Día Mundial
contra
Justo
Fernández Rodríguez
La corrupción política constituye un abuso
de poder y un engaño para quienes han confiado la administración de los
intereses públicos a una determinada fuerza política, creyendo las promesas de
honestidad y transparencia de sus líderes. Abarca un amplio espectro de
irregularidades y delitos, y múltiples formas de actuación. Las más extendidas
son la aceptación de sobornos por concesión de licencias de construcción;
recalificaciones de terrenos rústicos en urbanizables; privatización de
servicios públicos o adjudicación de costosas campañas publicitarias a
televisiones, emisoras de radio y empresas cercanas al poder.
No escapan a la corrupción los grandes proyectos de obras públicas, autopistas,
tranvías, trenes, auditorios, palacios de exposiciones, embalses,
abastecimiento de aguas o nuevas y discutibles instalaciones deportivas o
portuarias mediante informes falsos, descalificaciones y presiones a todos los
que intentan oponerse. Muchas veces importa más el negocio de construir grandes
obras, que proporcionan enormes beneficios a los socios-protectores
empresariales, a veces multinacionales, que los beneficios que puedan
proporcionar a los ciudadanos.
La más negativa consecuencia de la corrupción generalizada es el clima de
impunidad creado por una justicia controlada por los intereses, legales o
ilegales, de gobiernos y sectores empresariales; organismos de control de la
acción pública supeditados al poder; medios de comunicación, en buena medida,
serviles a los poderes políticos o económicos y, especialmente, la indiferencia
cómplice de una ciudadanía que se escandaliza en tertulias callejeras,
reuniones de amigos, bares y cafeterías del lodazal donde se revuelcan los
políticos, pero sumisa, domesticada, manipulada y clientelar
a la hora de emitir su voto en cada convocatoria electoral.
Teniendo presente que la prevención y erradicación de la corrupción es
responsabilidad de todos los estados, y que éstos deben cooperar entre sí, con
el apoyo y participación de personas y grupos que no pertenecen al sector
público, como la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, para
que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces. Preocupados por las amenazas
que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la
justicia, y comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, en
2004 las Naciones Unidas establecieron el 9 de diciembre de cada año como Día
Internacional Anticorrupción, ratificado por 137 países, entre ellos España,
como un paso decisivo para acabar con la corrupción, facilitando asistencia
para repatriar bienes robados por dictadores u otros funcionarios públicos, la
prevención del lavado del dinero, la persecución de empresas e individuos
corruptos, la prohibición del soborno a funcionarios públicos y la mejora de la
normas contables y de auditoría en el sector privado.
Sin embargo, al no tomarse medidas eficaces para eliminarla o, por lo menos,
reducirla, la corrupción aumenta en casi todo el mundo, tanto en países ricos
como en los más pobres; tanto en los sistemas de gobierno democráticos como en
los autoritarios, como vienen reflejando, cada año, los informes del Banco
Mundial, el Grupo de Estados contra
En España, con las lógicas excepciones, se ha generalizado el incumplimiento de
las promesas electorales, los abusos de poder, las mentiras, el oscurantismo,
el despilfarro, el nepotismo, la financiación ilegal, el amiguismo, el tráfico
de influencias, la información privilegiada, el enriquecimiento ilícito y la
utilización sectaria de las instituciones en favor de empresarios amigos.
El sobrecoste artificial de las obras públicas e infraestructuras,
cuatro o seis veces mayor que el presupuestado inicialmente, tiene negativas
consecuencias en los servicios públicos como educación, sanidad, protección
social o medio ambiente.
En Canarias gobiernan, desde hace más de diez años, Coalición Canaria y el
Partido Popular, y, con independencia de la incompetencia, ineficacia y
sectarismo de su acción de gobierno, han proliferado los escándalos de presunta
corrupción que, lejos de llevar a sus dirigentes, cómplices por acción u
omisión, a cesar a los imputados por los Tribunales, han colocado a Canarias
rivalizando con Valencia, Málaga, Murcia, Madrid o Alicante, gobernadas por el
PP, en el pelotón de cabeza de la corrupción urbanística. En cualquier caso,
los dirigentes del PP y CC han intentado eludir sus responsabilidades,
responsabilizando de la publicación de los casos de corrupción a la propia justicia
y su connivencia con algunos medios de comunicación. Solo en Canarias y Murcia
el PP acumula más de 40 cargos públicos imputados en distintos casos de
corrupción.
Un e-mail enviado por error a la prensa ha evidenciado que esas
imputaciones, el hecho de culpar a
En los últimos días, el Grupo de Estudios de Política Criminal, en el que se
integran más de 200 penalistas y criminalistas (catedráticos, jueces y
fiscales) ha exigido el endurecimiento de las penas contra la corrupción
urbanística. Entre otras medidas, piden la elevación de las penas para delitos
urbanísticos; controles más estrictos para impedir la "connivencia o
negligencia" de notarios y registradores de la propiedad; castigar como
prevaricadores a los que voten o informen favorablemente planes urbanísticos
ilegales y la disolución de los ayuntamientos corruptos.
En cualquier caso, no basta con un día para luchar contra la corrupción...