

"También resulta más que claro en dicho escrito, que el Sr. Vigara, renunció a intervenir en los trabajos "EN EVITACIÓN DE QUE PUDIERA CUESTIONARSE EN EL FUTURO (como ha así ha sucedido por medio, incluso, de impugnaciones) CUALQUIER DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN LA RESOLUCIÓN DE MENCIONADO CONCURSO.

"Además añade "EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE", cuando ha venido manifestando que fue un acto voluntario. Clara contradicción por parte del Sr. Vigara".

"Por si fuera poco, el Sr. Vigara añade también en su escrito que su renuncia: "GARANTIZA LA LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO, QUE POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES (tal como ha sucedido) SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA...". Resulta más que sorprendente y sospechoso que el Sr. Vigara, sin tener en cuenta un principio jurídico que dice que "nadie puede ir en contra de sus propios actos" (renuncia a intervenir en el gas canalizado), NO SOLO SE OLVIDA DE LA RENUNCIA, SINO QUE LE ENTRA UNA GRAN PISA EN RESOLVER ESTA CONCESIÓN, a pesar de los INFORMES (negativos) que comentaré más adelante del "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", que recomienda que espere a la entrada en vigor de la "Ley de Hidrocarburos", y a pesar, también, de su propio "DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA" (Juan Cano), que en su INFORME-PROPUESTA, de fecha 25 de Agosto de 1998, le advierte muy claramente de esa misma recomendación del "Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía", expresando claramente "LO INUTIL E IMPROCEDENTE DE OTORGAR ESA CONCESIÓN Y QUE DERTERMINADOS SECTORES PODRÍAN MANIFESTAR CIERTA SUSPICACIA ANTE LO QUE PARECERÍA UNA EXTRAÑA URGENCIA POR OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA UNOS DIAS ANTES DE QUE SE APRUEBE UNA LEY QUE LAS SUPRIME".

"TAMBIEN (Vigara) HACE ACASO OMISO A LA PROPUESTA DE SOLICITAR UN INFORME AL "TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA", ANTE EL RIESGO DE QUE QUEDASE EN MANOS DE UNA EMPRESA EL GAS Y LA ELECTRICIDAD".

Por todo ello me vi obligado a expresar en este informe literalmente lo siguiente: "RESULTA MÁS QUE EVIDENTE QUE LA CONDUCTA DEL SR. VIGARA ES CLARAMENTE SOSPECHOSA Y DOLOSA, DESDE CUALQUIER ÁNGULO QUE SE ANALICE".

"8.- El 5 de Agosto de 1998, tras presentar yo mi renuncia voluntaria al cargo de "Consejero de Industria y Comercio", para incorporarme como "Diputado al Congreso", me sustituye en dicho cargo, don Alfredo Vigara Murillo, quien tras olvidarse de su renuncia a intervenir en la concesión del gas canalizado, pone a todo su equipo a trabajar, a marcha forzada, en todo lo concerniente a la renombrada concesión, reclamando al recién nombrado "Director General de Industria", don Juan Berceli Cano Cabrera (Ingeniero Industrial, con muchos años de experiencia profesional y de servicio en la propia Consejería) el INFORME-PROPUESTA, que emite el 25 de Agosto de 1998, y que paso a comentar a continuación".

"9.- El 25 de Agosto de 1998, el nuevo "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera (veinte días después de la toma de posesión del Sr. Vigara, como consecuencia de la celeridad con que quería el Sr. Vigara resolver esta concesión) le dirige un "INFORME-PROPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO EN LAS CIUDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS", (Informe que fue reproducido íntegramente en el "Capitulo II") en el que conviene destacar de manera especial los siguientes párrafos: (...)".

"Resulta evidente que la observación formulada por el "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", antes transcrita, contiene una SIGNIFICATIVA "ADVERTENCIA" acerca de LO INUTIL e IMPROCEDENTE, aunque legalmente factible, DE PROCEDER EN EL MOMENTO ACTUAL A OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA QUE, SALVO IMPOREVISTOS, QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE EXTINGUIDA A LOS POCOS DÍAS O POCAS SEMANAS DE DICTARSE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS. En ese momento quedaría LIBERALIZADA la actividad de montaje de plantas para mezcla de gases combustibles con aire y almacenaje y distribución por canalización de dicha mezcla combustible, como claramente expresa el art. 54.1 del Proyecto de Ley: (...)".

Debido a la enorme importancia de lo señalado en el anterior párrafo, en relación a esa "liberalización", que eliminaba la posibilidad de crear cualquier monopolio, debo resaltar lo publicado en el periódico "EL DÍA", el 25 de marzo de 1998, en el que, en grandes titulares, destacó lo siguiente:

"El PSOE asegura que la concesión del gas ciudad implicará un monopolio de 15 años"

"Estima que es "el eslabón perdido" en el expediente denunciado por De la Barreda"

"La concesión del gas ciudad a "Gasificadora Regional Canaria" (filial de "Unelco") antes de la publicación de la nueva ley nacional sobre hidrocarburos permitirá que esta empresa pueda desarrollar su actividad en régimen de monopolio durante los próximos quince años, según indicó ayer el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento canario, Emilio Fresco".

