Fernando Ríos, miembro del comité de expertos del Gobierno. Es el director de la Oficina de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias y formó parte, a propuesta de CC, del grupo de expertos que tenía encomendado elaborar un documento que sirviera de base para la reforma del Estatuto canario que ahora se tramita en el Parlamento. Ríos dice que la norma autonómica básica debe tomar un camino propio.

-¿Qué tipo de debate se produjo en el comité de expertos en relación con la reforma electoral canaria?

- Sabiendo que este tema podía ser un escollo para lograr un documento consensuado, la decisión que tomamos fue dejar abierta cualquier posibilidad de sistema electoral. Desde este punto de vista, partíamos de la imposibilidad recogida en el actual Estatuto de establecer una circunscripción autonómica y, por tanto, lo que se hizo fue asegurar la insular y que el próximo texto estatutario permitiera la autonómica. Eso fue acompañado de una serie de reflexiones sobre un modelo que considerábamos apropiado: un sistema en el que cada Isla tuviese asignados cinco escaños y el resto hasta 60 a elegir en una lista regional. Eso se complementaba con un reforzamiento del papel de los cabildos en la toma de decisiones de la Comunidad Autónoma a través del impulso del papel de la Comisión General de Cabildos del Parlamento, y por otra parte profundizar las competencias de los gobiernos insulares y de los ayuntamientos. Lo que en definitiva se hacía era remitirnos a la Ley pero sin la traba actual de la imposibilidad de la lista regional y una reflexión sobre lo que nosotros entendíamos como un sistema adecuado. De esta manera, sería la Ley, una vez aprobado el Estatuto, la que estableciera el sistema electoral pero ya sin ningún tipo de traba jurídica sobre el sistema a aplicar en relación con la circunscripción regional.

- ¿Y cual cree que es la razón por la que esta cuestión ha explotado de lleno en el seno de la ponencia parlamentaria?

- Eso son ya cuestiones de estrategia política de los distintos partidos. No se qué pretenden los socialistas, pero lo que está claro es la imposibilidad de tramitar en paralelo ambas cuestiones, Estatuto y sistema electoral, porque no se sabe cuánto va tardar en aprobarse el Estatuto en las Cortes Generales. Hasta que no se reforme la norma básica, no se puede proceder a la reforma del sistema electoral con plenitud, como dice un dictamen del Consejo Consultivo de 1989 que señala expresamente que el Estatuto, al relacionar las circunscripciones, cierra la posibilidad a establecer otras distintas. Otra cosa es que la reforma pueda rebajar barreras y topes electorales o distribuir los diputados en las distintas circunscripciones insulares. El sistema actual de la triple paridad y la inclusión de la lista regional rompe ese principio, pero si se va romper el sistema, lo que se puede hacer es romperlo con todas las consecuencias, es decir, ya no tendría sentido por la gran desproporción poblacional entre unas islas mantener la triple paridad y añadir una lista de diez diputados. Por eso nos pareció razonable la propuesta de elección de cinco diputados por isla y el resto que sea en lista regional. Pero entre la situación actual y nuestra propuesta hay muchas posibilidades y muchos sistemas posibles. La cuestión es buscar uno que sea aceptado por todos o el más próximo a las posiciones de cada partido.

- ¿Hay estudios fiables sobre los efectos prácticos de cada uno de estos sistemas?
- Hay estudios y lo que dicen es que la representación de los distintos partidos y la distribución de escaños no cambiaría apenas. Por ejemplo, con una sola circunscripción, la composición del parlamento sería la misma, con CC como primera fuerza política, seguida a dos o tres diputados por el PP y por cuatro o cinco por el PSC y con la presencia de algún partido insularista con uno o dos diputados, las mayorías serían las mismas. El sistema electoral tendría que ser muy manipulador para determinar mayorías que no se correspondan con el peso real de cada una de las fuerzas políticas. Ninguno de los sistemas que se barajan va a cambiar sustancialmente la situación.

- ¿Cuáles fueron los objetivos básicos del comité de expertos en los trabajos preparatorios para la reforma del Estatuto?

- El encargo del presidente del Gobierno era que el trabajo tenía que hacerse bajo dos condicionantes: buscar el máximo autogobierno posible y que todas las propuestas encajaran de forma escrupulosa en el marco constitucional. Y eso hizo que todos los miembros del comité dejase fuera cualquier otro criterio que no fuera jurídico. Se evitó entrar en debates políticos y lo que intentamos en todo momento fue buscar un buen documento que sirviera de base para la discusión parlamentaria.

- ¿Está de acuerdo con Paulino Rivero en que a Canarias le convendría esperar al Estatuto catalán porque este es el que servirá políticamente de referencia en posibles avances?

- Yo creo que el presidente de CC se está refiriendo a los mecanismos que utilice Cataluña para aumentar sus competencias. Canarias no debe copiar ni inspirarse en modelos continentales en cuanto a los contenidos de su Estatuto. Nosotros debemos buscar un modelo propio y derivado de nuestra condición archipielágica. La semejanza que puede haber es sobre los mecanismos a utilizar, por tanto, más que esperar al Estatuto de Cataluña, lo que cabría hacer es esperar a conocer qué mecanismos propone Cataluña y ver la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre los mecanismos de traspaso de competencias estatales en todas las regiones.

- Pero también en ese caso quizá convendría paralizar el proceso en Canarias para esperar a Cataluña

- No, porque nos valdría conocer cómo articulan en Cataluña ese mecanismo sin necesidad de que se remita o se tramite en las Cortes el Estatuto catalán. Las Cortes lo único que tendrán que hacer en ambos casos es decir sí o no, pero no va a introducir modificaciones sustanciales.

"Hay que estar atentos al Estatuto catalán"

Cómo se encaja en todo este proceso el asunto de la financiación autonómica que también plantea Cataluña?

-La Constitución establece que la financiación de las autonomías es importante porque sin autonomía financiera no hay autonomía política, pero esa premisa está fuera del debate sobre los estatutos y lo remite a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la famosa Lofca. Por tanto, esta ley es multilateral y están sometidas a ella todas las autonomías del régimen común. Que Cataluña quiera introducir en su estatuto un sistema propio de financiación rompe la norma y las reglas de juego y está afectando a la financiación de las demás. Canarias tiene asegurado un mecanismo propio de financiación, pero se vería gravemente perjudicada desde el momento que unilateralmente una región diga que se queda con una parte de la tarta que es todos rompiendo el principio de solidaridad. Por eso, hay que estar atentos a ver qué dice finalmente el Estatuto catalán.