DENUNCIA DEL STEC-IC A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN ANTE

 

LA COMISIÓN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 

 EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS - INTERSINDICAL CANARIA, en siglas STEC-IC, ante esa Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, adscrita al Ministerio de La Presidencia, comparece y como mejor proceda y haya lugar en derecho,

 

D I C E:

 

P R I M E R O.- Que, con fecha 9 de noviembre de los corrientes, la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Canario hizo público un comunicado institucional del siguiente tenor:  (Se adjunta copia del mismo, como documento número uno) y se da por reproducido su contenido. Se publicó de manera simultánea, el mismo día, en página última en los diversos periódicos de ambas provincias canarias.

 

S E G U N D O.-  Que el Sindicato al que represento obtuvo la mayor representación en las pasadas elecciones sindicales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue la fuerza más votada entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria.

 

T E R C E R O.- Que en el expresado comunicado, La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por medio de su titular,   incurre, al menos en una de las prohibiciones establecidas en el artículo 4.1.c) de la expresada ley 29/2005, dado que la  publicidad institucional, pagada con dinero público, menoscaba, obstaculiza y perturba uno de los derechos constitucionales de los profesores no universitarios; a saber: el de “Huelga Legal”. En concreto conculca el artículo 28.2 de la Constitución que instituye “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”

 

T E R C E R O.- El artículo 3.4 establece que “Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad y austeridad en el gasto”. En el comunicado que interesamos sea rectificado, con la misma difusión que el ya publicado, se vulneran todos los principios que la norma pretende proteger; de manera especial  la veracidad del contenido de la propaganda institucional, la pretendida responsabilidad de una Consejería que desacredita el sistema público de enseñanza y, de paso a unos profesores que ejercen constitucionalmente su derecho a la huelga en defensa de sus intereses y, por último, el gasto causado al erario público carece de la austeridad que predica la norma que intentamos hacer valer.

En concreto queremos denunciar que la propaganda institucional pagada con dinero público:

Falta a la verdad cuando la Consejera afirma que “los docentes canarios son lo mejor pagados de todo el Estado…” ya que cuenta dentro de las retribuciones el complemento de residencia que se corresponde con una indemnización y que a partir de los 12 años de servicios el profesorado canario se encuentra entre los peor remunerados.

No actúa de forma responsable cuando enfrenta a las familias con el profesorado en otro de sus párrafos “dejarán a los niños sin clase o sin notas o sin…” Respondiendo así a la desconvocatoria de huelga que para el propio día 9 había hecho el Comité de Huelga, con la finalidad de no seguir contribuyendo a la desacreditación del Sistema Público de educación, frente a la nula voluntad negociadora del Gobierno.

Y tampoco cumple con el  criterio de austeridad, al hacer uso de un despliegue de publicidad en los medios escritos de Canarias, como jamás había ocurrido en la historia más reciente de la enseñanza en nuestra Comunidad Autónoma.

 

En su virtud,

 

SOLICITO DE ESE ORGANISMO que, teniendo por presentado este escrito, el documento que se acompaña, así como sus copias, los admita y en mérito, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 de la Ley 29/2005 ya citada, exija a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la rectificación de la publicidad por carecer de interés general, faltar a la verdad, provocar un gasto innecesario que, en contra de la finalidad de todo gasto público, coadyuva a desacreditar el Sistema Público de Enseñanza. También interesamos que dicha rectificación se haga en los mismos términos que la ya publicada, para con ello enmendar en lo posible el mal causado; todo ello con las consecuencias y efectos a que haya lugar en derecho.

 

ES DE JUSTICIA, en la Ciudad de La Laguna a 13 de noviembre de 2007.