Por su parte, Alfredo Vigara respondió "que el Gobierno tiene que actuar en función de la legislación que existe en ese momento y no pensando en futuras leyes, que pueden no aprobarse". Evidentemente Vigara no quiso decir que existían las "máximas probabilidades", por no decir "todas", de que la "Ley de Hidrocarburos" fuese aprobada en un brevísimo plazo, y que, además, UNA ELEMENTAL NORMA DE MÍNIMA PRUDENCIA exigía a Alfredo Vigara, que en lugar de correr tanto, a pesar de ser un hombre parsimonioso, debía actuar con la mayor cautela, máxime si se tiene en cuenta que con esa precipitada decisión iba a crear un monopolio todavía mucho más grande que el que existía, dándose también la importantísima "circunstancia", que, por supuesto no desconocía el Vigara, de que LA "DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA" DE LA LEY ESTABLECE QUE EN AQUELLOS TERRITORIOS DONDE YA HUBIERA CONCESIONES, NO SE PODRÁN CONCEDER AUTORIZACIONES EN UN PLAZO DE QUINCE AÑOS. Por tanto, cuando Vigara autorizó dicha concesión, estaba creando un "monopolio" por quince años a favor de dicha empresa, lo que era malo, aunque ni siquiera fuera aprobada la ley, que tenía garantizado el voto del Congreso, tal como, efectivamente, sucedió.

Lo anteriormente señalado fue lo que impidió que "Coalición Canaria" y el "Partido Popular" (porque tampoco lo tuvieron en cuenta a la hora de escribir el "guión" de aquella "comedia" de Comisión de Investigación) pudieran evitar que en el "Dictamen del Pleno del Parlamento" quedara constancia expresa de que Alfredo Vigara había actuado en este importantísimo asunto "SIN LA DEBIDA PRUDENCIA POLÍTICA", a la par que siguieron negando la necesidad de remitir toda la documentación a la Fiscalía, a pesar de que, tal como figura publicado en el "DIARIO DE AVISOS", del 9 de abril de 1999, yo venía exigiendo esa imperiosa necesidad, por la que no les quedó más remedio que transigir, por ser exigida, posteriormente, por el mismo Fiscal Anticorrupción:

"De la Barreda exige a la Comisión que remita los informes a la Fiscalía"

"El ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias solicitó ayer a la comisión de investigación que analiza sus denuncias sobre `presuntas corruptelas en el seno del Ejecutivo regional que envié toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, ya que de no hacerlo, advirtió, "SERÉ YO MISMO QUIEN LO HAGA".

Por supuesto fui yo solo quien lo tuvo que hacer, por encima de todo tipo de presiones, injurias y calumnias, tal como se desprende de las siguientes noticias publicadas por la prensa:

"CANARIAS 7" del 15 de marzo de 1999:

"Anticorrupción acusa de prevaricación a Vigara, ex consejero de Industria"

"DIARIO DE AVISOS" del 22 de abril de 1999:

"El Parlamento se niega a enviar al fiscal el dictamen de la Comisión"

"La oposición acusa a CC y PP de "boicotear" la transparencia de la Cámara legislativa canaria"

"CANARIAS 7" del 23 de marzo de 1999:

"El PSOE critica la "manipulación" del "fallo" parlamentario sobre Vigara"

"Cree que CC y PP "denigran" la actividad de la Cámara al no aceptar que se remita el expediente a la Fiscalía basándose en que no se detectaron delitos"

A pesar de las contundentes declaraciones de la oposición, queda claro que nunca pasaron de "amagar", sin llegar nunca a "pegar", puesto que tal como ya he indicado no presentaron la correspondiente denuncia al Fiscal Anticorrupción, dejándome absolutamente solo en esa iniciativa para la que no necesité más colaboración que la ofrecida por magníficos profesionales, de forma absolutamente desinteresada, que desde el primer momento creyeron en mis denuncias, despreciando la política de "acoso y derribo" desplegada contra mi persona.

"DIARIO DE AVISOS" del 8 de mayo de 1999, publicó lo siguiente:

"El fiscal de delitos económicos pide al Parlamento el "informe De la Barreda"

"El Parlamento de Canarias recibió ayer un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que RECLAMA A LA CÁMARA AUTONÓMICA que le remita las conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación creada el pasado 24 de marzo en el seno de la institución, y que tenía como objetivo esclarecer las denuncias realizadas por el Consejero de Industria de Gobierno canario (y diputado nacional del PP) Francisco de la Barreda sobre la existencia de presuntas corruptelas en el seno del Ejecutivo autonómico".

La realidad de los hechos me permite que no deba realizar yo quien realice en este momento ningún otro comentario, limitándome a reproducir lo publicado en la prensa en aquellas fechas:

"CANARIAS 7" del 23 de noviembre de 1999:

"Vigara y Unelco, destino compartido"

"Unelco y Alfredo Vigara, ex consejero de Industria y Comercio y ahora consejero delegado de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), comparten destino. Ambas, empresa y ex cargo público, han vuelto a coincidir en los últimos meses y, además, lo han hecho en torno a un negocio, la implantación en Canarias del gas natural, que no ha estado demasiado claro en sus inicios. Tampoco claro estuvo que la actuación del ex consejero en la concesión de la distribución del gas ciudad a la empresa participada por Unelco (Gasificadora Regional de Canarias) fue sometida a una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias que concluyó que su actuación había sido imprudente, una sentencia emitida con la unanimidad de todos los grupos, incluido el del partido (PP) de Vigara. La Comisión de investigación fue impulsada por su antecesor en el cargo, Francisco de la Barreda.

