petróleo, aguas territoriales y soberanía

 

Un tesoro pendiente de una línea divisoria

 

 

 

Los invitados al debate de esta semana coincidieron en que la negociación entre España y Marruecos para la división de las aguas que separan al reino alauí de Canarias supone el reconocimiento de que Madrid tiene derechos sobre el mar en el que podría haber petróleo. No obstante, la legislación española actual garantiza pocos beneficios económicos de las extracciones.

Nadie niega la probabilidad de que en la profundidad de las aguas que separan a Canarias y Marruecos se escondan hidrocarburos. La cuestión en torno a la cual giró el debate de esta semana en EL DÍA era establecer quién y cómo debe ejercer la soberanía sobre ese mar, una cuestión fundamental a la hora de decidir sobre explotar o no esa riqueza y también para aclarar quién se beneficiaría de la misma.

Para el responsable de Autogobierno de Coalición Canaria, Fernando Ríos Rull, no hay duda de que España tiene una parte de la soberanía sobre ese mar, tal y como a su juicio reconoce implícitamente el Gobierno de Rabat al aceptar sentarse con las autoridades de Madrid para negociar su delimitación.

Ríos, no obstante, recordó que la actual legislación española, por no contar España con petróleo, es una de las más beneficiosas para las compañías y menos para las administraciones, ya que establece un leve canon por área explotada y no por barril, además de que ese canon, en principio, no iría a parar a la Comunidad Autónoma.

Sobre las aguas, dijo que una vez que se establezcan los límites, negociación en la que considera que el Ejecutivo de Canarias debería participar, la cuestión sería la de aclarar las competencias de cada administración sobre las investigaciones o la posterior extracción de hidrocarburos.

Ríos Rull recordó que, de hecho, el Gobierno ya ha presentado un recurso contra la Ley de Hidrocarburos estatal al considerar que invade su ámbito de competencia e ignora la capacidad de decisión que tiene la Comunidad Autónoma sobre el mar.

"Esa ley reconoce competencias a las autonomías en el espacio terrestre -explicó- que luego no le admite sobre el espacio marítimo. Diferencia entre tierra y mar porque el Estado tiene una concepción patrimonialista sobre este último. Nosotros consideramos que también tenemos las competencias en el mar y que es Canarias quien debe autorizar la investigación y las posibles extracciones", explicó.

Para apoyar sus argumentos, el responsable nacionalista recordó una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el que éste ha reconocido a Galicia competencias en la zona económica exclusiva del Estado español en materias como la pesca o el marisqueo.

Sobre el establecimiento de los límites de las aguas marroquíes y españolas, considera que "lo mejor sería la mediana -el punto intermedio entre ambos países-", si bien admitió que a Madrid podría no interesarle porque "lo que le beneficiaría en el caso de Canarias le perjudicaría en el Estrecho" de Gibraltar, añadió.

Para el diputado socialista Santiago Pérez, la cuestión del petróleo ofrece "múltiples dimensiones" que pasan por la necesidad del consenso en la sociedad canaria y entre las instituciones de las Islas. Tras recordar que el Gobierno presidido por José María Aznar dio una autorización a la compañía petrolera Repsol sin contar con el Ejecutivo autonómico "sin que éste tomara ninguna iniciativa en contra", defendió que Canarias "tiene un conjunto de competencias relacionadas" con la posible extracción del crudo, como "el medio ambiente o los recursos pesqueros".

Por ello, considera que "el Gobierno del Estado no puede tomar decisiones a espaldas de la comunidad autónoma ni ésta a espaldas de los cabildos, especialmente los más afectados".

El diputado socialista insistió en que en la historia reciente de investigaciones sobre petróleo en aguas cercanas a las Islas ha habido "dos etapas: una en la que el Estado tomaba decisiones unilateralmente sin que se produjera reacción alguna por parte del Gobierno autónomo, y otra en la que el Ejecutivo estatal se ha posicionado en favor del consenso".

Para Santiago Pérez, en cualquier caso, el hecho de que Marruecos se haya avenido a negociar con España significa reconocer que Madrid tiene parte de la soberanía de esas aguas, a lo que añadió que a Rabat le podría interesar delimitar la zona como una forma de consolidar la ocupación del Sahara. "A Rabat -dijo- le interesa claramente que España le reconozca su derecho a negociar no sólo sus propios límites, sino los límites de esa zona que está en litigio".

Un asunto de Estados

La posición del secretario de Organización del PP de Tenerife, Carlos Tarife, admitió que "quizá las cosas no se hicieron de la mejor forma posible" cuando el Gobierno de Aznar dio una autorización que fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional por un recurso del Cabildo de Lanzarote en manos del PSC.

No obstante, se mostró partidario de que sean los Estados español y marroquí los que decidan sobre las aguas como "oportunidad para normalizar" las relaciones diplomáticas entre ambos.

Tarife no expresó duda alguna sobre la necesidad de que cualquier hidrocarburo que se encuentre en aguas de soberanía española sea explotado y mostró su preocupación no ante los efectos de extracciones en territorio nacional, sino en aguas del reino alauí. "Si el petróleo pertenece a Marruecos, habría que tomar medidas defensivas desde el punto de vista medioambiental, ya que vamos a tener las extracciones a pocas millas", tras lo cual aseguró que la legislación de Rabat en estos asuntos no es tan garantista como la que observan los países pertenecientes a la Unión Europea.

Aunque los tres invitados anteriores no ofrecieran dudas sobre que España posee la titularidad sobre parte de las aguas, el experto en Derecho Marítimo Ramón Moreno dijo que al estar dentro del área económica exclusiva de Marruecos, según una ley de este reino, la zona en la que habría petróleo es de titularidad de ese país aunque ambos estados hayan iniciado negociaciones para a delimitación.

Para Moreno, la única forma de garantizar que Canarias se beneficie de los rendimientos económicos sería la existencia de un archipiélago estado -lo que le aseguraría un espacio marítimo propio- que, a su juicio, sería respetado por Rabat para el reparto de esos hidrocarburos.

"Con el estatus político que Marruecos tiene en la actualidad, el petróleo le corresponde a Rabat y la única manera de oponerse sería la independencia", una afirmación, la de que ese reino aceptara que un archipiélago independiente se beneficiara del petróleo, que levantó la incredulidad del resto de los invitados al debate.

Fernando Ríos insistió en ese punto en que las negociaciones entre España y Marruecos sobre el límite de las aguas suponen un reconocimiento implícito de la soberanía del Estado en parte de esas aguas.

Por su parte, Santiago Pérez explicó que desde la Constitución de 1978, "sólo puede hablarse de la soberanía del pueblo español, del cual forman parte los canarios". El diputado socialista recordó que los canarios votan en elecciones en las que las opciones soberanistas apenas tienen respaldo.

 

Texto: Naima Pérez y Nacho Martín Fotos: María Pisaca

 

Debate El Día, 22-06-2008