CRÓNICA DE UNA RESPUESTA ANUNCIADA
EL GOBIERNO DE
CANARIAS PRETENDE ENGAÑAR A LA SOCIEDAD DE LAS ISLAS, PERO LA LUCHA POR LA HOMOLOGACIÓN CONTINÚA MÁS VIVA QUE NUNCA
"Las conductas, como
las enfermedades, se contagian de
unos a otros"
Francis
Bacon (i561-1626)
El Comité de Huelga por la
homologación salarial del colectivo docente no universitario de Canarias, formado por los
sindicatos EA-Canarias, FETE-UGT, STEC-IC y UCPL, quiere manifestar a la prensa y al
conjunto de la ciudadanía lo siguiente:
PRIMERO: El actual Gobierno de Canarias,
movido por su muy peculiar y discutible concepto de moralidad, ha demostrado ser fiel seguidor
de esa doctrina germánica que preconizó
que «si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad», o que «si no puedes negar las malas
noticias, inventa otras que las distraigan». Eso es lo
que lleva haciendo desde que comenzó el conflicto por la homologación salarial del profesorado de las
etapas preuniversitarias de Canarias. La nueva falsedad a repetir es que "la homologación no es legalmente
posible".
En su
obsesión por negarse a reconocer la justa reivindicación del profesorado de Canarias, y vista su absoluta
incapacidad para gestionar una crisis de la que son únicos responsables, intentaron endosar
el problema a otros órganos, para no tener que asumir así las responsabilidades
que solo a ellos competen y poder esgrimir argumentos de supuesta solvencia
jurídica. Eso ya fue denunciado por este comité el pasado 29 de febrero, cuando
hicimos pública la
pregunta elevada por el Presidente Rivero al Consejo Consultivo de Canarias en
referencia a la legalidad de la reclamación de homologación salarial que mantenemos los docentes. El
intento de escudarse en un órgano no creado para tal fin era evidente, y la respuesta que
dicho Consejo podía emitir era predecible, dada su composición.
Hoy sabemos
que el Consejo Consultivo ha hecho público en apenas quince días un dictamen,
el 85/2008 de 7 de marzo, en el que una parte de sus miembros se pronuncia a
favor de las tesis mantenidas por el Gobierno, afirmando que el derecho de
homologación prescribió
en 1995 con la propia Ley 4/1991 de homologación; que la igualdad salarial depende de las funciones
realizadas y no de la titulación que se posea, o que el complemento específico establecido en dicha
Ley no se ajusta a la naturaleza del complemento. A estos argumentos, la Consejería de Educación
añade que los docentes estamos intentando equiparar nuestras retribuciones a la media salarial del
resto de los funcionarios públicos, y no a los puestos base de la Administración. A
todo esto sólo cabe responder:
1.
ES UNA ABSOLUTA NECEDAD QUE EL GOBIERNO PREGUNTE SI
NUESTRA EXIGENCIA DE HOMOLOGACIÓN
ES LEGAL O NO.
Existe una Ley de homologación de 1991, aprobada por el Parlamento de Canarias, que sigue vigente ya que
nuestro complemento específico está homologado a los niveles de 1995 y no a los actuales. Luego la homologación es legal. Como bien responde el propio Consejo Consultivo, la petición
del Ejecutivo no se atenía a las
normas y pecaba de no expresarse con claridad y precisión, fijando el alcance e
incidencia de la materia o
las disposiciones legales afectadas. Una forma elegante de decir que la pregunta era improcedente.
2. EL GOBIERNO CANARIO CARECE DE
ARGUMENTACIÓN LEGAL PARA OPONERSE A NUESTRA DEMANDA DE HOMOLOGACIÓN. El hecho de que el Ejecutivo
eleve la petición al Consejo
Consultivo, y más en los términos irregulares e impropios en que fue formulada,
lo demuestra a las
claras. El señor Rivero sólo ha querido endilgarle un problema molesto a dicho órgano,
a sabiendas de que la respuesta sólo podría ser favorable a sus tesis, y escudarse tras un
dictamen viciado en origen a falta de mejores argumentos para plantear la defensa ciega de
su postura en
el conflicto.
3. EL CONSEJO CONSULTIVO HA EMITIDO UNA RESPUESTA POLÍTICA. El Consejo Consultivo de Canarias no es un servicio jurídico del Gobierno,
no fija doctrina legal alguna, sus dictámenes no son vinculantes y, dada su composición (siete
miembros, de los que tres
han sido nombrados por ATI, 2 por el PP y 2 por el PSOE), su parcialidad es evidente, como ha quedado de manifiesto una vez
más. Los juristas nombrados por los grupos
parlamentarios que sostienen al Gobierno han votado aquello que quería el Gobierno, y los dos que no apoyan al Ejecutivo han
planteado un voto particular razonado.
