Eso es lo que seguramente sentiría el mitológico Dios griego de los vientos -hijo de Zeus y de la ninfa Menalipa, o descendiente de Poseidón, según las tradiciones-, al descubrir ahora la "alternativa" tomada por algunos en la gestión de esa energía, pretendiendo adjudicar parques eólicos con procedimientos administrativos nada ortodoxos.

Toda una artimaña de "ingeniería político-financiera" para el enriquecimiento ilícito de los encartados, que a mí personalmente, me produce una indignante vergüenza ajena, ante la continua degradación de la actividad política en Canarias, y las corruptelas instaladas en nuestra sociedad. Un espectáculo bochornoso este, de la llamada "rama eólica", que no hace sino confirmar que aquí vale todo para "capitalizarse", y donde la justicia ha tenido que actuar ante los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada.

Hechos, presuntamente cometidos -la justicia dirá la última palabra-, por un ex alto cargo del Gobierno autonómico, su "asesora" en paraísos fiscales (de Paraíso a paraíso, y tiro porque me toca); cierto funcionario muy poco "honorable", y algunos avispados supuestos empresarios o "businessman", perfectamente conocedores del entramado político-económico de la colonia.

Situación de corrupción que, por otra parte, interesa a España, que la fomenta, y que aparte de tener cogida por los genitales a la "clase dirigente" canaria, tiene la excusa perfecta para seguir sosteniendo la falacia de que "no se nos puede dejar solos", porque mira que prácticas tenemos para autogobernarnos y gestionar nuestros asuntos, aunque allá arriba sea muchísimo peor.

Para los que diariamente asistimos estupefactos al progresivo deterioro de la vida en Canarias -el "Paraíso Perdido"-, en todos los órdenes, y que los políticos tratan de minimizar continuamente, cuando no ocultan descaradamente, este asunto no nos sorprende porque no es nuevo, ni será el último.

Solo es la punta de un enorme iceberg (que para nada tiene que ver con el deshielo de los casquetes polares, por el cambio climático), de la escandalosa corrupción generalizada que existe en nuestro Archipiélago; que salpica a todos los estamentos de la sociedad, que se muestra incapaz de articular mecanismos que restituyan la absoluta falta de valores.

Y donde la clase política, sin excepción, está bajo sospecha, y sobre la cual recae la carga de la prueba, como ya he señalado en diversas ocasiones. O sea, que a la "presunción de inocencia" a la que todo ciudadano tiene derecho, aquí hemos pasado a la "presunta culpabilidad", dada la proliferación de prácticas deleznables en el ejercicio del poder político y económico, con la única bandera del enriquecimiento rápido, al precio que sea.

Pero, esta cuestión tiene otras connotaciones. Muchos canarios nos preguntamos, no sin cierto desasosiego, que está pasando en nuestra tierra, que no somos capaces de sacudirnos de encima la rémora del colonialismo español. Porque, la "españolidad de Canarias" llega a tal extremo, que las Islas son, desgraciadamente, fiel reflejo de lo que sucede en la metrópoli; en la cual, la política se ha judicializado, y la justicia se ha politizado hasta unos límites insoportables.

¿Dónde está la "división de Poderes" que propugnara Montesquieu?. Cuando el Ejecutivo "irrumpe" en el Legislativo y en el Judicial, y se entremezclan los intereses, algo muy grave está pasando en la Democracia española, si los tres pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho, no cumplen con absoluta independencia y plena eficacia sus respectivos cometidos.

No se entiende muy bien -por mucho esfuerzo de "intelectualidad democrática" que uno haga-, como si el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado, éste pueda actuar libremente, por mucha independencia de criterio que se le suponga, y no estar, en alguna medida, mediatizado o condicionado en el pulcro ejercicio de sus funciones. Cuando lo lógico y razonable sería, que dicho nombramiento fuera efectuado en el seno de la carrera fiscal.

Otro tanto ocurre, con la forma verdaderamente intervencionista en la que los Partidos Políticos "acceden" a los Órganos Judiciales, mediante las "cuotas" de jueces y magistrados acólitos o afines a tal o cual formación política.

Pues bien, todas estas "prácticas viciosas" en un Sistema Democrático que se precie, las estamos padeciendo doblemente en Canarias. Primero, porque hasta aquí llegan los "ecos" de los tres Poderes del Estado, propiciados por nuestro anacrónico "status" político-jurídico. Y segundo, porque los partidos políticos sucursalistas que operan en el Archipiélago, son meras correas de transmisión de todo lo que ocurre a nivel del Estado; por lo que aquí, se dan también -convenientemente corregidas y aumentadas, en su caso-, las situaciones de todo tipo que se dan allí.

No es, pues, de extrañar que, con independencia de la impoluta actuación de la justicia en la denominada "operación Eolo", los abogados defensores personados en la causa, hayan denunciado algunas "lagunas" procedimentales que afectan al "hábeas corpus" de los encausados; y analistas que no toman partido, observen con objetividad, que detrás hay cierto partidismo y una estrategia perfectamente diseñada de erosión del contrario.

Ello viene avalado, porque en Canarias ahora, cada partido político tiene su "propio medio de comunicación", que en lugar de actuar como el "cuarto poder" que sale en defensa a ultranza de los ciudadanos, es el órgano de expresión de aquellos, para "todo lo que haga falta".-

Canarias, febrero de 2006