¿Qué hacemos
ante la corrupción?
Justo
Fernández Rodríguez
La corrupción política es uno de los
mayores obstáculos para el funcionamiento participativo de la democracia y un
desarrollo económico equilibrado; dificulta el ejercicio de los derechos
humanos e impide una justa redistribución de la renta. La corrupción siempre ha
estado unida a la política, lo que no quiere decir que todos los políticos sean
corruptos. Los informes más recientes, ya sean de organizaciones
internacionales, ONGs o instituciones especializadas,
coinciden en denunciar el incremento en la corrupción municipal, autonómica,
estatal o internacional, con independencia de los sistemas de gobierno,
democráticos, autoritarios o dictatoriales. Pocos escapan a la corrupción.
Hasta instituciones como el Banco Mundial y la propia ONU han llegado las
acusaciones.
La corrupción generalizada viola los derechos democráticos, políticos y
humanos, condenando a una buena parte de la población, al desempleo, la
desprotección social, el hambre y el desamparo. Los políticos y funcionarios
públicos corruptos no sólo son culpables de delitos comunes, sino de graves
violaciones de los derechos humanos.
La corrupción adopta múltiples formas. La más extendida es la relativa a las
compras de bienes y servicios, bajo la influencia de sobornos y comisiones. Las
más importantes se ocultan detrás de las privatizaciones del sector público,
recalificación de terrenos y, especialmente, tras los proyectos de grandes
obras públicas, como puertos, presas, aeropuertos, carreteras, tranvías o
abastecimientos de agua.
El coste de la corrupción, desde el soborno, la extorsión, el tráfico de
influencias, la información privilegiada, el favoritismo o el nepotismo, tiene
efectos devastadores sobre las economías. Distorsionan el mercado y fomentan la
competencia del soborno, en lugar de la calidad y el precio, condenado al
subdesarrollo y la pobreza a decenas de millones de personas en países
industrializados y subdesarrollados. El Banco Mundial, en 2003, estimaba que el
total de las sumas distribuidas anualmente por sobornos y pagos no declarados
superan los 120.000 millones de dólares.
La clase política, o una buena parte de ella, no parece
depositaria de los valores de la honestidad y ética imprescindibles. Las
cúpulas de los partidos políticos, sean de ámbito estatal o nacionalistas, de
izquierdas o derechas, cuando están en el poder dedican más esfuerzos a tapar,
disimular u ocultar los casos de corrupción que afectan a sus cargos públicos
que a tomar medidas drásticas y ejemplarizantes de erradicación de esa lacra
que hemos de pagar todos los ciudadanos, especialmente los de menor capacidad
económica.
El principio constitucional español, que ordena a los poderes públicos promover
las condiciones y normas que faciliten el acceso a una vivienda digna a los
españoles, impidiendo la especulación del suelo en beneficio del interés
general, ha sido escandalosamente prostituido, precisamente por quienes tenían
la obligación de evitarlo, los gestores políticos de ayuntamientos,
diputaciones, cabildos o autonomías, y aquellos que debían impedirlo, jueces,
fiscales y magistrados de tribunales superiores, que, en muchos casos, han
compartido espectaculares seguimientos mediáticos con inhibiciones y silencios
poco explicables. La competencia del Gobierno central, en esta materia, es
prácticamente nula.
Que la especulación inmobiliaria y la construcción de obra pública son
importantes lubricantes de la corrupción política no necesita demostraciones
científicas. Lo sabe la mayoría de los ciudadanos, aunque no actúen en
consecuencia. Las prácticas corruptas abundan en todas las fases de los
proyectos de construcción. Algunos no hubieran, siquiera, llegado a la etapa de
planificación sin la motivación o el incentivo de la corrupción.
El boom inmobiliario generado, después de la
modificación de
Una prueba, incontestable la daba el informe Greco sobre España en 2003.
Gobernaba el Partido Popular, encabezado por Aznar, y
el informe reiteraba "la ausencia de una estrategia global contra la
corrupción", así como la falta de un "reforzamiento de
Si, por una decisión municipal, algo que vale uno pasa a valer cien, la
corrupción tiene su mejor caldo de cultivo. El catedrático de Ciencia Política
Manuel Villoria, experto en corrupción, advierte:
"En otros países europeos, la calificación o recalificación de un terreno
no implica para el propietario la obtención de plusvalías, porque no aumenta su
precio. Es la sociedad la que obtiene el beneficio de que ese suelo se
convierta en urbanizable". Muy bonito para que sea verdad... en España.
Aquí, pocos pueden sorprenderse por la desvergüenza de personajes sin
escrúpulos, que utilizan los cargos públicos como una oportunidad de
enriquecimiento, a cambio de favorecer los intereses de los empresarios o
grupos empresariales que se mueven alrededor de los ayuntamientos, cabildos,
diputaciones o gobiernos autónomos, dispuestos a recompensar a quienes
se muestren dispuestos a acceder a sus pretensiones, ambiciones e intereses,
violentando la legalidad, ciscándose en la ética y
perjudicando los intereses generales de los ciudadanos.
En Canarias, en medio de la pasividad conformista, con tintes masoquistas, de
la ciudadanía, en corrupción competimos ventajosamente con Valencia, Madrid,
Galicia, Murcia, Baleares o Málaga. El clientelismo, el abuso de poder, el
cohecho, la prevaricación, la privatización interesada de servicios públicos,
las contrataciones a dedo de suministros y obras, los concursos públicos amañados,
parecen ser la base de actuación de algunos políticos que, inevitablemente,
condicionan negativamente la vida de los ciudadanos, reduciendo los servicios
mínimos exigibles, en sanidad, educación, cultura, viviendas sociales,
transporte público o atención social. Las obras públicas y las
infraestructuras, en muchos casos, no prioritarias e, incluso, innecesarias,
multiplican por cuatro la duración anunciada y el coste inicial presupuestado,
teniendo que ser rectificadas, modificadas o reformadas después de cada una de
las repetidas inauguraciones, con foto.