Cabezas de turco

María Vacas Sentis

Vivimos en el paraíso del surrealismo (y no lo digo por el estreno de la película sobre Óscar Domínguez); de otro modo no se puede calificar el maquiavélico intento del Gobierno canario de culpabilizar del deterioro del sistema educativo al profesorado, al que intenta enfrentar a los padres por vía oral y escrita para así justificar su enroque -ni un duro más, dicen- ante su legítima demanda de homologación salarial, y de paso salir indemnes de su inherente responsabilidad en la gestión de la enseñanza en el Archipiélago. Y este ejercicio de acrobacia se produce –no se lo pierdan- ¡después de haber permanecido por más de quince años al frente de la Consejería de Educación!

La Unesco sitúa a España en el lugar 26 del mundo en lo que respecta al funcionamiento del sistema educativo, y nuestro país encabeza la UE en cifras de abandono escolar prematuro y malos resultados en materias básicas como matemáticas o lengua, como revela sistemáticamente el informe Pisa. Fue un gran error la Ley socialista de 1985 que consagró el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada, y que premia la memoria y no la pedagogía en las oposiciones de acceso a la docencia. Pero las cifras de fracaso en Canarias son todavía peores; tres de cada diez alumnos abandona la enseñanza obligatoria. La educación se limita a barnizar una estructura socioeconómica cada vez más desigual e injusta.

Recibí en estos días una carta de una profesora de un instituto público. Se trata de una mujer que cree y defiende lo público, y que ha secundado la huelga. Me cuenta cómo han empeorado sus condiciones laborales en los últimos años; me habla de la pérdida de ilusión de los docentes, de su sentimiento de soledad ante su injusto descrédito social; de cómo quienes debieran valorarles les menosprecian ante la opinión pública (igualito que en Finlandia), y me relata sus esfuerzos diarios por motivar a una mayoría de niños mal acostumbrados a tener todo sin esfuerzo; jóvenes hijos del Dios consumo, criados ante una pantalla, con unos padres ausentes en las tardes a causa de los infrahumanos horarios laborales de este país, que increíblemente ningún partido político propone equiparar urgentemente a los europeos.

En su carta esta profesora critica la ineficaz gestión en las sustituciones de docentes por parte de la Consejería, que provoca que los alumnos permanezcan 10 ó 15 días sin recibir clases de algunas materias; o que no se cuente con suficientes docentes de apoyo (en algunos centros han menguado o se comparten) para atender a niños con necesidades especiales, pese a incrementarse el alumnado; se pregunta para qué sirve un departamento de Inspección que en la práctica no inspecciona, y no entiende por qué no se expedienta al profesor inepto en lugar de culpabilizar a un colectivo de 30.000 personas.

Esta maestra es consciente de que la responsabilidad de permitir que los centros concertados no acojan en sus aulas a inmigrantes -el 75% va a la pública-, a niños de familias con bajo nivel económico o con necesidades especiales, no es culpa tampoco del profesorado, que se ve incapaz en esas circunstancias de dar una correcta atención individualizada a cada alumno, sino de la Consejería, que debería vigilar la aplicación de los criterios de admisión en los centros privados, que imponen cuotas extra a las familias para obstaculizar la matriculación de alumnos de menores ingresos –entre otras triquiñuelas-, para cribar a los niños.

Esta docente critica que se diga que la huelga es un chantaje, y no un derecho democrático para defender unas reivindicaciones apoyadas por un 80% del profesorado en referéndum. Pide que no se omitan datos, porque aunque los salarios de los profesores canarios en los primeros años de carrera se sitúan en los puestos altos del ranking del Estado, con el paso de los años quedan muy por debajo. No está de acuerdo con la vinculación de las subidas salariales (aprobada en el Parlamento en 1991, como ha recordado García-Ramos) a objetivos de "calidad" o contrapartidas que, en la práctica, la mayoría viene realizando; y llegado el caso, propone: ¿por qué no vincular también entonces los generosos sueldos y permanencia en el cargo de los gestores públicos al cumplimiento de objetivos cuantificables mediante auditorías, como plantea el omnipresente Sarkozy para sus ministros?

Fuente: Diario de Avisos, sección de opinión, martes 26 de febrero