El plazo apremia

SI ALGUIEN TENÍA DUDAS sobre el trato que desde hace siglos recibe Canarias por parte del poder estatal, lo ocurrido esta semana con la reforma del Estatuto de Autonomía es una prueba bastante evidente de lo que las Islas representan para Madrid. El hecho de que Canarias sea la única Comunidad que no ha logrado sacar adelante en las Cortes su proyecto de reforma y tenga que volver a elaborar un texto alternativo es una muestra más de que somos un país sometido y colonizado, política y administrativamente.

No es que el rechazo nos cause una gran desazón, al contrario, nos alegramos de que haya sido así, pues desde un principio advertimos de que no estábamos satisfechos con su contenido. No sólo porque no eliminaba las humillaciones a Tenerife recogidas en su preámbulo, sino porque las modificaciones realizadas, copiando en muchos casos a catalanes y andaluces, no nos concedían las competencias y libertad que este Archipiélago necesita para quitarse de encima el yugo de un Estado que nos sigue tratando como una colonia situada a miles de kilómetros. Su fracaso, tal y como expusimos en un Editorial el pasado jueves, es una buena oportunidad para elaborar un documento que otorgue a Canarias lo que precisa. Y no se trata, como dicen algunos, de romper abruptamente con España, país hermano al que siempre nos unirán lazos afectivos, culturales, económicos…, sino de redactar un estatuto especialísimo que haga justicia con este territorio alejado, cuya naturaleza nada tiene que ver con el resto del territorio peninsular, y ponga las bases para lo que realmente es y necesita: el país canario y su soberanía, sencillamente. Y sin recelos ni estridencias, porque la lógica y la razón, un mandato universal y la libertad y dignidad humana y de los pueblos, lo exigen. Ya.

Se trata, en definitiva, de dotar a Canarias de los mecanismos necesarios para, entre otras cuestiones, poder regular la entrada de foráneos, sus aguas, sus puertos y aeropuertos y su economía. Las Islas disponen de recursos suficientes para desarrollar una economía próspera: turismo, construcción y agricultura, por citar sólo algunos sectores, y podría, por qué no, al igual que otros territorios de su tamaño o más pequeños (Irlanda, Shanghai, Hong Kong, Singapur), ser un referente en el campo de las nuevas tecnologías. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de un Archipiélago situado en un enclave singular y estratégico con unas condiciones climatológicas envidiables y un sol que nos puede asegurar el turismo si este sector se trata con mimo e inteligencia. Sólo hay que ejercer lo que desde antiguo ha sido considerada la principal fuente de riqueza de cualquier pueblo, el trabajo, el trabajo bien hecho, por supuesto.

Hay quien considera que aspirar a conseguir este estatus es descabellado y no se recatan en criticar abiertamente nuestro planteamiento. Quizás porque desconocen la idiosincrasia de los canarios o simple y llanamente quieren limitar los deseos de libertad de este pueblo. Algunos hablan de amenazas y del peligro de ser invadidos –cobardes catastrofistas–, sin tener en cuenta que el hecho de ser libres no significa estar desprotegidos –Puerto Rico, Estado Libre Asociado, no tiene ejército, Costa Rica, tampoco, y Suiza, sólo milicias–, pues Canarias, por su posición estratégica, podría continuar bajo el paraguas de la OTAN y otros organismos internacionales y mantener un concierto con las eficacísimas Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército español, cuya honradez y actuación son suficientes garantías para sentirnos y estar protegidos. Pero no va a pasar nada, los pesimismos son más cadenas.

También hay quien quiere romper nuestras reglas de juego para impedir que Canarias logre esa anhelada libertad, sin ser conscientes de que la lógica y la razón terminarán por imponerse. Es difícil comprender que algunos políticos pierdan el tiempo, nuestro tiempo, con cartas marcadas y anticuadas en lugar de buscar lo que el pueblo les demanda. Ese estatuto especialísimo que venimos exigiendo tendría que terminar con tanta chatarra política y, de paso, arrastrar la periodística para evitar que sigan haciendo daño al Archipiélago y, sobre todo, a Tenerife.

No se trata, insistimos, de romper abruptamente con el Estado, sino de apoyarse en los medios y disposiciones nacionales e internacionales para que Canarias pueda desarrollar, por ejemplo, sus propias relaciones diplomáticas y, a través de ellas, conseguir que antes de 2010, sin violencia ni estridencias, repetimos, con la razón y la palabra, se aplique la ley de libertad de los pueblos y que los canarios alcancemos ese anhelo de siglos de no tener más amo que nosotros mismos. Por todo ello, y en paralelo a la elaboración de la nueva reforma del Estatuto de Autonomía se deben hacer las gestiones que sean precisas ante el Comité de Descolonización de la ONU, la OTAN y la UE.

