Ideología

 

Juan Manuel García Ramos

 

Muchas veces nos preocupamos en exceso por definir el concepto de ideología sin apenas reparar en que con esa palabra sólo nos referimos a un catálogo de objetivos políticos aún no cumplidos y por los que una organización está dispuesta a trabajar.


Bien es verdad que las etapas de crisis económicas como la que vivimos en la actualidad -yo personalmente no me acuerdo de una crisis de las dimensiones de la que padecemos desde hace algunos meses, lo digo con mucho pesar, pero lo creo así, y lo peor está por llegar-, no son muy propicias para aventar ideales, principios y valores demasiado gaseosos, y se prestan más a que hablemos de cuándo bajará de verdad el petróleo, cuándo el euríbor regresará a los ventajosos dígitos de hace un par de años, cuándo le cambiará el semblante al jefe de departamento de hipotecas de cualquier entidad bancaria, cuándo los productos básicos de nuestra alimentación entrarán en cintura, cuándo cesará la desconfianza empresarial, cuándo los emprendedores, no los logreros, encontrarán financiación para sus sabidurías, cuándo nos acostumbraremos a manejar el euro con la facilidad y resultas con que nos movíamos con la peseta, cuándo el derecho al trabajo será el derecho constitucional que es.


Es decir, los tiempos no están para bromas, aunque en estas Canarias nuestras todavía queden algunos ciudadanos empeñados en seguir hablando de asuntos como el autogobierno de las islas y de las graduaciones que podría ir adquiriendo esa modalidad de conducir un pueblo en vísperas de inminentes reformas estatutarias o constitucionales.


Se trataría, ni más ni menos, de modernizar, de poner a punto, el régimen de autogobierno de Canarias en un Estado español y en una Unión Europea cambiantes.


Una modernización del autogobierno que se ha visto frenada la pasada legislatura con la devolución de la propuesta del nuevo Estatuto del Archipiélago por parte de las Cortes Generales españolas, y enrarecida por los recelos entre los tres partidos con representación en el Parlamento de Canarias, en cuanto a la nueva propuesta de texto a elevar en el futuro. Reforma electoral incluida o no incluida en esa norma en retramitación.


Esta vez dependemos de los nuevos rumbos federales o confederales de la España de Zapatero, de su asimetrías autonómicas, más que evidenciadas ya con el nuevo Estatuto catalán en general, y con el andaluz, en lo referente a la financiación en virtud del número de habitantes, lo que ha dislocado el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas; o con lo que ocurra de aquí a octubre con el referéndum de Ibarretxe y con el resto de lo que pueda suceder en esta legislatura en marcha.


Y dependemos también de la puesta en práctica del Tratado de Lisboa y de lo que supondrá en el futuro esa denominación de región ultraperiférica aplicada a Canarias.


Y, ¿por qué no?, con lo que nos depare, por cercanía y geopolítica, el contencioso entre Marruecos y el Sáhara Occidental.


Tres marcos de referencia: España, Europa y el África vecina, que determinarán buena parte de nuestro nuevo estatus.

¿Qué hacer en un momento tan trascendental como éste? ¿Esperar acontecimientos o pensar por nosotros mismos y si es posible con algo de anticipación inteligente?


El debate de nuestro futuro régimen de autogobierno está abierto y no hay que tenerle miedo ni ponerle puertas al campo de la discusión responsable.


En principio, el trabajo realizado por los redactores del Estatuto de Autonomía reformado que llegó a Madrid la pasada legislatura y volvió de Madrid sin su tramitación correspondiente, merece una lectura atenta, aparte de las ya aludidas suspicacias socialistas sobre el nuevo modelo electoral.


Desde el Preámbulo del nuevo texto, donde se ahonda con rigor en nuestras características geográficas, históricas y culturales, hasta la reorganización judicial que incluye convertir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la última instancia jurisdiccional y la creación del Consejo de Justicia de Canarias, la previsión dentro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias de mecanismos de financiación que garanticen la inversión estatal sin improvisaciones, la creación de la Agencia Tributaria de Canarias, y la ampliación de las competencias del autogobierno en materias tan esenciales como inmigración, seguridad, relaciones con países de nuestro entorno, prospecciones petrolíferas, gestión directa de puertos y aeropuertos... Facultad del presidente del Gobierno de Canarias para disolver el Parlamento de forma anticipada, reconocimiento de nuestras aguas archipielágicas...


Novedades todas ellas de una norma institucional básica que nos permitiría acercarnos a la comunidades autónomas peninsulares que hoy gozan de mayores libertades para enfrentar sus asuntos directamente, sin la tutela estatal.


Canarias no debe aceptar, en cuanto a su ámbito competencial, que se le trate por debajo de ninguna otra comunidad autónoma peninsular, ya sea todo lo histórica que sea.


No podemos resignarnos a lo que ocurrió en 1978 al elaborar la Constitución vigente, cuando se nos asimiló a unas regiones con las que nada teníamos que ver, ya sólo sea por nuestra inamovible situación geoestratégica.

Todas estas incertidumbres son las que han propiciado semanas atrás un debate que sigue en los medios de comunicación y que ha de suscitarse en las organizaciones políticas canarias, en especial en las organizaciones nacionalistas.

La legislación española y los legisladores españoles han concebido a Canarias a lo largo de la historia de muy distintas maneras. Primero como una serie de islas, unas de realengo y otras de señorío; después de las Cortes de Cádiz, como una provincia única con capitalidad en permanente litigio; en la frustrada constitución de la Primera República, como dos sub-estados; desde 1927, como dos provincias; a partir de la Constitución de 1978 como una autonomía de segunda. Hasta nuestros días, cuando el proceso de reforma constitucional está a las puertas, y cuando los tratados europeos últimos nos han considerado región ultraperiférica.


¿Dejamos que nos sigan definiendo los otros o intentamos definirnos nosotros mismos?


¿Cuál es la hoja de ruta en estos momentos para las fuerzas nacionalistas canarias? ¿Están o no están en su derecho de intentar conocer otras posibilidades para una modernización del autogobierno de las islas? Por poner sólo un ejemplo: ¿Es descabellado pensar en una interlocución directa con Europa? ¿Qué méritos geográficos, históricos y culturales tienen otros territorios como Malta para gozar de ese estatus en la actualidad sin traumatismos políticos de ningún tipo?


¿Por qué negarnos a hablar de estas cosas?


Si el Estado español se interroga sobre su futuro político, si la Europa unida también se pregunta por sus próximos pasos, ¿por qué Canarias no reflexiona sobre cuál sería su situación más ventajosa en esos marcos de convivencia?