Sostiene Llamazares

 

Juan Manuel García Ramos

 

Lo dijo esta semana el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, al criticar la vía usada por Rodríguez Zapatero para dar a conocer la próxima subida de las pensiones mínimas el doble de lo que aumentará el resto de todos los haberes pasivos: Zapatero ha iniciado la campaña electoral de las legislativas del 2008 con el presupuesto público, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

 

Lo afirma con esa rotundidad el portavoz de una fuerza política aliada natural del PSOE.


Y lo dijo además un periódico filosocialista como El País en el editorial de su edición del pasado miércoles: "al hacerlo -ese anuncio de Rodríguez Zapatero del aumento de las pensiones- en un mitin partidista, confunde su condición de presidente del Gobierno con la de secretario general de su partido. Y en esta ocasión lo confunde sobre todo con su condición de candidato electoral para los comicios de marzo".


Las críticas esta vez no vienen de la "derechona", como gustan de ridiculizar los socialistas a todo lo que le suene a oposición inoportuna; las críticas vienen de los amigos íntimos.


La acusación de Gaspar Llamazares de que Rodríguez Zapatero ha iniciado la campaña electoral del 2008 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado nos obliga a volver sobre nuestros propios pasos.


Hace un par de semanas nos hacíamos eco de un comunicado del portavoz del PNV en la comisión de Economía y Hacienda del Senado en el que se acusaba a Zapatero de haber detraído del Banco de España, en el mes de julio pasado, 24,8 toneladas de las reservas de oro nacionales con el objetivo de financiar la partida correspondiente al pago de 2.500 euros por cada niño recién nacido, otra iniciativa con marcado acento pre-electoral. También añadíamos que en 2007, los activos de oro en España se han visto reducidos en un 32%. Las reservas han pasado de las 416,7 toneladas de principios de año a las 283 toneladas de julio.


En este paquete de ofertas electorales atractivas -y muchas de ellas justas en sí mismas- falta todavía lo que supondrá la puesta en vigor de la Ley de Dependencia. Una ley sin ficha financiera aún prevista y que significará sin duda un buen mordisco a la tesorería del Estado.


¿Está financiando Rodríguez Zapatero su campaña para el 2008 con fondos del Estado, tal y como puede deducirse de las acusaciones de Gaspar Llamazares?


Volvemos hoy a hacernos las mismas preguntas: ¿tiene resistencia la economía española para financiar leyes como la de las primas a los recién nacidos y las de dependencia? ¿Tiene resistencia la economía española para financiar la anunciada subida extraordinaria de pensiones y aumentar el salario mínimo interprofesional?


Es decir, ¿tiene resistencia la economía española para costear todas esas iniciativas políticas del señor Zapatero, además de cuidar sus recursos para seguir respaldando una educación y una sanidad universales, entre otras responsabilidades, como puede ser las inversiones en cuidados medioambientales, o el proceso de prejubilaciones que soporta el Estado desde hace ya muchos años?


¿Está alguien preocupándose por la futura solvencia del Estado, por la custodia del fondo de pensiones, por las obligaciones y gastos contraídos a largo plazo por esa alta magistratura?


Ya habíamos dicho también que en estos momentos existen en España tres sistemas de financiación de las comunidades autónomas: el establecido en la Constitución para las comunidades autónomas vasca y navarra (modelo foral), el establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña -y de Andalucía- después de su discusión y aprobación por el Congreso, y el modelo general para el resto de las comunidades autónomas, pendiente de propuesta por el Gobierno para su discusión en la Consejo de Política Fiscal y Financiera.


El presidente de Canarias acaba de abrir un debate en los medios de comunicación insulares y peninsulares en torno a las obligaciones financieras estatales contempladas en el texto estatutario catalán y en el resto de los estatutos reformados hasta hoy (Valencia, Andalucía, Aragón, Baleares) y ha planteado hasta qué punto esas obligaciones no están añadiendo más confusión, si cabe, al ya de por sí complejo sistema de financiación vigente.


En ese enrarecido contexto, Paulino Rivero exige al Gobierno del Estado que contemple en los Presupuestos Generales de 2008 los aproximadamente 942,5 millones de euros adeudados a Canarias en virtud de la evolución demográfica sufrida por el Archipiélago y su repercusión en los servicios mínimos de asistencia. En una perspectiva razonable de tiempo, se nos vuelve muy difícil ver articulado un nuevo sistema de financiación coherente y a gusto de todos.


Crujen las cuentas del Estado por demasiados sitios y nos tememos que las atomizaciones políticas territoriales de siempre ahora descubran en las financiaciones respectivas de todos y cada uno de esos territorios un motivo más de desencuentro entre las comunidades autónomas y el Estado.


Sobre todo si a esos procesos de diálogo y acuerdo del Estado con sus autonomías les añadimos la cercanía electoral y la necesidad de todos ellos de quedar bien en la foto a vender en marzo de 2008.


El actual comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista Joaquín Almunia, pidió el pasado martes tanto a Zapatero como a Rajoy que calibren bien sus promesas electorales para no poner en peligro el superávit actual de las cuentas públicas españolas. Un calentamiento de las promesas electorales sin previsiones de financiación daría al traste con los ciclos de crecimiento económico de los que España ha disfrutado en los últimos tiempos.


La idoneidad o no del sistema contributivo español con vistas al futuro es un mar incierto, del que no se nos dan noticias precisas. Algunos reclaman mayor presencia inmigratoria o un alza de la natalidad nativa para que el sistema no naufrague, otros nos dicen que todo aún está por ajustar.


Los jóvenes y los no tan jóvenes de hoy saben que sus hipotecas no paran de subir, que sus sueldos quedan cada día más ridiculizados por el encarecimiento del nivel de vida, que los empleos desaparecen y que sectores como el turismo y la construcción -esenciales en la economía canaria actual- sufren crisis ya inocultables.


Por eso parece ser éste el tiempo del malabarismo, del ilusionismo político, puestos en circulación por Rodríguez Zapatero. Por primera vez en cuatro años, tanto IU como El País acaban de pararle las patas. Hasta el mismo Joaquín Almunia.


Cuidado con las promesas electorales: explíquennos primero de dónde van a salir los cuartos para pagarlas y luego nos las anuncian a bombo y platillo. Eso es lo que sucede en las sociedades avanzadas de nuestro mundo.