4. AL GOBIERNO DE CANARIAS NO LE IMPORTA EROSIONAR LA CREDIBILIDAD DE
LOS DISTINTOS ÓRGANOS
QUE GARANTIZAN EL ESTADO DE DERECHO. La actuación realizada con el Consejo Consultivo (al servir únicamente de
correa de transmisión del Gobierno), es
equiparable al cierre en falso de las comisiones de investigación abiertas en
el Parlamento de Canarias al
final de la anterior legislatura. Estamos, por tanto, ante un Ejecutivo al que no le importa socavar los fundamentos
democráticos en nuestra Autonomía,
siempre que con ello pueda mantenerse en el poder. Actuaciones como esta restan credibilidad al Consejo Consultivo de Canarias
y lo convierten en cómplice
de los manejos del Gobierno de turno.
5. ANIMAMOS AL GOBIERNO A QUE SOMETA OTRAS CUESTIONES AL
DICTAMEN DEL CONSEJO
CONSULTIVO.
Emplazamos al Gobierno de Canarias a que, dada la fe que mantienen en el Consejo Consultivo de Canarias, eleve las
correspondientes consultas para
que se pronuncie, mediante el preceptivo Dictamen, sobre la legalidad de la actuación del Ejecutivo Autonómico en determinados casos
hoy en los juzgados,
como son los denominados "Tindaya",
"ICFEM" o "Eólico".
6.
LA LEY DE HOMOLOGACIÓN DE 1991 SIGUE
VIGENTE, EL DERECHO A LA
HOMOLOGACIÓN QUE NOS RECONOCE NO PRESCRIBE, Y LOS PLAZOS EN ELLA RECOGIDOS SÓLO AFECTAN A
LOS PAGOS A REALIZAR PARA EQUIPARARNOS AL l00% DE LOS NIVELES DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIGENTES EN 1991. Reconocidos juristas consultados
por este Comité, así
como el voto particular de dos de los miembros del propio Consejo Consultivo,
lo confirman
tajantemente. La Ley
de 1991 era y es constitucional y conforme al Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que
el Consejo Consultivo no tiene por qué ponerle reparos.
7.
LA
HOMOLOGACIÓN ES
LEGALMENTE VIABLE Y ECONÓMICAMENTE POSIBLE: NO ES UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SINO POLÍTICA. En caso contrario, ni se hubiera realizado en 1991, ni sería hoy una realidad en comunidades autónomas como
Cataluña, Navarra y Baleares. Eso
lo reconocen hasta destacados miembros de Coalición Canaria, como Juan Manuel García Ramos. Por
tanto, la reivindicación del colectivo docente cuenta con todos los avales. El Gobierno Autónomo podría tener, si
quisiera, los ingresos
suficientes para poder afrontar todos los gastos que implica la mejora de los servicios públicos en el archipiélago.
8. HAY PROFESORADO QUE YA ESTÁ HOMOLOGADO CON EL RESTO DE LOS
FUNCIONARIOS AUTONÓMICOS
REALIZANDO SUS FUNCIONES DOCENTES. La pretensión de algunos miembros del Consejo Consultivo de que sólo la igualdad
de las funciones realizadas, y no la
titulación que se posea, es el criterio válido para poder dar por buena una
exigencia de homologación
salarial, sólo puede ser definida (en palabras de un jurista de reconocido prestigio), como un bodrio jurídico insostenible. Pero lo más grave es que dicha doctrina cae por su propio peso cuando vemos que los
docentes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que dan clase en los
Institutos de FP Marítimo-Pesqueros y en las
Escuelas de Capacitación Agraria, sí están homologados con el resto de los funcionarios, realizando las mismas funciones
docentes que el resto de sus compañeros dependientes de la
Consejería de Educación, sólo porque cobran y dependen de una
Consejería diferente. Así pues, este Gobierno y su Consejería de
Educación aplican dobles raseros y
discriminan a sus propios funcionarios dependiendo
del lugar en el que trabajen, y no de las funciones que realicen.
9. EL PROFESORADO EXIGE UNA ACTUALIZACIÓN DE SUS SALARIOS,
NO COBRAR NUEVOS COMPLEMENTOS. Dado que nuestros salarios están homologados a día de
hoy a los niveles de 1991 (en lo que al complemento específico se refiere), lo que
exigimos es que, basándonos en ese derecho a la homologación que no prescribe,
se actualicen las cuantías de
dicho complemento a las que hoy percibe cualquier puesto base de la comunidad autónoma (a igualdad de grupo y nivel). La realidad es
que en las diferentes Consejerías del
Gobierno, los puestos base (aquellos que no tienen funciones directivas), han
visto elevarse sustancialmente
sus niveles de complemento específico durante los últimos trece años, mientras que a los docentes se nos deja nuevamente
"deshomologados".
