El Gobierno de Canarias está al servicio de las grandes empresas

Asamblea por Tenerife reitera la necesidad de derogar la R.I .C.  

   Asamblea por Tenerife deplora que el Gobierno de Canarias tenga que rendir cuentas ante los empresarios por no agilizar los trámites para la materialización de la R.I .C. Así se lo hizo saber José Fernando Rodríguez de Azero, presidente de la patronal de los empresarios (CEOE), con la presentación de una batería de medidas en tal sentido en un intento de presionar a un receptivo Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Una especie de hoja de ruta por donde deben circular los dineros públicos hasta sus cuentas bancarias.

   Se lamentan en la CEOE “de las interpretaciones restrictivas que el Gobierno autónomo y de la Nación dan a las Directrices Europeas”. Sin duda, fervientes defensores de la directiva que amplía la jornada laboral hasta las 65 horas, la Bolkestein o la “hitleriana” directiva de repatriación de los inmigrantes, temen que se pueda anteponer los derechos humanos a sus intereses de clase. También, entre otros asuntos incluidos en su "Carta de inversiones públicas prioritarias", destaca su preocupación por el negocio de la energía eólica paralizada al descubrirse el escándalo del “Caso Eolo”, aún no aclarado judicialmente y sin conocer la implicación de los hermanos Soria y otros prebostes del Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE.

   El movimiento social de la isla considera que el dinero de la R.I .C. es de todos; esa bolsa económica ha sido sustraída del pago de los impuestos y reclama, por lo tanto, su devolución a las arcas públicas sin indemnización alguna para destinarse, en una distribución equitativa, a los sectores sociales más vulnerables y sensibles -parados de larga duración, inmigrantes, mujer, jóvenes, etc.- y aquellos servicios públicos -sanidad, educación, transporte, vivienda- víctimas de los devastadores efectos de la privatización en un marco propiciado por el crecimiento insostenible y descontrolado en Canarias. Sin embargo, el ejecutivo de Paulino Rivero paraliza las obras sociales como la del hospital del sur y se agilizan los trámites para que no se retrase obras como el anillo insular, las ampliaciones aeroportuarias, nuevos puertos… tan demandadas por la patronal.

   La organización que aglutina a la mayoría de los colectivos de la isla rechaza también la posibilidad de que los poseedores de capitales R.I.C sigan lucrándose en una espiral casi facinerosa al poder invertir en Deuda Pública Canaria los impuestos no pagados y recuperarlos, una vez vencida dicha deuda, con los intereses a su favor correspondientes. Este vaciamiento de las arcas públicas, vía impago de impuestos, va directamente en detrimento de las clases populares al incrementarse los precios de productos de consumo ante la presión fiscal de los impuestos indirectos.

   Asamblea por Tenerife denuncia que estas son algunas de las consecuencias provocadas por un Gobierno y un Parlamento cautivos de los intereses empresariales; el empresariado invierte sufragando tanto los gastos corrientes de los partidos parlamentarios como sus campañas electorales. Es tan obvio que la finalidad de invertir es obtener ganancias como que, entre las instancias públicas isleñas, lo mejor es “invertir” en el Gobierno de Canarias, el que mayores beneficios les han repercutido históricamente en sus cuentas de resultados seguidos muy de cerca por los Cabildos.

   Para esta red social sería inaudito que el Gobierno de Canaria acoja favorablemente la pretensión empresarial de más reducciones fiscales cuando, precisamente, son ellos quienes no contribuyen al sostenimiento público en la misma proporción que los trabajadores. Este empresariado vive y actúa en un auténtico paraíso fiscal, con un Régimen Económico y Fiscal (REF) hecho a su medida y una legislación laboral ad hoc. Pretender rebajar aún más sus obligaciones fiscales, es considerada desde AxT una inmoralidad y un ultraje cuando, como ya hemos apuntado, lo que deben hacer es devolver a las arcas públicas todo lo obtenido con la RIC , el REA y demás prebendas recibidas en concepto de subvenciones y otras formas análogas.

   Desde Asamblea por Tenerife creemos que no se puede permitir que los que invierten en un gobierno títere sigan incrementando sus cuentas de resultados mientras a las familias canarias les cuesta más llegar a fin de mes. Pensamos que debe ser las administraciones públicas las garantes de un reparto igualitario entre la ciudadanía y esto sólo se puede hacer con una legislación fiscal justa que garantice que pague más quien más gane y no como ocurre en la actualidad, totalmente a la inversa.