2010: un mandato
internacional que España olvida
El 8 de diciembre
de 2000 la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el periodo comprendido entre 2001 y
2010 como Segundo Decenio Internacional para la Eliminación
del Colonialismo. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2004, la propia
Asamblea instó a los estados miembros a que colaboraran con el
Comité Especial de Descolonización, citando en concreto el
derecho inalienable de los habitantes de Anguila, las Bermudas, Guam, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos,
las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos, Montserrat, Pitcairn, Samoa Americana
y Santa Elena a la libre determinación según los planteamientos
de la Carta de
Naciones Unidas. En aquel momento, hace tan solo tres años, se
reafirmó también que no existen alternativas a ese principio de
libre determinación y se reiteró el llamamiento a los gobiernos
con territorios coloniales para que, en colaboración con las autoridades
locales, fomentasen la instrucción cívica con vistas a que la
población tomase conciencia de su derecho al reconocimiento de la
soberanía. Huelga decir que tal dictamen ha pasado desapercibido en
España, con seguridad porque la administración estatal, que se sabe
acreedora del mandato de la ONU,
suspiró con alivio tras comprobar que las Islas Canarias no figuraban en
el listado de territorios susceptibles de recuperar su soberanía. Pero
esa sorprendente ausencia en el listado aprobado por la Asamblea General,
que en ningún momento de la declaración se considera cerrado ni
excluyente, no cabe achacarlo a un olvido, toda vez que en la mayor parte de
los foros internacionales, incluidos no pocos países de la Unión Europea,
se considera a Canarias un territorio ocupado, el último reducto de un
proceso de descolonización que aún no ha finiquitado. El motivo
de tan increíble ausencia, de que se haya obviado a uno de los reductos
coloniales con mayor población del mundo, no es otro que la insistencia
de la diplomacia española para evitar cualquier debate internacional
acerca del derecho a la soberanía de un archipiélago que se
encuentra a dos mil kilómetros de la metrópoli. Al incuestionable
éxito del Ministerio de Asuntos Exteriores en este ámbito se suma
el desvío del interés de la opinión pública
española hacia conflictos provocados por nacionalismos artificiales y
sin sentido como el vasco o el catalán, que se han valido de la
violencia dialéctica y física para tornarse en supuestas cabezas
de lanza de sendos movimientos soberanistas a todas luces ridículos y
que en ningún momento encontrarían acomodo en el derecho
internacional. Y, por supuesto, tampoco podemos quitar méritos a los
servicios de inteligencia del Estado español, embarcados en una guerra
sucia cuyo objetivo ha sido mitigar y erradicar en la medida de lo posible
cualquier movimiento nacionalista insular, un empeño que se
advirtió con especial ímpetu en la etapa de la transición,
cuando uno de los principales quebraderos de cabeza del entonces inquilino del Palacio
de La Moncloa,
Adolfo Suárez, era la más que probable descolonización de
Canarias en lo que se adivinaba como la culminación de un proceso
lógico que había sido aplazado por la convulsa situación
interna de España, que había desembocado en una cruenta guerra
civil y posteriormente en las cuatro décadas de mando de Francisco
Franco. Precisamente por ello, la jugada maestra del proceso por el cual se
pretendía acabar con cualquier forma de rebelión contra el
sometimiento al Estado español fue la inclusión de las islas como
un territorio continental más dentro del entramado administrativo
español. La conformación del denominado estado de las
autonomías permitió calzar a Canarias en una estructura piramidal
donde las decisiones importantes, como no podía ser de otra forma, se
seguían tomando en los despachos de la capital. Como contrapartida, un
estatuto de artificiosa autonomía posibilitaría, según el
esquema de las cabezas pensantes de la época, entre ellas los ponentes
de la
Constitución de 1978, satisfacer las ansias de
autogobierno de las Islas. Tamaña aberración, conceder a un
archipiélago atlántico situado a dos mil kilómetros de
distancia idéntico trato que a Galicia, Cataluña, Valencia o
Andalucía, se ha convertido con el paso de los años en el principio
del fin, habida cuenta que ha surgido un movimiento que, ahora sí, con
el Estado español pacificado tras tres décadas de libertades, se
muestra empeñado en que Canarias recobre la soberanía que hace
seis siglos le arrebataron los conquistadores y que tan pésimamente se
ha gestionado desde entonces.
