Canarias desaparecerá antes del 2020

Gonaiga

Si de alguna manera podemos calificar la procedencia de los argumentos de quienes, para defender la españolidad de Canarias, afirman que nuestro archipiélago no es ni fue una colonia porque aquí jamás se instalaron empresas típicamente coloniales, como la Compañía Guipuzcoana, Consejo de Indias o la Casa de Contratación, podemos, para tales afirmaciones, utilizar, en una apreciación inequívoca y cercana, que estas proceden de la más ignominiosa y profunda ignorancia supina.

Esta presunción o ficción olvida mencionar, por ejemplo, al Tribunal de la Inquisición o al Cabildo, típica institución colonial española utilizada en los territorios americanos, pero también aquí, donde aún sobrevive, constituyéndose a día de hoy, como una curiosidad exclusiva de la “Comunidad Autónoma de Canarias”. Olvida que los territorios colonizados por los europeos sufrieron un desequilibrio entre población y recursos, o que el imperialismo llevó consigo la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones originarias e injertó en ellas pautas de conducta, educación y mentalidad de los países de los colonizadores, o que la traumática ruptura de su estructura social supuso la adopción de las lenguas de los dominadores, conduciendo a un fuerte grado de aculturación.

La colonia provocó la modificación o destrucción de los ecosistemas naturales y en lo social, aunque en algunos casos hubo grupos autóctonos que fueron asimilados y pasaron a integrar parte de la cúspide social (Se trataba de las antiguas élites dirigentes), la inmensa mayoría de la población autóctona sufrió un generalizado proceso de proletarización. Finalmente, para mencionar lo político, ¿acaso nuestro Archipiélago Canario no sufrió un enorme grado de dependencia respecto a la metrópoli en función del tipo de organización administrativa que le fue impuesto?

En todo caso, a pesar de que a día de hoy Canarias está inmersa en una trampa político-jurídica en la que nos tienen atrapados las argucias “legales” del actual ordenamiento constitucional del Reino de España, que nos define como: Comunidad Autónoma, Región Ultraperiférica, Región de Ultramar o Archipiélago de Estado, no cancela el hecho de haber sido y seguir siendo una colonia propiedad de España y de Europa, y eso queda comprobado si comparamos las consecuencias que la colonia supuso en el pasado para los colonizados con nuestra actualidad. Sencillamente sucede lo mismo, con lo cual, lo que ha cambiado es la forma, más no el fondo.

También queda perfectamente demostrado con la tajante sentencia que hizo recientemente en Canarias Danuta Hübner, comisaria europea de Política Regional al expresar que:

“a nivel comunitario no se pueden establecer límites al crecimiento” de la población”

Y yo me pregunto ¿Por qué Canarias no puede limitar la residencia en su territorio y otros territorios “europeos” sí? Sencillo, porque somos ni más ni menos que un territorio colonial europeo.

El 1º de Enero de 1986 España y Canarias al ser su colonia, perdón, una comunidad autónoma del Estado español, se adhiere con éste (y con todas sus consecuencias) a la UE. Que cuenta actualmente con nada más y nada menos que con 27 países miembros y tres candidatos que son unas “perlas” (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia y Turquía).

Canarias pues, pertenece a Una Unión Europea que mantiene territorios que se extienden más allá del continente. Una Unión Europea que posee nada más y nada menos que un carácter supranacional e intergubernamental que ha desarrollado especiales relaciones políticas entre sus miembros que se traducen en el establecimiento de un mismo ordenamiento jurídico, y en la existencia y funcionamiento de sus propias instituciones comunitarias. Una Unión Europea que se sacó de la chistera el Acuerdo Schengen, que define una zona de libre circulación con la supresión de las fronteras comunes de los países firmantes. Mediante el Acuerdo Schengen los estados suprimieron los controles de las fronteras comunes, potenciando sus fronteras externas a fin de obstaculizar la inmigración ilegal de nacionales de estados no miembros de la Unión Europea, no así para los “especimenes” que provienen de las selvas de sus fronteras interiores.