"Nuevas dudas de compatibilidad"

"Además de compartir relación con el negocio del gas, la compañía eléctrica Unelco vuelve a aparecer en la vida pública de Alfredo Vigara, para provocar dudas de compatibilidad sobre el cargo que actualmente ocupa. El caso es que el ex titular de Industria ha sido nombrado por el Gobierno autónomo canario consejero delegado de Sodecan y que esta empresa comparte ahora con Unelco la sociedad que transportará el gas hasta el Archipiélago. Habida cuenta de que Alfredo Vigara era tan sólo hace unos meses Consejero de Industria y Comercio y que la Ley de Incompatibilidades prohíbe a los ex altos cargos públicos participar durante un periodo de dos años en aquellas empresas privadas con las que tuvieron relación durante su etapa de responsables en el Gobierno de parece claro que, por lo menos, la situación esté muy dudosa. La conexión entre el anterior equipo de Industria y la empresa Unelco no se reduce a Alfredo Vigara. Existen otras coincidencias que saldrán a la luz pública".

Ignoro si esas "otras coincidencias" han salido "a la luz pública", sin que pueda pensar, en el caso de que no hayan salido, que se deba al hecho de que sea "Unelco" quien genera y distribuye la "luz" en todas las islas.

Y como la memoria tiende a debilitarse con la edad, también debo traer a colación lo publicado el 5 de agosto de 2000, por el periódico "Canarias 7":

"Alfredo Vigara se incorpora al Instituto Tecnológico tras ser destituido en Sodecan"

"El ex consejero ocupará una jefatura a la que opositó cuando era titular de Industria"

"El ex consejero de Industria del Gobierno canario en la anterior legislatura, Alfredo Vigara, se incorporó en fechas recientes a una jefatura de servicio en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), después de ser destituido como consejero delegado de la empresa pública Sodecan.

En su etapa como consejero de Industria y presidente del ITC, Vigara promovió la creación de una plaza de jefe de servicio en el Instituto a la que, con posterioridad, optó y ganó en propiedad de forma vitalicia.

Vigara fue director de Industria en la etapa de Francisco de la Barreda, a quien sustituyó como consejero en medio del escándalo por el "Caso Bango" y la concesión de nuevas licencias de hipermercados.

Alfredo Vigara llegó a formar parte del consejo de administración de Unelco, en calidad de director general. Tras su salida de la Consejería, el pasado año, fue acusado por De la Barreda de un presunto favoritismo hacia las empresas privadas que concurrieron a los concursos del gas y el cable.

Después de dejar el Gobierno, Vigara recibió la oferta para ser consejero delegado de Sodecam, una de las empresas públicas más importantes de la Administración Autonómica".

Reconozco que, probablemente, como consecuencia de mi capacidad y méritos, nunca se haya presentado la posibilidad de que, por poner un simple, se me haya podido ofrecer la concesión de un pequeño kiosco en cualquier calle de la ciudad en la que vivo, quizá, también por mi probada torpeza en la administración y distribución de "golosinas" a un determinado tipo de clientela. Ruego me disculpen esta pequeña ironía, que sin duda no está exenta de la vanidad que me ha permitido proponerle a un conocido constructor, don Víctor Rodríguez Rodríguez, que ha puesto puso en duda mi honradez, recientemente, que mostrase "una sola declaración de su renta", y que yo aportaría, en contrapartida, "todas las mías desde el año 1976", con el fin de probar su falsa imputación, lo que me obligará, en el caso de que no lo haga, a exigírselo ante los tribunales, pues a pesar del tiempo transcurrido, observo que no está por la labor de aceptar ese sano ejercicio de "destape fiscal" que la Iglesia no condena, aunque sí puede hacerlo la autoridad fiscal, en el hipotético caso de que hayamos cometido "algún pecadito" de muchos millones.

Tras ese saludable ejercicio de "refrescar alguna frágil conciencia" y de la obligación de "decir todos los pecados al confesor", reconduzco mis comentarios al documento que leí y posteriormente aporté en mi primera comparecencia en la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias":

"Teniendo en cuenta todo lo dicho, esta "Consejería de Industria y Comercio" quedaría en una POSICIÓN INCÓMODA, en opinión de esta Dirección General de Industria y Energía, si se otorgase ahora una "concesión administrativa". Por un lado, determinados sectores podrían manifestar CIERTA SUSPICACIA ante lo que PARECERÍA UNA EXTRAÑA URGENCIA POR OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA UNOS DÍAS ANTES DE QUE SE APRUEBE UNA LEY QUE LAS SUPRIME, porque por más que esto se pueda explicar, siempre quedaría un residuo de incredulidad. Por otro lado, no podrá evitarse cierta ACTITUD DE MENOSPRECIO por parte de las empresas rechazadas en el expediente de concesión ante la INMINENTE LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR. (...)".

