Universidad
Juan Manuel
García Ramos
El pasado miércoles treinta de
marzo pude asistir a una de las juntas de
El punto del orden del día de esa sesión que despertó el interés de los
asistentes fue el referido a la puesta en vigor en dicha Facultad del Reglamento
General de Verificación de las Obligaciones Docentes del Profesorado, aprobado
en Consejo de Gobierno de
Realmente se trata de una nueva manera de ver las cosas desde el punto de vista
de la docencia universitaria que ha levantado muchas protestas de los
profesionales, aunque algunos hayan acatado la medida con un servilismo del que
no merece la pena hablar.
Cuando veo a las universidades en procesos de burocratización como el aludido,
no puedo dejar de pensar, como ex consejero del Gobierno de Canarias durante
algunos años, en las consecuencias que procesos parecidos tuvieron para las
enseñanzas medias, esa etapa tan crítica para los jóvenes de nuestros días, en
especial para todo lo referido a la moral del profesorado de ese escalón de
nuestro sistema educativo.
Como contamos hace unos meses en estas mismas páginas, uno vio caer a los
institutos de enseñanza media en la fosa común de la mediocridad y la
burocratización de sus sagradas tareas a través de las sucesivas leyes de malaeducación aprobadas en el tardofranquismo
y en la neodemocracia.
Tales leyes -casi a ley por ministro- echaron por los suelos el prestigio del
profesorado de esa escala de la instrucción pública y lo abocaron al hastío
profesional, a las bajas por depresión y a la prejubilación como paliativo
menos traumático. Y como resultado general: el mayor fracaso escolar de Europa.
Nadie sabe cómo fue pero entre todos la mataron.
Entre reformas incesantes, claustros agotadores, insubordinación de alumnos y
padres-madres metomentodos, el profesorado de medias perdió no sólo prestigio
social sino hasta autoestima, esa pizca de autoridad y casi soberbia que
necesita cualquier docente para enseñar lo que sabe.
¡Consumado ese proceso tan destructivo para la
enseñanza no universitaria, ahora parece tocarle a la enseñanza superior. ¿Cómo
no?
Yo creo que esta vez los burócratas -esas mentes fiscalizadoras y oficinescas
en perpetua vigilia- van a por él: a por el profesor universitario, me refiero.
El cerco se cierra de modo implacable.
Reglamentos como los aprobados por el Consejo de Gobierno de la universidad
lagunera el nueve de febrero pasado exigen firmas antes, mientras, después de
las clases presenciales, no presenciales,
tutorías, consejos de departamento, juntas de facultad, claustros y muchísimas
otras convocatorias absurdas a las que se somete sin tregua alguna al docente
universitario. Del número de horas que conlleva preparar una clase no se habla
en ningún párrafo.
Exigen todos esos requisitos a pesar de que en el preámbulo de tal norma se
reconozca, con un paternalismo indisimulado, que los
planes de mejora de la calidad docente no "aluden expresamente a la
necesidad o conveniencia de verificar el cumplimiento de las obligaciones
docentes" tal y como a continuación se especifica en las
"Disposiciones generales" del mismo texto reglamentario.
Algunos responsables académicos están decididos a culminar una tarea en el
escalón educativo que faltaba por malear.
Humillados y desalentados los profesores no universitarios, ahora hay que
acabar con los universitarios.
Lo importante no es dar una buena clase o escribir un libro que contribuya de
verdad al conocimiento, lo que se persigue por parte de la administración es la
mera constancia formal, ofensiva, de que se ha entrado a clase -y se ha salido-
o se ha editado algo con ISBN y cierto número de páginas, para otros casos.
Controlando la tarea docente e investigadora de una manera coactiva y vejatoria
al fin y al cabo se controla y degrada a esa clase intelectual tan molesta a
algunos poderes. Y además se estimula el individualismo, la rivalidad malsana
-no la leal competencia- y la insolidaridad corporativa.
Ya hay un gran número de docentes e investigadores universitarios que empiezan
a preferir su jubilación antes de seguir ejerciendo, en una atmósfera de
desconfianza generalizada, la profesión que amaron durante toda su vida.
El solemne derecho constitucional a la libertad de cátedra salta cada día hecho
pedazos por la mala interpretación que de él hacen las autoridades competentes
e incompetentes.
Dije más arriba que había asistido a una junta de
Las leyes, los decretos y los reglamentos pueden obligarnos muchas veces a
tareas indeseables, pero siempre nos queda la posibilidad de la respuesta
crítica y el cuestionamiento radical de normativas no tanto exóticas como
inaceptables, provengan de donde provengan.
En esa junta aludida comprobé que el espíritu universitario sigue vivo entre
mis colegas, sobre todo entre mis colegas más veteranos. El debate que
protagonizaron en esa ocasión fortalece nuestro ánimo y nos ayuda a pensar que
quizá todavía merezca la pena seguir luchando para que ciertos personajes no
acaben, así como así, con una acendrada concepción de la enseñanza superior.
Sin un profesorado motivado social, moral y profesionalmente no hay sistema
educativo que valga. La creatividad que exige la docencia y la investigación
universitarias -actos en sí mismos esencialmente irrepetibles-
no puede confundirse nunca con un régimen funcionarial sin más.
Un sistema de control docente e investigador basado en la desconfianza, en
lugar de en la libertad y la responsabilidad -hasta hoy supervisadas
saludablemente por decanos y jefes de departamento, que saben muy bien lo que
es una clase en una tarima universitaria-, es un sistema que quiebra la misma
convivencia académica y que sólo parece buscar la humillación del profesor, en
lugar de su prestigio y dignidad.
El Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de
Una vez más se ha colocado el carro por delante de los bueyes. Pero yo me quedo
con lo que oí en un aula magna el treinta de marzo a algunos colegas y a
algunas colegas todavía en posesión de ese espíritu crítico que avala cualquier
conducta universitaria. No todo está perdido.