Ni una palabra
sobre corrupción
Justo
Fernández Rodríguez
Con algún retraso, he recibido el
Barómetro Global de
- Los partidos políticos, el poder legislativo-parlamento, congreso e
instituciones con el poder de representar el interés público
continúan siendo considerados como las instituciones más
corruptas.
- Los pobres, tanto de los países en desarrollo como en aquellos
altamente industrializados son las personas más perjudicadas por la
corrupción e, incluso los más afectados por la necesidad de
recurrir a los pequeños sobornos para lograr servicios básicos.
- En muchos países, la policía y el poder judicial forman parte
del círculo de la corrupción, lo que significa que "la
corrupción interfiere con el derecho básico de igualdad ante la
ley". TI, durante 2007, publicó un informe que afectaba a las
Cortes: "Jueces y personal judicial aceptan sobornos para demorar o
acelerar la resolución de los casos, para permitir o negar una
apelación o para incidir en el veredicto final".
- Las expectativas de los ciudadanos sobre un descenso de los niveles de
corrupción ha empeorado. En 2003, el 43% de los encuestados manifestaba
su esperanza en que la corrupción disminuyera. En 2007 solo un 20% de
los entrevistados espera que descienda el nivel de corrupción, en un
futuro cercano. Más del 50% de los sondeados piensan que el nivel de
corrupción se va a incrementar en los próximos tres años.
Las mujeres son más pesimistas que los hombres.
- El 50% de los encuestados considera que los esfuerzos de sus gobiernos por
luchar contra la corrupción son ineficaces.
- Actualmente, aumenta la consideración del rol de las empresas privadas
en los procesos de corrupción política.
Huguette Labelle,
presidenta de Transparency Internacional, entiende
que, "convertir las promesas en acciones es esencial si se pretende que
los esfuerzos anticorrupción tengan algún impacto entre la gente
común. Pero los gobiernos no son los únicos responsables.
Necesitamos también ver acciones concretas de la sociedad civil y del
sector privado".
Transparency Internacional España (TI) ha
elaborado un informe, en el que se denuncia un aumento de la corrupción
como consecuencia de la multiplicación de escándalos vinculados a
la denominada especulación urbanística, incentivada cuando el
gobierno de Aznar, en 1998, declaró
urbanizable todo el suelo, excepto el expresamente protegido que, en buena
parte, ha sido aligerado de protección real.
La corrupción adopta múltiples formas. Las más extendidas
son la aceptación de sobornos, por la concesión de licencias
comerciales; recalificaciones de terrenos rústicos en urbanizables;
privatización de servicios públicos o la concesión de
campañas publicitarias a empresas cercanas al poder.
Para conseguir un trato privilegiado de los poderes públicos, muchos
especuladores no dudan en pagar sobornos, comisiones, regalar parcelas,
apartamentos, pisos, chalets, plazas de garaje,
locales comerciales a políticos desvergonzados e indignos de representar
a los ciudadanos, auténticas víctimas de esa política,
donde el enriquecimiento de unos por el sobrecoste de
las obras públicas e infraestructuras, muchas veces no prioritarias o
innecesarias, diez veces mayor que el coste presupuestado, tienen desastrosas
consecuencias en la calidad de los servicios públicos, educación,
sanidad, protección social, seguridad en el trabajo, transporte
público o medio ambiente. No pocas veces, importa más el negocio
de construir grandes obras para proporcionar multimillonarias ganancias a los
constructores amigos, que los beneficios que tales obras puedan proporcionar a
los ciudadanos.
Transparencia Internacional(TI), denuncia que, en
España, "no existe una oficina o agencia especializada en el
control y persecución de este tipo de actuaciones corruptas, aún
cuando
De acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo
de Capitales, de
En España, la influencia política en la justicia es evidente.
"Normalmente, los órganos de gobierno judicial tienen influencia y/o composición política y están
sometidos a la presión de quienes los nombraron para que actúen
con criterios partidistas. Cuando existe
corrupción política en puestos de responsabilidad en la
estructura de gobierno de los jueces, se ejerce presión sobre
magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces
para que sus patrones políticos salgan inmunes de las
investigaciones".
Por todo esto, en España la corrupción relacionada con la
especulación inmobiliaria, el enriquecimiento fácil y la
complicidad de políticos deshonestos se ha incrementado en niveles casi
geométricos, sin una reacción adecuada del Gobierno y de la
ciudadanía, la gran víctima. Se llega al extremo de que, en
muchos casos de corrupción, los cargos políticos imputados,
concejales, alcaldes o presidentes de diputación o cabildos, son
aplaudidos por los ciudadanos o reelegidos en nuevos procesos electorales, sin
que los dirigentes autonómicos o estatales de las formaciones
políticas a que pertenecen tomen ninguna medida disciplinaria, salvo
acusar a jueces y fiscales de formar parte de una conspiración
política.
Por eso resulta inconcebible que en el Debate de Investidura de
Rodríguez Zapatero, convertido en sucedáneo del Debate sobre el
Estado de
Una gran parte de los ciudadanos de estas latitudes acomodaticios con el poder
establecido no es consciente de las negativas consecuencias sociales de la
corrupción política. No son pocos los que llegan a decir,
"Si estuviera en ese puesto, habría hecho igual".
Todos somos responsables, en distinta medida, de los indeseables niveles de
corrupción, consecuencia de la influencia de determinados sectores
económicos en la acción de los dirigentes políticos de
ayuntamientos, diputaciones, cabildos o gobiernos autónomos. Pero,
también esta en nuestras manos reconducir la actual situación.
¿Tenemos esa voluntad o preferimos integrarnos en la indeferencia
suicida o en el fango clientelar de la
corrupción?