Con la comida no se juega
Toño
Linares *
Llevamos mucho tiempo soportando el alto coste de la
cesta de la compra y, continúa en ascenso, pero en estos días se ha escuchado
de forma repentina, que los precios suben entre un 20 y 40 por ciento por culpa
de “los biocombustibles”, mejor dicho, por la compra
de los productos agrícolas con la finalidad de convertirlos en combustibles.
Pero la realidad del incremento de los precios es otro.
Ninguna variación en el uso de un producto puede
repercutir en una variación inmediata de su precio en un 20 ó más por ciento y,
mucho menos en la aplicación tecnológica por la necesidad de infraestructuras
adecuadas que requerirían una implantación paulatina, lo que se vería, si fuese
real, a lo largo de un tiempo determinado. Esto sin descartar la oposición
argumentada y acertada de la utilización de cereales, para la elaboración de
combustibles, que determinaría la deforestación de grandes espacios con fines
económicos, mientras las familias continúan sufriendo un elevado coste en la
adquisición de sus productos básicos, imponiéndose la ley de la oferta y la
demanda.
El incremento de los productos alimenticios viene dado
por los abusivos márgenes comerciales que aplican en el sistema de distribución
y comercialización, los llamados intermediarios, pues atendiendo a las denuncia
que ha hecho la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), este incremento no ha supuesto, durante muchos años, una subida en el
precios que se les abonan a los agricultores ni ganaderos, poniendo como ejemplo:
un agricultor vende los pepinos a 0,30 y en el mercado los obtiene la ama de
casa a 1,90, los bubangos que pasa de 0,25 que recibe
el agricultor a 2,43 que se exponen a la venta al consumidor final, o bien los
huevos que no han supuesto ningún incremento para el productor en los últimos
20 años, pero todos saben cuanto ha subido este producto, en este tiempo,
cuando llena el carro de la compra.
En este ambiente siempre hay quien sale beneficiado y
es el sector del importador, ese que trae los productos de fuera, que
subvencionados por el Régimen Especifico de Abastecimiento (REA), debería
equilibrar los precios para que sean asequibles al consumidor, pero por el
contrario seguimos teniendo la cesta de la compra más cara de todo el Estado, sin
que hasta el momento se haya oído noticia alguna de apertura de investigación
sobre el destino de estas subvenciones, quienes son los empresarios del sector,
o si tienen alguna unión o relación con el poder político.
Con este ambiente y situación no puede sobrevivir ni
el consumidor, ni mucho menos el agricultor ni el ganadero, por lo que se
precisa una política agroalimentaria seria que tenga por finalidad el
garantizar la alimentación a la población, y la supervivencia del sector
primario. Hay que crear canales de comercialización directa entre productor y
consumidor, erradicando los costes abusivos y especulativos que actualmente
soportan los productos agrícolas y ganaderos.
La agricultura y la ganadería son básico para
cualquier sociedad, son los pilares que soportan la seguridad alimentaria que
debería ser fomentada, potenciada y defendida por la administración pública,
haciendo de este sector económico una fuente de riqueza que produjese dignidad
y estabilidad económica a sus productores, para que esta actividad pudiese pasar de generación en generación, no
como en la actualidad y, ya llevarnos varios años, en que las nuevas
generaciones abandonan el campo, ante las incertidumbre que le ofrece. Es
intolerable que los agricultores canarios no puedan vivir de los sacos de papas
que recogen y, los consumidores tengan que dejarse gran parte del sueldo en
comprar bolsas de papas.
La seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria,
debería tener mayor firmeza en Canarias al tratarse de una zona aislada, que
tendrían que soportar unos costes de transporte insostenibles para poder
alimentar a su población, ante cualquier incidencia internacional, como lo
* Presidente de Tagoror Achinech.