"Considerando que las empresas que participan en "GASIFICADORA", PODRÍA REPRESENTAR UN INCONVENIENTE, QUE HA DE SER JUSTAMENTE VALORADO, COMO ES EL HECHO DEL QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EL GAS CANALIZADO SE ENCUENTREN EN LAS MISMAS MANOS, (...".)

"DEBIERA ESTUDIARSE SI PUDIESE HABER ALGUNA INCOMPATIBILIDAD DE CARÁCTER LEGAL SOBRE LA ALUDIDA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS Y ELECTRICIDAD EN LO QUE SE REFIERE A DISPOSICIONES NACIONALES O EUROPEAS EN VIGOR EN MATERIA DE MONOPOLIOS, QUE AFECTARÍA, EN SU CASO, A LA PROPUESTA DE "GASIFICADORA".

"Por todo ello, esta "Dirección General de Industria y Energía", PROPONE:"

"Que hasta tanto no entre en vigor la "Ley del Sector de Hidrocarburos", cuya publicación tendrá lugar en breve fecha, NO SE OTORGUE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A NINGUNA DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES".

"10.- Resulta altamente preocupante que, a la vista de la "CARTA DE RENUNCIA" a intervenir don Alfredo Vigara Murillo, de fecha 13 de Junio de 1998 (Registro de Salida nº 1.065 del 18 de Junio de 1998) en su condición de "Director General de Industria y Energía", dada su vinculación al Consejo de Administración de "Unelco, S.A.", TENGA TANTA URGENCIA EN RESOLVER UNA CONCESIÓN, ya en su condición de "Consejero de Industria y Comercio", y por lo tanto máximo responsable de todo lo concerniente a dicha Consejería, a favor de "Gasificadora Regional de Canarias, S.A." (del grupo "Unelco, S.A."), máxime teniendo en cuenta dicha carta de renuncia de fecha 13 de junio de 1998 y el "INFORME NEGATIVO" del "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera, haciendo, además, CASO OMISO a solicitar un informe del "TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA" y a las recomendaciones también negativas del "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", de fecha 5 de agosto de 1998". (Todavía hoy me sigo preguntando por qué no se solicitó referido "informe", que hubiera sido altamente clarificador cuando se cuestionaba que la concesión (Ministerio de Industria y el propio Director General de Industria y Energía de la Consejería) llevaba consigo la creación de un gran monopolio)

"11.- Más que preocupante es el hecho de que también esta irregularidad se produzca con una empresa relacionada con el grupo "Unelco, S.A.", tal como ocurrió con el "Parque Eólico de Fuencaliente", no teniendo en cuenta (Alfredo Vigara) mis recomendaciones, en la etapa de "Consejero de Industria y Comercio", que me obligaron a solicitarle la "carta de renuncia" a intervenir en todo lo concerniente a la concesión del suministro de gas canalizado, en la que me sorprendió que se permitiese, además, proponerme la persona, que creía debía intervenir (que tal como ya indiqué no fue aceptada por mi parte) en la persona de don Juan Guedes Farias".

"12.- La resolución sobre el "gas canalizado" ha sido IMPUGNADA por la empresa "DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A." (D.I.S.A.)".

13.- Si bien la actuación del Sr. Vigara en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente", me pareció en un principio, al estar guiado de mi buena fe y confianza en el Sr. Vigara, una conducta que podía circunscribirse al ámbito de la negligencia profesional, su actuación reiterada y más que negligente sobre una empresa del grupo de "Unelco, S.A.", en la concesión del gas canalizado, no teniendo en cuenta el informe del "Director General de Industria", con claros argumentos sobre la "Ley de Hidrocarburos" y negativa a pedir un informe del "Tribunal de Defensa de la Competencia", "su carta de renuncia a intervenir por su vinculación a "Unelco, S.A", así como los argumentos expresados por el "Consejo Superior del Ministerio de Industria", así como también su excesiva celeridad en tratar de resolver este concurso, me inclinan a pensar que el Sr. Vigara ha actuado dolosamente y que, por tanto, ha cometido unos delitos de prevaricación.

"Por todo lo cual, y visto su comportamiento, nada más tomar posesión, con respecto a la concesión de licencia comercial específica a "Pryca", para instalarse en Santa Cruz de Tenerife, sin manifestar nada en contra sobre toda la actuación que yo había llevado hasta el día de dimisión como Consejero, me vi obligado a ponerlo en conocimiento del "Presidente Regional del Partido Popular", don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, el 27 de Septiembre de 1998, no logrando nunca que citado señor se pronunciase al respecto en ningún sentido, trasladando copia de dicho escrito a la "Dirección Nacional del Partido Popular", también con fecha 27 de Septiembre de 1998, los que, recientemente, me recomendaron que, si consideraba las conductas del Sr. Vigara, constitutivas de delito, lo pusiese en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente".

"14.- Por todo lo expuesto, con fecha 17 de Marzo de 1999, he presentado ante la "Fiscalía Anticorrupción", en Madrid, la correspondiente denuncia contra don Alfredo Vigara Murillo".