Las anteriores
consideraciones nos permiten apuntar tres ideas que resultan clave en la actual realidad de Canarias, la primera de ellas
la imperiosa necesidad de instar desde las Islas a los organismos internacionales
más relevantes, entre ellos a la propia ONU, a que desestimen las
permanentes presiones de la diplomacia española y reconsideren el caso
de Canarias como el de un territorio colonial con el inalienable derecho a
recuperar su soberanía, tal fue el sentido de la declaración de la Asamblea General.
Al mismo tiempo, tales foros deberán mirar hacia el Gobierno de
España como actor principal de uno de los casos más flagrantes de
colonización, y citarlo expresamente como se ha hecho, por ejemplo, con
los mismísimos Estados Unidos por el caso de las Islas Vírgenes.
La situación es tan evidente, tan flagrante, tan anómala dentro
del derecho internacional, que Canarias tiene todas las posibilidades de ser
considerada oficialmente como lo que es, un archipiélago colonizado,
para lo que se contaría incluso con el apoyo de algunos de los
más ilustres miembros de la Unión Europea. Los plazos de dicho proceso
se encuentran ya estipulados: el año 2010 según el mandato de
Naciones Unidas, por lo que resultaría imprescindible hacer todo lo
posible para evitar que las autoridades estatales continuasen atrincheradas en
su habitual postura de mirar hacia otro lado, de ensombrecer el ineludible
proceso descolonizador canario con el protagonismo de otros supuestos conflictos
nacionalistas que se suceden en territorios netamente españoles. Aparece
entonces la segunda clave a la que nos referíamos anteriormente: la
urgente necesidad de que Canarias se dote de representación directa ante
los principales organismos internacionales, tanto la ya citada ONU como la Unión Europea,
la OTAN, la OCDE o la OSCE. Sólo
de esta forma, junto a una ingente labor de concienciación de la
opinión pública española, europea y del resto del mundo a
través de los medios de comunicación, será posible hacer
frente a los permanentes embates de los diplomáticos españoles
tratando de acallar todo aquello que suene a Canarias, máxime cuando
tales voces piden un trato justo que conlleve la recuperación de la
identidad como pueblo. En este apartado resulta imprescindible el empeño
de la nueva administración canaria, que aunque controlada en parte por
una organización estatalista y procolonial como el PP, cuyo principal desvelo es perpetuar
el actual estado de cosas, debería asumir el reto de situar a las Islas
como actor principal en los más relevantes organismos internacionales.
Es necesario tener en cuenta que, en contra de lo que habitualmente se cree, el
retraso del proceso de descolonización del Archipiélago poco
tiene que ver con el papel del ejército o de las fuerzas de seguridad
estatales, sino que depende casi en exclusiva del papel ejercido por la
diplomacia española.
Y aparece entonces la tercera clave: la imprescindible
sustitución del estatuto de autonomía, el texto que enmascara y oficializa la
sumisión de Canarias al Estado español, por un estatuto
especialísimo que contemple el reconocimiento de la soberanía del
Archipiélago y que, al mismo tiempo, porque ese es el firme deseo de los
canarios, establezca unos sólidos lazos sentimentales, culturales y
económicos con una madre patria que, gestión estatal aparte,
merece el respeto de la mayoría de los habitantes de las Islas. Y ello,
como la ONU ha
determinado, antes de 2010. Luego llegará el momento de decidir
qué fórmula de organización se aplica, si la
autonomía absoluta, una fórmula similar a la de la Commonwealth
británica, la asociación libre o la confederación.
Jamás desde estas páginas nos hemos precipitado a proponer un
modelo cerrado, y mucho menos un texto constitucional, una iniciativa personal
y totalmente respetable del líder independentista Antonio Cubillo con la
que, por ignorancia o mala fe, se nos ha querido vincular, y de la que
erróneamente se ha llegado a decir desde la prensa de Las Palmas, tan
sumisa al orden estatal español, que nos hemos desmarcado, cuando la
realidad es que jamás la hemos hecho nuestra porque creemos firmemente
en el imperio de la ley, en el orden y en la democracia como únicos
caminos para alcanzar la ansiada y justa soberanía. Precisamente por
ello, porque nada más lejos de nuestra intención que trastocar la
legalidad vigente, entendemos que la actual reforma del Estatuto de
Autonomía puede convertirse en un paso intermedio hacia el logro del
ansiado texto donde se reconozca la soberanía […]
Extracto
del Editorial del periódico tinerfeño El Día
16-09-2007
http://www.eldia.es/2007-09-16/tenerife/tenerife323prn.htm