Víctor Rodríguez, tras perder su demanda por denuncia falsa,

obligado a pagar las costas

 

 

A veces se gana y a veces se pierde, pero cuando se pierde siempre, entonces sucede lo que sucede, que hay que pagar las campañas y las batallas que se emprenden sin saber el resultado de las mismas. Algo de eso le ha ocurrido al constructor y empresario Víctor Rodríguez, de Tegueste, uno de los protagonistas del caso Bango y que lleva años intentando castigar y meter en la cárcel a Francisco de la Barreda especialmente, el cual ha conseguido todo lo contrario, que es desinflar sus ansias, derrotarlo él mismo en los juzgados y finalmente que pague de su bolsillo su paso por los tribunales de Justicia.


El último episodio se dio en el juzgado número dos de Santa Cruz de Tenerife donde el empresario, ensoberbecido por amigos y periodistas deseosos de saquearle sus cuentas corrientes, se lanzó, apoyado por un despacho de abogados catalán contra Francisco de la Barreda, Julia Bango, Carlos Obón, José del Toro y Juan José de Armas. Fue una dura batalla en los medios y en el juzgado, pero a pesar de los fuertes apoyos que despierta y tiene el constructor, no consiguió sino que el juez desestimará su demanda y lo castigará al pago de las costas. Quedaron así callados sus boleros, muerta su página web y arruinado su prestigio, ya que al final su campaña de firmas contra la Justicia en vez de ponerlo en evidencia a él lo hacía con todo el que depositaba sus señas en un escrito que iba en contra de los jueces y fiscales de la provincia.


El último acto de este caso Bango que tanto daño le hizo al PP a finales de los años 90 es la tasación de costas por parte del secretario del juzgado número dos a cargo de la acusación particular, Víctor Rodríguez Rodríguez, respecto de las causadas a Carlos Obón, José del Toro y de procuradores. La suma del pago de los honorarios de dos abogados y de una procuradora le reportan al constructor un total de 22.833,85 euros en gastos judiciales. El escrito judicial tiene fecha de 14 de febrero.auto de 14 de febrero establece que el empresario debe pagar 22.833,85 euros.