Propuesta de Lorenzo Olarte Cullen

al Comité de Descolonización de la ONU

«Señor Presidente, Señores y Señoras:

He sido dos veces vicepresidente y una Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, en la cual, en todas las investiduras de quienes han sido sus Presidentes, ha sido siempre usual la referencia a las relaciones fraternales con el pueblo saharaui, el compromiso de ayudarle en el futuro y la constante preocupación con motivo de la situación existente desde hace algo más de 30 años.

Además, año tras año, prestamos institucionalmente nuestra colaboración humanitaria a la población de Tinduff a través de importantes partidas económicas que se consignan en los Presupuestos Generales de nuestra Comunidad Autónoma merced a la invariable aprobación anual del Parlamento de Canarias, lo que se inició hace años, precisamente con mi colaboración, aportando fondos en cuantía importante para que se destinen no a fines bélicos, naturalmente, sino a la adquisición de ropa, víveres y artículos de primera necesidad, de los que especialmente carece aquella entrañable población.

Tras el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, después de la exitosa Marcha Verde organizada por el anterior Monarca alauita, el Referéndum de Autodeterminación no se ha celebrado, pese a los deseos de Naciones Unidas, habiendo sido muy determinantes las discrepancias formuladas desde un principio sobre la fiabilidad que debía merecer el censo para tal Referéndum, no sólo por la falta de datos fehacientes sino por el carácter nómada de gran parte de la población saharaui, agrupada en numerosas tribus.

A lo largo de más de 30 años transcurridos desde entonces, el censo ha sufrido las variaciones debidas a fallecimientos y natalicios producidos durante dicho tiempo; a que miles de personas han abandonado a lo largo de estos años el antiguo Sahara español; a que, por el contrario, varios millares de nuevos residentes han optado por domiciliarse allí atraídos, por ejemplo, por los grandes avances de la ciudad de El Aaiún, que visité hace un año tras unos años sin ir a la misma, muy pobre durante la dominación española, pero hoy extraordinariamente mejorada y modernizada gracias a las inversiones allí realizadas por el Reino de Marruecos, lo que para mí constituyó una gratísima sorpresa. Y todo ello con el factor añadido del incremento poblacional debido a la instalación en la antigua colonia española de multitud de familias, con una numerosa descendencia.

Por todo lo que decía al principio de mi intervención sobre nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, los canarios nos sentimos especialmente legitimados para recomendar fervientemente, en cualquier foro de que se trate, la necesidad de hacer el mayor de los esfuerzos a fin de no caer en la dinámica de la confrontación, especialmente violenta, para poder conseguir así un acuerdo pacífico y duradero entre las partes actualmente enfrentadas. Un acuerdo sólo posible si ambas partes, aparcando provisionalmente todo radicalismo, son capaces de dialogar serenamente renunciando en cierta medida a alguna porción de lo que consideran su derecho. Es preciso, pues, hacer lo posible por lograr un consenso, como aconseja la experiencia común en las sociedades democráticas modernas.

Tras la muerte del General Franco en España, tuve el privilegio de ser Ponente de la Ley para la Reforma Política, que hizo posible la Transición pacífica desde la Dictadura franquista a nuestra actual Democracia, tránsito que tenía profundamente preocupada a toda la sociedad española por si había nuevos derramamientos de sangre, como en nuestra Guerra Civil, que llevó a Franco a la Jefatura del Estado con un saldo de medio millón de muertos entre 1936 y 1939.

Pero por fortuna para todos no hubo ni violencia ni derramamientos de sangre, pese a que las partes estaban también radicalmente enfrentadas, con muchos y diversos frentes abiertos entre sÍ que se superaron, pese a que en un principio parecían insuperables.

¿El milagro? Muy sencillo: que todas las fuerzas políticas y sociales enfrentadas pasaron por la aceptación de diversas renuncias, algunas extremadamente duras, a valores y símbolos que parecían irrenunciables, gracias al sacrificio de unos y otros. Y precisamente por el deseo común de concordia y la búsqueda del consenso, pasando página, como se dice en España, unos y otros renunciamos a revisar las páginas atrasadas de nuestra reciente historia. El caso es que se produjo el fruto ansiado, dándose lugar al actual Estado español, consiguiéndose así nuestra actual Democracia que, si no es la más, sí es de las más avanzadas del mundo.