A la ciega Una Unión Europea pues, le da lo mismo pan que asadura; es decir, le da lo mismo que nuestro Archipiélago Canario, posea unas características particulares limitadas que están estrechamente relacionadas con su territorio, con su geografía, con los obstáculos para generar recursos y por lo tanto con su aptitud de ofrecer bienes y servicios. Por ello, es un hecho contrastado que los constantes flujos migratorios legales e ilegales hacia el Archipiélago Canario han desbordado grave y radicalmente su capacidad de acogida y, por consecuencia, están generando un impacto negativo de gran presión social. Ya es insostenible la situación en que se encuentra la seguridad ciudadana, la educación, el medioambiente, nuestra geografía, los limitados recursos acuíferos, etc. En definitiva, situaciones que afectan a la propia estructura, ya que crea profundos desequilibrios evolutivos; especialmente en el ya deteriorado sistema canario de salud pública, que se ve rebasado por la incorporación masiva de más y más personas. A pesar de ello y de que el pueblo canario está hasta el gorro de este aluvión demográfico, deberá sin rechistar seguir obedeciendo los designios de los oligarcas insulares y los de sus políticos títeres, además de los designios de la metrópoli, con su Borbónica Majestad incluida, y ahora y cada vez será más los de la Unión Europea, quienes juntos nos miran y nos dicen con su acostumbrada y cantinfleada retórica que se la chupemos de atrás hacia adelante porque al contrario ya es costumbre.

Pero cuidado, porque si no se toman las medidas oportunas ante este cada vez más desalentador panorama, nos faltará poco, pero que muy poco para vernos inmersos en fronteras urbanas y entre uniones o divisiones de grupos sociales por nacionalidades, lo cual sin lugar a dudas va a generar conflictos y estallidos sociales de mucha envergadura.

A pesar del establecimiento de un mismo ordenamiento jurídico europeo, por parte de la Unión Europea y la existencia y funcionamiento de sus propias instituciones comunitarias en todos los países miembros, el derecho comunitario -en mi opinión- nunca debería primar sobre el nacional, más aún en aquellos casos en que las normas nacionales entran en colisión frontal con las normas comunitarias. Pero ilusos aquellos que piensan que España nos defenderá o ayudará ante la Unión Europea (nunca lo ha hecho, nunca lo hará), la única defensa que se podrá hacer oír es la que procuremos nosotros mismos.

Canarias es una nación que está conformada por una comunidad humana diferenciada, que posee unas características culturales, históricas, étnicas, lingüísticas y territoriales comunes que estructuran su singularidad, pero lamentablemente no tiene un estado propio, y esta enorme dificultad le impide tomar sus propias decisiones. Y un pueblo que es incapaz de tomar las riendas de su propio destino, está condenado a desaparecer irremediablemente. Tengamos por tanto conciencia de que el principio de la soberanía nacional sostiene que la nación es la única base legítima para el estado y que el principio de nacionalidad sostiene que cada nación debe formar su propio estado, coincidiendo las fronteras del estado con las de la nación, y un estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido.

Por todo lo antes expuesto, siempre seré reiterativo y monotemático en afirmar que si realmente queremos estructurarnos libremente sin injerencias externas y luchar por obtener la transformación del sistema existente para alcanzar un mayor nivel de desarrollo, justicia y equidad y, en consecuencia, mayor bienestar para todos, debemos apartar las ideologías, doctrinas o filosofías políticas en este momento; no es el momento de derechas o de izquierdas, ese espacio, ese momento ya se dará. Ahora de lo que se trata es de principios y valores, de unirnos en lo fundamental, de buscar y suscribir juntos un acuerdo substancial que nos permita construir una ruta, diseñar una estrategia y ceñirnos a unas tácticas que procuren la mayor cohesión posible de nuestro pueblo, y que procuren generar una matriz de opinión internacional favorable a nuestra independencia, de lo contrario, Canarias desaparecerá antes del 2020.