Ni un paso atrás

Carta al profesorado canario

Manuel Marrero Morales (*)

Estimados colegas: el próximo 30 de enero, Día Escolar de la paz y la no violencia y 60 aniversario de la muerte de Gandhi, estamos convocados a un referéndum para votar sobre un nuevo sistema retributivo. Lo que se nos somete a votación no es si queremos o rechazamos un dinero, que además nos deben, sino si con nuestro voto solicitamos o, por el contrario rechazamos, una nueva forma de entender nuestro trabajo y las remuneraciones que nos corresponden. Este asunto es de suma importancia. Por tanto, ni un paso atrás.

Hasta ahora, realizamos nuestro trabajo, con múltiples funciones y total dedicación y entrega, y por eso nos pagan. Ahora, como respuesta a nuestra petición de homologación, que ha sido desoída por la Consejería y algunas organizaciones que han negociado y firmado el Preacuerdo de sexenios, esos mismos nos plantean que apoyemos un cambio en profundidad de cómo se nos debe remunerar en el futuro. De entrada, nos dicen que, de forma voluntaria, adjuntemos certificados de que realizamos nuestro trabajo y de que hacemos algunas tareas extras para recibir una parte de nuestro salario. Está cambiando nuestra relación contractual con la Administración y, además, si votamos sí al preacuerdo, no estamos diciendo que nos paguen la deuda contraída por el Gobierno con el profesorado, sino que le estamos solicitando a la Consejería que nos aplique esa nueva forma de entender la relación laboral. Pero, además, con este planteamiento le estamos dando carta de naturaleza a que la voluntariedad de hoy se pueda convertir en obligatoriedad en el futuro, pues determinadas tareas podrían ser prioritarias para la Administración y, cuando no hay voluntarios, se convierten en norma de obligado cumplimiento. Y todo eso, con nuestro voto.

Si apoyamos ese preacuerdo le estamos diciendo a la sociedad que aceptamos ese sistema retributivo ligado a criterios de “aumento de la calidad”, y por tanto nos convertimos en cómplices de una Consejería que no invierte en mejorar la educación, se exime de sus responsabilidades y, de forma sibilina, le ha trasladado a la sociedad el mensaje de que los resultados académicos y el fracaso escolar dependen exclusivamente del profesorado, y que, ahora, con ese aumento de sueldo se solucionarán. Por tanto, apoyar este preacuerdo es tanto como apoyar las políticas de recortes de la Consejería en materia de inversiones en educación que mejoren nuestras condiciones de trabajo.

Hace unos meses iniciábamos una serie de movilizaciones por conseguir una homologación económica con el resto del funcionariado canario de igual categoría y titulación, cuyas diferencias se habían ido incrementando desde el año 95. Solicitábamos homologarnos con los puestos base, es decir, en torno a unos 400 euros al mes. La deuda acumulada durante estos 12 años ni siquiera la contemplábamos.

Todos celebrábamos que, por fin, hubiera unidad sindical. Por fin, diez siglas sindicales nos convocaban a huelgas y manifestaciones y el profesorado respondió de forma casi unánime. Tres de ellas no habían obtenido delegado alguno en las últimas elecciones, no obstante estaban presentes en las Juntas de Personal con voz y sin voto y, por aquello de los planteamientos unitarios, pesaban de facto igual que el sindicato más representativo (STEC-IC, u otros como EA-C, UCPL y UGT) en la toma de decisiones del Comité de Huelga.

Comenzó el nuevo curso con un nuevo gobierno del partido que ha venido haciéndolo en los años en que la deuda por homologación se ha ido incrementando, presidido por el ex – maestro, don Paulino, que llegó a afirmar en plena campaña que el profesorado canario era el mejor pagado del Estado y que tiene en su haber el ser el único cabeza de lista que no recibió al Comité de Huelga. No obstante, posteriormente, se contradijo ofertando 80 millones de euros. ¿No habíamos quedado en que éramos los mejor pagados? ¿A qué se debe, pues, ese dispendio y esa generosidad?

Partíamos de la base de que, con el nuevo curso y una nueva Consejera, se abriría un nuevo proceso negociador; pero hubo que convocar de nuevo huelgas y manifestaciones para que se produjera la primera reunión: en octubre el gobierno ofrecía, y días más tarde, quitaba, sin dar explicaciones, los mismos 80 millones de euros “consolidables al final del proceso” que en la actualidad son motivo de referéndum. En la primera ocasión esa cantidad fue rechazada de forma unánime, por ser insuficiente y por no responder al concepto de homologación. Y así, hasta el 17 de diciembre no se convocó jamás al Comité de Huelga, que siguió movilizando al profesorado; sin embargo, los hechos lo constatan, algunas organizaciones, a espaldas del profesorado y del propio Comité de Huelga, al mismo tiempo que mantenían la pancarta de la Homologación sin contrapartidas estaban negociando en secreto con la Consejera, de la que habían pedido la dimisión un mes antes por la carta insultante hacia el profesorado que, con dinero publico, insertó en todos los medios de comunicación. A esa misma Consejera, la han preferido como interlocutora válida para acordar el procedimiento del referéndum, antes que a los compañeros del Comité de Huelga, a los que en reiteradas ocasiones se les ha intentado ningunear, como intentan engañar a todo el profesorado con la formulación que han hecho de la pregunta del referéndum: si más de la mitad de los representativos no hemos firmado ¿por qué se nos incluye en la pregunta? Y si algunos que a nadie representan lo han firmado ¿con qué criterio legal la Consejería los eleva a la categoría de más representativos? ¡Qué peligroso es que algunos se conviertan en intérpretes de las leyes y que ellos, en solitario, se autoproclamen poseedores de la verdad y quiebren la legalidad!.. Y además ¿qué pinta la Consejería convocando un referéndum que es un compromiso y un deber del Comité de Huelga? ¿O por qué la Consejería infringe la Ley de Protección de datos y suministra datos personales del profesorado a los firmantes del preacuerdo?

Los sexenios, que nos invitan a aceptar, además de no ser una respuesta a la homologación, son un concepto caduco, que pronto será sustituido por otro nuevo concepto jerarquizante e igual de insolidario, los grados, que vendrán impuestos, y financiados si fuera necesario, por normativa básica del Estado. Están pretendiendo que el Gobierno Canario ignore y no pague la deuda de homologación y a cambio, además, reafirmemos esa decisión y le solicitemos con nuestro voto que, por un precio aún más barato, se nos plantee un nuevo sistema retributivo por el que para ganar el sueldo tengamos que estar realizando acreditaciones de nuestro trabajo. Además, nos amenazan con que si votamos no, se retira la oferta económica.

La época del miedo quedó enterrada junto al Dictador. El dinero para la homologación, si fuera verdad esa ingente cantidad de dinero que dicen nos van a pagar, existe. Por tanto, rechacemos esta equivocada propuesta que nos están intentando vender y exijamos que se nos pague la deuda por homologación, que de los sexenios y los grados ya hablaremos más adelante. Que no nos engañen.

Ni un paso atrás, compañeros y compañeras. Un cordial saludo.

(*) Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC