La retroautonomía
Juan Manuel
García Ramos
Aceptamos la retórica de las competencias
de desarrollo legislativo contempladas en el Estatuto de Autonomía de Canarias;
no aceptamos esas competencias cuando puedan ejecutarse de verdad".
Así se expresan y así proceden algunos partidos estatales españoles con
delegación en nuestro archipiélago, algunos sindicatos con matriz foránea y
algunos otros sectores de opinión de nuestras islas.
Sucede esto en los últimos tiempos en todo lo que concierne a la creación de la
policía autonómica canaria, ya prevista en el artículo 30.2 del primer Estatuto
de Autonomía de Canarias de 1982.
Esa competencia en seguridad ciudadana fue asimismo contemplada en el nuevo
Estatuto reformado por Ley Orgánica de 30 de diciembre de 1996 y en la más
reciente propuesta respaldada por el Parlamento de Canarias el 13 de septiembre
de 2006, propuesta que, como todos sabemos, decayó en su tramitación ante las
Cortes Generales.
Es decir, la policía autonómica ha sido, desde la misma constitución de
En el artículo 150 de la misma Constitución también podemos leer que cuando el
Estado ceda o delegue facultades a las comunidades autónomas, caso de la
seguridad pública, se preverá la correspondiente transferencia de medios
financieros.
Para entendernos: la creación de la policía autonómica en Canarias debe venir
acompañada del trasvase de recursos desde el Estado hacia
La paz ciudadana era uno de nuestros rasgos de convivencia insular hasta hace
algunos años. Hoy cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía y
Magistratura reconocen que esa seguridad ha saltado por los aires. Las últimas
memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hablan con
preocupación del aumento continuo de delitos en el ámbito de nuestra
jurisdicción. En 2007, ese aumento fue del 6,8% con respecto al año anterior.
El autogobierno se demuestra andando y no retrocediendo, y está muy claro que
si hoy somos competentes en materia educativa, en materia sanitaria y en tantas
otras, la competencia de seguridad pública nos debe preocupar mucho más de lo
que nos preocupa y ocupa.
Una policía autonómica debe plantearse como un cuerpo profesionalizado,
arraigado y motivado.
Una policía autonómica ha de ser un cuerpo de élite,
de cualificación rigurosa, no un sobrante de las
policías locales, llamadas a otras responsabilidades.
Un alto número de vacantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en
Canarias ha sido, y es, la situación acostumbrada en
estas islas. Por mucho esfuerzo derrochado en este sentido, los números nos
indican que Canarias no es un destino muy apetecido por jóvenes españoles que
entran a formar parte de
Tareas que muchas veces no cuentan con los medios materiales mínimos. A los
desembolsos llevados a cabo a lo largo de los últimos lustros por alguno de
nuestros cabildos en automóviles para uso de esos cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado nos remitimos como una prueba de las carencias sufridas
durante muchos años. La desmotivación se apodera de muchas de sus labores.
La situación geopolítica de Canarias nos exige en estos tiempos complejos de
amenaza terrorista, de tráfico de estupefacientes y de movilización ciudadana
descontrolada, una especial atención a la seguridad pública. Los tiempos no
están para bromas. La globalización del delito llega a nuestras puertas y es
hora de frenarla con todos los instrumentos a nuestro alcance. Y es un
contrasentido que el autogobierno canario, a miles de kilómetros de Madrid, no
sea el competente en tales cometidos.
Los textos autonómicos definen quiénes somos los canarios y qué queremos ser y
cómo lograrlo.
La última propuesta de revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias,
consensuada al final por todas las fuerzas políticas presentes en el
Parlamento, matices menores arriba y abajo, preveía un salto cualitativo en el
reconocimiento de nuestras aguas archipielágicas, en la modernización del
funcionamiento de nuestras instituciones de autogobierno, en la reorganización
judicial, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sería la
última instancia jurisdiccional, en una definición más clara de la organización
territorial de
Es decir, se trataba de enriquecer nuestras capacidades para mejorar nuestro
bienestar y para abordar los nuevos problemas de un siglo XXI plagado de
incertidumbre.
Ni el mundo es el de hace una década; ni lo es Europa, a medio camino de constitucionalizarse o de renunciar a ese salto
cualitativo; ni lo es España, nada parecida a la de
Cuestiones como la creación de la policía autonómica, la delimitación de
nuestras fronteras oceánicas o el control poblacional son de índole
preferencial para cualquier autogobierno que se precie de tal. Ignorar algunas
de estas asignaturas pendientes no significa sino una apuesta por la retroautonomía. Demasiados poderes políticos,
empresariales, sindicales, mediáticos, están empeñados en que Canarias
retroceda en sus responsabilidades más urgentes. Las razones de todos estos
poderes para que Canarias no madure como sujeto
político diferenciado en el contexto del Estado español y de