Cuando todos debiéramos estar pensando en un gran movimiento nacionalista donde los irrenunciables objetivos políticos prevalezcan por encima de cualquier clase de veleidades partidistas y personales, en un gran movimiento nacionalista canario que ponga definitivamente las bases de un autogobierno serio y decidido a acabar con quinientos años de demagogia estatal y de desgarros internos por el poder, cuando todos debiéramos estar en esas labores, lo que uno lee, ve y escucha es una gran ceremonia de confusión entre muchas de las organizaciones de lo que yo llamo el "nacionalismo alternativo" (a CC, ¿para qué ocultarlo?).

Esas organizaciones y partidos políticos del nacionalismo alternativo están en la obligación de iniciar un proceso de unidad ante las elecciones del 2007, porque, de seguir las cosas como van, con la actual dispersión de energías y proyectos, difícil se les hará acceder a las instituciones de Canarias.

Sin reforma de la Ley Electoral o con reforma de la misma: cada vez estamos más convencidos de que hay un pacto tácito para que en Canarias funcione un sistema político tripartidista cerrado.

Los dirigentes de esos colectivos que se proclaman nacionalistas tendrían que autoconvocarse con el fin de contrastar programas políticos y establecer vínculos de cooperación y de apoyo recíproco; se trataría de establecer los naturales consensos en asuntos de urgente necesidad para el futuro inmediato y mediato de Canarias.

Asuntos de los que ya hemos hablado desde esta columna y que tendrían que ver con el crecimiento del paro, la cifra más alta de desempleo de los últimos seis años, el cachondeo de la inmigración irregular y la burla de nuestras fronteras, los contenciosos con Marruecos, la hiperpoblación imparable, la inseguridad, las crisis en Educación y Sanidad, la política de Menores, la decadencia de un modelo económico y el imparable deterioro medioambiental, una ponencia de reforma del Estatuto estancada. Asuntos que son el resultado de doce años de Gobierno ¿nacionalista? de Coalición Canaria, una organización que empezó con 31 diputados en 1993 y ahora se ha quedado con 20, si ya no contamos los de Nueva Canarias y el Partido Nacionalista de Lanzarote, después de que abandonaran esas filas IF, PIL, PNC, CCN, Román e IGC.

Desde luego, si somos capaces todos, nacionalistas de fuera y de dentro de Coalición Canaria, de mirar con sinceridad y valentía esos datos enumerados anteriormente, habríamos de concluir que, pese a los pasos dados en el fortalecimiento del autonomismo desde 1982, todo el trabajo de construcción nacional de nuestro pueblo está por hacer.

A los pueblos los conforma una aleación equilibrada entre hombre y territorio, y mucho más a los pueblos insulares, donde el territorio es por lo general un bien escaso. En Canarias hemos descuidado por igual esos dos factores.

La geografía humana de nuestro tiempo y las distintas ciencias sociales se ocupan de estudiar las relaciones entre la población y el medio ambiente, y en Canarias hemos desatendido tanto a la población, con crecimientos demográficos por encima de nuestras posibilidades, como al territorio, con degradaciones medioambientales sistemáticas, y con enseñoramiento del mal gusto a la hora de diseñar nuestras construcciones y de planificar nuestro suelo.

En los últimos años, los movimientos ecologistas canarios han luchado con pasión en contra de todos estos desafueros, aunque el énfasis que ponen frente al desarrollismo en general, llámense aeropuertos, nuevos o ampliados, infraestructuras portuarias, carreteras, no existe a la hora de preocuparse -ni de pronunciarse- de la hiperpoblación de Canarias, ni de la entrada masiva al Archipiélago de mano de obra foránea, con el consiguiente trastorno laboral y salarial causado a nuestra población autóctona trabajadora. A esto último lo definen algunos como "multiculturalidad", también como solidaridad internacional, como si las solidaridades de todos los seres humanos no empezaran por sus propias casas.

El debate abierto en España sobre la reforma de los estatutos de sus pueblos y sobre la Constitución vigente nos anuncia ya un "cambio de piel" jurídico-político de gran alcance en todo el Estado, se quieran enterar de él los dos grandes partidos o no. El proceso es imparable.

Y ante esa dinamización de la vida política estatal, nos encontramos en Canarias con reticencias como la de la reforma de nuestra ley electoral, la que rige nuestra vida democrática y la que ha impedido que las minorías insulares e ideológicas logren colocar a sus representantes en la cámara de soberanía de las Islas. Yo no sé ya si las reticencias de Coalición Canaria a abordar esa discusión con rigor y decisión están pactadas con el PP y el PSOE, pero da que pensar.

Si el PP y el PSOE procedieran en "canario", como tantas veces alardean, hoy estarían colaborando para dar a esta comunidad atlántica la personalidad política y jurídica que reclama en el contexto europeo y español. Sin medias tintas, con realismo, con tanta sensatez como originalidad, sin tener delante los estatutos ajenos para copiar párrafos enteros, como se hizo en 1982, con ganas de dialogar con los marcos de convivencia estatal y europeo, pero sin concesiones a lo que debe ser un estatus de siglo XXI para un pueblo como el nuestro.

Cuando el Gobierno del Estado habla de negar nuevas competencias a sus regiones y nacionalidades, lo hace invocando inconstitucionalidad.

Aparte de que ello no sea así, sobre todo si leemos con atención el artículo 150.2 de la Constitución de 1978: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal"; aparte de que no sea así por lo anteriormente transcrito, la advertencia del Estado a las comunidades que se encuentran renovando sus estatutos es, a nuestro entender, una falacia. Pues, ¿no se habla también de una reforma inminente de la Constitución del 78? ¿Por qué no adaptar la Constitución venidera a las aspiraciones de las regiones y nacionalidades?

España habrá de reconstitucionalizarse de acuerdo a dos planos: el de sus autonomías y el de lo que iba a ser la Constitución europea y acaso quede en un Tratado como mal menor.

Lo cierto es que en ese contexto, Canarias tiene que ser muy ambiciosa en su relación con esos marcos de convivencia donde ha decidido desarrollar su vida política, económica, social y cultural.

Si otros pueblos invocan para resituarse en esa nueva Constitución derechos históricos, a nosotros los canarios nos asisten innegables derechos geográficos y además históricos, porque la geografía para nosotros ha sido nuestra historia forzosa y diferenciada.

En ese trabajo de convencer a nuestros interlocutores españoles y europeos de estas circunstancias nuestras y de elevar y de transformar esas circunstancias a categoría de autogobierno con manos libres, debemos buscar entre todas las fuerzas políticas de Canarias, primero, por lógica ideológica, entre las nacionalistas, y luego, por simple lógica estratégica, también entre las no nacionalistas, un entendimiento y una inteligencia negociadora capaces de colocar a nuestro pueblo a la altura competencial y política que los nuevos tiempos nos exigen a todos. A todos.