Volvió Rajoy a Tenerife. Su visita no tenía más objeto que, una vez más, insistir en la perversidad del ’efecto llamada’, producido por la regulación del millón y medio de inmigrantes irregulares, explotados y sin derechos, que deambulaban en buena parte de las grandes ciudades y zonas agrícolas españolas cuando el PP perdió las elecciones el 14-M, sin que hubieran sido regularizados, ni expulsados.

Esa regularización tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. La exigencia de contrato de trabajo, compromiso de prestacion laboral y documentación oficial de acreditación evitó la proliferación de desaprensivos dispuestos a aprovecharse, mediante la venta de documentos falsos, de la necesidad de los inmigrantes, que caracterizaron las regulaciones anteriores, decretadas por los gobiernos del PP. Nadie podría utilizar billetes de metro, de autobús, papeletas de empadronamiento, certificados médicos o contratos de luz o agua para conseguir su regularizacion.

CC.OO. manifestaba que "la irregularidad del inmigrante sólo conduce a la sobreexplotación y a situaciones inhumanas y degradantes", inadmisibles en un país democrático. UGT consideraba que "los efectos más positivos del proceso de normalizacion serían visibles a medio y largo plazo".

La pretendida contrariedad de algunos dirigentes de la Unión Europea por la regularización fue desmentida por el comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Comision Europea, Vladimir Spidia, que respaldaba al Gobierno español, porque "todas las personas en la UE deben tener un trabajo legal que respete las condiciones legales del mismo". Según el Banco de España, la regularización de inmigrantes no sólo ha influido decisivamente en el crecimiento de la economía, sino que aplaza la prevista crisis del sistema público de pensiones de 2012 hasta 2025.

Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo del PP, declara que "como siempre, se oyen voces demagógicas asustando con las hordas que acudirán por el ’efecto llamada’, intentando atemorizar a la población con toda clase de plagas bíblicas. Somos muchos los que nos hemos felicitado por el procedimiento abierto. No tenía ningún sentido mantener la hipócrita actitud de saber que necesitamos de los cientos de miles de inmigrantes que viven con nosotros y no quererles reconocer sus derechos".

Rajoy parece haber olvidado las declaraciones de Ana Botella, a la sazón concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. En una carta dirigida a la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, ofrecía su "colaboración entusiasta para llevar a buen término este importante proceso para el país, un proceso en el que tantas esperanzas tienen cientos de miles de trabajadores inmigrantes y que es positivo para el conjunto de la convivencia".

Rajoy, con la manta esperancera, ratificó la candidatura de José Manuel Soria a la Presidencia del Gobierno de Canarias, defendio la participación de Soria en la Comisión que investiga la ’trama eólica’ y proclamó que "somos el mejor partido politico de España, el más simpático". Si él lo dice, mostrando la misma cobardía que el resto de dirigentes del PP, no hizo ninguna referencia a las inadmisibles acusaciones y descalificaciones a Ruiz-Gallardón realizadas por Federico Jiménez Losantos en la COPE. Por cierto, esas descalificaciones vienen de lejos, pero su intervención en el Foro de ABC tampoco puede decirse que sea "de izquierdas", ya que Gallardón opinó sobre la necesidad de pasar la página del 11-M y atacar al Gobierno por lo que ha hecho, desde ese día hasta ahora. Esas manifestaciones desencadenaron una tormenta de insultos por parte del ’más cristiano’ propagandista de la emisora de los obispos: "Traidor", "caradura", "siniestro", "bandido" o "lacayo del Gobierno", para completar con "da igual que haya 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno, te da igual con tal de llegar tú al poder".

Unos días después, le preguntaron a Rajoy qué le parecían los insultos dirigidos contra el alcalde de Madrid. El presidente del PP, temeroso -a él Losantos lo llama ’Maricomplejines’-, sólo fue capaz de responder: "Son cosas de la política".

Por fin, después de dos años de permanente crispación e injustificadas amenazas, sobre las "terribles" consecuencias que tendría su aprobación para los catalanes y el resto de españoles, se ha aprobado el nuevo Estatuto de Cataluña. Nada ha saltado por los aires. Tampoco se ha roto España. Ha acudido a las urnas el 49, 41% del censo electoral. La abstención sumó el 50,59% de los electores. El PSC, IU-LV y CiU solicitaban el voto afirmativo, que obtuvo un 73,90%. Esquerra Republicana pedía el rechazo al Estatuto, por considerarlo insuficiente para sus exigencias, y el Partido Popular coincidía con ERC con el eslogan "Di no", pero sus razones eran opuestas: el Estatuto era inconstitucional. Sumados los votos de ambas posiciones, sólo alcanzaron el 20,76% de los votantes.

Sin embargo, los dirigentes del PP y sus terminales mediáticas han dirigido todo su esfuerzo a la manipulación de los resultados del referéndum e intentando un nuevo engaño a los españoles, pretendiendo transformar una estruendosa derrota en un triunfo: "Sólo el 35% de los catalanes han aprobado el Estatut" era la cantinela de sus dirigentes. Intentar apropiarse de la abstención, que ninguna formación política había pedido, sumándola a los ’no’, como si respondiera a una sola causa, es un ejercicio de desvergüenza política. Cuando todas las encuestas publicadas los días anteriores al referéndum mostraban una enorme diferencia entre los que se manifestaban a favor del Estatuto y los que lo rechazaban, parece lógico pensar que, muchos de los que tenían intencion de votar ’sí’ decidieran quedarse en casa o disfrutar de la playa, porque su voto no era imprescindible.

Resulta curioso que el PP no cuestionara sus más de veinte años gobernando Galicia, sobre el resultado de la votación del Estatuto, celebrado el 21-12-1980, cuya abstención alcanzó el 72% y los votantes sólo el 28%. Tampoco, han tenido el menor complejo ético en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para coaligarse con Coalicion Canaria, pese a que la abstención, no en un referéndum, sino en elecciones municipales, rozó el 49%.

El Gobierno y la gran mayoría de los ciudadanos defienden el derecho a buscar el fin de la violencia en el País Vasco, con la esperanza de ser testigos de la desaparición de la banda de asesinos etarras y la incorporación de sus apoyos políticos a la legalidad democrática. Pero, deberían ser conscientes de que la dirección del PP, sus controladores políticos desde FAES, sus ideólogos mediáticos y los que, con indisimulada ambición política, manipulan algunas organizaciones de víctimas del terrorismo, no van a tolerar que la culminación del proceso de paz se consiga por el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. Utilizarán todos los medios a su alcance, lícitos o menos lícitos. Les importa poco la crispación, la división o la confrontación, política o civil, alimentada desde posiciones anquilosadas en el tardofranquismo más profundo, o en el más moderno neofascismo, con pinceladas de antiguos comunistas "de izquierdas", reconvertidos a la derecha más ultramontana e incrustados en los medios de comunicación más reaccionarios.