Todo esto produjo el ansiado fruto de nuestra Constitución con la estructuración de España en el Estado de las Autonomías, que en la práctica es una especie de Estado Federal, que sustituyó al feroz centralismo franquista para conseguir, como se consiguieron, las cotas tan altas de progreso y bienestar social y económico de nuestras regiones y nacionalidades a través de las competencias dadas a las Comunidades Autónomas, que son las mismas que deseamos al pueblo saharaui y que por una vía similar es posible alcanzar, como hemos logrado en el Estado Español en los últimos años, sin perjuicio de las discrepancias legítimas de quienes por la vía pacífica pretenden conseguir actualmente nuevos objetivos dentro de los cauces del Estado de Derecho.

He reconocido en más de una ocasión el coraje de Mohamed VI, quien ha obtenido el respaldo unánime de las fuerzas económicas, sociales y políticas de su país, fuertemente centralista, con el riesgo del agravio comparativo que tal decisión pueda producir en las restantes provincias del Reino que se vean postergadas con el reconocimiento de importantes competencias al antiguo territorio español.

Por ello creemos que es buena solución enriquecer políticamente al territorio del antiguo Sahara Español, sin descartar la naturaleza de un Estado Libre Asociado, dotándole de las máximas competencias propias de un Estatuto de Autonomía Plena, sin perjuicio de la soberanía del Reino de Marruecos respetando las peculiaridades de la población saharaui, con el contenido similar a las que en el Estado Español tienen, entre otras, las nacionalidades de Catalunya, Euskadi y Canarias, con un referéndum previo a tal fin que, de resultar positivo, daría lugar a cuanto antecede, pero incluso llegando mas allá de lo que Cataluña y el País Vasco han llegado, como sería, por ejemplo, la definición de la Hacienda propia saharaui, con sus propias peculiaridades, sobre la base de un Régimen Económico y Administrativo especial, otorgando al pueblo saharaui especificidades culturales, históricas, económicas y fiscales propias de una sociedad democrática y moderna, con la finalidad de hacer posible su máximo desarrollo económico y social, acabando en virtud de la reconciliación que se procurará con el actual exilio y separación que padece el pueblo, con el reconocimiento al mismo del ejercicio pleno de los mismos derechos y garantías de que disfrutan los países más adelantados según las normas elementales del Estado de Derecho.

La Democracia Saharaui, dentro del Estado de Derecho, se asentaría sobre los tres poderes independientes siguientes: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Parlamento Saharaui sería su Asamblea Legislativa, integrada por los saharauis y los representantes elegidos por los miembros de las diferentes tribus.

El Gobierno saharaui con su Presidente, elegido por el Parlamento, y Jefe del Ejecutivo, quien representaría al Estado en su territorio, siendo responsable ante el Parlamento Saharaui y quien nombra o cesa libremente a los miembros del Gobierno por él presidido.

Finalmente, un Poder Judicial, territorial e independiente, completaría la trilogía de Poderes.

Y, al igual que en las modernas democracias, varias instituciones tan sólo dependientes del Parlamento saharaui como, por ejemplo, el Defensor del Pueblo Saharaui, elegido y controlado por la Cámara, encargado de la tutela de los derechos humanos y fundamentales y de las libertades públicas de los saharauis; un Consejo Económico y Social, con representación en su seno de de los sectores sociales, económicos y profesionales; y, por fin, un Consejo Consultivo, también dependiente del Parlamento, con las funciones de sus homólogos en los Estados democráticos.

Insisto: tengo la experiencia propia de haber coadyuvado, en unión de otros líderes de gran categoría humana y política, a la Transición pacíficamente operada en España desde la Dictadura franquista a nuestra moderna y ejemplar Democracia actual. Fue posible gracias a la voluntad de consenso, desde la concordia y muchas renuncias por parte de todos a buena parte de lo que reputaban derechos exclusivos e irrenunciables. Para ello fue preciso pasar página y olvidar tristes y negativos capítulos de nuestra Historia. Hagamos ahora lo propio.»