Como cada año, la Confederacion Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), creada en 1949 y que actualmente cuenta con 155 millones de afiliados de 236 organizaciones de 154 países, ha publicado su informe anual sobre la violación de los derechos sindicales en el mundo, sin que pueda observarse ninguna tendencia positiva sobre el incremento progresivo de la represion sindical en los países con democracias consolidadas, en los que tienen regímenes cuyos perfiles democráticos son más formales que reales o en aquellos en que la democracia sólo es una mascarada para ocultar sistemas dictatoriales en los que la policía, el ejército o los grupos de mercenarios armados actúan como elementos de represión de las libertades públicas, políticas y sindicales.

Es posible que, en algunos países, los sindicatos hayan perdido su capacidad de lucha, se hayan adocenado sus dirigentes e, incluso, puede que algunos hayan vendido su decencia ante los poderes económicos o políticos, pero decenas de miles de sindicalistas en todo el mundo arriesgan su empleo, libertad y seguridad e, incluso, arrostran el peligro de perder la vida por mantener su promesa de defensa de los intereses de los trabajadores.

En 2005, 115 sindicalistas fueron asesinados. Más de 1.600 sufrieron agresiones violentas y casi 9.000 padecieron encarcelamientos. Alrededor de 10.000 trabajadores fueron despedidos por sus actividades sindicales. El secretario general de la CIOSL, Guy Ryder, declaraba en la rueda de prensa del inicio del Congreso: "El informe de este año revela tendencias muy preocupantes, especialmente para las mujeres, los trabajadores migrantes y los funcionarios del sector público. El número de muertes fue ligeramente inferior en 2005 que el año anterior, pero estamos siendo testigos de una intensificación de la violencia y la hostilidad contra los trabajadores y trabajadoras que pretenden defender sus derechos".

En América, la mayoría de las violaciones de los derechos sindicales se deben a las empresas multinaciones, sobre todo las instaladas en las Zonas Francas Industriales (ZFI). El aumento de la economía sumergida, el incremento de la precariedad laboral, la falta de celo de los tribunales en hacer cumplir la legislación laboral y la complicidad, descarada o disimulada, de los gobiernos son los elementos necesarios para una explotación inhumana y la represión brutal de quienes se atreven a denunciar o rebelarse contra tal situación.

Colombia continúa siendo el país más peligroso para los sindicalistas. Más de 70 de ellos fueron asesinados y 260 recibieron amenazas de muerte, en un clima de persistente impunidad para los mercenarios o grupos armados al servicio de intereses de empresarios sin escrúpulos. En Guatemala se ha incrementado el clima de violencia, especialmente contra las trabajadoras, en los sectores de banca, educación y agricultura. En Brasil ocho sindicalistas campesinos cayeron bajo las balas de pistoleros. En México y la República Dominicana la ley continúa ausente de las Zonas Francas Industriales. Sistemáticamente, las empresas multinacionales instaladas violan los derechos de los trabajadores, en base a salarios bajos, jornadas abusivas y ausencia de protección social.

En EE.UU., el Gobierno Bush ha continuado su ofensiva contra la libertad sindical y la negociación colectiva, para reducir la influencia de los sindicatos. Utilizando el Consejo de Relaciones Laborales, se organizan agresivas campañas antisindicales, con el objetivo de lograr que los trabajadores desconfíen de las únicas organizaciones que defienden sus intereses. Esa campaña ha sido copiada por muchos gobiernos provinciales de Canadá. La cadena de supermercados Wal Mart, que se había visto obligada a reconocer un sindicato, decidió cerrar la tienda y pagar las indemnizaciones a sus trabajadores, para impedir que el éxito sindical afectara al resto de sus supermercados. Los métodos "normales" de esta empresa van desde la intimidación y las amenazas hasta la utilizacion de espionaje electrónico, para evitar el establecimiento de sindicatos.

Lo mismo ocurre en Bangladesh, India, Pakistán, Filipinas, Birmania, Corea del Sur, Camboya y Sri Lanka. En Irán continúa siendo extremadamente peligroso protestar por los incumplimientos en el pago de salarios, por los despidos injustificados o por la creación de sindicatos. En Japón permanecen vigentes importantes restricciones legales a la sindicacion en los servicios públicos. El Gobierno de Australia se muestra como uno de los más antisindicales del mundo desarrollado. Ha promulgado una nueva legislación que impone importantes restricciones en materia de sindicalizacion y negociación colectiva.

En Oriente Medio, las huelgas y protestas de los trabajadores son reprimidas de forma violenta por la policía. Son numerosas las denuncias por agresiones y tortura de los sindicatos. Los trabajadores migrantes, mayoritarios como fuerza laboral, siguen siendo objeto de explotación y están privados de los derechos laborales más básicos.

África es el continente más pobre del mundo y donde más restricciones existen al derecho de sindicalización y negociación colectiva y mayores niveles de represión contra el sindicalismo libre. Las restricciones impuestas a la sindicalización, la negociación colectiva o el derecho de huelga obligan a los sindicatos a ejercitar esos derechos e incurrir en ilegalidades que motivan la violenta represión en la que, en muchas ocasiones, se producen víctimas mortales, cada vez más frecuentes. En Sudán, Egipto y Libia no se permite la creación de sindicatos independientes y democráticos. Solamente se permiten aquellas organizaciones sindicales controladas por los gobiernos.

En Europa son cada vez más evidentes los intentos de las patronales, en algunos casos con la colaboración de los gobiernos, de desmantelar el diálogo social y reducir los niveles de protección social alcanzados después de muchos años de lucha sindical. Al mismo tiempo, los regímenes surgidos de la desmembración del Imperio Soviético, Moldova, Polonia, Belarus, Lituania y Federación Rusa continúan poniendo dificultades para aceptar el sindicalismo libre, no controlado por los gobiernos.

En Turquía se produjeron actos de violencia contra los docentes en huelga y más de 500 trabajadores fueron despedidos por sus actividades sindicales. Incluso, el Gobierno de Alemania continúa negándose a levantar la prohibición del derecho de huelga en el sector público. En Malta se han producido amenazas de muerte a sindicalistas, incluida una contra la madre de un sindicalista. La compañía de catering Gate Gourmet se ha distinguido por sus acciones represivas en Alemania y Gran Bretaña.

En España existe libertad sindical y de negociacioan colectiva. Sin embargo, determinados colectivos de trabajadores no tienen derecho a sindicarse o lo tienen fuertemente restringido. Los miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Autonómicas, así como los jueces, magistrados y fiscales no tienen libertad de sindicación.

Los niveles de contratación temporal, los mayores de los 25 miembros de la Unión Europea, indirectamente, condicionan la libertad de sindicación, la igualdad salarial y de las condiciones laborales. Los contratos temporales superan el 32%, de los que el 63% corresponde a trabajadores inmigrantes. Las multinacionales, a las que se le hicieron concesiones fiscales y se les regalaron terrenos para instalarse, han decidido ajustar plantillas o, incluso, trasladar sus instalaciones a otros países donde las condiciones laborales y la presencia sindical hagan más fácil la explotación de los trabajadores.