EDUCACIÓN, CARNESTOLENDAS Y CARNAVALADAS

Adolfo Padrón Berriel *

El tiempo corre muy deprisa y el calendario nos arrastra sin dar opción a digerir vivencias. Atrás quedó el desgastado espíritu navideño con el que cada hijo de vecino ha fundido alegremente sus tarjetas de crédito, para que nos asalte, sin aviso y por la espalda, “Don Carnal”.

Según algunos historiadores, el origen de la lujuriosa fiesta se puede remontar, 5.000 años atrás, hasta tiempos de egipcios y sumerios, pero es en el esplendor del Imperio Romano donde encuentra sus mayores influencias: unas celebraciones en honor al dios Baco, el dios del vino, en las que estaba permitido, durante unos días, que ciudadanos y esclavos compartieran como iguales toda suerte de desenfrenos, incluidas las ridiculizaciones y los desagravios de los unos hacia los otros. Al fin y al cabo el desenfreno es inconsciencia y, de su mano, desmemoria: ¡Cuántas transformaciones de la Historia, cuánto alzhéimer colectivo usados como herramientas de contención social!

Fue, precisamente en plena resaca carnavalera, hará en breve un año, cuando los sindicatos del sector educativo decidieron unir sus fuerzas para reclamar al Gobierno de Canarias la que durante más de una década venía siendo una demanda creciente entre el profesorado: el reconocimiento de su trabajo al mismo nivel que a sus homólogos en otros sectores de la Administración Pública. No se trataba de pedir aumentos salariales ni nuevos marcos retributivos a negociar entre ambas partes con un “¿Y tú, que me das?”; no se trataba de acudir a un mercadillo con técnicas de “regateo moruno”; sino de exigir el reconocimiento y la corrección de una deuda adquirida con los trabajadores de la enseñanza por sucesivos gobiernos de nuestra Comunidad.

Pero, ¿de qué polvos vienen estos lodos? Recobremos, con permiso, la memoria:

Corría el año 1.991 cuando se aprobó, siendo Lorenzo Olarte Cullén presidente del Gobierno Canario, la Ley de Homologación que rescató a los docentes de nuestro archipiélago de la precariedad salarial que venían padeciendo y es que el dicho popular de “pasa más hambre que un maestro de escuela” tenía fundamentos históricos y sociológicos más que suficientes, pues nuestra labor fue siempre considerada, más que una profesión, una vocación de servicio desinteresado.

Ese mismo año, tomaría el relevo presidencial un reeditado Jerónimo Saavedra. Un tal José Antonio, de cuyos apellidos no quiero acordarme, asumía las riendas de la Consejería de Educación ganándose una triste memoria de los docentes, pues se dice que puso de moda, como deporte institucional, sembrar el descrédito hacia los trabajadores de la enseñanza; recurso que no han dudado en utilizar otros muchos políticos en cuanto la ocasión les ha sido propicia, pues verter las culpas del sistema sobre los trabajadores siempre ha resultado una estupenda cortina de humo para ocultar gestiones deficitarias.

Poco le duró la reedición a D. Jerónimo porque, en la primavera del 93, tras una moción de censura, una “mesa de partidos” entre los que se encontraban diversas agrupaciones insularistas, se alzaba como mayoría suficiente para configurar lo que se presentó como la “alternativa nacionalista canaria”. Éste sería el comienzo de la era ATI-Coalición Canaria.

José Mendoza sería el primer Consejero de Educación nacionalista. De procedencia sindical y asamblearia, generó optimistas expectativas entre la profesión docente; pero pronto se produciría el desencanto y con él una cierta esquizofrenia en el movimiento sindical más reivindicativo que dio como fruto su disgregación. Es en este momento cuando el movimiento del profesorado, muy fuerte años atrás, comienza a perder fuelle y algunas centrales sindicales, hipotecadas con las administraciones, renuncian al sindicalismo más reivindicativo para ofrecerse como “conseguidores”: Premisas como “negociar es ceder”, “más vale pájaro en mano,…”, “hay que ser razonables y no caer en maximalismos”, etc., eran argumentos recurrentemente utilizados para justificar acuerdos poco presentables.

