60 años de
derechos humanos
Justo
Fernández Rodríguez
Amnistía
Internacional (AI) denuncia que España está entre los diez países que no han
ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra
Sin que el mundo se hubiera recuperado de
los horrores de
En 30 artículos, se reafirman los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad, el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres, con independencia de su origen étnico, de su color o de su religión.
Publicada en más de 360 idiomas,
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Somos
iguales ante la ley y tenemos derecho a la vida, la libertad, la seguridad y al
reconocimiento de la personalidad jurídica. Nadie podrá ser sometido a
esclavitud o servidumbre, ni a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La
presunción de inocencia, mientras no se pruebe la culpabilidad, es una garantía
imprescindible en un Estado de Derecho. Todos tenemos derecho a la protección
de la ley, contra la injerencia arbitraria en la vida privada, familia,
domicilio o su correspondencia. Tenemos derecho a entrar y salir, circular
libremente y elegir nuestro lugar de residencia en todo el territorio del
Estado. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad o al derecho de asilo, en
caso de persecución. Hombres y mujeres disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, alcanzada la edad núbil. Nadie será privado arbitrariamente
de su propiedad y del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de
opinión y de religión. El derecho de reunión, asociación y participación
política tienen que tener las garantías legales para su puesta en práctica.
Nadie puede ser excluido de sus derechos económicos, sociales, culturales o a
la seguridad social; la libre elección de su trabajo, a igual salario por
trabajo igual, vacaciones pagadas y a la protección contra el desempleo. No se
pueden poner obstáculos legales al derecho a fundar sindicatos o a sindicarse
para la defensa de sus intereses. El derecho a una educación gratuita, en la
instrucción elemental, deber estar generalizada. Ningún Estado, grupo o persona
puede realizar actos para restringir o suprimir los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración.
Sesenta años después,
Louise Arbour, Alta Comisionada
de
Aún existen 78 países que continúan aplicando la pena de muerte. En 2003 se
produjo una reducción importante de las ejecuciones, pasando de las 1.526 del
año anterior a las 1.186, ejecutadas. China, 726; Irán, 108; EE.UU., 65;
Vietnam, 64; Arabia Saudí, 50; Yemen, 30; Sudán, 10;
Singapur, 10; Taiwán, 7, o Cuba, 3, formaron parte de los 28 países en los que
continuó aplicándose la pena de muerte.
En 2007, se han producido menos ejecuciones, 1.252 personas fueron ejecutadas
en 24 países, aunque algunos de ellos ocultan como secreto de Estado los datos
sobre las ejecuciones. China continúa encabezando la lista, con 470 ejecuciones
registradas, aunque, según AI, su número real podría alcanzar varios miles.
3.347 personas fueron condenadas a muerte por tribunales de 51 países.
En los últimos 19 años, más de 45 personas han sido ejecutadas por delitos
cometidos cuando eran menores de edad. Pese a la prohibición en el derecho
internacional, algunos países la mantienen. Irán, Nigeria, Congo, Pakistán,
Arabia Saudí, Yemen, China y EE.UU. continúan
manteniendo tan vergonzosa práctica.
EE.UU., en nombre de la democracia, se ha convertido en campeón de la violación
de derechos humanos, bombardea ciudades indefensas; mata mujeres, ancianos y
niños; defiende la utilización de la tortura, la violencia policial y mantiene
la pena de muerte en una gran parte de sus Estados, donde se mata a la carta:
fusilamientos, silla eléctrica, cámara de gas, ahorcamiento o inyección letal,
sin que el número de delitos de sangre haya descendido. Todos los estudios, al
efecto, confirman que la pena de muerte no tiene efectos disuasorios en la
criminalidad. Por el contrario, en Canadá, desde la abolición de la pena de
muerte, en 1975, el índice de homicidios ha descendido un 45%.
Mientras siga vigente la pena de muerte, el riesgo de ejecutar inocentes nunca
podrá eliminarse por completo. Desde 1973, 131 condenados estadounidenses
eludieron su ejecución porque surgieron pruebas, después del juicio, que
demostraban que eran inocentes de los delitos por los que habían sido
condenados. En todos los casos, existieron factores, que se repetían, que
condicionaron la decisión del jurado: conducta indebida del ministerio público
o la policía; el uso de testimonios, pruebas físicas o confesiones poco fiables
o una defensa incompetente. No han sido pocos los presos ejecutados a pesar de
existir serias dudas sobre su culpabilidad.
Amnistía Internacional (AI) denuncia que España está entre los diez países que
no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra
Los derechos humanos no pueden constituir una especie de ornamento democrático
a exhibir cuando la vida pública transcurre con normalidad. El endurecimiento
de las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte o la ejecución de menores,
no pueden utilizarse como un método para acallar miedos, temores y afanes de
venganza, con fines electorales, convirtiéndose en la solución de partidos
políticos o gobiernos, para alcanzar el poder o mantenerlo en situaciones de
dificultad, inseguridad, incertidumbre o crisis, a lomos del miedo y los
sentimientos de venganza generados en una buena parte de la ciudadanía. Todos y
cada uno de los ciudadanos estamos legitimados para denunciar a quienes, ya
sean individuos, instituciones o gobiernos, cometen o permiten la violación
sistemática de los derechos humanos.