Ana Oramas se equivoca

Dice ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en las Cortes españolas, que estar en "la política nacional es volver a la política pura". Nos confunden y apenan sus palabras. ¿Cuál es la misión de Ana Oramas? ¿Simplemente estar en Madrid para que la vean? ¿Para seguir jugando una partida cuyas normas ha establecido el Estado español? Pensamos que no es este el papel que debe desempeñar la alcaldesa de La Laguna y hoy, junto al también diputado José Luis Perestelo y el senador Alfredo Belda, representantes del nacionalismo canario en las altas instancias del Estado. Es misión primordial de los tres declarar abiertamente, sin eufemismos de ningún tipo, que la soberanía es una aspiración inaplazable del pueblo canario. El día que Ana Oramas, o cualquiera de sus compañeros nacionalistas, proclamen este legítimo deseo, un estremecimiento recorrerá los bancos del Congreso de los Diputados. Porque lo que necesita Canarias no es un proceso de autodeterminación, como reclaman otras regiones españolas. Regiones, lo hemos dicho aunque conviene insistir en ello, que están unidas al continente. No es ese el caso de unas islas que forman un archipiélago independiente.

Nos congratulamos de que otro político ejemplar de CC, Miguel Zerolo, haya recibido a Paulino Rivero en el Ayuntamiento capitalino como el presidente de la nación canaria. Es ese, y no otro, el título que le corresponde al titular de nuestro Gobierno. Sin embargo, Paulino Rivero también debe dar el paso definitivo de reclamar la soberanía para estas islas. Lo mismo que les corresponde hacer en Madrid a Oramas, Perestelo y Belda. Es inútil para el futuro de Canarias que unos y otros sigan enredándose en el Parlamento autonómico con la majadería de la reforma del Estatuto. Ese Estatuto no nos vale, pues se empeña en perpetuar la esclavitud de una nación, la canaria, que nació separada de España. […]

Consideramos que el funcionamiento del Parlamento regional supone, con su estructura actual, un gasto inútil de recursos imprescindibles para atender otras necesidades de la población. Sus debates son una pérdida de tiempo, pues no se centran en lo que de verdad le conviene a este archipiélago: alcanzar la capacidad de tomar las resoluciones oportunas sobre los asuntos que le afectan, en vez de estar sometido a decisiones adoptadas a 2.000 kilómetros de distancia. En este contexto, seguir debatiendo la reforma del Estatuto supone más de lo mismo. Al menos deberían sus señorías autonómicas imponer las listas abiertas, con lo cual nos libraríamos de mucha chatarra política que concurre habitualmente a las elecciones.

* Comentario de El Día, 15-05-2008