CAÓTICA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

COMUNICADO

El Comité de Huelga por la Homologación del Profesorado no Universitario de Canarias, ante la evidente caótica gestión del sistema educativo, catastrófica en este inicio de curso, que viene desarrollando el Gobierno de Canarias y ante la retórica malintencionada, hipócrita, cínica, demagógica, torticera, tendenciosa y falaz de algunos de sus miembros, especialmente su Consejera de Educación, quiere hacer constar ante la opinión pública lo siguiente:

1. Lamentablemente y muy a pesar de la ciudadanía canaria en general, pero sobre todo de las madres, padres, alumnos y profesores que conformamos cada una de las comunidades educativas de nuestra geografía, nos encontramos, por tercer curso consecutivo, inmersos en un conflicto educativo al que nuestro gobierno no ha querido, ni quiere, poner solución. Durante los 18 meses en que el profesorado ha venido reivindicando que se diera cumplimiento al derecho a su homologación, reconocido por la ley 4/91, el Gobierno de Canarias ha recurrido a toda suerte de subterfugios, maniqueísmos y triquiñuelas para, no sólo negar ese derecho, sino de paso, colocar a los docentes a los pies de los caballos, criminalizándonos ante nuestra sociedad y convirtiéndonos en chivos expiatorios de su pésima gestión del Sistema Educativo durante los últimos 15 años.

Durante estos 18 meses, el Gobierno de Canarias ha intentado hacernos renegar de ese derecho y para ello no ha dudado en utilizar los más impúdicos recursos:

· Mercadear con los sindicatos, ofreciendo acuerdos en base a los que, enterrando la reivindicación, pudiésemos ofrecer alguna cantidad “presentable” a los docentes a cambio de aceptar la aplicación adelantada en Canarias de una norma estatal, aún por aprobar (El Estatuto de la Función Pública Docente) y de que asumiésemos en exclusiva la responsabilidad sobre la calidad del sistema.

· Dividir la unidad sindical, intentando con ello dividir también al profesorado y creando una tensión explosiva, indeseable e improductiva en nuestros centros escolares.

· Difamar e insultar a los sindicatos díscolos y al profesorado, utilizando discursos incompatibles con la más mínima cota de cultura democrática.

· Cuestionar la profesionalidad, la dedicación y la calidad del trabajo de los docentes, haciéndolo mediante el uso de fondos públicos.

· Encargar informes “a la carta” al Consejo Consultivo de Canarias para justificar su negativa a reconocer la ley (recuérdese que este órgano no es vinculante y que lo integran representantes de las organizaciones parlamentarias y que fueron, precisamente las organizaciones que sustentan a este gobierno las que fallaron a favor de su tesis).

· Manipular la demanda generalizada de un debate profundo sobre las necesidades de nuestro sistema educativo y devaluarla hasta convertirla en una cortina de humo con la que poder velar el conflicto abierto.

· Castigar al profesorado y sus representantes sindicales, cerrando todos los foros posibles de negociación, incluida la propia Mesa Sectorial de Educación e imponiendo, a golpe de órdenes y resoluciones dictatoriales su política educativa.

Muy a su pesar y a su desmesurado esfuerzo, la reivindicación del profesorado y su voluntad de exigir el cumplimiento de su derecho siguen hoy más vivas que nunca, porque para nosotros y nosotras es ya más una cuestión de dignidad que de dinero. ¿Este gobierno no lo entiende o no lo quiere entender?

La actual coyuntura de crisis y la oportuna publicación de la fecha para la vista de un recurso jurídico sobre el incumplimiento de la Ley de la Homologación 4/91, han servido a este Gobierno, en los últimos meses, para redirigir su argumentación:

· La Homologación ha pasado de ser un tema tabú (implanteable como concepto de derecho) a convertirse en un litigio que deben resolver los tribunales y es que, según nuestro gobierno y muy a pesar de lo que nuestra Constitución establece a este respecto, sólo cumplirán la ley si así se los ordenan los jueces (las consecuencias presupuestarias que derivarían de una sentencia positiva constituyen un futurible que, en palabras de nuestra consejera: “No se plantean en estos momentos”).

· En la actual situación macroeconómica, es inasumible la reivindicación del profesorado y sería “inmoral e insolidario” que, frente al creciente desempleo generalizado, mejorásemos las retribuciones de los docentes.

Sin embargo, poco ha tardado el Presidente del Gobierno en contradecir nerviosamente sus propios argumentos y es que en su afán de “vender” sus innegociadas e implanificadas medidas de calidad y en su afán de meter en cintura al profesorado “ofrece” hasta 1.000 euros, en concepto de horas extraordinarias, a los docentes dispuestos a asumir la responsabilidad de la apertura temprana de los centros y el refuerzo educativo. ¿En qué quedamos? ¿No existe disponibilidad financiera para abordar la homologación de los docentes, pero sí sobra dinero para pagar horas extraordinarias en cantidades semejantes? ¿Son estas las medidas solidarias frente al paro y a la pobreza a las que se refiere nuestro presidente? Pero además se trata de un mensaje que por desesperado no deja de ser demagógico: Ni existe suficiente oferta de horas extraordinarias ni ningún docente podría realizar las suficientes como para alcanzar estas cantidades. ¿A quién le cuentan este cuento, señores y señoras del gobierno?

