Cho Vito pide la suspensión judicial de los derribos

 

Exigirán responsabilidades a los poderes públicos por cobrar impuestos a casas "ilegales"

 

 

SONIA GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11-10-2008

 

La defensa jurídica de los vecinos de Cho Vito solicitará la suspensión de los derribos hasta que se presenten las licencias oportunas, además de poner en marcha una denuncia por la vía penal ante las limitaciones de acceso a sus casas, lo que consideran una "gravísima vulneración de los derechos fundamentales, porque han convertido la zona en una especie de Guantánamo, donde incluso se cachea a los que vienen a visitarles". Además, estudiarán si hay casas afectadas que se encuentran fuera del dominio público y exigirán responsabilidades a los poderes públicos que, con el cobro de impuestos y otras prerrogativas, han generado una "apariencia de legalidad".

 

El portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, destacó que "aquí se está produciendo una brutal vulneración de derechos, porque estamos en una cárcel a la que no permiten acceder ni a nuestros familiares ni a los medios de comunicación, en este caso, porque a la administración no le interesa que la opinión pública sepa el castigo, tortura y vejaciones que estamos sufriendo".

 

En este sentido, el abogado de los vecinos, Eduardo Silgo, planteó que esta situación no se puede tolerar indefinidamente, porque "hasta cuándo pueden subsistir los residentes de las 10 viviendas que seguirán en pie en esta situación infrahumana". El letrado planteó diversas iniciativas, además del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la decisión de Costas, que se resolverá en unos meses. La acción fundamental la ejecutarán el lunes en el Juzgado número 2 de Güímar, donde exigirán la suspensión de las obras hasta que se acredite la posesión de licencias o estudios de impacto, que se niegan a mostrarnos", explicó Silgo.

 

El abogado y miembro de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, criticó que el poder judicial "no ha actuado con imparcialidad en este caso y consideró que, tras Cho Vito, hay un "pelotazo urbanístico evidente y la construcción de un puerto deportivo".

 

Reconstruir el poblado. Pérez defendió que Cho Vito tiene que volverse a reconstruir "por los valores etnográficos que comporta", postura compartida por el portavoz de Asamblea por Tenerife, Aaron Hernández, que responsabilizó a los tres partidos mayoritarios del derribo de Cho Vito. Además, solicitó públicamente que se expulse de la carrera judicial a la juez que decidió dar el visto bueno a la demolición "ventilándose los 1.600 folios de las alegaciones vecinales".

 

Hernández valoró que "el crimen de Cho Vito tendrá consecuencias políticas y sociales, además de que no se convertirá en ejemplo de futuras actuaciones similares". Andrés Pérez, portavoz de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, señaló que "no entendemos por qué se trata a los vecinos como delincuentes" y pidió todo el apoyo en la manifestación de hoy.

 

Acciones para salvar la zona apoyo ciudadano. Los vecinos y diversos colectivos han organizado, para los 12:00 horas de hoy, una concentración de apoyo a Cho Vito en la playa de Genaro, al lado de este poblado, una manifestación con la que esperan lograr los apoyos públicos suficientes a la defensa de lo que queda de Cho Vito y a la petición de que "se recupere por los valores etnográficos que comporta".

 

Parar las obras. El lunes se pedirá al Juzgado número 2 de Güímar que suspenda los trabajos de demolición porque hay primeras viviendas. A ello se suma la denuncia por las restricciones a los vecinos y el recurso ante el TSJC.

 

Viviendas fuera de dominio. Los abogados consideran que puede haber viviendas afectadas que se encontraban fuera del dominio público y de la servidumbre de tránsito, por lo que acudirán a Costas para valorarlo y, si así ocurriera, iniciar los procedimientos expropiatorios para que se les pague a sus propietarios. Los que sí ocupan suelo público deberán abonar el coste de la demolición, calculado en unos 2.000 euros por vivienda.

 

Fuente: La Opinión, 11-10-2008