DECLARACION
POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD
Leída
al finalizar la manifestación celebrado este 30 noviembre en Las Palmas de Gran
Canaria
En
nombre de
Las condiciones del sistema público de salud en Canarias nos pone, a los
ciudadanos y ciudadanas de las islas, frente a hechos que demuestran que el
Gobierno canario y más concretamente
El cierre progresivo de centros de salud, la falta de atención en muchos
de ellos durante los fines de semana, el número insuficiente de pediatras y de
personal sanitario en general y, como consecuencias, el retraso en la asignación
de consultas tras la solicitud de citas previas o en la realización de pruebas
diagnósticas (médicas), las listas de espera interminables y la masificación
de las unidades de urgencias son sólo algunos de esos hechos.
Hechos de los que sería una irresponsabilidad, además de una mentira, echar la
culpa al carácter público del sistema sanitario.
Más bien al contrario, a día de hoy, el
verdadero responsable de la grave crisis que afecta a la sanidad pública es el
Gobierno de Canarias, que (siguiendo la línea marcada por
los ejecutivos anteriores) no ha querido tomar las medidas oportunas, ni llevar
a cabo las acciones requeridas para contribuir al buen funcionamiento de un
sistema sanitario que garantice y haga efectivo el derecho a la protección de
la salud.
De todo ello es cómplice necesaria
En este sentido, la política sanitaria del
Gobierno de Canarias ha estado dirigida a provocar un deterioro sistemático de
la sanidad pública, incluyendo agresivas campañas de
desprestigio y manipulación a través de los medios informativos, con el fin de
poder justificar después su privatización
ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en
función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando
incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a Canarias entre las
comunidades en las que menos se invierte en Atención Primaria o en una de las
que menos gasto por habitante dedica a la sanidad. No
podemos tolerar que el Gobierno pretenda responsabilizar a los inmigrantes
pobres de la masificación actual del sistema sanitario público. Rechazamos
esos mensajes racistas y reaccionarios que crean una infundada alarma social.
Paralelamente, se desvían cada vez más servicios de los considerados
rentables a la sanidad privada, lo que está suponiendo la merma de recursos del
sector público en materias, por ejemplo, en conocimiento y tecnología. Todo
ello, como es lógico, está permitiendo la aparición
de empresas del sector privado listas para vivir aún más a cuenta del dinero público.
Hacemos aquí un reconocimiento expreso a todos aquellos profesionales de la
salud que reniegan de este tipo de prácticas y que con su trabajo consciente y
desinteresado hacen que las deficiencias orquestadas por políticas y Gobiernos
ineficaces tengan las menores repercusiones posibles para todos nosotros, para
los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Por lo anteriormente expuesto, declaramos que no vamos a aceptar las políticas
que están contribuyendo al deterioro acelerado de nuestro sistema sanitario público.
Porque sabemos de la experiencia de otros países en los que la introducción de
las empresas privadas en la sanidad ha provocado, no sólo el aumento de las
desigualdades entre la población, sino también el trato a pacientes y
trabajadores, es decir a las mayorías, como meros instrumentos para el
enriquecimiento de unos pocos.
Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos
medidas inmediatas en cuanto a:
1) Atención primaria cercana al paciente, con
ambulatorios y consultorios bien situados en los barrios y pueblos, preparados
para una atención de salud preventiva.
2) Centros de Salud dotados de todos los medios para dar
un buen servicio de urgencias, rayos X, análisis clínicos y especialidades más
demandadas (cardiología, traumatología, pediatría, salud mental, etc), como
medio para acabar con las listas de espera.
3) Plan de choque para acabar con las listas de espera
en especialistas, cirugía y rehabilitación.
4) Puesta en marcha de los Consejos locales de Salud,
dando entrada a la participación ciudadana.
5) Paralización de todos los proyectos de privatización
de servicios y rescate de todos aquellos gestionados por empresas privadas,
acabando con la política de conciertos.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2007
Coordinadora
por una Sanidad Digna y Pública