DECLARACIÓN DE LA GRANJA 18 de julio de 2008

Durante décadas, La Granja de San Ildefonso fue el lugar elegido por la dictadura franquista para conmemorar su golpe de Estado de 1936. Cada 18 de julio, una localidad de tradición republicana y obrera como La Granja se convertía en escenario de la celebración de la sublevación militar que dio comienzo a la guerra. En 2008, setenta y dos años después del inicio de la Guerra Civil, nos hemos reunido en La Granja asociaciones de todo el Estado español [y Canarias], representantes de víctimas de la represión franquista, familiares, ex presos, trabajadores, investigadores, juristas, periodistas y creadores. Hemos analizado durante una semana el momento actual del conocido como movimiento de recuperación de la memoria histórica.

Siete meses después de la aprobación de la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se adoptan medidas en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo”, conocida como Ley de Memoria Histórica, sigue pendiente su desarrollo reglamentario. A falta de ese desarrollo, y por el carácter limitado de la misma, muchos de los puntos que justificaban la necesidad de una ley (exhumaciones, retirada de símbolos de exaltación franquista, reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra y la dictadura, programas para la enseñanza de la historia reciente en el sistema educativo, etc…) siguen dependiendo hoy de la iniciativa, el trabajo y los recursos particulares de los ciudadanos organizados a través de estas asociaciones.

Los presentes en este encuentro, de acuerdo en la importancia que estos elementos tienen para la construcción de la ciudadanía en democracia, exigimos al Gobierno y a las administraciones competentes:

1.-El desarrollo reglamentario de la Ley 52/2007.

2.-La adopción de medidas que atiendan aquellos aspectos para los que la Ley no da una respuesta adecuada. Entre ellos:

- Realización por parte del Estado de un acto simbólico de reparación de las víctimas del franquismo.

- Exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, que debe ser responsabilidad asumida por el Estado.

- Inclusión de las víctimas de la transición en los supuestos de la Ley 52/2007, y de cuantas medidas se adopten.

- Ratificación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

- Cumplimiento de la jurisdicción voluntaria para la inscripción de desaparecidos en los registros civiles. -Anulación de la Ley de Amnistía.

- Creación de una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las víctimas de la dictadura, y elaboración de un censo de víctimas.

- Declaración de nulidad de todos los actos jurídicos represivos del franquismo.

- Reconocimiento de los guerrilleros como miembros del Ejército Republicano a todos los efectos, de las víctimas de aquellas acciones, y del papel de las agrupaciones de Guerrilleros y los puntos de Apoyo.

- Reconocimiento e indemnización para los presos utilizados como mano de obra esclava por las empresas durante la dictadura (y consideración de los mismos como presos políticos), así como el reconocimiento de quienes fueron depurados de sus puestos de trabajo, y de quienes sufrieron expropiación de bienes (responsabilidades civiles y responsabilidades políticas).

- Reconocimiento de las víctimas españolas de los campos de concentración nazis, y de los españoles que combatieron en los ejércitos aliados durante la II Guerra Mundial.

- Reconocimiento jurídico y protección de los lugares de la memoria de la República, la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista.

- Transformación del Valle de los Caídos en un espacio para la memoria democrática, previa desacralización y entrega a sus familiares de los restos de Franco y José Antonio, y a cuantos ciudadanos soliciten la recuperación de sus familiares.

- Creación de una oficina de información y atención a los represaliados.

- Garantizar la preservación, conservación, inventario y catalogación de los diferentes archivos que tengan depositados documentos sobre la guerra civil y la dictadura, y supresión de cualquier restricción a su consulta y difusión.

- Adecuación de los contenidos curriculares de los libros de texto a los valores democráticos y el reconocimiento de los derechos humanos. -Retirada del Congreso de los Diputados de los retratos de los tres presidentes de las Cortes franquistas.