C).- ACTUACIÓN SOBRE LA LICENCIA COMERCIAL A "PRYCA", EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

"No voy a realizar ningún comentario más sobre todo lo sucedido con respecto a dicha licencia, porque al final fue denegada, tal como yo había anticipado, en base al informe del "Director General de Comercio", (Pedro Suárez López de Vergara, quien, a petición mía, porque había observado "extraños comportamientos", unos días antes de presentar mi dimisión, me había entregado un informe sobre la imposibilidad legal de autorizar la licencia y quien, tal como sospeché, cambió radicalmente "su criterio anterior" después de mi dimisión) (del que también adjunto fotocopia) en el que se incluye la decisión abrumadora de la "Comisión Insular de Comercio"(10 votos en contra de concederle la licencia a "Pryca" y solamente 1 voto a favor). (...)".

D).- CENTRO COMERCIAL "ALCAMPO" DE TELDE (GRAN CANARIA)

" Quisiera conocer las actuaciones de la "Consejería de Industria y Comercio", sobre dicha instalación, como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fallan sobre graves irregularidades de dicho establecimiento comercial".

S/C. de Tenerife, a 29 de Marzo de 1999"

Francisco de la Barreda Pérez

Diputado Nacional por S/C. de Tenerife

El presente escrito consta de catorce folios, firmados todos y cada uno de ellos por el que suscribe.

 

El Presidente de la Comisión de Investigación "descubre" su "parcialidad"

El 5 de abril de 1999, me vi obligado a tener que remitir al Presidente de la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", el escrito que transcribo a continuación, al constatar en la prensa su absoluta "falta de imparcialidad" y el quebrantamiento de "guardar secreto" al que estaba obligado como miembro de la Comisión, máxime si se tiene en cuenta que, además, era el Presidente de la misma:

"S/C. de Tenerife, 5 de Abril de 1999.

Excmo. Sr. Don José Miguel González Hernández

Presidente de la Comisión de Investigación

Parlamento de Canarias.

S/C. de Tenerife.

 

Excmo. Sr.:

En primer lugar quiero expresarle mi más profunda preocupación por las declaraciones que aparecen en diferentes medios de comunicación, atribuidas a su persona, en el siguiente sentido:

"LA GACETA DE CANARIAS", Jueves, 1 de abril de 1999, página 7:

"El parlamentario por Coalición Canaria y presidente de la Comisión de Investigación sobre el "dossier De la Barreda", José Miguel González, aseguró ayer, al término de la reunión de la citada Comisión, que el ex presidente insular del PP, Francisco de la Barreda Pérez, "NO HA APORTADO NUEVOS DATOS" sobre las presuntas irregularidades cometidas por miembros del Gobierno de Canarias.

Al ser cuestionado sobre este asunto, González aseguró que "NO SON DATOS NUEVOS, YO CREO QUE ES LO MISMO. SON UNA SERIE DE PRECISIONES CONCRETAS A SUS DECLARACIONES ANTERIORES".

Destacó que lo que entregó es una "COPIA DE SU INTERVENCIÓN INICIAL POR ESCRITO, QUE SE LEPIDIÓ PARA PODER TERNERLA Y LEERLA CON DETENIMIENTO. A ESO SE LE PUEDE LLAMAR DOCUMENTACIÓN PUESTO QUE UN DOCUMENTO ES UN PAPEL ESCRITO".

Sin embargo, por otro lado aseguró que de la Barreda "ENTREGÓ UNA FOTOCOPIA DE UN DOCUMENTO QUE ÉL TENÍA, AUNQUE NO HE TENIDO TIEMPO DE LEERLO".

Sobre las manifestaciones de Francisco de la Barreda a su salida de la Comisión en las que aseguró que el consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Alfredo Vigara, había cometido prevaricación, José Miguel González, no quiso hacer ningún comentario, afirmando que "LOS JUICIOS DE VALOR DE CADA UNO ME LOS GUARDO". Lo que sí hizo fue confirmar la comparecencia de Vigara."

El " DIARIO DE AVISOS", Jueves, 1 de abril de 1999, recoge también en la página 15, lo siguiente:

"EL PRESIDENTE DE LA COIMISIÓN NIEGA QUE HAYA DOCUMENTOS NOVEDOSOSOS".

"EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA LAS DENUNCIAS DE FRANCISCO DE LA BARREDA SOBRE LA PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL EJECUTIVO REGIONAL, JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ (cc), NEGÓ AL TERMINO DE LA REUNIÓN QUE EL DIPUTADO DEL PP HUBIERA PRESENTADO NUEVAS PRUEBAS DE SUS ACUSACIONES". González limitó lo anunciado por De la Barreda a "UNAS FOTOCOPIAS DE UNA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE HABÍA PEDIDO" a la que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS SOBRE SU DECLARACIÓN PERO NO DATOS NUEVOS" (...). (Se adjuntan fotocopias de citados periódicos).

