Los herederos
europeos de Bus
Justo Fernández Rodríguez
Después de la retirada política de Aznar y Blair, adláteres belicistas generosamente recompensados por el
magnate de la comunicación mundial Murdoch, por su
complicidad en la invasión ilegal de Irak, con empleos, jornada flexible y
retribuciones multimillonarias, queda el tercer farsante de las Azores, George Bush, principal
responsable de las matanzas de civiles, la creación de un centro internamiento
ilegal, Guantánamo, donde se tortura sistemáticamente. Ahora ha emprendido un
viaje de despedida por algunos países de la Unión Europea,
cuando solo quedan algunos meses para que abandone la Casa Blanca y la ocupe
un demócrata que, por el momento, se ha manifestado contrario a la política
exterior de su país.
Bush, con independencia de haber patrocinado la
presión de los neoconservadores yanquis, para imponer sus recetas reaccionarias
a la "vieja Europa" y de su aventurerismo militar, ha dividido a la
comunidad internacional, oponiéndose a tomar medidas económicas y
medioambientales para paliar las consecuencias negativas del cambio climático,
y ha sido responsable principal de la crisis financiera de las hipotecas
basura, la caída del dólar y el encarecimiento espectacular de los precios de
los productos derivados del petróleo, provocando una crisis económica mundial
de consecuencias impredecibles. Durante su estancia europea, se han producido
dos hechos que evidencian la catadura política y moral de Bush.
La
Confederación Sindical Internacional (CSI) ha presentado su
informe sobre las normas fundamentales del trabajo en EE.UU.: la Administración
niega a millones de trabajadores la libertad de afiliarse a un sindicato y
negociar colectivamente. La
Junta Nacional de Relaciones Laborales ha suprimido varias
protecciones a favor de los trabajadores, debilitando sus posibilidades de
reclamación. Se dificulta a los trabajadores despedidos ilegalmente la
recuperación retroactiva de su salario. No se abordan eficazmente los problemas
de la gran cantidad de niños y niñas, en su gran mayoría latinoamericanos que
se ven obligados a trabajar en la agricultura en condiciones peligrosas. La
discriminación y menores salarios de la mujer, especialmente, para las mujeres
de color, no disminuye.
Tampoco ha debido agradar a Bush, la decisión del
Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y cuatro en contra, de que los
sospechosos extranjeros, detenidos sin derechos, salvo el de ser torturados, en
Guantánamo, pueden recurrir sus casos a los tribunales civiles de EE.UU.
Pese a sus tardíos amagos de excusas, admitiendo que se excedió para justificar
la guerra de Irak, no ha dudado en reiterar que no descartaba un ataque contra
Irán. Bush no merece ni una sola lágrima de
despedida. Solo una buena parte de los líderes, actuales y antiguos, del
Partido Popular, añorarán su presencia y su afanes bélicos.
La oleada de conservadurismo económico que ha invadido los principales países
de la Unión Europea,
con algún toque de nacionalismo fascistoide,
encabezados por Francia, Alemania e Italia, en medio de una increíble y suicida
apatía sindical, nacional e internacional, ha comenzado a mostrarnos su
verdadero rostro reaccionario y sus objetivos de incrementar el grado de
explotación de los trabajadores y sus familias, como solución a los problemas
financieros y económicos creados por su incompetencia, rivalidad y voraces
apetencias de ganancias fáciles.
Encabezados por Gran Bretaña, los ministros de Trabajo de la Unión Europea, por
mayoría cualificada, con la estúpida abstención de España, que había
manifestado su oposición a tal agresión social, han aprobado una nueva
directiva sobre jornada de trabajo, que permite ampliar la jornada diaria más
allá de las ocho horas y el límite de las 48 horas de la jornada semanal hasta
las 65 horas, o más, haciendo retroceder los derechos laborales noventa años,
hasta el 29 de octubre de 1919, cuando la Conferencia General
de la OIT,
celebrada en Washington, fijó la duración máxima de la jornada de trabajo en
ocho horas diarias y 48 semanales.
Esta medida constituye un golpe mortal al modelo social europeo y una agresión
a sindicatos y trabajadores. Las primeras consecuencias, contrarias a los
intereses de los trabajadores, que tendría esta brutal ampliación de la jornada
serían una pérdida drástica de puestos de trabajo, importante reducción de las
conquistas sociales, incremento del desempleo en cifras inadmisibles,
eliminación de las horas extraordinarias, no contabilizar las guardias como
trabajo efectivo, reforzamiento de la autoridad empresarial y una reducción
inaceptable de la calidad de vida de los trabajadores y del tiempo que pueden
dedicar a la familia, los estudios o el ocio. Lógicamente, se han producido
reacciones políticas, empresariales y sindicales.
La Confederación
Europea de Sindicatos (CES) ha calificado de
"inaceptable" el acuerdo alcanzado por los Veintisiete. La UGT entiende que el acuerdo
individual entre empresa y trabajador deja a éste en una posición de
negociación más débil y, prácticamente, a merced de la empresa. Además, se
introduce la posibilidad de que se renuncie a derechos. Supone un atentado a la
negociación colectiva. Si la directiva se aprobase en las condiciones
pretendidas, va a ser la primera que introduzca una regresión en la protección
de los trabajadores.
CC.OO. considera que "es el mayor ataque al
derecho laboral europeo desde la creación de la Unión". "Es
intolerable que se convierta la jornada laboral en una cuestión de relación
individual entre empresario y trabajador, como señala la directiva".
El ministro de Trabajo del Gobierno español, Celestino Corbacho, ha querido
desbaratar el intento, cargado de cinismo por parte de sus defensores, de
"avance social", calificándolo de "regresión social". Si el
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
dejó clara la oposición de España, manifestando que "no sólo no apoyaba la
directiva, sino que la rechaza", ¿por qué se abstuvo, en lugar de votarla
negativamente?
La CEO considera que se "ha interpretado
mal" la directiva. Intentan explicar que es una necesidad de la
globalización. En lugar de fomentar el progreso social en las potencias
emergentes, se pretende reducir los niveles económicos, sociales y salariales
conseguidos en los países de la Unión Europea, para mejorar su competitividad
exportadora. Pero más peligrosa para los intereses de los trabajadores es la
actitud de silencio cómplice con el proyecto reaccionario de los Sarkozy, Merkel o Berlusconi de los dirigentes del Partido Popular. Pese a la
fiebre mediática que les ha atacado en los últimos meses, solo el portavoz de
Empleo del PP, José Ignacio Echániz, ha defendido la
directiva europea de las 65 horas, pretendiendo que la "directiva no es
una obligación". Al parecer, este personaje o es un cínico o no tiene idea
de las posibilidades que tienen los empresarios de convertir en obligatorio lo
que pudiera ser dudosamente voluntario.
Cuando llegue al Parlamento Europeo, para una segunda lectura, la acción de las
organizaciones sindicales de todos los países de la Unión Europea y sus
expresiones supranacionales, la Confederación Europea
de Sindicatos y la
Confederación Sindical Internacional, con millones de
afiliados, deberían haber dejado meridianamente claro, utilizando todo el
bagaje de acciones sindicales, que no permitirán el regreso al siglo XIX en las
relaciones laborales, volviendo a las "jornadas de sol a sol". De
prosperar la propuesta, los trabajadores podrían preguntarse: sindicatos, ¿para
qué?
Por las páginas de Internet se empieza a encontrar una respuesta lógica, ¿65
horas? Ni de coña.