Institucionalización del colonialismo

Ramón Moreno Castilla

Este escabroso título -por las acepciones de áspero, duro, de mala condición, inconveniente y al borde de lo inmoral, que dice el diccionario- que, por otra parte, caracteriza la contumaz acción colonial de España en Canarias, surgió de las largas y provechosas conversaciones sobre la caótica situación de nuestro Archipiélago con mi estimado y respetado amigo, e íntegro compatriota, Manuel Díaz, acreditado cirujano cardiovascular, e incansable luchador por la soberanía de Canarias. Un intelectual de los pies a la cabeza, y un auténtico filósofo del nacionalismo, todo un referente en el campo nacional canario (ver sus magníficos artículos "Canarias: cinco razones de Estado", publicados en este mismo periódico[1]), cuyo docto magisterio, generosidad, mesura, afán integrador y visión de Estado tanto nos enseñan y nos hacen reflexionar seriamente sobre el insoportable "status" de Canarias.

Por cierto, es muy importante aclarar, para que no hayan malos entendidos ni interesadas interpretaciones, ni patrimonialización alguna, que el Movimiento Patriótico Canario, de reciente irrupción en la vida política, y cuyas iniciales son, lógicamente, MPC, no tiene absolutamente nada que ver con el partido político del mismo nombre, aunque con las siglas MP, legalizado por el Ministerio del Interior español con fecha 16 de enero de 2006, en el tomo V, folio 456 del libro de inscripciones. Consecuentemente, una cosa es el MP y otra muy distinta el MPC, pese a que ambas siglas corresponden a la misma denominación de Movimiento Patriótico Canario; aunque, con la sustancial e inequívoca diferencia de que el MP es una formación política -con todo lo que ello supone- y el MPC es un imparable movimiento nacionalista -como su propio nombre indica-, suprapartidista, cuya actividad y estrategia, y la adecuación de los modos y las formas para conseguir nuestra anhelada soberanía van mucho más allá de las luchas por el poder de los partidos políticos, lo que supone una nueva impronta en el quehacer nacionalista. Con el valor añadido de que las acciones del MPC trascienden el ámbito interno para centrarse más en las relaciones exteriores, ya que una de sus prioridades es la internacionalización de la "causa canaria" apostando decididamente por la convergencia de todo el espectro político verdadera y auténticamente nacionalista -cada uno con sus características-, condición "sine qua non" para poder lograr nuestra necesaria e inaplazable independencia. Lo que implica, indefectiblemente, que todos, ¡todos!, hagamos un ejercicio de responsabilidad política y patriotismo, y se abandonen los liderazgos autoproclamados, las luchas intestinas, las discusiones bizantinas y, sobre todo, dejemos aparcado el nefasto debate político, tan disgregador, porque, además, ¡ahora no toca!

Y después de estos prolegómenos, entro en materia, ya que el tema que me ocupa vuelve a poner de relieve, por enésima vez, que Canarias está atada de pies y manos, condenada a seguir siendo una colonia española en África; atrapada en un entramado político-jurídico y, por ello, supeditada a la trampa colonial del "imperativo legal", que nos coarta, nos coacciona y nos intimida. Un pueblo, el canario, que está secuestrado y resignado a su suerte; y que ha llegado, incluso, a identificarse con sus captores, los españoles, hasta el extremo de que amplios sectores de nuestra población está sumida e inmersa en el paliativo síndrome de Estocolmo.

Para lograr esa sumisión (el que calla otorga), España ha ido "acomodando" a su conveniencia colonizadora las diversas etapas y situaciones históricas de nuestra Patria, Canarias; políticas que se traducen en una sencilla ecuación: conquista + colonización + colaboracionismo + institucionalización = "españolidad de Canarias". O sea, la artificiosa e impuesta "españolidad de Canarias" ha obedecido a una constante histórica del colonialismo español, que hacía necesaria la perseverante e implacable institucionalización española de estos territorios de ultramar, a solo 96 Km. de nuestro vecino continente africano. Un anacronismo político-jurídico en pleno siglo XXI que ya no se sostiene. Téngase en cuenta que el decimonónico criterio de "soberanía política" (subterfugio legal para dar validez a la apropiación de territorios por la fuerza de las armas, como fue el sanguinario episodio de la cruenta conquista de Canarias, donde habitaba un pueblo libre y pacífico) al que España se aferra desesperadamente para seguir justificando su presencia en Canarias, es contrario y opuesto y colisiona frontalmente con el principio emergente de "localización geográfica" -población y territorio- consagrado en la doctrina y los preceptos del Derecho Internacional contemporáneo, que España se empeña en seguir conculcando.

Esta aberración político-jurídica que, desde todos los puntos de vista, es Canarias, como consecuencia de la acción colonizadora de la metrópoli, España, se ha ido apuntalando con los propios mecanismos "constitucionalistas" del colonialismo, que inciden en tres áreas fundamentales: una primera, donde interviene el ingente aparato del Estado español presente en Canarias, que preserva celosa e intimidatoriamente el llamado "orden constitucional"; una segunda, donde se implementó un encorsetado modelo económico, ¡no productivo, sino especulativo!, que ha convertido Canarias -repito una vez más- en una economía subvencionada y pedigüeña, dependiente del exterior, y basada en el monocultivo del turismo, con el aparato productivo en manos foráneas, y un mercado cautivo consumidor de los excedentes comunitarios, lo que nos impide tener nuestra soberanía alimentaría; y una tercera, consistente en un masivo poblamiento de nuestras Islas -con una densidad demográfica espeluznante-, al que contribuyó, en gran medida, las famosas transferencias de personal desde los diferentes ministerios españoles, al asumir Canarias competencias autonómicas. Toda una avalancha de funcionarios "peninsulares" que actúan como verdaderos colonos.

Sin contar la devastadora circulación de personas impuesta por la UE, con el caramelo envenenado de los embaucadores fondos europeos; y la constante afluencia de "turistas" extracomunitarios que se nos cuelan por puertos y aeropuertos como si tal cosa. Este calculado y perverso fenómeno inmigratorio del colonialismo euro-español ha ido laminando paulatinamente las señas de identidad del pueblo canario hasta límites verdaderamente alienantes. Y es que Canarias, que tendría que ser por sí sola sujeto de Derecho Internacional, es "sub-sujeto" de derecho interno español y de derecho comunitario. ¿Habrá mayor grado de institucionalización de esta colonia?

Conclusión: la "españolidad de Canarias" ha ido acompañada de la institucionalización de su colonizaje o, lo que es lo mismo, la institucionalización del colonialismo español ha ido dando carta de naturaleza y "certificado de autenticidad" a la ficticia "españolidad/europeidad" de Canarias. Pero, las contradicciones son de tal calibre que convierten Canarias en ¡una ficción político-jurídica en sí misma!

¿Alguien puede demostrar lo contrario, sin insultos ni descalificaciones personales y al margen del supuesto constitucionalismo? ¿Se puede sostener de forma rigurosa y argumentada que Canarias es el "flanco Sur de Europa", sin atentar contra la inteligencia de los canarios? ¿Qué son las eufemísticas RUP en realidad, sino una perfección semántica del concepto de colonia? ¡Por favor!

Queridos compatriotas, seamos consecuentes: Canarias, se diga lo que se diga, es una monumental ficción político-jurídica, "refrendada" por un escandaloso engaño masivo, al que los medios de comunicación no son ajenos. ¡Esa es la cuestión!

rmorenocastilla@hotmail.com