Presunta
responsabilidad penal del Alcalde
de La Orotava en el caso ‘Los Frontones’
Ante el nuevo escándalo urbanístico surgido en nuestro
municipio en días pasados y que tiene como protagonistas al grupo de gobierno
de CC y –una vez más– a la empresa PEJOMAR, por la construcción ilegal de dos
edificios de 65 y 50 viviendas en la zona de ‘Los Frontones’, desde el grupo
municipal IpO
queremos poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
1.- Este es un nuevo y clarísimo caso de trato de favor
llevado a cabo por el grupo de gobierno de CC hacia la empresa PEJOMAR, a la
que –a pesar de enviarse ahora el expediente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial–
se le permitió la construcción de estos dos edificios sin que contara para ello
con ningún tipo de licencia urbanística que le permitiese realizar estas obras.
2.- Está claro que CC carece de cualquier tipo de
autoridad para enfrentarse a esta empresa, a la que ha amparado y defendido en
otras situaciones de ilegalidad producidas en nuestro municipio (caso Atlante,
por ejemplo), ya que la empresa se ha saltado dos precintos, y aún así han
seguido trabajando en estos edificios, como comprobaron los medios de
comunicación que han estado cubriendo esta noticia.
3.- Desde IpO vamos a presentar una solicitud a la Fiscalía de la Audiencia Provincial
para que se investigue la actuación del Alcalde como responsable político del Área
de Urbanismo en el momento en que se produce la denuncia de la Policía Local
sobre la realización de obras ilegales en esta zona, para que se investigue la
posible responsabilidad penal que pueda tener el máximo mandatario municipal en
este asunto.
Debemos recordar que la primera denuncia que se hace
respecto a estas obras data del 12 de abril de 2006, a raíz de una
denuncia de la Policía Local,
en la que literalmente se dice que hay una “obra
en ejecución en terreno de suelo rústico de protección agraria, según
información del técnico municipal”. Es por estas mismas fechas cuando se procede
a la recalificación del suelo en esa zona, como consecuencia del diseño del
trazado de la Vía
de Circunvalación, en el que se recalifican terrenos rústicos propiedad de la
empresa PEJOMAR y se los califica como suelo urbanizable, con la posibilidad de
construcción de edificios. Es decir, que aún sin haberse recalificado los
terrenos, ya la empresa había comenzado las obras de construcción, pues tenía
la seguridad de que esos terrenos iban a ser declarados como urbanizables por
el equipo de gobierno. O sea, que la empresa tenía la absoluta certeza de la
recalificación de los terrenos, y es por eso que inició la construcción de los
edificios, sin ningún tipo de licencia, pues como ha ocurrido en otros muchos
casos en La Orotava
–y como parece que va a suceder en este también– la técnica de los hechos
consumados y la adaptación a posteriori de la legalidad (adecuando el
planeamiento a lo ya ejecutado) les garantizaba la posibilidad de la
legalización de las obras que ejecutaban sin licencia, y sin ningún tipo de
coste legal o económico para la empresa. Un primer asunto que nos parece muy
grave y que entendemos que la Fiscalía también debe abordar.
Seis días después de la denuncia de la Policía Local
se emite un informe jurídico firmado por la técnico responsable de Disciplina
Urbanística y con el ‘conforme’ de la
Jefa del Área de Urbanismo en el que se pone de manifiesto
que “se aprecia el levantamiento de unos
29 pilares y un muro de hormigón en el perímetro de las obras” y que la
empresa PEJOMAR no tiene ninguna licencia para la ejecución de esas obras. La
propuesta de resolución es que se ordene la suspensión de las obras, y que si
no se cumple con la suspensión se proceda al precinto y a apercibir a la
empresa de la imposición de multas en caso de incumplimiento de la orden de
suspensión. Los técnicos, por tanto, realizaron su trabajo. El siguiente paso
era la emisión de un decreto que recogiera la propuesta de resolución del
informe jurídico. Pero ese paso nunca se dio. El Alcalde, responsable político
del área en esos momentos, no asumió su obligación de dictar un decreto de
paralización de las obras, y éstas continuaron hasta la ejecución casi total de
los edificios; hasta febrero de 2008, fecha en que se procede al primer
precinto, al constatarse la existencia de dos edificios “de tres plantas que en la actualidad se encuentran en avanzado estado
de ejecución”. Es decir, el grupo de gobierno, consciente de la ejecución
de estas obras sin licencia, deja pasar dos años sin actuar, y permite que la
empresa prácticamente finalice los dos edificios.
El Alcalde era conocedor de este asunto. El informe
jurídico de abril de 2006 le fue puesto en su conocimiento, tal y como se
corroboró en la
Comisión de Urbanismo celebrada en el día de ayer (24 de
junio), y en la que –a preguntas de IpO sobre si el
Alcalde era conocedor de la primera denuncia y del primer informe– se nos
contestó –por parte de la técnico responsable del caso– que, efectivamente, el
Alcalde era conocedor de las obras ilegales que se estaban cometiendo. Es más,
en el propio expediente aparece una nota autógrafa de la
técnico, que literalmente dice: “NOTA
PARA SR. ALCALDE. Suspensión de obras a PEJOMAR. Denuncia de Melecio. 18.04.06”. Y, acto seguido y en esa misma nota
aparece otra frase, con una letra diferente, en la que se puede leer “Vamos aclarar este asunto”. Desde IpO
pediremos también a la
Fiscalía que se investigue quién escribió esta última frase,
y si la letra pertenece a algún responsable político, pues pondría en evidencia
la actuación política seguida en este asunto, pues parece que la forma de
aclararlo fue la de correr un tupido velo y hacer la vista gorda ante una
flagrante, manifiesta, conocida y gravísima infracción urbanística que se
estaba cometiendo en ese momento en Los Frontones.
Por todo ello, el grupo municipal IpO
remitirá escrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial,
a la que se ha remitido ya el expediente, para que tenga constancia de todos
los hechos acaecidos en torno a este asunto, y para que se aclare la presunta
responsabilidad penal del Alcalde en este tema, al presuntamente dar lugar –por
omisión– a la comisión de un presunto delito de prevaricación, por el desatendimiento de la obligación legal de persecución de
los ilícitos urbanísticos y sobre la hacienda pública, toda vez que se dejaron
de recaudar sanciones administrativas cuyos importes debían ir dirigidos, con
carácter finalista, a planes de actuación públicos.
Este asunto tiene una enorme gravedad política, pues
pone de manifiesto, una vez más, el trato recibido por esta empresa de
construcción por parte del grupo de CC, y sobre todo porque parece probado que
el Alcalde, aún teniendo conocimiento de los hechos ilícitos que se estaban
cometiendo en la zona de Los Frontones, no actuó conforme a la Ley que tiene obligación de
aplicar. No es de recibo que en este tema se pretenda realizar un lavado de
cara de la actuación del grupo de CC pidiendo a la Fiscalía que
investigue solamente la actuación de la empresa constructora, cuando la
responsabilidad de la construcción ilegal de estos edificios estuvo amparada
por el Alcalde, y por extensión, por el grupo de CC.
La Orotava, 25 de junio de 2008.
Iniciativa por La Orotava (IpO)