Nuestra sociedad sigue insensible a dos lacras, que se hermanan en la misma raíz: la violencia. Violencia de género, y violencia discente, entre los alumnos, y docente, de alumnos a profesores.

La violencia está incrustada en nuestra sociedad como una forma de vivir. Como un tumor cerebral que va rebajando el grado de conciencia colectiva e individual. Como un cantar sordo que hiere, temporalmente, en los instantes de oír y ver, los oídos y ojos de los semejantes, y al instante, cauteriza de forma total los sentidos, la inteligencia, y la conciencia de los ejecutivos y gestores políticos de turnos. Y se redacta y expresa así, de forma categórica, por tramitar personalmente casos de absoluto desamparo profesional docente. Y creo sí, con certeza, que en los cuatro años últimos los gobiernos regionales y el nacional, de color dispar cada cual, han legislado aquello que a su alcance, capacidad e ideología les apremiaba. Se ha modernizado y adecuado el Código Penal a las circunstancias violentas emergentes. Se han promulgado leyes cuya finalidad era frenar los actos de violencia, programando formaciórn específica en los planes de enseñanza, en los campos de los profesionales docentes, y sanitarios, y la creación de órganos sociales, que nunca antes se había pensado. Anoto con regocijo la Ley Orgánica 1/2004 de 28 del 2004.

Y sin embargo la violencia sigue en aumento. La sociedad, y la familia y el centro escolar en sus gestores, no han sabido distinguir aquellos comportamientos personales, y sociales de los alumnos de talante altanero, de pérdida de juicio elemental y discriminativo, y de confusión entre lo exigible, y lo no exigible, por lo que, en la vida y conducta de los jóvenes se ha convertido todo, en un hacer, obrar e increpar, y atribuir estados, e insultos a los profesores, guiados por el mínimo esfuerzo, y el miedo de los directivos a la exigencia de un orden, un comportamiento, y una conducta adecuada a la educación, a la formación, y a la maduración del discente. Y siendo justos, y aunque me duela la afirmación, la lacra se extiende más en los centros públicos que en los concertados. Tal vez porque son los públicos los centros que han de admitir a los alumnos expulsados de los concertados, y los niveles socioeconómicos son otros.

1. - La violencia que atormenta a nuestros ejecutivos y sociedad, hoy, es la violencia de la sangre, la violencia del hombre frente a la mujer, amiga, pareja o ex, por la presión social y la inestabilidad que engendra en los espectadores y sociedad. Desde el gobierno central se atajó legislativamente con la Ley Orgánica citada. Una ley completa, integral, horizontal, y con exigencias muy concretas en los ámbitos docentes, sanitarios y jurídicos profesionales. Se habla y se escribe mucho en estos últimos días, y de forma desesperada en los medios de la violencia en los centros de enseñanza. 'La Gaceta' inició ya, en el mes de septiembre, con artículos y editorial a puntualizar y resaltar el problema de la violencia, rebautizada, hoy, de la forma más llamativa: movida en las aulas, la violencia en la Escuela, conflicto en las aulas. Los tres titulares vienen a sintetizar, resaltar y denunciar las últimas lamentaciones y conductas, a escala nacional, y regional, de la violencia discente. Y sin embargo se está viviendo en nuestros centros docentes otra violencia que no es de sangre de igual a igual. La violencia frente al profesorado: la violencia del abandono del profesorado por la administración. La violencia por acoso, insultos, atribuciones de vicios denigrantes para la profesión docente, que marca a muchos profesores en nuestra región, como personas arrasadas y sumergidas en la depresión, en la incapacidad médica y legal, para su profesión, y en la frustración docente, profesional y personal. Días pasados salió en los medios resumen de especialista letrada en temas de violencia docente, interviniente en un foro canario, sirviendo esta observación: la violencia frente al profesor está aumentando, está castigando a muchos profesionales de la enseñanza. Y está conduciendo irremediablemente a los mismos a la incapacitación laboral, por abandono de las direcciones de los Centros.

2. - Efectivamente, nuestra enseñanza pública siembra, cultiva, y desarrolla una nueva enfermedad incapacitante en los profesionales de la enseñanza, que se llama acoso, insulto, violencia, presión moral y profesional, y que explica el número de sustitutos de los centros públicos: depresión en los profesores producida, y provocada por la incapacidad de las direcciones a enfrentarse con los alumnos insidiosos y violentos frente a los profesores. Si cada vez que los alumnos, reproducen en el centro una conducta irresponsable y lesionante a los derechos de los profesionales, enjuiciaran de forma ejemplar a los alumnos actores del bochorno, de las amenazas, y de las injurias, e insultos hacia los profesores, y los señores inspectores a quien se solicita amparo, desarrollaran su actividad de analizar los hechos descarnadamente, y no inclinarse parcialmente hacia la orilla de las directivas incumplidoras de las exigencias del respeto y el orden, las depresiones profesionales en los centros, no serían tan benévolas, variadas y ofertadas como si se tratara de la venta de un producto a liquidar.

Hay hechos y conductas, y hábitos en las administraciones públicas, que simplemente para orillar a profesores de edad, o en estado de baja provocada por los comportamientos descritos, adoptan como báscula de paz, la remisión de los profesores afectados al tribunal de incapacidad. De esta forma y manera, se añade administrativamente, una plus de sufrimiento al profesor afectado, que se ve, rechazado del sistema profesional, en un arranque totalmente culpable de quienes en el momento oportuno no supieron, no quisieron, o se encontraban incapacitados para tomar decisiones drásticas, para terminar con una remisión y oferta de incapacidad, como si fuera un premio, y en la vida real y de dignidad, es una aparcamiento de personas, de la misma insensibilidad y rutina, como si fuera el aparcamiento de un vehículo siniestrado.

Pero lo que sucede, es que, quien paga el siniestro en este caso, es la persona, que arrastrará en su vida, el final triste de una profesión iniciada con entusiasmo, aunque las peticiones de responsabilidad sea atendidas. Triste recompensa.