Por todo ello, ante tales declaraciones y, en el caso de que sean ciertas, me veo en la obligación de hacerle las siguientes consideraciones:

Primero: Que lo que aparece en los periódicos como declaraciones suyas, no se ajustan a la realidad, pues en mi comparecencia ante citada Comisión, entregué varios documentos, que no había aportado a nadie con anterioridad, entre los que puedo mencionar los siguientes:

1º.- Un "INFORME EN RELACIÓN CON LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO EN FUENCALIENTE", de fecha 17 de Febrero de 1998, firmado por el "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, en el que deja clara constancia la existencia de un "informe preceptivo emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico, en relación con la referida Orden Departamental de 7 de Julio de 1997, en el que se cuestionaba la Disposición Transitoria en cuestión, señalando expresamente que "no se aprecia que exista justificación para la previsión contemplada en la disposición transitoria, relativa a la exclusión singular para la isla de La Palma durante 1996 respecto a lo dispuesto en artículo 17 de la misma Orden, teniendo en cuenta además que las modificaciones lo son en el ejercicio de 1996".

2º.- Un "ESCRITO DE LA "S.A.T. VIPLATA", dirigido a la "Consejería de Industria y Comercio", de fecha 22 de Julio de 1995, que también pretendía instalar un "Parque Eólico en Fuencaliente", que refuerza aún más la obligación que tenía el Director General de Industria y Energía, el Excmo. Sr. Don Alfredo Vigara Murillo, de convocar el Concurso Público, que establece, en su art. 17, la Orden de 14 de Marzo de 1996 (B.O.C. de 15-Abril-1996) y que el Sr. Vigara no llevó a cabo, cometiendo una gravísima irregularidad.

En mi escrito de fecha 29 de Marzo de 1998, del que también entregué copia a esa Comisión, manifesté que:

"De todo lo dicho anteriormente, se deduce muy claramente que "don Alfredo Vigara Murillo", siendo "Director General de Industria y Energía", cometió la grave irregularidad de autorizar el "Parque Eólico de Fuencaliente", subvencionado con fondos de la "Unión Europea", sin cumplir con lo establecido en el articulo 17 de la "Orden de 14 de marzo de 1996", que exige el Concurso Público y que, tras llevar a cabo esa irregularidad, en lugar de ponerlo en conocimiento claro y expreso del "Consejero de Industria y Comercio, actuó también de forma irregular, tratando de convalidar dicha irregularidad, a través de la inserción de una "Disposición Transitoria" en la "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", (he solicitado toda la documentación relativa a esta Orden, para analizarla con el debido detalle) sobre la que también tenía un "INFORME NEGATIVO" de la "Dirección General del Servicio Jurídico", que tampoco puso nunca en conocimiento mío. (Ver informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", de fecha 17 de Febrero de 1998)".

Con lo anteriormente expuesto, respondo también al comunicado hecho público por "Unelco, S.A.", a través de diferentes medios de comunicación, mediante el cual trata de rebatir mis acusaciones al Sr. Vigara, por delitos de prevaricación, basándose simplemente en que don Alfredo Vigara, cuando resolvió la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente" y la "Concesión del gas ciudad" ya no era miembro del Consejo de Administración de "Unelco,S.A.", sin tener para nada en cuenta, además de la incompatibilidad que la Ley establece por dos años, otras muchas irregularidades que enumero en mi escrito de fecha 29 de Marzo de 1999, entregado a esa Comisión de Investigación.

3º.- "EL INFORME-PROPUESTA", del actual "Director General de Industria y Energía", don Juan Cano Cabrera, de fecha 25 de Agosto de 1998, sobre "SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO EN LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE TENEREIFE, LA LAGUNA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SAN BARTOLÉ DE TIRAJANA Y TELDE", del que conviene destacar de manera especial los siguientes párrafos: (los cuales figuran también transcritos parcialmente en párrafos anteriores y de forma íntegra en el "Capitulo II").

4º.- "DENUNCIA INTERPUESTA POR MI ANTE EL FISCAL ANTICORRUCIÓN, CONTRA DON ALFREDO VIGARA MURILLO, COMO CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS", presentada en Madrid el fecha 17 de Marzo de 1998, con Registro General de Entrada número 345.

Me resulta también muy sorprendente que la citada denuncia, con sus correspondientes argumentos, estuviera en poder de dicha Comisión de Investigación.

(NOTA ACLARATORIA: Evidentemente ningún miembro de la Comisión, incluido el Presidente, tenía la denuncia que yo había presentado ante el Fiscal Anticorrupción, extremo que por si solo "desmiente" no solamente lo declarado por el Presidente de la Comisión de forma absolutamente improcedente, manifestando que no había aportado nuevos documentos, sino que "descalificaría" posteriormente también el dictamen aprobado por la Comisión y por el Pleno del Parlamento, al apoyar el "Fiscal Anticorrupción mi petición de que todas las actuaciones de la "Comisión de Investigación" y del "Pleno fueran remitidas a la Fiscalía, petición que me fue negada por el Parlamento, por no considerar delictiva la actuación de Alfredo Vigara, por lo que, posteriormente, se vieron obligados, vergonzosamente, a hacerlo, por exigirlo el propio Fiscal Anticorrupción, lo que, evidentemente, no tenían recogido en el "guión" de la "comedia" escrita por "Coalición Canaria" y el "Partido Popular" para ser representada por los respectivos portavoces de sus grupos parlamentarios. En resumen, que motivaron el hecho de que el Parlamento sufriera el "grave bochorno" de tener que acceder a lo que yo había solicitado, por exigirlo el Fiscal, puesto que minusvaloraron la importantísima circunstancia de que yo me había anticipado a acudir solo al Fiscal, ante ese "más que previsible final de la comedia", presentando una denuncia, sobre la que trataré con más detalle en el siguiente capítulo.

