Homologación no universitaria

Juan Manuel García Ramos *

Cuando llevamos en 1991, como consejero de Educación de aquella legislatura -por encargo del Gobierno al que pertenecíamos-, al Parlamento de Canarias una Ley de Homologación del Profesorado No Universitario, la Ley 4/1991, de 29 de abril, mediante la cual se homologaban las retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios que prestaban sus servicios en nuestra Comunidad con las retribuciones que en ese momento percibían los puestos base de la administración autonómica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 259/1989 del Gobierno de Canarias, se hizo con un espíritu de compensación económica, y de elemental justicia laboral y social, para facilitar a unos profesionales que tienen que hacer de su formación, una formación permanentemente continuada y muchas veces fuera de las Islas, para facilitarle a esos profesionales un desarrollo de su trabajo algo aliviado de los gastos añadidos que impone toda insularidad, todo ello si queremos tener en nuestros centros docentes profesores de primera calidad y no funcionarios apesebrados y ajenos a lo que hoy sucede en el mundo en las áreas de sus conocimientos.

He repetido muchas veces cuál fue la intención de esta Ley 4/1991 relacionada con los haberes a percibir por los más de dieciocho mil profesionales docentes no universitarios de aquel entonces.

Se trataba, ni más ni menos, de equiparar sueldos de funcionarios de una misma autonomía singular y de corregir desigualdades de trato, y este espíritu fue entendido por todo el arco parlamentario de aquella legislatura que votó de manera unánime la iniciativa gubernamental.

Según todos los datos que obran en mi poder, desde aquella fecha a hoy se ha producido un desfase en la percepción de los haberes de los citados profesores y ese desfase entre las retribuciones del profesorado y los puestos base de la administración autonómica es desde hace algún tiempo motivo de reclamación por parte de las distintas fuerzas sindicales del ámbito de la enseñanza.

El problema que enfrenta la Consejería de Educación actual es ése y no otro. La homologación, el reconocimiento de los funcionarios docentes no universitarios de las Islas con el resto de los funcionarios de nuestra Comunidad ya se aprobó -por unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes en Teobaldo Power, ya lo dijimos, y no es correcto olvidarlo- por ley del Parlamento de Canarias, y ese reconocimiento rige desde las fechas indicadas de 29 de abril de 1991 y no necesita ahora de más discusiones, ni mucho menos de rehomologaciones.

En estos momentos, el problema debe centrarse en analizar el desfase existente entre lo que hoy perciben esos profesores no universitarios homologados en su día y lo que debían percibir. Y la solución estaría en un gran pacto entre la Consejería y el profesorado para escalonar, de acuerdo con las disponibilidades de la Tesorería del Gobierno, el pago de los atrasos correspondientes hasta culminar el proceso de igualación de los salarios de los funcionarios docentes no universitarios y el resto de los funcionarios de nuestra autonomía.

Ahí está el quid de toda la cuestión y no debemos perder más tiempo ni energías en buscar la solución a un problema que deteriora cada día que pasa la calidad de la enseñanza en Canarias y la autoestima de los profesionales encargados de esa tarea trascendental para el futuro de cualquier sociedad.

Otro día hablaremos de la homologación de los docentes universitarios.

* Ex consejero de Educación del Gobierno de Canarias