La soberanía no puede esperar

Cuando los argumentos resultan explícitos y contundentes, la única forma de enfrentarse a ellos es a través de la descalificación. Y harto explícitas y contundentes han sido las razones aportadas desde estas páginas para que Canarias recupere su soberanía, un debate social que, aunque latente desde hace décadas, se encontraba aquejado en los últimos tiempos de una sempiterna somnolencia que felizmente se ha superado a través de los editoriales de EL DÍA. De igual manera, el despertar de ese sentimiento nacionalista, que desde estas páginas hemos querido encauzar dentro de la más estricta legalidad, sin quebrar en modo alguno el orden constitucional vigente, ha provocado que aflorasen sentimientos encontrados, respetables todos siempre que no traspasen el umbral de la pérdida del respeto a las ideas ajenas. Y es que, por lo visto, en estas islas conviven dos tipos de demócratas: los que aceptan la disensión ideológica con sus pareceres, tal es el caso de este periódico, y los que convierten la democracia en una finca particular, fuera de la cual todo lo que distorsione resulta indigno y peligroso. Apelamos por ello una vez más al respeto mutuo, al intercambio de ideas que debe caracterizar a una sociedad civilizada como la canaria, que aspira además, en el menor plazo de tiempo posible, a recuperar su libertad.

Y es que los porqués de la necesidad de recuperar la soberanía a través de un estatuto especialísimo consensuado con el Estado español, el imprescindible restablecimiento del derecho de los canarios a recuperar su propia identidad tras seis siglos de dominio español, se encuentran a estas alturas lo suficientemente documentados como para dar el siguiente paso, igual que la imperiosa urgencia de que España concluya el proceso de descolonización que dejó a medias tras devolver la soberanía a sus posesiones americanas, asiáticas y africanas, pero en el que olvidó, acaso por circunstancias políticas coyunturales, a un archipiélago atlántico situado a dos mil kilómetros de distancia. Llegado este punto, el papel del nuevo Gobierno de Canarias resulta vital, toda vez que debe ser su presidente, Paulino Rivero Baute, y los miembros nacionalistas de su equipo quienes, capeando las lógicas presiones del resto de los componentes del Ejecutivo, los representantes del Partido Popular, o lo que es lo mismo, del poder estatal español, actúen de forma paralela en dos escenarios: por una parte, en la negociación con España; por otra, en la defensa de la causa soberanista canaria en los más importantes foros internacionales, desde Naciones Unidas hasta la Unión Europea pasando por la OTAN o la OSCE. El protagonismo en la escena mundial se adivina crucial, toda vez que sólo de esa forma se podrán mitigar las continuas presiones de la diplomacia española, que en las últimas décadas ha tenido el camino expedito para convencer a la comunidad internacional de que olvide el caso canario. Pero diversas circunstancias juegan en este caso a favor del Archipiélago y en contra del Gobierno español, la más importante de ellas la declaración en el año 2000, por parte de Naciones Unidas, del Segundo Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo (2001-2010), una opción política y jurídica a la que puede acogerse Canarias con sobradas y fundadas razones. Al mismo tiempo, no son pocos los países americanos, africanos y hasta europeos que contemplan el caso canario como una situación anómala, acaso como el del único territorio de la Unión Europea, junto con Gibraltar, que cabe considerar como colonia.

El hecho de que falten aún tres años para que concluya el decenio instaurado por la ONU permite planificar una acción que contemple el despliegue internacional y la persistencia en el mensaje, aunque los días pasan y sería poco conveniente quedarse mirando el calendario sin tomar decisión alguna. Es decir: ha llegado la hora. El nacionalismo canario, en concreto el que ocupa en estos momentos la legítima representación de los ciudadanos de toda raza y procedencia que pueblan estas Islas, tiene ahora la oportunidad de hacer honor a su denominación, de demostrar que sus ideales son realmente los del nacionalismo, porque, seamos claros, el nacionalismo sólo puede desembocar en un mar: el de la soberanía. Cualquier otro desenlace sería un burdo engaño a quienes han depositado su confianza en tales representantes públicos. Incomprensible y hasta indignante resultó hace pocos días escuchar a un dirigente "nacionalista" en el Parlamento hablar de la situación de Canarias dentro de 25 años en la coyuntura de la nación española. Ese personaje, desde luego, no es un nacionalista, sino un mero superviviente político que se embute en un disfraz ideológico que le permite cobrar una suculenta nómina de la administración pública. Por ello resulta del todo necesario que sólo se presten a participar en tan crucial proceso los nacionalistas de verdad, los mismos que, una vez materializada la soberanía, deberán consensuar con las restantes formaciones políticas el modelo de gobierno ideal para las Islas, sopesando fórmulas tales como la separación política y administrativa plena del Estado español, la libre asociación o la aplicación de un sistema similar al de la Commomwealth británica. Ese será el siguiente paso, y sea cual fuere el modelo elegido, siempre deberán mantenerse, incluso reforzarse, los lazos afectivos, culturales y económicos con España, un Estado que, aunque carente de la sensibilidad suficiente hacia Canarias a lo largo de seis siglos, acaso porque jamás ha dejado de tratar a las Islas como colonia, forma parte de la esencia misma de los canarios. España debe ser siempre una de nuestras prioridades para todo lo bueno, pero dejando de lado, por supuesto, los ámbitos político y administrativo. Y llegará entonces el último paso, la consolidación de una democracia occidental plena con partidos de todas las tendencias políticas, desde conservadores y liberales hasta centristas, democristianos o socialistas, con la característica común de que, ahora sí, las decisiones no se tomarán a dos mil kilómetros de distancia. A partir de ese momento la totalidad de la clase política pensará por y para Canarias, lo que abrirá nuevas perspectivas de desarrollo siempre en el seno de la UE y la OTAN. A esas alturas el nacionalismo, una vez cumplidos sus objetivos, ya no tendría razón de ser, y sus componentes se dispersarían entre las diferentes organizaciones ideológicas existentes. […]

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PAULINO RIVERO, durante su visita al centro de emergencia para menores extranjeros de Tegueste, dijo una verdad como un templo: "...para Zapatero, el Estado termina en Cádiz", en alusión a la inmigración. Cierto, porque de Cádiz hacia abajo, a unos dos mil kilómetros, más o menos, está Canarias; no hay España, no hay Estado, sólo colonialismo. Las Islas, disfrácense como se disfracen, con cualquier trama política, son una colonia, lo cual es una indignidad para los canarios.

De acuerdo con el orden legal y constitucional vigente, y con la razón y el mandato de Naciones Unidas, debe concederse al Archipiélago, mediante un Estatuto especialísimo, la soberanía. El resto llegará por añadidura. El siglo XX fue testigo de la total descolonización. Quedan en la actualidad muy pocos países por lograr la emancipación, entre ellos Canarias y otras islitas francesas en el Caribe. Vivimos ya en el siglo XXI, y superados ya sus albores es hora de reclamar el derecho a ser libres. Ya.

Extracto del Editorial del periódico EL DIA, 30-09-2007