5º.- "SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS", de fecha 2 de Febrero de 1998, relativa a demanda interpuesta por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Asociación de Empresarios de Telde (AETELDE), sobre aprobación del Proyecto Urbanístico del "Parque Comercial de la Mareta" (Alcampo) del municipio de Telde.

6º.- "ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, SR. VIGARA, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KW EN EL FARO DE FUENCALIENTE, TÉMINO MIUNICIPAL DE FUENCALIENTE (LA PALMA)", de fecha 23 de Enero de 1998, así como otros tantos escritos, que no considero necesario relacionar en la presente carta.

Segundo: Me veo también en la obligación de manifestarle mi preocupación, por unas declaraciones que, de ser ciertas, cuando menos, considero muy graves, injustas y desafortunadas, que en absoluto se ajustan a la realidad y que me harían cuestionar la imparcialidad que V.E. debe desempeñar como Presidente de la renombrada Comisión de Investigación.

Tercero: Esas declaraciones crean un estado de opinión, que conducen a una interpretación errónea, de la verdad, puesto que tal como he dejado constancia anteriormente, durante la reunión de la Comisión de Investigación, entregué nuevos documentos, alguno de los cuales desconocían los miembros de esa Comisión.

Lo antes expuesto me obliga a informar a los medios de comunicación, con el fin de responder a lo publicado en los mismos, que en absoluto se ajustan a la realidad.

Cuarto: Que queda absolutamente claro que he aportado nuevos documentos a esa Comisión, que no había entregado a nadie, con anterioridad, por lo que las manifestaciones que diferentes medios de comunicación le atribuyen como suyas no se ajustan a la realidad.

Por otra parte, debo comunicarle también mi sorpresa y preocupación, al conocer las declaraciones que ha realizado el Coordinador Regional del Partido Popular y Diputado Regional, don Ignacio González Santiago, en el periódico que cito a continuación:

"DIARIO DE AVISOS" del día 4 de abril de 1999, en su portada, de la que adjunto fotocopia:

"González Santiago asegura que en los documentos que ha entregado De la Barreda al Parlamento de Canarias "no vemos indicios de corrupción y ninguna prueba que justifique las gravísimas acusaciones" realizadas por el ex presidente del Partido Popular de Tenerife, pese a lo cual su partido ha apoyado la creación de una comisión de investigación en la Cámara regional".

Ante tales declaraciones, debo cuestionarme el carácter secreto de la "Comisión de Investigación" que V.E. preside, pues de lo contrario ¿cómo se permite don Ignacio González Santiago manifestar en la prensa: "que en los documentos que ha entregado (al Parlamento de Canarias) De la Barreda "no vemos indicios de corrupción y ninguna prueba que justifique las gravísimas acusaciones".

Considero muy importante que debe citarse a don Ignacio González Santiago, para que manifieste y quién o como ha tenido conocimiento de esos documentos y por qué ha quebrantado el secreto de esa Comisión, máxime teniendo en cuenta que es Diputado de ese Parlamento.

Por todo ello, le ruego que antes de mi próxima comparecencia ante esa Comisión, se sirva comunicarme si tales declaraciones han sido realizadas por usted y por don Ignacio González Santiago, con el fin de, que en el caso de que sean ciertas, pueda adoptar las medidas que estime oportuno, en defensa de mis derechos.

Resulta más que evidente que, en el caso de que sean ciertas tales manifestaciones, se estaría quebrantando la imparcialidad con la que debe operar renombrada Comisión de Investigación, así como también el carácter secreto de la misma.

Ruego entregue copia de la presente a los miembros de la Comisión, para su conocimiento y efectos oportunos.

Francisco de la Barreda Pérez

Diputado Nacional"

"La callada por respuesta"

Por supuesto que el "Presidente de la Comisión de Investigación" nunca contestó a mi anterior escrito, originando con ello un motivo más de "indefensión", porque es bien sabido que siempre, en estos casos, ciertas personas suelen dar la "callada por respuesta", debido a que cualquier contestación del Presidente de la Comisión, que no fuese reconocer "su parcial" actuación, lo que en modo alguno estaba dispuesto a hacer, era ofrecer más posibilidades de que se fuera a descubrir mucho más claramente la burda y despreciable comedia que habían planificado representar en el "Parlamento de Canarias" (bajo la presidencia de Bravo de Laguna) órgano colegiado en el que, según la ley, está representada la "soberanía popular de esta comunidad".