2. El Comité de Huelga por la Homologación, como así lo ha hecho constar, no está en contra de ninguna medida de mejora del Sistema Educativo y mucho menos de aquellas que respondan a demandas sociales; no rechazamos, por tanto, ni la “Apertura Temprana de Centros” ni el “Refuerzo Educativo de Tarde”, pero si rechazamos la imposición y la falta de planificación con las que se quiere aplicar y, especialmente, el uso fraudulento y populista que pretende darle este Gobierno. Como ya hemos denunciado, tales medidas ni fueron negociadas ni eran consideradas, por los distintos sectores de la comunidad educativa, como prioritarias entre las necesidades de nuestro sistema; y como ya hemos propuesto, de ser aplicadas lo deberían ser de forma generalizada, debidamente organizada y respetando los acuerdos alcanzados con los distintos sectores y colectivos laborales y dotándolas de un contenido adecuado. Pero sobre todo, a lo que no estamos dispuestos es a validar la estrategia de este gobierno, que pretende generar el espejismo colectivo de que potencia la calidad del sistema, porque el objetivo real de estas medidas, aplicadas de esta forma y en este momento es travestir su verdadera política y es que las partidas presupuestarias para desarrollar estas medidas las ha obtenido de recortar los recursos financieros de la propia enseñanza reglada, “desnudando un santo para vestir a otro”. De persistir este Gobierno en su actual política de recortes, la totalidad de los alumnos de nuestros centros necesitaran de ese “Refuerzo Educativo” fuera de la jornada escolar.

3. El Gobierno de Canarias viene apostando, durante los últimos años, por un claro desmantelamiento del sistema educativo público. Desde la expresión eufemística de “política de gestión de recursos” avanza sin freno en una dinámica de recortes que en este comienzo de curso alcanza cotas incompatibles con un servicio de calidad y que hemos venido denunciando:

· Recorte de plantillas de los centros.

· Recortes de saldos horarios en secundaria.

· Ratios a límite o sobrepasadas, tanto en primaria (hasta 28 alumnos por aula) como en secundaria y bachillerato (35 alumnos por aula).

· Aumento de grupos mixtos en primaria.

· Reducción de la oferta de bachilleratos (ofertando a los alumnos la modalidad semipresencial o a distancia).

· Supresión de ciclos formativos.

· Supresión de las Tutorías de Jóvenes.

· Reducción de medidas de atención a la diversidad.

· Etc. Etc.

A esto hay que añadir una caótica organización administrativa, sin precedentes, como denuncian incluso los sindicatos de los trabajadores laborales de Educación.

4. Los trabajadores de la enseñanza asistimos a un dramático empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, pero también a un generalizado recorte de nuestros derechos laborales y sindicales, lo que ha dado origen a una creciente judicialización de nuestra relación laboral con la Consejería de Educación.

Por todo ello, por nuestro derecho a la homologación, contra el desmantelamiento del sistema educativo público y contra el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, este Comité de Huelga ha llamado al profesorado de Canarias a la “resistencia democrática” y desarrollar una huelga de “trabajo a reglamento”, haciendo especial hincapié en que no se secunden las medidas impuestas por el gobierno. Hoy nos ratificamos en ese llamamiento, pero también llamamos a todos los sectores educativos, a los distintos agentes y organizaciones sociales y a la ciudadanía en general, a constituir un frente común en defensa de nuestro derecho a una educación digna y de calidad y que entre todos y todas, gritemos un fuerte ¡Basta ya! a la política de este gobierno.

Hoy exigimos al Gobierno de Canarias un punto de inflexión.

Exigimos al Gobierno que de una vez ponga solución al conflicto educativo reconociéndonos el derecho a la Homologación que emana de una ley, aprobada por el Parlamento de Canarias, que sigue estando en vigor y convocando de manera inmediata una mesa de negociación, con el comité de huelga para, desde la actual coyuntura de crisis económica y desde planteamientos solidarios, alcanzar un acuerdo sobre los plazos necesarios para alcanzar las retribuciones que se nos adeudan.

Igualmente, exigimos al Gobierno la constitución de un verdadero foro de debate donde consensuar, entre todos los agentes implicados, las necesarias medidas para construir, desde un diagnóstico previo y con los esfuerzos presupuestarios necesarios, el sistema educativo que merecemos los canarios.

Mientras tanto, este Comité de Huelga quiere recordar al gobierno que existe un preaviso de huelga de toda la enseñanza pública no universitaria para el próximo 2 de octubre y que si el profesorado de Canarias lo estima necesario, estamos dispuestos a adoptar una huelga indefinida. Es responsabilidad del Gobierno de Canarias evitar las consecuencias de una indeseable prolongación de este conflicto.