La extracción de
áridos en Tenerife: el caso de Güimar
Wladimiro Rodríguez Brito
En los
últimos treinta años se ha multiplicado por cuatro la cantidad de turistas que recibe
Tenerife y que -como sabemos- se concentran, fundamentalmente, en el sur de la
isla y, en menor medida, en el Puerto de
Con ese volumen de
construcción en unas islas tan pequeñas y fragmentadas es fácil imaginar que ha
hecho falta una enorme cantidad de materiales constructivos, fundamentalmente
áridos. Y ¿de dónde han salido estos áridos en Tenerife? Fundamentalmente, del
municipio de Güímar y, en menor medida, de los de Arafo y Candelaria, puesto que las mayores cuencas
sedimentarias insulares se localizan en el Valle de Güímar,
en especial en el Barranco de Badajoz, que concentra la mayor cantidad de
puntos de extracción. Esta actividad desarrollada durante más de cuatro
décadas, de forma intensiva, ha generado un acusado impacto ambiental y
paisajístico. Un "paisaje lunar" de grandes cráteres y gigantescos
taludes, que se explica por varios motivos: desde la apatía e indiferencia de
las diferentes administraciones ante unas explotaciones ilegales e incumplidoras
reiteradas de la legislación preceptiva, hasta un desentendimiento total de las
empresas promotoras una vez que los terrenos dejaban de ser rentables. Es
recomendable asomarse desde el Mirador de Don Martín, en la carretera general
del Sur, para comprobar en primera persona, casi como si de una fotografía
aérea se tratase, el espectacular impacto para el paisaje que supone esta
actividad minera realizada sin control de ningún tipo a lo largo de
generaciones.
En los últimos años,
la actitud del Ayuntamiento de Güímar experimentó un
giro de 180 grados, alentado por un evidente clamor popular más allá de
cualquier connotación partidista, lo que llevó a pasar de la complicidad con
los extractores a instar que se cumpliera la legislación vigente, lo que
llevaría aparejado el cierre inmediato de las citadas empresas. Desde la parte
contraria, extractores y constructores, se aludía al "carácter
estratégico" de los áridos -en la isla- para justificar la flagrante
ilegalidad. En otras palabras, que "el mal menor", la destrucción del
paisaje de las medianías del Valle, los daños a la agricultura y las molestias
a la población local, se justificaban ante el posible "mal mayor", la
paralización de la economía tinerfeña, sustentada en el turismo y la construcción.
Se trata de una táctica habitual en muchos escenarios sociales y económicos,
amenazar con el caos y el apocalipsis bíblico para no
tocar nada que dañe determinados intereses, consolidados no por las leyes sino
por el tiempo.
El mismo tiempo que
acaba poniendo a cada uno en su sitio. La anterior corporación municipal,
presidida por la popular Vicenta Díaz, cerró cuatro
de las cinco canteras, y no ha pasado nada. No era cierto que la economía de
Un elemento curioso de
esta historia es que los extractores esgrimen un "papel" para
defender la "presunta" legalidad de su actividad: se trata del
"permiso minero" que otorga
Ahora, la nueva
Corporación, presidida por el socialista Rafael Yanes,
pide a las administraciones competentes que se elabore y se aplique de manera
urgente un Plan de Restauración del Paisaje y de Canalización de los Barrancos,
y que "lo financien los mismos empresarios que se han lucrado durante
todos estos años, extrayendo áridos sin medida y sin atenuar los
impactos". Sólo beneficios, sin coste medioambiental alguno, la vieja
táctica de la "tierra quemada". En resumen, el Ayuntamiento pretende
que se aplique el ya famoso principio "el que contamina paga", tan
conocido como poco desarrollado en estas latitudes atlánticas. Mientras, los
empresarios del sector están más por "coge el dinero y corre", tal y
como han funcionado en los últimos cuarenta años.
Mi opinión personal es
que es más probable que esa restauración del paisaje -si algún día se produce-
se sufragará con dinero público, proveniente del Cabildo, del Gobierno de
Canarias, de Madrid o de Bruselas. Es mucho más realista plantearlo así que
esperar que el sector de los extractores de áridos cumpla con sus obligaciones
legales y morales, pasadas y presentes.
En todo caso, a pesar
de que suelo ser extremadamente crítico con el comportamiento ambiental de la
gran mayoría de ayuntamientos tinerfeños y canarios -y sin que sirva de
precedente- me parece que Güímar constituye un
ejemplo perfecto y digno de reconocer públicamente, de unión de todos los
partidos políticos a favor de un objetivo ambiental de primer orden, de
protección y conservación del paisaje. Un ejemplo que, por cierto, no se ha
extendido a los municipios colindantes, Candelaria y Arafo,
donde -curiosamente- las empresas extractoras continúan trabajando a destajo en
la misma situación de ilegalidad.