Crisis económica
y corrupción
Justo
Fernández Rodríguez
A estas alturas, existen pocas dudas sobre
la responsabilidad última de la crisis financiera, que condiciona el
crecimiento económico de la mayoría de los países, especialmente de los más
desarrollados, y provocado la desorientación de gobiernos, organizaciones
sindicales -que todavía no han hecho nada- y una gran parte de ciudadanos.
Adiós a las ayudas para aminorar la pobreza o al cumplimiento de los Objetivos
del Milenio de
No solo lo han hecho los mayores especialistas económicos internacionales. Hace
unos días, Angela Merkel,
canciller alemana, responsabilizaba a EE.UU. de la crisis, por no haber hecho
nada para obligar a los mercados financieros a autorregularse o establecer una
supervisión que evitara utilizar el dinero de los ciudadanos para tapar la
desastrosa gestión de quienes obtienen desorbitados beneficios, por
administrar, bien o mal, bancos e instituciones. Ahora, el ministro de Hacienda
alemán, Peer Steinbruch, ha acusado al Gobierno
estadounidense de haber permitido, por omisión de su deber de regulación, la
peor crisis financiera internacional "en décadas". Tampoco Nicolas Sarkozy se ha mordido la
lengua, explicando las causas de la crisis. "Ha habido demasiado abuso, demasiado escándalo", ha dicho, pidiendo una "revisión a
fondo del sistema financiero y monetario mundial". El candidato demócrata,
Barack Obama, tambien acusó a las políticas del Gobierno de Bush de ser
las causantes de la actual crisis, pese a que lleva años pidiendo "que se
modernicen las reglas financieras para responder a los desafíos del siglo
XXI."
Ahora, cuando ha explotado la crisis, para taparse las vergüenzas, el Gobierno
de Bush, ha ordenado al celebérrimo FBI que investigue a más de veinte
entidades financieras, culpables de la crisis. Solo la estupidez supina y la
indignidad política pueden explicar que los máximos dirigentes del Partido
Popular insistan en hacer reo de la crisis financiera mundial a Rodríguez
Zapatero que, lógicamente, también ha responsabilizado a Bush y a los neocon a los que "tanto aplaudían Aznar y
Rajoy".
Mientras todo esto ocurre, los informes de organismos internacionales, por
medio de encuestas y estudios, certifican que la corrupción, en todas sus
variantes, continúa aumentando. Se mantiene la percepción de que los partidos
políticos, los gobiernos locales y los parlamentos son las instituciones más
corruptas, seguidas por las empresas, la policía, el sistema judicial y los
medios de comunicación.
La democracia exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la
función pública para evitar distorsiones artificiales de la economía, de los
costes de las obras públicas e impedir el deterioro de la moral social,
fortaleciendo el respeto a las instituciones.
Honestidad, ética, coherencia y transparencia son conceptos que los políticos
utilizan en campaña electoral para lograr que los ciudadanos depositen en ellos
su confianza olvidándose de ellas en cuanto toman posesión del cargo.
En la presentación del informe anual sobre el Índice de Percepción de
El Índice de Percepción de
En los países o regiones más pobres, la lucha contra la corrupción exige
instituciones políticas, sociales, policiales y judiciales que funcionen
adecuadamente. Sin embargo, muy al contrario, en su gran mayoría han de sufrir
las consecuencias de gobiernos, parlamentos, poder judicial y medios de
comunicación indiferentes o implicados en la corrupción y una sociedad civil
indiferente o sumisa ante el poder político y económico, del que espera algún
favor personal o limosna general. La corrupción pone en peligro la lucha
mundial contra la pobreza e impide lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de
La clasificación mundial de los 180 países estudiados por TI sitúa a los
principales países de
En España, la corrupción alrededor de la especulación urbanística se incrementa
de costa a costa y archipiélago a archipiélago. Mientras, muchos ciudadanos se
preguntan cuándo explotarán los evidentes casos de corrupción de su ciudad, ya
sea Castellón, Valencia, Madrid, Las Palmas o Tenerife, donde se barajan
nombres concretos de políticos y empresarios imputados por
Cada día, con indignación y, lo que es peor, con mayor indiferencia, una buena
parte de los ciudadanos, fuera de los círculos clientelares del poder, son
espectadores del nepotismo, fraudes, malversación, extorsiones, sobornos,
tráfico de influencias, amiguismo, información privilegiada, privatización de
servicios públicos o recalificación de terrenos rústicos en urbanizables, que
proliferan alrededor de ayuntamientos, cabildos o diputaciones; y son testigos,
lamentablemente mudos, del cinismo y la desvergüenza con la que actúa una buena
parte de los políticos.
La corrupción urbanística produce diversos efectos en tres niveles: social,
económico y político, y todos ellos afectan a la calidad de la democracia:
deterioro del medio ambiente; sobreprecio de la vivienda; nuevos modelos de
ciudad, dinero fácil y anomia social; crecimiento económico sin desarrollo y
pérdida de credibilidad de las instituciones y de la democracia.
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de
"Por esta razón, la ciudadanía española no es, contra lo que podía
esperarse, muy crítica con el actual gobierno en esta materia; de hecho, España
es uno de los tres países de Europa donde los ciudadanos dan una puntuación más
alta al Gobierno en su lucha contra la corrupción". Lo siento, pero, no
puedo creérmelo. Volveremos a tratar el tema de la corrupción...