Periodistas y manifestación

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Hace unos días, en estas mismas páginas, analizaba con indignación la represión de que son objeto miles de representantes sindicales que deciden defender de verdad a los trabajadores, desafiando los intereses de sectores empresariales reaccionarios o gobiernos cómplices de esos intereses. Ahora, con la misma indignación, quiero denunciar la situación de otra profesión, que admiro, de gran peligrosidad: el periodismo. Me refiero a los que se especializan en la investigación y denuncia de los abusos y corrupción política o empresarial, y especialmente a los miles de periodistas, hombres y mujeres, enviados a países con gobiernos dictatoriales o como corresponsales en conflictos bélicos, que arriesgan su libertad y su vida para denunciar los abusos, las injusticias, la explotación, el hambre, la represión, el terrorismo y la falta de democracia.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que representa a más de 600.000 profesionales de 120 países, ha dado a conocer su balance anual sobre la represión de que fueron víctimas los periodistas. La FIP alerta sobre el mantenimiento de cifras extremas de muertes registradas, por tercer año consecutivo. El número de periodistas y trabajadores de medios muertos ascendió a 174. Por asesinatos y muertes violentas, 137, y por muertes accidentales, 37. Los conflictos de Irak, Somalia y Pakistán han sido los más peligrosos para los periodistas. El número de víctimas mortales ha aumentado un 244% en los cinco últimos años. Según Reporteros sin Fronteras, "en ningún país han matado nunca a tantos periodistas como en Irak. Desde la invasión norteamericana, en marzo de 2003, se han asesinado, al menos, a 207 periodistas".


La mayoría de los crímenes no han sido resueltos y es probable que nunca sean castigados los criminales, pese a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haciendo un llamamiento a los gobiernos a enfrentar la violencia contra los medios de comunicación. Un año después, el presidente de la FIP, Jim Boumelha, ha reclamado a la comunidad internacional la necesidad de enfrentar la impunidad ante las agresiones incesantes contra la libertad de prensa, eliminando el peligro en el ejercicio del periodismo.


¿Concentración o mitin? La derrota del Partido Popular, el 9 de marzo de 2004, dio lugar a una planificada política de crispación permanente, en la que importaban más las falsedades, mentiras y la manipulación, exigida y alabada desde algunos medios de comunicación que la verdad. Primero fue la inventada participación de ETA en el atentado del 11-M, con fines electorales, para no tener que dar explicaciones, sobre la ineficacia del Gobierno de Aznar, especialmente, de su ministro de Interior, Acebes, que desoyó las advertencias de distintos servicios secretos y algunos gobiernos sobre la amenaza real de un atentado islamista, por la complicidad de Aznar en la invasión ilegal de Irak. Ni la sentencia de los tribunales, descartando cualquier intervención etarra ha impedido que algunos medios de comunicación, incluido el del obispado, continúen con su "teoría de la conspiración".

Más tarde, los dirigentes del PP y sus medios de comunicación se lanzaron a alertar del peligro de "la España rota", por las cesiones en los Estatutos de algunas autonomías, especialmente el de Cataluña. La estupidez de la campaña llegó a propiciar el ridículo más escandaloso a que puede llegar una formación política decente. En los estatutos de Andalucía, Valencia, Aragón o Canarias, el PP aprobaba cesiones y atribuciones, que negaba para Cataluña. Desactivada esa ofensiva, tomó fuerza la utilización interesada de las víctimas del terrorismo por los dirigentes del PP y ese personaje que preside la AVT, José Alcaraz. Ocho manifestaciones costeadas por el Partido Popular, apoyadas por todas las organizaciones de ultraderecha, herederas del fascismo y el franquismo, se han organizado contra el Gobierno, en las que se gritaba "Zapatero, al paredón". La justificación era que el Gobierno socialista pretendía hacer "concesiones políticas" a ETA. Lo mismo que hacían los Guerrilleros de Cristo Rey y otras organizaciones fascistas durante la Transición contra quien representaba a la Iglesia democrática, después de cuarenta años de genuflexión al franquismo. El grito de "Tarancón, al paredón" todavía me resuena en los oídos.


La indecencia política de los dirigentes del Partido Popular no tiene límites conocidos; los que se reunieron con Batasuna, negociaron con ETA, acercaron 135 presos al País Vasco, pusieron en libertad a 64 asesinos etarras, condenados a penas de 30, 25 o 20 años; los que no rechazaron la denominación de Aznar sobre los terroristas, calificándolos de Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), acusaban al Gobierno de Rodríguez Zapatero de rendirse ante ETA.


La ruptura de las negociaciones con ETA y la eficacia de la acción policial ha demostrado que las acusaciones del PP sobre "precios políticos" pagados era una falacia más de las que han utilizado desde su derrota electoral, no aceptada democráticamente.


Faltaba la complicidad de la Iglesia con la crispación estratégica del Partido Popular. Algunos obispos, junto a su emisora, no perdían ocasión para lanzar críticas descarnadas al Gobierno. En las manifestaciones del PP cada vez más se notaba la presencia de sacerdotes, monjas y algunos obispos.


Se veía venir que los sectores más reaccionarios de la Iglesia darían un paso más en su ofensiva contra el Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos. Tenía la justificación de las leyes aprobadas por el Congreso sobre uniones matrimoniales, no amparadas por la Iglesia, hipotéticas regulaciones del aborto, el divorcio o la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.


A los sectores más reaccionarios de la Iglesia les interesa más el negocio de las anulaciones matrimoniales para los más ricos que el derecho al divorcio de todos los ciudadanos. El cinismo de la jerarquía eclesiástica llega al extremo de no decir ni pío sobre el aborto durante los ocho años de aznarismo y convocar una manifestación para que se cambie la ley cuando gobiernan los socialistas.


La manifestación del pasado domingo no se realizó en defensa de la familia, que no corre el menor riesgo. La acción de los sectores más integristas de la Iglesia; era una acto de apoyo electoral al Partido Popular. Pensé que, dado que se convocaba a las familias, nos aclararían las declaraciones del obispo de Tenerife. Y, especialmente, alguna explicación de por que la archidiócesis de Los Ángeles tendrá que indemnizar a una mujer violada durante treinta años por siete curas e indemnizar con más 870.000 euros, por acuerdo extrajudicial, a mas de 500 víctimas de abusos sexuales infantiles por parte de sacerdotes.


¿Dónde esta la Iglesia del cardenal Tarancón?