10.
LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN MIENTE SOBRE NUESTRAS REIVINDICACIONES.
La Consejería de Educación afirma en la prensa, que los docentes
pretendemos equiparamos a la media
retributiva, o que pedimos más dinero del que en realidad hemos puesto sobre la mesa. Después de un año de lucha y
explicaciones, semejante afirmación sólo
puede deberse a dos causas: no saben de qué están hablando y pecan de
ignorancia supina, o saben que
lo que dicen no es cierto y aún así lo mantienen, con ánimo de engañar a la ciudadanía faltando a la verdad. En cualquiera de los dos casos, la Consejera de Educación da una muestra más de su
incapacidad, de su mala fe
y de que el cargo le viene grande.
11. ESTE GOBIERNO APUESTA POR EL
DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS. A la vista de la actuación de los responsables
autonómicos en áreas como Sanidad o Educación, queda claro el interés del ejecutivo por
desacreditar y desgastar los servicios públicos y actuar en beneficio de intereses particulares.
12.EL
GOBIERNO SE EQUIVOCA SI PIENSA QUE HA QUEDADO ZANJADO ESTE CONFLICTO. La
demostración de que carecen de
argumentos legales mínimamente sostenibles, y de que tienen que mentir a la ciudadanía
para desacreditar nuestra reivindicación, nos reafirma en lo acertado de nuestras
exigencias y en la necesidad de mantenernos firmes en la defensa de nuestro derecho.
13.Por
todo lo anterior, este Comité de Huelga, convencido de la legitimidad de
nuestra reivindicación salarial, insta al Gobierno a no faltar a la verdad, a
no parapetarse en otras
instituciones para no afrontar sus responsabilidades y a sentarse a dialogar seriamente para la pronta
resolución del conflicto que mantiene
activo de manera irresponsable. Por otro lado, animamos a todo el colectivo docente a no dar un paso atrás en esta lucha
justa, legal y digna, y a mantenerse
unido frente a la incapacidad, la falta de voluntad y los manejos de la Consejera de Educación y
su Gobierno.
14.Finalmente, mostramos nuestra disposición a negociar
nuestra demanda de homologación
con la
Administración. En ese sentido, reiteramos nuevamente que la propuesta de nuevo marco retributivo
basado en sexenios fue incontestablemente
rechazada por el 80% de los docentes canarios.
Creemos que el sector nacionalista del Gobierno, a poco que ponga algo de interés en el asunto y dedique algún tiempo a
pensar en ello, encontrará
vías de solución razonables para un conflicto que se dilata innecesariamente, como sí supieron hacer sus socios del
Partido Popular en el
campo de la Sanidad.
SEGUNDO: En cuanto a las actividades
extraescolares y complementarias que se realizan en los centros, el Comité de Huelga afirma
lo siguiente:
1. Las actividades extraescolares y
complementarias se programan y realizan en los centros por voluntad e iniciativa del profesorado. Los docentes no
tienen obligación de programarlas, y cuando
las llevan a cabo lo hacen sin que se les reconozca y sin que se les remunere por ello. Por tanto, ha de quedar claro que no existe obligación de
realizarlas si no están
programadas y que, si se decide no hacerlas cuando ya figuran en la Programación general Anual, se pueden seguir los
pasos administrativamente
establecidos para ello sin ningún problema.
2.
El colectivo docente ha reducido al mínimo posible el
número de jornadas de huelga a lo largo de dos cursos. En este sentido, entendemos que la pérdida de horas que sufre el alumnado se debe, por encima de todo, a la nefasta
política de adjudicación de
destinos provisionales de los docentes al comienzo de cada curso, así como a la
demora incomprensible e injustificada de la gestión de sustitución de bajas que lleva a cabo la Administración
educativa. Es esta una razón
de tipo pedagógico que explica y fundamenta por qué muchos claustros están decidiendo no perder más horas,
eliminando las actividades extraescolares
y complementarias.
TERCERO: Este Comité está abierto a
reunirse con todas las Asociaciones y Federaciones de Padres y Madres de Alumnos en
todas y cada una de las islas, una labor en la que ya estamos dando pasos decididos. Nuestra
pretensión es explicar con absoluta claridad las razones de nuestra reivindicación, y buscar
de manera conjunta posiciones y acciones comunes en defensa de la Educación Pública
de Canarias
En Canarias, viernes 14 de marzo de 2008
EA-CANARIAS FETE-UGT STEC-IC UCPL