Hasta hoy, nunca hemos hablado de independencia, de separatismo, de crear un nuevo estado. Tan sólo hemos mencionado términos como soberanía, colonia o país canario. Y nadie nos podrá negar que Canarias, desde que hace seis siglos gente acorazada acabara con casi todos los aborígenes, ha sido tratada como una colonia y ha vivido sometida y dominada. El simple hecho de no ser un territorio continental, peninsular, sino un archipiélago alejado, invalida que se trate a las Islas como una región o una comunidad autónoma más. Si hasta ahora ha sido así es por mantener ligadas a las Islas al Estado a través de una burda trampa política. Sin embargo, ha llegado la hora de decir basta y recobrar la identidad y libertad de este pueblo, administrando bien y honradamente nuestra riqueza material y humana.

Para ello hace falta un estatuto especialísimo y no como el que ahora acaba de fracasar en las Cortes, que en ciertos ambientes ya se había comparado a una "pepona", por su inutilidad para otorgar a Canarias la libertad y competencias que necesita. Es preciso un nuevo texto que contemple la soberanía como una meta real, factible y que prevea todos los pasos que haya que dar para llegar a ese fin. En caso contrario, cómo vamos a poder seguir viviendo los canarios en esta precaria situación, dependiendo de los caprichos de la metrópoli y de cualquier chisgarabís político de Madrid.

Y aquí volvemos a recordar que en 2010 ya es un mandato universal obligatorio, el de la ONU, que se otorgue la libertad absoluta a todos los pueblos sometidos. Canarias entre ellos. No hay contrasentido: mientras llega ese año, es preciso un estatuto especial que recoja lazos afectivos y formalidades nacionales convenientes, como preparación a la ineludible e inmediata soberanía.

Y no es una apreciación a la que haya llegado sólo EL DÍA. Lo denunciaba el pasado fin de semana en estas mismas páginas el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al afirmar que "nuestro archipiélago y, más concretamente, esta Isla han debido afrontar en numerosas ocasiones el abandono, cuando no el desdén, de quienes en un momento u otro de la Historia han ejercido las responsabilidades gubernamentales en Madrid. Todos somos conscientes del escaso interés que tradicionalmente han despertado las Islas en la capital española, más allá de buenas intenciones y palabras laudatorias hacia cuestiones en este caso secundarias, como el clima o las bellezas naturales. En la actualidad nos hallamos inmersos en uno de esos períodos en los que el gobernante de turno desprecia a los isleños y no les otorga la consideración que merecen". Rotundo.

El despertar al que se refería no hace mucho en este periódico el presidente del Partido Nacionalista Canario en Tenerife, Juan Jesús Ayala, está ocurriendo. Somos un país y se llama Canarias. A pesar de algunos mentecatos periodistas y colaboradores de Prensa que han surgido recientemente aludiendo al derecho internacional y creyendo que están en posesión de la verdad, se nos trata como a una colonia para desterrados y hay quien pretende mantenernos desunidos para que el Estado continúe poniendo su pata encima de los canarios. Es precisamente esta situación la que nos lleva a preguntarnos cuáles son esos argumentos poderosos que nos obligan a obedecer a la madre patria si ella fue la que nos maltrató siempre y ahora nos trata mucho peor. ¿Qué clase de ciudadanos somos si ante España, Europa y el resto del mundo no somos nada definido? Queremos ser nosotros mismos, como Malta, Cabo Verde, las Seychelles u otros territorios aún más pequeños que nosotros repartidos por el globo terráqueo. Queremos seguir siendo europeos y de raza guanche, porque nuestras raíces y cultura lo son, pero libres y soberanos, para no seguir dependiendo de la metrópoli y de cualquier soberbio situado a 2.000 kilómetros de distancia.

La fórmula a elegir para conseguir este anhelo del pueblo canario nos da igual. Algún estúpido ha dicho que la Commonwealth es algo distinto. Lo sabemos y tan sólo ha sido expuesta como ejemplo de países que ya son libres y soberanos. Hay otros como el de la Confederación Helvética o el Estado Libre Asociado, tipo Puerto Rico. O soberanos simple y llanamente, como Malta, Cabo Verde y otros muchos.

Pedimos a los nacionalistas de verdad, no a esos de diploma y manta esperancera, que sólo usan esta etiqueta para medrar, presumir de escaño y recibir un buen sueldo, que se replanteen qué clase de Estatuto pretenden hacer y reflexionen sobre cuál es el fin último del nacionalismo: la soberanía. El presidente del Gobierno canario debe ser realista y ver que el futuro está ahí mismo, y debe iniciar cuanto antes las negociaciones necesarias para desbrozar el camino y plantear allí donde fuera necesario nuestras aspiraciones. La política que se desarrolla en la actualidad sólo conduce a la misma crispación, al mismo sometimiento y obediencia a Madrid, al mismo palo y tentetieso. El plazo apremia.[…]

Extracto del Editorial de El Día, 14-10-2007