Mendoza sería sucedido por José Miguel Ruano, hoy Consejero de Presidencia, a quien le fue encomendado desarrollar una política de recortes (Ruano “manos tijeras” le apodaron) destinada a corregir el agujero financiero que ese mismo gobierno había generado en el mandato anterior. Rápidamente se comprobaría, que más que una medida puntual, se trataba de la puesta en práctica, sin temores ni complejos, de toda una concepción ideológica sobre la gestión de los Servicios Públicos. Al grito de “más madera, esto es la guerra”, que diría Groucho Marx, los sucesivos gobiernos someten a Canarias a un paulatino desmantelamiento de lo público mientras cada vez más recursos se desvían al sector privado, aumentan los conciertos y las competencias de las administraciones comienzan a ser transferidas a “fundaciones” de gestión externa.

En educación, esa política de recortes se ha traducido en un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, pero también en una disminución de la calidad educativa y en un preocupante aumento del fracaso escolar, habiendo quien afirma que no se trata de una torpe gestión, sino de una estrategia para conseguir el desprestigio social de la red pública y justificar así el crecimiento de la red concertada a pesar de saber, a ciencia cierta, que sólo los centros públicos garantizan una asistencia universal y no segregadora de nuestros niños y jóvenes.

Parece, cuando menos curioso, que la llamada alternativa nacionalista canaria, a modo de versión tropical de los “Iluminatis de Baviera”, en su planificación del “Nuevo Orden” haya obviado que la estructura social canaria es una de las más frágiles y, por ende, altamente dependiente de la existencia de unos servicios públicos sólidos, con suficientes recursos presupuestarios y bien organizados.

En estos años, mientras tanto, frente a la racanería presupuestaria, frente al endurecimiento de las condiciones laborales, frente a los rápidos cambios sociales…, el profesorado ha salvado los muebles asumiendo cada vez más tareas, más roles y más precariedad y todo ello aderezado con un menor reconocimiento social y, lo que es aún peor, administrativo.

Resulta una verdadera carnavalada que este gobierno repita con sorna que cualquier negociación sobre la reivindicación de homologación debe ir ligada a “mejoras del sistema educativo”. ¿Cómo casa ese discurso con el desarrollado por el actual Vice consejero, Gonzalo Marrero, cuando manifestaba al Comité de Huelga que la educación no estaba en los primeros lugares entre las prioridades de este gobierno? Según él, las encuestas revelan que la sociedad canaria anda más preocupada por otros asuntos, como la seguridad o la inmigración. -Seguramente, lo que le quita el sueño a todo hijo de vecino, es saber si por fin tendremos Policía Autonómica-.

Mayor carnavalada resultan, si cabe, las declaraciones de nuestra entristecida Consejera al reconocer que el profesorado canario había rechazado su truculenta oferta de “Nuevo Marco Retributivo”. ¿Jornada triste para quién, Milagros? ¿Para la enseñanza? -Más bien para un gobierno que menospreció a sus docentes pensando que podría acallar sus voces a cambio de unos diezmos y que encima asumirían toda la responsabilidad sobre la calidad del sistema-.

Un año, después de iniciada esta lucha, con “don carnal” suelto, tiene Don Paulino una oportunidad de enderezar el rumbo y demostrar que realmente se apuesta por potenciar la calidad de los servicios públicos, con políticas presupuestarias adecuadas y medidas concretas que palien la actual situación. Hablemos si se quiere de pactos sociales y esfuerzos comunes (hasta ahora todos los hemos puesto de este lado); pero él (no en vano, fue docente), su gobierno y los trabajadores de la enseñanza, sabemos que eso nada tiene que ver con lo que toca: corregir el agravio retributivo al que se nos viene sometiendo ya de forma histórica.

¡Felices carnestolendas, presidente!, pero no olvide que, irremediablemente, llegará enseguida la cuaresma.

Las Palmas de G.C. a 1 de febrero de 2008.

* Delegado de Personal de EA-Canarias y miembro del Comité de Huelga de la Enseñanza Pública no Universitaria por la Homologación del Profesorado con el resto de los Funcionarios Públicos.