No creo que sea necesario abundar en los motivos que llevaron al "Presidente de la Comisión de Investigación" a negar públicamente "AL TÉRMINO DE LA REUNIÓN QUE EL DIPUTADO DEL PPP HUBIERA PRESENTADO NUEVAS PRUEBAS DE SUS ACUSACIONES", a pesar de haber manifestado que no había tenido tiempo de leer los documentos, aclarando, además, al periodista que "GONZÁLEZ LIMITÓ LO ANUNCIADO POR DE LA BARREDA A "UNAS FOTOCOPIAS DE UNA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE HABÍA PEDIDO" a la que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS SOBRE SU DECLARACIÓN PERO NO DATOS NUEVOS", cuando, precisamente, en esa comparecencia había aportado yo todos los documentos que he reseñado anteriormente, entre los que se encontraba precisamente la "DENUNCIA INTERPUESTA POR MI ANTE EL FISCAL ANTICORRUCIÓN, CONTRA DON ALFREDO VIGARA MURILLO, COMO CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS", presentada en Madrid el fecha 17 de Marzo de 1998, con Registro General de Entrada número 345". ¡Impresionante objetividad e imparcialidad la mostrada por el Presidente de la Comisión de Investigación con esas tendenciosas declaraciones!.

Todavía hoy continuo sin comprender que el "Presidente de la Comisión de Investigación", fuera capaz de calificar como "unas FOTOCOPIAS de una documentación que se le había pedido" (a Francisco de la Barreda) a las que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS sobre su declaración, pero NO DATOS NUEVOS", cuando se daba la importante circunstancia de que, nada más y nada menos, entre aquellos nuevos documentos aportados por mí, se encontraba una copia de la "DENUNCIA SOBRE ASUNTOS MUY CONCRETOS" (no meras precisiones, ni recortes de revistas como "HOLA", "DIEZ MINUTOS", etc.) que yo había presentado personalmente al "FISCAL ANTICORRUPCIÓN", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, contra Alfredo Vigara, el 17 de marzo de 1998, denuncia que fue la causa fundamental que motivó que dicho Fiscal exigiese al "Parlamento de Canarias", en contra de lo acordado por el pleno de la cámara, con los votos de C.C. y P.P., a remitirle, toda la documentación que yo había solicitado previamente.

Pero no fue ese el único resultado de "aquella denuncia mía", que para el Presidente de la Comisión no pasaban de ser unas simples fotocopias que no aportaban ningún dato nuevo a lo declarado por mi anteriormente, puesto que, como auténtico remate no solo para el Presidente de la renombrada Comisión, sino para todos aquellos que votaron que no se remitiese al Fiscal ningún documento, por no apreciar el más leve indicio de delito en la conducta de Alfredo Vigara, es la propia Fiscalía Anticorrupción, quien, tras recibir y analizar toda aquella voluminosa documentación, terminó dictando el 18 de febrero de 2000, una "Resolución", en la que entre otras cosas, manifiesta, de forma absolutamente clara y contundente, lo siguiente:

"SE APRECIA LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN en la actuación del que fue Director Gral. De Industria y Energía de la Consejería de Industria y Comercio, D. ALFREDO VIGARA MURILLO, quien a favor de la sociedad "UNIÓN ELECTRICA DE CANARIAS, S.A." (UNELCO), y sin la convocatoria del preceptivo concurso público (...) autorizó en Resolución de 8 de noviembre de 1996 la instalación eléctrica y declaración de utilidad pública de un parque eólico de 1.500 Kw en el Faro de Fuencaliente. CON DICHA RESOLUCIÓN Y PROCEDER SE FAVORECÍA A UNA SOCIEDAD "UNELCO" en detrimento de las demás que pudieran concurrir al preceptivo concurso para la autorización e instalación del parque y en concreto a la sociedad "SAT VIPLATA" que había solicitado un punto de conexión a la red para la instalación del parque. (...)".

El delito que se atribuye de prevaricación a D. Alfredo Vigara Murillo se cometió con anterioridad a ser miembro del Gobierno de Canarias como Consejero de Industria y Comercio (...) procediendo la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que es la competente para LA INTERPOSICIÓN DE LA QUERELLA CRIMINAL QUE ACOMPAÑA A LAS PRESENTES DILIGENCIAS".

Debo confesar que mi capacidad de asombro, aunque no mi capacidad de respuesta, se veía sorprendida y superada por minutos, a lo que se sumaba la señalada "indefensión" que me originaba no solo el hecho de no recibir ni siquiera respuestas a mis escritos, sino también la posterior manipulación realizada a través de los medios de comunicación, ocultándoles y tergiversando los hechos, a la par que me veía privado del derecho de réplica sobre todas aquellas falsas y tendenciosas informaciones, que en nada se ajustaban a la realidad. Todo ello me hace recordar la frase escrita en un sobrito de azúcar, que hace cierto tiempo leí, que decía lo siguiente: "Eran tan pobres, que solo tenían dinero".

Continuaré estos comentarios en el siguiente capítulo, relatando aspectos que considero dignos de destacar sobre el dictamen del "Parlamento de Canarias", y otros hechos, como la denuncia que presenté al Fiscal Anticorrupción y la comparecencia para ratificar la denuncia ante el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, quien no solo admitió aquella denuncia, sino que además dio lugar a interpusiera una querella contra Alfredo Vigara por un presunto delito de prevaricación, así como también las comparecencias ante el "Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular", la demanda que me interpuso Alfredo Vigara y el duro varapalo que recibió en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó, incluso al pago de la totalidad de las costas, así como otros asuntos que no enumero por no hacer más extenso este "Capítulo III".

fbarreda@telefonica.net

(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y ex Diputado Nacional

Continuará...

 3-10-04