¿Corrupción judicial?

Justo Fernández Rodríguez

El Barómetro Global de Corrupción, publicado en diciembre de 2006, basado en una encuesta contestada por 60.000 personas de 62 países, evidenciaba que la gran mayoría de los encuestados, un 69% a escala mundial, consideran insuficientes los esfuerzos de los gobiernos, los partidos políticos, la policía, los jueces y tribunales y los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción.

El pasado año, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, Transparency Internacional (TI) dio a conocer los resultados de una encuesta en la que participaron más de 300 organizaciones de pacientes de todo el mundo, que indicaba, en la mayoría de los países, que la calidad de los servicios de salud, sean públicos o privados, es muy inferior a la que reflejan las estadísticas oficiales, con grave perjuicio para los sectores de población con menos recursos económicos. El enorme flujo de dinero destinado a la salud pública, en buena parte orientado por los gobiernos a favorecer el negocio de la sanidad privada, ejerce un fuerte atractivo para el abuso, el fraude y la corrupción. En muchas ocasiones, Canarias es un ejemplo, pues las carencias, los abusos y la falta de calidad de los servicios de salud tienen menos que ver con los recursos económicos y humanos que con la mala gestión.

A finales de mayo, Tansparency Internacional ha publicado un informe sobre la corrupción judicial, con escasa repercusión mediática, por lo menos en España, cuya conclusión resulta grave y alarmante. La corrupción en el sistema judicial no solo niega el derecho a la igualdad ante la ley, sino, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

Un hallazgo desalentador es que, pese a décadas de iniciativas y creación de instrumentos internacionales que protejan la independencia judicial, los jueces continúan experimentado presión para fallar a favor de entidades políticas o económicas poderosas, en lugar de regirse por lo establecido en la ley. Una judicatura flexible ofrece amparo legal a los poderosos, acusados de maniobras ilícitas, desfalcos, privatizaciones sesgadas o decisiones políticas que, de otra forma, encontrarían resistencia en gobiernos y medios de comunicación. La interferencia política se abre paso a través de la amenaza, la intimidación y el soborno de los jueces, pero también a través de la manipulación de nombramientos, sueldos y condiciones de servicio.

Huguette Labelle, presidenta de Transparency Internacional, analiza el resultado del Informe sobre Corrupción Judicial: "El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las Cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado. La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad".

El Informe entiende que la corrupción "abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, como la promoción de aspiraciones políticas o profesionales. Incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial". "Un magistrado puede admitir o excluir pruebas con el fin de justificar la absolución de un acusado culpable que ostente un alto estatus político, económico o social". "El proceso de apelación, una importante vía para el resarcimiento en casos con veredicto errado, abre oportunidades adicionales para la corrupción judicial. Cuando los poderes políticos dominantes controlan la nominación de magistrados superiores, las apelaciones suelen favorecer al litigante con mayor influencia política o más acaudalado. "La corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negando a las víctimas y a los acusados el derecho humano elemental a un juicio justo e imparcial". Esta es la conclusión crítica de un informe que estipula que, pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue siendo intensa, aunque, lógicamente, es preciso reconocer que muchos jueces actúan con integridad.

La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: la interferencia política en el proceso judicial, por parte del poder legislativo o ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, que no pueden competir en influencia, ni en pago de sobornos. Los jueces que se resisten a ser comprometidos en la corrupción pueden ser víctimas de la represalia política. Los calificados de jueces "problemáticos" pueden ser reasignados a otras jurisdicciones o retirados de casos delicados que, a su vez, serán transferidos a jueces más complacientes.

España no está fuera del mundo y, por lo tanto, la corrupción judicial detectada, oculta, simulada o subterránea no muestra índices inferiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea, sino todo lo contrario, si exceptuamos a Italia. En España, en los últimos meses ha sido imputado el presidente de la Audiencia de Las Palmas, acusado de vinculación con un narcotraficante y participación en supuestas irregularidades en la "trama eólica", convocada por la Consejería de Industria del Gobierno canario.

Encuesta de la Cadena SER (17-9-07): el 72% de los encuestados entiende que los jueces están manipulados políticamente, frente al 17% que creen que son independientes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto un procedimiento judicial en el que imputa al que fue titular del Juzgado de Intrucción nº 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, por un delito de cohecho, por supuestos pagos del cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.

Tampoco parece normal lo que ocurre en Canarias, donde la justicia muestra una aparente pasividad ante casos de corrupción importantes, que afectan a algunos políticos y que están pendientes de juicio o sentencia, desde hace quince, doce, diez, ocho o cinco años. El Icfem, Tindaya, Casinos, La Favorita, Bango, Jinámar, REA, Palacio de Congresos o, los más recientes, Amorós, Faycán, Mogán, etcétera, en medio del superpelotazo de Las Teresitas o los tejemanejes para construir un puerto deportivo en San Andrés, en los que están implicados el alcalde y varios cargos públicos de Santa Cruz de Tenerife.

El ex magistrado italiano de Manos Limpias Gherardo Colombo aclaraba en El País los procedimientos para la rehabilitación de corruptos que se han practicado en Italia. En 1992, se investigó o procesó a un millar de dirigentes políticos y empresariales de todo el arco político. Quince años más tarde, el 50% de los incriminados han evitado responder ante la justicia por la prescripción de los delitos. Con amargura, recordaba, "pasaba demasiado tiempo sin sentencia". "A veces, investigaciones que podían llegar a revelar delitos de dirigentes de muy alto nivel fueron trasladadas a otras fiscalías y después no se vieron más". "Han sido muy pocas las condenas definitivas". ¿Estamos, en Canarias, ante una situación similar a la de la Italia corrupta?